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Por Susana Viau
 Jorge
Maschwitz, el hombre al que sindican como apoderado del Federal Bank,
era quien manejaba la mesa de dinero del Banco República, propiedad
de Raúl Moneta. El dato corrobora las certezas a las que arribó
el subcomité del Senado de Estados Unidos que investiga el lavado
de dinero, respecto de que el Federal Bank también pertenece a
Moneta. El Federal Bank –domiciliado en Bahamas–, el República
y el Citibank de Nueva York formaron el triángulo por el que, tal
como reveló Página/12, circularon cien millones de dólares
mensuales a lo largo de ocho años. El representante en Argentina
del Federal Bank es, como también se conoció a través
de las investigaciones de este diario, el abogado Carlos Basílico,
del estudio Basílico-Fernández Madero, titular de UFCO,
importante accionista del CEI. Estos datos no sólo comprometen
la situación del ex banquero menemista y del Citi: ponen en un
serio problema a Pedro Pou, quien tardó cuatro años en trasladar
a la Justicia las denuncias que sus subordinados, los inspectores del
Banco Central, le hicieron llegar acerca de estas maniobras (ver aparte).
Agrandar la mesa
La mesa de dinero del Banco República estaba ubicada en el décimo
piso de Reconquista al 300, sede del banco caído. Sus operadores
eran dos hombres expertos en finanzas paralelas. Uno de ellos, sin embargo,
gozaba de mayor jerarquía, tal vez derivada de su largo conocimiento
con el propietario de la entidad. Jorge “el Mono” Maschwitz,
un bon vivant –como lo describieron a este diario sus vecinos del
country Los Pingüinos–, había sido compañero de
Moneta en el exclusivo colegio Saint George y la amistad se había
prolongado hasta la madurez. Acompañaba a Maschwitz en la tarea
de colocar en el exterior el dinero de los clientes otro experto mesadinerista,
Juan Pablo Beltrán. Por aquel “bunker” fue visto en reiteradas
oportunidades Gastón Figueroa Alcorta, el asesor de Claudia Bello,
y quien se sospecha sería titular de la cuenta del primer millón
de dólares de coima descubierto en el escándalo IBM-Banco
Nación.
Precisamente ese millón tocó los puertos que investiga la
subcomisión del Senado americano: Federal Bank-Citibank Nueva York.
El Citibank N.Y. no respondió a ninguno de los seis exhortos enviados
por la Justicia argentina solicitando la identificación del titular
de la cuenta. La comisión parlamentaria argentina que investigó
los contratos de IBM con el Estado nacional quiso saber qué era
el Federal Bank. La funcionaria del Banco Central que acudió a
la audiencia con la comisión, la abogada Alicia López, encargada
de monitorear las operaciones sospechosas de lavado, respondió
entonces con sinceridad que no tenía datos al respecto. Sólo
manejaba los rumores que circulaban en el ambiente financiero y vinculaban
al Federal Bank con el Banco República y Raúl Moneta. Alicia
López no mentía. El banco la había mantenido alejada
de la carpeta que guardaba la solicitud del abogado Carlos Basílico
para que el Federal Bank pudiera tener una oficina en Buenos Aires.
De dónde son los cantantes
Pero Carlos Basílico no era un mero profesional contratado ad hoc.
Basílico había aportado a una empleada suya, la abogada
Roxana Kahale, para que firmara a nombre de UFCO –United Finance
Company– el boleto de compraventa de los terrenos de Bouchard y Madero,
propiedad de Bunge & Born, donde Moneta proyectaba levantar el Edifico
República. La offshore UFCO –constituida en Islas Vírgenes
con un capital de 50 mil dólares– pagó 8 millones de
dólares por ellos: su domicilio legal se había fijado en
Marcelo T. de Alvear al 600. En esa dirección funcionaba el estudio
de Basílico. Pero Basílico, además de representante
de UFCO, figuraba como director del CEI y como accionista, fundador y
presidente de Citiconstrucciones.
Luego, Basílico aportaría más novedades al boletín
de operaciones en paraísos fiscales: él mismo había
registrado –por supuesto que por encargo de terceros– el Federal
Bank, en Bahamas. También había sido el valedor de otro
puñado de offshores con las que habían realizado operaciones
(aunque no del mismo volumen) el Banco República y el Citibank.
Todas las offshore habían sido constituidas el mismo día,
estaban inscriptas con números correlativos, presentaban el mismo
domicilio en Bahamas, designaban como apoderado a Basílico.
¿Quién es Carlos Basílico? Un letrado conocido en
el mundo de los negocios, integrante del bufet Basílico, Fernández
Madero, Duggan, un clásico de la city porteña. Jaime Fernández
Madero, por su parte, también estaba relacionado de algún
modo con las actividades de su socio: hace casi un año fue designado
presidente del Citicorp Capital Market, la inversora ligada al Citibank
que absorbió, pese a tener un capital mucho menor, al Citicorp
Banco de Inversión, autorizado a autolicuarse antes de que un juzgado
de instrucción pudiera decretar su quiebra.
El estudio intervino en otros episodios resonantes o investigados por
la Justicia: intermediaron entre Carlos Alderete y René Favaloro
en un acuerdo sobre pago de prestaciones que Favaloro habría rechazado
para no someterse a la vejación del pago de coimas; intervino como
mediador entre IBM y María Julia Alsogaray cuando se llegó
a una encrucijada en las discusiones sobre el pago de las deudas que ENTel
mantenía con la Big Blue. Anónimos enviados a los tribunales
de Comodoro Py aventuraban que la ingeniera habría solicitado un
cuantioso “retorno” para honrar las deudas estatales.
Quizás la participación del bufet Basílico-Fernández
Madero en aquellos viejos temas y sobre todo en el que ahora investiga
el subcomitépermanente del Senado de Estados Unidos, y promete
llevar a audiencia pública a directivos del Citibank (casa matriz)
y salpicar con dinero negro a muchos personajes de la política,
la Justicia y las finanzas argentinas, sea producto de lo que el despacho
de los mismos habían definido como su principal virtud: “estar
al tanto del state-of-art”, esa última tendencia en el universo
de los negocios. Aunque no haya garantías de que el estar al “último
grito”, o la “especialización indispensable” en
el “campo de las privatizaciones” termine siempre en un final
feliz. O en el “éxito”, como prefiere definirse en el
universo de las finanzas.
Contra
Pou y el lavado de dinero
Críticas
y denuncias
 Para
mostrarse activo en la lucha contra el lavado de dinero, el Gobierno se
presentará hoy ante la Justicia para promover una investigación
acerca de las denuncias del Senado estadounidense sobre operaciones de
blanqueo de fondos “sucios” argentinos. Como parte de la estrategia,
el Ejecutivo reglamentará mañana por decreto la ley contra
el Lavado de Dinero. Anticipándose a la movida, ayer tanto el ex
presidente Raúl Alfonsín como el titular del bloque aliancista
en Diputados, Darío Alessandro, salieron a criticar al hombre fuerte
del Banco Central, Pedro Pou, por su papel al frente de la entidad.
La administración delarruista no quiere aparecer como rezagada
en el escándalo por el presunto lavado de dinero del que habrían
participado al menos dos bancos argentinos. Pese a que la promotora de
la denuncia sobre blanqueo de plata ilegal fue la diputada disidente Elisa
Carrió, en el Gobierno apuestan a conseguir que la Justicia avance
en el tema, y por eso se presenta hoy en Tribunales el procurador del
Tesoro, Ernesto Marcer, por instancias del Presidente.
El escándalo estalló cuando Página/12 anticipó
que una comisión senatorial estadounidense investiga posibles operaciones
de lavado de dinero argentino, en el que estarían involucrados
el Citibank, el Banco República, del ex banquero menemista Raúl
Moneta, Mercado Abierto, el ex asesor de Ramón Ortega, Aldo Ducler,
y las fantasmales entidades Federal Bank y MA. Los estadounidenses se
basaron en el informe realizado por Carrió y por su colega mendocino
Gustavo Gutiérrez, que aseguraba que todos esos bancos lavaron
una impresionante cantidad de dinero ilícito, al parecer proveniente
de retornos por privatizaciones hechas en los ‘90. La segunda pata
del plan aliancista se completa con la reglamentación de la ley
contra el Lavado de Dinero, que ya fue aprobada por el Congreso.
Por su parte, desde el sector político de la Alianza salieron a
pegarle duro a Pou, titular del Central y consecuentemente responsable
del máximo organismo encargado de supervisar el sistema financiero
argentino; Alfonsín pidió directamente su renuncia, y aseguró
que le “duele” que haya sido el Congreso de Estados Unidos y
no el Banco Central el que haya hecho la investigación” sobre
el lavado de dinero en la Argentina. En tanto, Alessandro afirmó
que “posiblemente Pou haya ocultado la verdad” sobre las cuestionadas
maniobras financieras de Moneta.
CUATRO
AÑOS DE TOLERANCIA Y PASIVIDAD DEL BCRA HACIA MONETA
Las
respuestas que debe Pedro Pou
Por
S.V.
Es
probable que el presidente del Banco Central, Pedro Pou, ya haya olvidado
el pedido de informes que en 1998 le hicieran los diputados del Frepaso,
Juan Pablo Cafiero y Darío Alessandro, por presuntas operaciones
de lavado de dinero efectuadas por el banquero Raúl Moneta. Sin
embargo, deberá volver sobre sus pasos, ahora que la investigación
de Washington ha puesto el lavado de dinero en la Argentina al rojo vivo.
El cuestionario que hoy Pou deberá responder es más amplio
y variado. Tendrá que contestar por qué no sancionó
a Moneta por desobedecer la resolución 395 del BCRA que le prohibía
vender el proyecto de construcción del Edificio República
(actual sede de Telefónica) si daba asistencia a cualquiera de
sus empresas vinculadas; por qué no tomó en cuenta las advertencias
dadas por sus propios técnicos respecto de presuntas maniobras
de lavado realizadas entre el República, el Federal Bank y el Citibank;
por qué se alejó del BCRA la jefa de dictámenes María
del Carmen Urquiza, dejando a sus compañeros una significativa
carta abierta; por qué no siguió las pistas que conducían
a la denuncia por evasión de divisas que involucraba al Citibank.
Y, finalmente, por qué él y otros miembros del directorio
utilizan como defensores particulares a letrados y contadores de entidades
financieras bajo investigación judicial.
En efecto, los legisladores Cafiero y Alessandro trataron de entender
en 1998 por qué razón un edificio cuyo terreno había
costado 8 millones de dólares y cuya construcción, 36 (un
total de 44 millones), era hipotecado poco después en favor de
República Compañía de Inversiones con una financiación
del Banco República por 85 millones de dólares. Los diputados
se habrían espantado de saber que en abril de 1999, pese a estar
a punto de cerrar sus puertas, el Banco República recibió
del BCRA cuantiosos redescuentos que fueron garantizados, en parte, con
el bendito edificio. En esas fechas, el tasador del Banco Nación
llamado por el Central para fijar el precio de plaza del inmueble lo justipreció
en 75 millones. Sin embargo, las autoridades del Central ordenaron rehacer
y elevar la tasación. La funcionaria del BCRA encargada de colocar
su firma debajo del encargo de sus jefes por las dudas dejó constancias:
“Se señala que por instrucciones recibidas de la superioridad,
la garantía presentada (la hipoteca del Edificio República)
fue tomada al 146 por ciento”.
Después de su cierre, el otro banco de Moneta, el Mendoza, solicitó
que se le concediera la facultad de autoliquidarse. Ese paso evitaba por
un lado la extensión de una eventual quiebra a otros bienes de
los accionistas. También sustraía la documentación
del control de la Justicia y del Banco Central. La funcionaria del área
de dictámenes del BCRA, María del Carmen Urquiza, se pronunció
en contra de la solicitud de Moneta. Pou, en esta ocasión, tampoco
estuvo de acuerdo con la opinión de un integrante de su staff.
María del Carmen Urquiza, empleada del Central desde hacía
19 años, recibió por esas mismas épocas amenazas
de muerte y renunció a su puesto. Eso sí, no sin antes dejar
a sus compañeros una carta de despedida: “...no es mucho lo
que puedo decirles dadas las circunstancias actuales (...) sólo
que las instituciones sobreviven a los hombres”.
Los favores hechos por el directorio del Central al ex banquero menemista
incluyeron la vista gorda para operaciones preocupantes a los ojos de
los técnicos enviados a inspeccionar al República. El 30
de junio de 1998, los técnicos emitieron un informe en el que resaltaban
las operaciones sospechadas de lavado, que en la actualidad se investigan
en Estados Unidos, y recomendaban tomar medidas. Dos años antes
había surgido un interrogante similar. Pero recién en agosto
del 2000 la denuncia fue girada a la Procuración.
Con tales antecedentes no extraña que el Banco Central haya demorado
dos años (de 1996 a 1998) para abrir y leer el expediente que le
mandaron desde el fuero penal económico para que determinara si
había delito en las actividades realizadas por funcionarios del
Citibank, desde oficinas del Citibank, y que consistían en la apertura
de cuentas en el exterior paragrandes clientes: “private banking”.
Las dependencias –que habían sido allanadas por un juez de
instrucción– estaban declaradas por el Citi ante el BCRA,
pero atribuyéndolas a otra actividad. Ante la presión del
denunciante, en 1998, el Central actuó sin hesitaciones: resolvió
que no había nada que investigar. Por esa misma causa se encuentran
procesados dos ex vicepresidentes del Citi.
Nada de esto ha impedido que Pedro Pou, convocado para participar de la
futura Unidad de Inteligencia Financiera, sea defendido ante la Justicia
por el estudio Caride Fitte, también defensor de Gaith Pharaon
en la causa del BCCI. O que designe como perito de parte ante el juzgado
del juez federal Gustavo Literas –donde se instruye la causa de Raúl
Moneta– a Federico Maggio, integrante del estudio jurídico
de Daniel Saint-Jean, que entiende en las causas penales que afectan al
Citibank. Así las cosas, parece lógico que el miembro del
directorio del Central encargado de monitorear el área de lavado
de dinero, Manuel Domper –otro de los invitados a la UIF–, tenga
como asesor personal al otro hermano del contador, el abogado Pablo Maggio,
también socio del estudio Saint-Jean. Justamente en ese carácter,
Pablo Maggio asistió al allanamiento realizado a las oficinas del
Citi sospechadas de realizar actividades ilegales de evasión de
divisas y lavado de dinero.
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