Por Gabriel A. Uriarte

“Yo creo que hoy revivimos el proceso de paz.” El presidente colombiano Andrés Pastrana no exageraba ayer al revelar el resultado de dos días de negociaciones con Manuel Marulanda Vélez (“Tirofijo”), líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el “Acuerdo de Los Pozos”, la guerrilla formalmente aceptó reiniciar el 14 de febrero el proceso de paz que suspendió en noviembre. En ese momento las FARC habían denunciado que el gobierno no hacía suficiente en la lucha contra los paramilitares, pero ayer se contentaron con nada más que la creación de una comisión de notables para sugerir nuevas estrategias. Pero las FARC lograron algo mucho más importante. Los encuentros del revivido proceso de paz se realizarán naturalmente en la “zona desmilitarizada”, cuya concesión a las FARC quedó prorrogada indefinidamente.
A diferencia del primer día de la cumbre Pastrana-Tirofijo –lúgubre, tensa y hermética–, ayer el ánimo en Los Pozos era marcadamente optimista. El tono lo marcaron los guerrilleros, lo que era natural, ya que de ellos dependía el éxito del encuentro. Antes de entrar a la residencia donde se realizaba el diálogo, Tirofijo confió a los periodistas que “hoy creo que va a haber humo, y espero que sea humo del bueno, humo blanco”. Tras un comienzo tan prometedor, las próximas horas pasaron en una frustrante espera mientras las conversaciones se desarrollaban a puerta cerrada. Cuando trascendían datos, eran irritantemente menores, como que Pastrana había entregado a Tirofijo una medalla del Vaticano donde aparecen los Apóstoles bajo la consigna “En la verdad está la Paz”. Para el mediodía se especulaba que el resultado del segundo día sería idéntico al primero: más conversaciones, ningún resultado.
Pero a las tres de la tarde todo cambió más de lo que nadie imaginaba. Se anunció que la cumbre había terminado, y que no sólo había un acuerdo, sino que ya se había pactado reactivar el proceso de paz el 14 de febrero. Un documento de 13 puntos describía cómo se había resuelto el principal problema: los paramilitares. “El Gobierno y las FARC coinciden en la importancia de avanzar en la discusión para acabar con el paramilitarismo. A tal efecto la mesa de negociación creará una comisión de personalidades nacionales que le formule recomendaciones.” A primera vista, podía resultar increíble que una fórmula tan vaga como ésta fuera suficiente para una guerrilla que poco antes estaba pidiendo mejoras concretas, verificadas por la comunidad internacional, antes de contemplar retomar el diálogo. Pero de ningún modo podía decirse que la guerrilla salió perdiendo ayer. Al contrario, podría haber logrado una clara victoria.
Todo estaba oculto en el pasmoso lenguaje del acuerdo. Por ejemplo, el punto 8º aseguraba que “la mesa de negociación, a más tardar el 15 de febrero, creará un mecanismo que periódicamente evalúe el cumplimiento del propósito de la zona de distensión”, es decir, crearía una comisión para investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por la guerrilla en “Farclandia”. Eventualmente esto podría ser significativo, pero invita a pasar por alto que por lo pronto las FARC lograron una concesión indefinida sobre la zona desmilitarizada, algo nada despreciable si se considera que antes del quiebre de las negociaciones el decreto debía ratificarse cada seis meses. Otro punto aseguraba que “las FARC no se oponen a la sustitución de cultivos ilícitos, pero reiteran que el proceso debe ser de común acuerdo con las comunidades”, lo que ignora el hecho que hasta ahora la única forma para que estas comunidades estén “de común acuerdo con el proceso” es mediante la amenaza de que la brigada antidrogas entrenada por Estados Unidos fumigue sin más sus cultivos. Y Tirofijo enfatizó ayer que estaba opuesto a este aspecto militar del “Plan Colombia”, lo que presumiblemente reserva a las FARC el derecho de atacar a la brigada si erradica demasiadas hectáreas de coca.
Ayer estos no eran más que detalles. Los protagonistas estaban satisfechos, y tenían buenos motivos para estarlo. Pastrana había logradorelanzar el proceso de paz al que apostó su futuro político. Y la guerrilla obtuvo lo que siempre buscó, mediante la negociación o el quiebre de las mismas: tiempo para desarrollar su proyecto y esperar la maduración de unas condiciones objetivas que les son cada vez más favorables.

LOS UNIFORMADOS SE ALIAN CON EE.UU. CONTRA LAS GUERRILLAS
El golpe que casi fue contra Chávez

Por G. A.U.

“Las bayonetas sirven para todo menos sentarse sobre ellas”, decía el canciller austríaco Schwarzemberg. Es un lugar común que había pasado inadvertido al presidente venezolano Hugo Chávez hasta que el fin de semana pasado lo recordó de forma drástica: su ejército se le acuarteló y rehusó obedecer órdenes. Aunque el incidente fue ocultado de modo cuidadoso por el gobierno, ayer trascendió que el viernes 2 de febrero la mayor parte de los cuarteles provinciales se amotinaron durante más de 48 horas. Detrás había una oscura trama con un canciller “rojo”, un apoyo multimillonario a movimientos insurgentes andinos, la presión de Estados Unidos, y unas Fuerzas Armadas hostiles a la internacional regional que estaba armando la “revolución bolivariana”. Recién ayer se conoció como el eje común de la historia: Chávez se salvó de ser devorado por su propia revolución.
Era el tercer aniversario de su aplastante victoria electoral en febrero de 1998, y Chávez lo celebró con un desfile militar. No era incongruente. Golpista contra el corrupto gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1995, siempre fue partidario de acabar con la separación entre las Fuerzas Armadas y las masas venezolanas. El envío de brigadas cívico-militares a zonas carenciadas para realizar obras daba expresión concreta a esa aspiración, de la misma manera que su Constitución bolivariana de 1999 lo impuso con fuerza de ley. El desfile del viernes parecía así redundante como muestra de la adhesión militar al experimento bolivariano, pero lo que Chávez no sabía era que en esos momentos los soldados que pasaban bajo sus ojos bien podían ser los únicos que todavía estaban bajo su control.
“Hubo una indisciplina total a todos los niveles: de capitán a general” explicó ayer el almirante retirado Iván Carratú. Según su versión, la revuelta comenzó en dos cuarteles a 100 kilómetros de Caracas, y pronto se extendió a las bases en las provincias. Por tres días hubo una irreal normalidad en el país. La furia militar no se había derramado a las calles de las grandes ciudades, y el gobierno se ocupó de que los medios no oyeran nada del pronunciamiento. Finalmente, el domingo Chávez hizo una declaración aparentemente menor en su programa radial “Aló, presidente”: el general de aviación Luis Amaya Chacón era designado como comandante de las Fuerzas Armadas. De forma tan silenciosa como surgió, la revuelta llegó a su fin.
Todo comenzó y terminó con José Vicente Rangel. El 18 de diciembre, el entonces canciller se había enfrentado con el ministro de Defensa, Ismael Hurtado. Durante una violenta reunión de gabinete, Hurtado denunció que Rangel había utilizado cinco millones de dólares en fondos reservados para financiar a grupos revolucionarios andinos, entre ellos las FARC colombianas. Las acusaciones eran casi idénticas a las que había formulado semanas antes el Departamento de Estado norteamericano. En ese momento, Chávez no tomó ninguna acción. Pero intentó anticiparse al descontento en la mañana del 2 de febrero, cuando sacó a Rangel de la Cancillería para depositarlo en Defensa, relegando a Hurtado al inocuo cargo de ministro de Infraestructura. El resultado, casi inmediato, fue el acuartelamiento del ejército, que sólo fue aplacado con el nombramiento de Amaya como líder de la “Fuerza Armada”, cargo donde responde directamente a Chávez, sin necesidad de ir antes a Rangel. La casa estaba en orden. Pero un Estados Unidos que afirmó que tendría “menos paciencia” con Chávez ya parecía haber ganado un aliado muy importante.

LA SAGA DE LOS IMPLICADOS EN EL CASO RUIZ-TAGLE
Los que caen en Chile después de Pinochet

Las revelaciones de esta semana en torno al caso Pinochet no afectan sólo al ex dictador. Luego de que la periodista Mónica González diera a conocer un documento donde el propio Pinochet aparece encubriendo la muerte del ingeniero Eugenio Ruiz-Tagle –una de las víctimas de la Caravana de la Muerte– en octubre de 1973, Carlos Bau, quien fuera torturado con RuizTagle, denunció que uno de los torturadores era un tal Gabrielli, de la Fuerza Aérea Chilena (FACH). Ayer se supo que el general Hernán Gabrielli Rojas, miembro del Estado Mayor de las FACH, era “el” candidato para reemplazar al actual jefe del arma, general Patricio Ríos, y que de hecho fue el jefe de las FACH mientras Ríos se recuperaba de una operación del corazón. A partir de ahora, según analistas chilenos, Gabrielli, que está de vacaciones y que no se sabe si regresará para afrontar la situación, tiene la carrera truncada.
Por otra parte, el actual senador derechista Sergio Diez, uno de los testigos en el caso Ruiz-Tagle, dijo ayer que se presentará a declarar ante el juez Juan Guzmán ni bien tenga la citación en la mano y a pesar de sus fueros parlamentarios. Según fuentes judiciales, Guzmán citará a declarar a Diez, a quien era ministro de Justicia en octubre de 1973, Gonzalo Prieto, y al abogado Gastón Cruzat, que hizo la denuncia por la muerte de Ruiz Tagle en aquel momento.
El juez Guzmán incorporó esta documentación que inculpa a Pinochet, al menos como encubridor, al expediente del caso. También agregó las declaraciones del general retirado Joaquín Lagos Osorio, que en un programa de televisión inculpó directamente a Pinochet como autor intelectual de la Caravana de la Muerte. Ahora, las fojas del expediente están en la sala de verano de la Corte de Apelaciones de Santiago, que a partir del martes comenzará a escuchar los alegatos correspondientes a la apelación que los abogados de Pinochet presentaron contra el fallo de Guzmán de procesarlo por los crímenes de la Caravana. Parece que la defensa de Pinochet tendrá mucho más trabajo que la parte querellante.

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