Por Fernando Cibeira

La cuenta regresiva de Pedro Pou será más corta que lo esperado: el Gobierno resolvió ayer remover al presidente del Banco Central, sobreviviente de la gestión menemista y con mandato hasta el 2004. En la reunión de gabinete, los ministros concluyeron que era mayor el desgaste de mantenerlo en su función que los hipotéticos riesgos de desplazarlo. El presidente Fernando de la Rúa se reunió con el presidente provisional del Senado, Mario Losada, y el jefe del bloque de senadores de la UCR, Jorge Agúndez, para convenir el mecanismo que desembocará en la salida. Por la tarde, el bloque radical anunció la convocatoria –probablemente para el viernes próximo– de la comisión encargada de recomendar al Ejecutivo la remoción de Pou. Por si quedaban dudas, aclararon que la “voluntad política” era desplazarlo.
En gabinete predominaron dos hipótesis. Por un lado, estaban quienes consideraban que mantener a Pou significaría un desgaste innecesario para el Gobierno, teniendo en cuenta las posibles derivaciones que podrían surgir de las investigaciones por lavado de dinero. Del otro lado, quedaron los ministros que opinaban que no se lo podía remover hasta tanto la Justicia no tuviera pruebas de su culpabilidad porque de lo contrario se daría una señal de inestabilidad hacia los mercados.
En el primer bando, se agruparon los ministros del Interior, Federico Storani, y el de Justicia, Jorge De la Rúa. Del otro, el de Economía, José Luis Machinea, y el de Defensa, Ricardo López Murphy, más atentos a las susceptibilidades del mercado. Por entonces, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, continuaba en la Rosada con De la Rúa y la reunión de gabinete era presidida por Storani.
Hasta ayer, Machinea se había convertido en el sostén de Pou dentro de la Alianza. Gracias a la política monetaria conservadora que llevó adelante en más de cuatro años de mandato, Pou contribuyó a la concentración y extranjerización de la banca. Algo que le valió el apoyo de los organismos financieros internacionales y de los grandes bancos. Por eso, el ministro de Economía siempre lo ratificó como señal de confianza hacia el establishment financiero. Pero su papel en el escándalo del lavado de dinero y su consecuente pelea con el Citibank, le hicieron perder a sus antiguos amigos. El lunes, tanto desde el oficialismo como desde el justicialismo habían salido a pedir su renuncia.
En el gabinete coincidieron en que la movida que desembocaría en la remoción de Pou no era tan complicada como se sospechaba. De acuerdo al artículo 9 de la carta orgánica del Banco Central, la renuncia del titular de la entidad debe ser recomendada por una comisión compuesta por cinco legisladores: el presidente provisional del Senado –Mario Losada– más los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de ambas cámaras. La cuenta demostró una amplia mayoría oficialista: cuatro radicales y apenas un justicialista.
Llegaron entonces a una conclusión intermedia. Pou no debía seguir al frente del Banco Central pero antes de que el Gobierno diera el primer paso lo más sensato sería que estuvieran listos todos los detalles: una rápida convocatoria a la comisión que tiene que sugerir su salida, la redacción del decreto que firmará de la Rúa determinando la renuncia y el nombre del reemplazante.
Algunos ministros reaccionaron airadamente a la idea del gobernador Carlos Ruckauf de designar al ex ministro Domingo Cavallo en el lugar de Pou. Para Machinea y López Murphy, Ruckauf impulsa la candidatura porque Cavallo le es funcional: el ex ministro es amigo del titular del Banco Provincia, Ricardo Gutiérrez. Y que Cavallo al frente del Central le serviría para solucionar los problemas financieros que, aseguraron, atraviesa la entidad bonaerense. Cavallo ya tuvo un controvertido paso -que él prefiere olvidar– por la presidencia del Banco Central durante la dictadura militar. Con la decisión consensuada, De la Rúa convocó a su despacho a Losada, Agúndez y al cordobés Luis Molinari Romero para ponerse de acuerdo con la convocatoria a la comisión. Decidieron hacerla lo más rápido posible, tal vez hoy mismo. Luego se dieron cuenta que el único peronista comisionado, el pampeano Carlos Verna, estaba en Kuwait formando parte de una comitiva de legisladores de visita y que no quedaría bien que la decisión la tomaran sólo los cuatro radicales. Luego de algunas averiguaciones, por la noche concluyeron que podrían estar en condiciones de reunir a la comisión para este viernes.
En la Alianza no tenían dudas de que la comisión tendría pruebas más que suficientes como para recomendarle a De la Rúa que eche a Pou. En la coalición entienden que está probado que, al menos, el aún presidente del Banco Central ocultó información sobre lavado de dinero y los oscuros manejos financieros del banquero del menemismo, Raúl Moneta.
En la Rosada concluyeron que sería infinitamente peor que se pensara que el Gobierno sostenía a un funcionario sospechado de tener relaciones con el lavado a sufrir algún movimiento del mercado financiero como reacción a la salida de Pou. De paso, su salida podría interpretarse como otra medida del Gobierno que quiere mostrarse como el más interesado en el esclarecimiento de las maniobras de lavado. En esa dirección, De la Rúa firmó ayer la reglamentación de la ley contra el lavado que crea la Unidad de Información Financiera de la que dejó al margen a Pou .
Fuera de la función pública, Pou podrá dedicarse a otras actividades más gratificantes para el espíritu. Por ejemplo, a trabajar para la orden masónica de los Caballeros Americanos del Fuego, una logia de la que los especialistas aseguran que Pou forma parte aunque él lo niega. O a releer a Borges, de quien se demostró lector luego de una fallida broma que le quiso hacer al Premio Nobel José Saramago sobre el apócrifo escritor Herbert Quain. Pero lo más seguro es que Pou se dedicará a propalar las bondades de la dolarización como hacen otros menemistas en el llano. Eso, claro, en la medida que las causas se lo permitan.

DIPUTADOS Y SENADORES YA DAN POR TERMINADO EL MANDATO DE POU
La remoción puso de acuerdo a la Alianza

Por Felipe Yapur

Casi al unísono, como si se hubieran puesto de acuerdo, la bancada de diputados de la Alianza y el bloque de senadores radicales anunciaron su intención de impulsar la remoción de Pedro Pou de la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los diputados decidieron conformar una comisión investigadora y los senadores convocar a la comisión bicameral especial encargada de estudiar las razones para remover al titular del Central y hombre de confianza de Carlos Menem.
“Ya están dadas las condiciones para que Pou abandone su cargo”, dijo Darío Alessandro poco después de presidir la mesa de conducción del bloque oficialista. Los senadores radicales, en tanto, manifestaron “su voluntad política de impulsar la remoción del presidente del Banco Central, doctor Pedro Pou”.
Durante el mediodía de ayer, el frepasista Alessandro y el radical Horacio Pernasetti presidieron la reunión de la mesa directiva del bloque donde se decidió, previo guiño presidencial, la integración de la comisión anti-lavado.
La discusión entre los diputados giró alrededor de quiénes podrían integrarla. La primera coincidencia surgió a partir de que no habría senadores: “Están demasiado cuestionados”, dijo Alessandro. Finalmente se acordó que sería conveniente repetir la experiencia de la comisión que investigó el atentado a la AMIA, es decir con presidentes de bloque. Pero además vieron conveniente que deberían formar parte los diputados que encabezaron las denuncias. Allí reside, en principio, la razón por la cual, Alessandro y Pernasetti, se trasladaron hasta el domicilio de la radical Elisa Carrió.
Según el titular del bloque aliancista, la diputada chaqueña aceptó el convite. Igual actitud adoptó el demócrata Gustavo Gutiérrez, quien dio el sí por teléfono ya que todavía permanecía en Mendoza. Pero la visita al domicilio de Carrió dejó entrever la intención, por parte de la conducción del bloque, de limar las asperezas entre la legisladora y el bloque que se tradujo en un respaldo a sus denuncias sobre lavado de dinero al invitarla a ser parte de la comisión investigadora.
“Es una cuestión de Estado”, dijo a Página/12 Pernasetti sobre la necesidad de la conformación de la comisión. “Tendrá la tarea de investigar, de irá a fondo. Puede generar algún escozor pero tenemos el aval del presidente (Fernando) De la Rúa”, agregó Alessandro.
La comisión, según relató el legislador frepasista, ya estaría funcionando en marzo cuando recomiencen las sesiones ordinarias. Es decir, al mismo tiempo en que el Senado norteamericano dé a conocer el informe sobre lavado de dinero donde se nombrarán —de acuerdo a lo dicho por Alessandro— “a entidades bancarias, banqueros, e incluso políticos” de la Argentina.
Los diputados, en cambio, prefirieron no opinar sobre los posibles nombres del reemplazante de Pou. “Un hecho de esta magnitud tendrá repercusión en el mundo económico. Por eso es necesario hacer todo con la mayor seriedad posible y antes de definir la separación de Pou sería conveniente tener a su reemplazante. Esa es una facultad del Ejecutivo”, aseguró Alessandro.
Los únicos que no emitieron opinión al respecto fueron los justicialistas del Senado. A pesar de haberse reunido durante la tarde de ayer, sus voceros dijeron que los legisladores del PJ postergaron una definición en este tema para más adelante. Sin embargo, trascendió que hubo molestias por la actitud asumida por Carlos Ruckauf (le pidió al Presidente la renuncia de Pou). Además, advirtieron que entre los senadores del PJ “no hay voluntad para avanzar en un voto de censura” porque la documentación existente hasta el momento “no es suficiente para recomendar su alejamiento”. Cabe recordar que los senadores justicialistas fueron los únicos que votaron en 1998 para que Pou continuara al frente del BCRA hasta el 2004.

Pou será indagado también por la caída del Medefin

Información exclusiva a la que accedió este diario en Tribunales permite asegurar que Pou será indagado por el juez Literas por el pedido de los fiscales de investigar redescuentos del Banco Central al Medefín. Pedro Pou, que próximamente se convertirá en ex presidente del Banco Central.

Por Claudio Zlotnik

Ya sea dentro o fuera del Banco Central, hay algo de lo que Pedro Pou puede estar seguro: deberá presentarse en Tribunales para dar explicaciones sobre su conducta en relación a la caída del Medefin-UNB, el banco que cerró sus puertas a mediados del ‘98, y que está siendo investigada por la Justicia. Según confiaron altas fuentes judiciales a Página/12, el presidente del Banco Central será indagado por el juez federal Gustavo Literas para determinar la responsabilidad que le cupo en el derrumbe de la entidad financiera y en maniobras “sospechosas” que se están investigando.
Las mismas fuentes reseñaron que la situación de Pou en este tema es “complicada”, y no descartaron que, tras la indagatoria, quede procesado en la causa. Está previsto que el paso del banquero por Comodoro Py se concrete hacia abril. Antes, tendrá que declarar Roque Maccarone, ex titular del Banco Nación.
No es la única causa anotada en la agenda de Pou. La semana pasada, la jueza Servini de Cubría reabrió la causa en la que se investiga la posible falta de control del BC sobre el lavado de dinero en la Argentina. También tiene una causa abierta por una denuncia de ex ahorristas del Patricios, y le revocaron el sobreseimiento en otra en donde se investiga una presunta infracción a la Ley del Cheque. Por último, se encuentra procesado en otra causa que lleva adelante Servini de Cubría sobre la caída del Banco Basel.
El juez Literas es el mismo que, anteayer, allanó la sede del Banco Central para retirar documentación respecto del cierre del República, que tiene como principales investigados a Pou y al banquero menemista Raúl Moneta.
Al momento de su cierre, en junio de 1998, el Medefin-UNB estaba en manos del grupo de origen suizo español Socimer. Pocos meses después, los fiscales del caso, Paulo Starc y Guillermo Montenegro, emitieron un dictamen en el cual solicitaron la indagatoria de Pou ante los presuntos delitos de defraudación a la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. Los fiscales consideraron responsables a Pou y al ex ministro de Economía Roque Fernández de haber otorgado redescuentos (préstamos) al UNB-Medefín por 60 millones de pesos, sin las garantías adecuadas. Para Starc y Montenegro, de ese beneficio, siguió “una complicada operación financiera, de la cual surge con claridad el fin defraudatorio de la maniobra”.
A casi tres años del cierre de la entidad financiera, el juez Literas ya cuenta con todos los peritajes judiciales. Con esas evidencias en la mano, convocó para el próximo lunes 5 de marzo a un grupo de ex directivos del UNB-Medefín. Días después será el turno de Maccarone (que actualmente se desempeña como director del Banco de Galicia), y de otros ex funcionarios del Nación y del Banco Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, Felipe Murolo, un alfil de Domingo Cavallo en distintas dependencias públicas mientras el ex ministro fue un hombre fuerte del gobierno de Carlos Menem. Justamente, lo que el magistrado trata de determinar es si el UNB-Medefín recibió sendos créditos por parte de esos bancos públicos hipotecando un mismo activo. Quienes siguen la causa de cerca están convencidos de que los funcionarios públicos estaban al tanto de esta irregularidad, pero nunca objetaron la cesión de los préstamos.
Según pudo saber este diario, el juez Literas indagará a Pou sobre ciertos datos llamativos que surgen del cierre del UNB-Medefín.
El Central habría avalado que el Socimer Bahamas (una filial off shore del grupo controlante de la entidad financiera local) comprara títulos de deuda provinciales, que luego vendió a su controlada argentina para garantizar, mediante un fideicomiso, los créditos otorgados por el BC. La autoridad monetaria habría aceptado que esa garantía se contabilizara al valor nominal de los bonos cuando, en realidad, el precio de mercado era inferior a la mitad.
Pou también tendrá que explicar por qué permitió que determinadas Obligaciones Negociables (ON, títulos de deuda) emitidas por el UNB-Medefín pudieran convertirse en depósitos de plazo fijo. De esta manera, se benefició a ciertos inversores, en detrimento de otros, ya que los plazos fijos tenían garantía de cobro mientras que las ON, no.
Otro punto que está en la mira del magistrado son los aproximadamente 200 millones de dólares que recibió el UNB-Medefín en concepto de redescuentos, créditos de la banca oficial y permisos para lanzar bonos de deuda. Los investigadores creen que ese monto es exagerado para una entidad tan pequeña.
También quiere saber el motivo por el cual Pedro Pou eludió realizar una denuncia penal contra los directivos de la entidad liquidada, rompiendo una regla que había llevado a cabo en los demás cierres bancarios.
–¿Es posible que Pou vaya preso por la causa del Medefín-UNB? –preguntó este diario a una alta fuente judicial.
–Es casi imposible porque, de ser hallado culpable, sería por un delito excarcelable (incumplimiento de los deberes de funcionario público). Por ahora, lo único que lo llevaría a la cárcel es si se lo encuentra culpable en las demás causas abiertas. En ese caso sí, porque acumularía varias penas.

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