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Por Irina Hauser
 Cuando se mudó con su
familia a una mansión en Vicente López, a mediados del año
pasado, el juez Carlos Liporaci sólo saboreaba el confort, pero
ni se imaginaba las consecuencias de su adquisición. Además
de que este martes 13 será acusado por “mal desempeño”
en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura,
el juez Gabriel Cavallo y el fiscal Pablo Recchini, que lo investigan
por supuesto enriquecimiento ilícito, tienen pruebas que mostrarían
que uno de los créditos con los que justificó la compra
de su vivienda era fraguado. Según informes del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES) a los que tuvo acceso
Página/12, la financiera que, según Liporaci, le prestó
160 mil pesos, no opera desde junio de 1996 e incluso fue sumariada y
multada –aunque nunca pagó– por no presentar su documentación
en forma adecuada desde 1990.
Cuando tuvo que explicar ante la Justicia y ante la Magistratura cómo
compró la casa de Gaspar Campos 471, el juez que dictó una
falta de mérito masiva en la causa de los sobornos del Senado,dijo
que le había costado 610 mil pesos, 210 mil de los cuales se los
había facilitado un tal Guido Torrisi y 160 se los había
otorgado a su esposa la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda
(Cofiarsa), cuyo dueño era un tal José Levy. El resto, se
supone que los tenía. Por empezar, las pericias mostraron que la
propiedad valía por lo menos un millón de pesos. Después
fueron apareciendo las irregularidades en sus operaciones.
A comienzos de enero, Guillermo Gowland, ex secretario de Liporaci, reveló
a este diario que el juez había pagado a Levy 20 mil dólares
para que le armara una carpeta simulando un crédito inexistente.
Los datos sobre el episodio fueron incorporados a la causa. De todos modos,
Levy ya había declarado y él mismo se pisó sólo:
dijo que “hacía por lo menos un año que no prestaba
plata y, paradójicamente, agregaba que nunca la cooperativa había
prestado tanto dinero junto”, relató un allegado al expediente.
También dijo que había trasladado la operación a
Uruguay, porque no podía hacerla solo. Al parecer, según
pudieron establecer los investigadores, Liporaci gozó de los servicios
de una agencia de cambios intermediaria de Capital Federal y de un agente
de bolsa uruguayo. Están en vías de determinar quiénes
son y en qué consistió su “colaboración”.
Las mayores sospechas sobre la falsedad del crédito de 160 mil
pesos se basan en que, por un lado, el supuesto préstamo estaba
a nombre de la mujer del magistrado, Lidia Inés Calb, quien difícilmente
pudo haber accedido a esa suma con su sueldo de 1.716,50 pesos. Además,
cuando se allanaron las oficinas Levy, los funcionarios judiciales descubrieron,
al correr una heladera, una puerta secreta que conducía a una suerte
de Baticueva repleta de papeles. Entre ellos estaba la carpeta de Liporaci.
El expediente cuenta con alarmantes informes sobre Cofiarsa que llevan
fecha posterior a las declaraciones de Gowland. Según éstos
la financiera arrastra sumarios desde hace varios años y está
inactiva desde 1996. A Cofiarsa se la sumarió por “no haber
presentado la documentación contable y asamblearia correspondiente
a los ejercicios cerrados del ‘96 y el ‘97”; “por
haber presentado extemporáneamente la documentación correspondiente
a los ejercicios 1990 a 1995”; “por adeudar, respecto del ejercicio
de 1995, la memoria, nómina de asistentes a la asamblea del 19/4/96
y la nómina del consejo de administración”; “por
haber extraviado parte de los libros contables”; “por no operar,
presuntamente, desde el mes de junio de 1996”. Y además se
detectó que había sido sumariada anteriormente.
El expediente judicial está en manos de peritos de la Corte que
deben devolverlo a fin de mes. Es probable que entonces, el juez Cavallo
ordene a su colega Liporaci que justifique el incremento de su patrimonio.
Es el paso previo a llamarlo a indagatoria como sospechoso de enriquecimiento.
El expediente penal tiene coincidencias con el de la Magistratura pero
es independiente. En la Magistratura Liporaci puede ser destituido. En
la Justicia, condenado.
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