Por Irina Hauser

El plenario del Consejo de la Magistratura podría suspender hoy en su cargo al juez Carlos Liporaci e iniciar su juicio político. Es lo que solicitó la Comisión de Acusación al votar ayer un dictamen que lo puso al borde de su remoción por mal desempeño y mala conducta a raíz de una investigación sobre el aumento de su fortuna. El dictamen acusatorio, que fue votado por unanimidad, cuestiona al juez que investiga los sobornos en el Senado, por haber “mentido” al detallar su patrimonio y por su “inidoneidad moral”. Por lo menos tres consejeros piden que si Liporaci presenta la renuncia el Poder Ejecutivo la rechace de plano. La retirada le permitiría salvarse de su enjuiciamiento y no perder la jubilación del Poder Judicial, una treta a la que ya han apelado otros magistrados investigados. Por lo pronto, Héctor Rodríguez, el abogado del juez, aseguró que su cliente y amigo “no se va”. En ese caso, si lo suspenden, la causa de las coimas –y todas las que tramitan en su juzgado– deberá tener un reemplazante.
Aunque ya se sabía que la suerte no estaría con Liporaci en el martes 13, lo que nadie esperaba era que hasta la hipermenemista Lelia Chaya apoyara el pedido de destitución después de haber cuestionado reiteradas veces la pesquisa contra un juez que supo fallar a favor de más de un funcionario del gobierno de Carlos Menem. “Hay muchos considerandos que no comparto, pero en aras de la celeridad y en aras de la Nación voy a apoyar el dictamen”, anunció la salteña, que preside la Comisión de Acusación. Claro que hizo alguna que otra demostración de sus reticencias: intentó rechazar el pedido de Pablo Fernández para que el tema sea tratado hoy sobre tablas en el plenario y pidió que se retirara el tramo del dictamen que le cuestiona a Liporaci haber “gestionado, aceptado o cobrado” –y luego ocultado– una pensión graciable de 500 pesos, vigente desde 1994, para su hija María Florencia. Fracasó en sus reclamos.
De esta manera, lo que empezó como una investigación sobre la mansión en Vicente López, valuada en más de un millón de dólares y que Liporaci dijo haber pagado 610 mil, terminó propiciando su acusación. El dictamen que cuestiona las “inconductas del juez”, como mentir en sus declaraciones patrimoniales y contraer deudas “imposibles de atender”, fue debatido durante más de dos horas y finalmente votado por toda la comisión. El texto también dice que las inversiones que hizo el magistrado, como la compra de la vivienda, el alquiler de una casa en el country Golfer’s por casi 3000 pesos o un viaje a Bora Bora para una de sus hijas, son “desproporcionadas e injustificadas en relación con sus recursos genuinos y declaraciones de bienes”. El único que no votó fue Augusto Alasino (PJ), excluido por estar imputado en la causa de las coimas del Senado.
“Liporaci es un modelo de lo que no debe ser un juez”, dijo el consejero Mario Gersenobtiz durante la reunión. “Tanta gente honesta, abnegada, que con escasos recursos trabaja en el Poder Judicial, no merece tener a este juez como compañero”, añadió. Con un tono similar, Fernández y Fermín Garrote, autores del dictamen, expusieron los fundamentos de la acusación.
“Liporaci tiene una causa de interés social que hace seis meses viene conmocionando al país”, alertó Fernández refiriéndose al expediente de las coimas para convencer a sus colegas de que el tema debía ser tratado hoy, urgente, en el plenario. “Tengo temor de lo que pueda ocurrir”, subrayó.
Para que el plenario trate el caso sobre tablas deben estar presentes por lo menos 15 de los 20 miembros de la Magistratura, algo que según pudo establecer Página/12 es bastante probable que ocurra. Uno de los que ayer dudaba si concurrir o no era el titular del cuerpo, el riojano Julio Nazareno, también presidente de la Corte Suprema. Los jueces miembros del Consejo estarían dispuestos a asistir, pero no les cayó bien la idea de tener que analizar el dictamen sólo en una tarde. “Es poco serio”, explicaban algunos de sus colaboradores. Por esta razón nadie descarta que alguien pida que se postergue el tratamiento del caso. Pase lo que pase hoy, en la Comisión de Acusación casi todos suponen que en el plenario conseguirán dos tercios de los votos y Liporaci tendrá que sentarse en el banquillo frente al jurado de enjuiciamiento. “Todos avanzamos mucho en esto con fundamentos, difícilmente alguien defienda a Liporaci”, dijo uno de los consejeros que prefirió el anonimato.
Al margen de estas especulaciones, habrá que ver qué hace el juez de los sobornos. Su abogado le dijo a este diario que no renunciará, “Estuve con él y dice que no se va, está de buen ánimo”, señaló Rodríguez. “Lo que se está buscando es separarlo de la causa del Senado, son órdenes del Frepaso, para nosotros está claro desde hace tiempo”, acusó. Lo cierto es que todavía circulan versiones contrarias que aseguran que Liporaci espera negociar su renuncia a cambio “inmunidad” e “ingresos a futuro”. Al menos ya se las ha arreglado en los últimos años para ubicar a su esposa y a sus tres hijas en la Cámara de Diputados, el Senado, la Auditoría General de la Nación y el Poder Judicial. Con la falta de mérito colectiva que concedió en la causa de las coimas, seguramente tendrá nuevos aliados.
La estrategia de huir antes de que los echen fue utilizada por varios ex jueces (Raquel Morris Dooglatz, Ricardo Ferrer, Luis Torres y Pablo Bruno) y explica que en los dos años que lleva de funcionamiento el Consejo de la Magistratura sólo dos magistrados (Ricardo Bustos Fierro y Víctor Brusa) hayan llegado a juicio. El consejero Garrote ya propuso en 1999 modificar los reglamentos necesarios para que el Ejecutivo no acepte la renuncia de los jueces investigados. Ayer la cuestión volvió al tapete cuando alguien recordó que el ex juez Bruno no sólo se salvó de ser juzgado por avalar torturas en una comisaría, sino que al renunciar asumió como jefe de Asuntos Internos de la Side. Garrote, Fernández y Gersenobitz plantearon que el presidente De la Rúa no debería aceptar la renuncia de Liporaci, si se produce, para que sea debidamente juzgado.

HERNAN BERNASCONI, CARLOS BRANCA Y JORGE OYARBIDE
Maestros de la mala escuela judicial

Hernán Bernasconi
Tras desempeñarse como subsecretario de Justicia bonaerense y como legislador provincial por el peronismo, llegó al cargo de juez federal de Dolores en 1993. Magistrado mediático por excelencia, estuvo a cargo de la causa por narcotráfico que en su momento involucró a Guillermo Cóppola, al ex futbolista Alberto “Conejo” Tarantini y a las inclasificables Samantha Farjat, Natalia De Negri y Julieta La Valle. Con el correr de los meses, se fueron descubriendo todo tipo de irregularidades cometidas por Bernasconi, su secretario Roberto Schlagel, y los policías Antonio Gerace y Daniel Diamante. Mientras el pedido de juicio político contra el ex magistrado dormía en el Congreso, todos sus colaboradores fueron a parar a prisión, acusados de formar una banda que extorsionaba a famosos en causas por narcotráfico, y que encabezaba el propio Bernasconi. Los senadores se tomaron su tiempo, y recién el 5 de noviembre de 1999 lo destituyeron, siendo procesado de inmediato por la Justicia. El ex juez se fugó a Brasil, en donde fue detenido en marzo del año pasado. A los cuatro meses ya estaba en Buenos Aires, en una celda de la Gendarmería Nacional, y a pocos metros de otro personaje conocido del menemismo, el ex interventor en el PAMI Víctor Alderete. Ahora espera su juicio oral, por los cargos de asociación ilícita, falsedad ideológica y falso testimonio.

Carlos Jorge Branca
Tuvo su cuarto de hora en 1996, cuando procesó al mandamás de la AFA, Julio Grondona, por supuesto encubrimiento en tres casos de doping, y le embargó un departamento al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, en una causa por calumnias e injurias. Al año siguiente su buena estrella se apagó, cuando un video lo mostró charlando amistosamente con un grupo de contrabandistas implicados en el caso de la “Aduana paralela”. La Cámara de Diputados lo acusó de darles protección a “conductas delictivas” y de “aprovechar la inmunidad de su cargo para obtener impunidad”. Branca se defendió ante el Senado jurando que era “una persona de bien” y que había sido engañado “en su buena fe. Los legisladores no creyeron su argumentación y lo destituyeron el 18 de diciembre de 1997. Por su parte, el juez Jorge Brugo, a cargo de la causa por la “Aduana paralela”, lo envió a prisión, acusado de contrabando calificado y asociación ilícita. Después de estar preso más de dos años, Branca puso 30 mil pesos de fianza y logró salir en libertad. Sin embargo, el 20 de abril comenzará el juicio oral en su contra, y el ex magistrado deberá demostrar que no tuvo nada que ver con el escándalo de la “Aduana paralela”, uno de los mayores casos de corrupción de los últimos años en Argentina, y que le generó un perjuicio económico gigantesco al Estado.

Jorge Oyarbide
De relativo bajo perfil desde su nombramiento como juez, en 1994, su caída en desgracia también tuvo que ver con la difusión de un video; en su caso, una grabación lo mostraba teniendo sexo con un taxi boy en un prostíbulo masculino llamado Spartacus. A ese escándalo se le sumó la denuncia de un empleado de un restaurante de Recoleta, que aseguró que Oyarbide lo había amenazado de muerte. Lo terminó de hundir la aparición de un extraño personaje, Luciano Garbellano, que involucró al juez en cobro de coimas, visitas frecuentes a Spartacus y otros arreglos oscuros. En el apogeo del escándalo, Oyarbide se tomó licencia, y luego el Senado lo suspendió pero “con goce de haberes”. A casi tres años de iniciado el affaire que lo involucra, los legisladores tienen congelado su proceso, mientras Oyarbide sigue cobrando puntualmente su sueldo de 5284 pesos. No se puede esperar mucho que el juicio político avance: los integrantes de la comisión pertinente son, entre otros, los peronistas Augusto Alasino y Angel Pardo, acusados en el escándalo por coimas para aprobar la reforma laboral. El proceso contra Oyarbide es de los últimos juicios políticos que llevará adelante el Congreso, reemplazado en esa función por el Consejo de la Magistratura. Los otros jueces que esperan su turno ante los legisladores son Guillermo Tiscornia y Jorge Pisarenco.

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