|
Por Victoria Ginzberg
 La Corte Suprema confirmó
la prohibición de demoler la Escuela de Mecánica de la Armada
y señaló que el Ejecutivo descuidó su deber de “preservar
bienes que pueden constituir pruebas valiosas, en relación a hechos
de nuestra historia reciente aún no aclarados”. El tribunal
se expidió en una causa iniciada por dos familiares de desaparecidos
cuando el ex presidente Carlos Menem anunció la construcción
de un monumento a la “reconciliación nacional” en el
predio donde funcionó el mayor centro clandestino de detención
del país. El gobierno actual no tiene planes de destruir la ESMA,
pero tampoco tiene intención de instalar allí un museo de
la memoria, como ansían los organismos de derechos humanos y como
indica una ley aprobada por la Legislatura porteña.
En enero de 1998 Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos, y Laura
Bonaparte, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, presentaron
un recurso de amparo para impedir la demolición de la ESMA. En
el escrito elaborado por los abogados Mario Ganora y Lilina Magrini se
remarcó que el predio constituía “un símbolo
del holocausto que tuvo lugar en el país durante la última
dictadura militar” y que debía ser considerado “patrimonio
cultural”. Además se señaló que la destrucción
del edificio implicaba perder la posibilidad de conocer dónde estuvieron
detenidos, cómo pasaron sus últimos días y en qué
lugar se encuentran los cuerpos de los desaparecidos.
En octubre de 1998 el juez federal Ernesto Marinelli sostuvo que la ESMA
integraba el patrimonio cultural del país: “Aunque se trate
de hechos horrorosos, que causan vergüenza (tanto por la mayoría
silenciosa que no participó como en quienes los ejecutaron y todavía
se resisten a proporcionar datos que permitan esclarecer el destino de
quienes fueron torturados y luego desaparecidos), se debe comprender que
se trata de expresiones de nuestra cultura y que el testimonio emblemático
que los recuerda también forma parte de nuestro patrimonio cultural”,
afirmó el magistrado.
La resolución de Marinelli fue apelada por el Poder Ejecutivo,
pero la Cámara Federal confirmó la sentencia del juez y
declaró la inconstitucionalidad del decreto menemista. La Cámara
mencionó, sin embargo, que era necesaria una declaración
legislativa para que el edificio fuera declarado “patrimonio cultural”.
El Gobierno volvió a cuestionar el fallo, que de esta manera llegó
a la Corte.
Los nueve ministros del máximo tribunal se pronunciaron por la
inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto que anunciaba la
destrucción de la ESMA y, en un fallo de seis carillas, señalaron
que el Poder Ejecutivo “no ha negado en modo alguno que pudiera concretarse
la demolición, sino que se ha limitado a desconocer que ella sea
inminente”. La Corte consideró también –de acuerdo
con un argumento del procurador Nicolás Becerra– que “el
derecho invocado (a la Verdad) podría verse lesionado con la sola
excavación de los terrenos que circundan al edificio”.
Además de este recurso de amparo, la pretensión menemista
de destruir la ESMA motivó la apertura de una demanda iniciada
por el Gobierno de la Ciudad que, con Fernando de la Rúa a la cabeza,
reclamó la devolución del terreno que ocupa la ESMA, que
había sido cedido por la ex municipalidad en 1904. Los legisladores
porteños decidieron que allí se levantaría un Museo
de la Memoria, pero con De la Rúa como presidente de la Nación,
el Poder Ejecutivo decidió que allí se instalen distintas
escuelas de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Ricardo López
Murphy, expresó ante miembros de organismos de derechos humanos
que no auspicia la creación de este tipo de museos porque actuarían
como “elementos de conflicto”.
“Tanto el Poder Ejecutivo como la Armada tuvieron intención,
en su momento, de destruir el edificio para eliminar la memoria histórica,
y el gobierno de la Alianza no dio instrucciones para que el Ministerio
de Defensa desistiera del recurso. Nosotros tuvimos que litigar contra
Menem y De la Rúa”, señaló el abogado Ganora.
ARCE
AGGEO RENUNCIO Y SE BLANQUEA
Emilio Massera busca defensor
Por V.G.
“No compartíamos
la estrategia para encarar el juicio oral. Eso y algunas desavenencias
de tipo personal provocaron que yo renunciara a las dos defensas”,
dijo a Página/12 Miguel Arce Aggeo, ahora ex defensor del dictador
Emilio Eduardo Massera. El letrado intentó despegarse de su ex
cliente y para situarse bien lejos aseguró que una de las razones
para dejar de representar al Almirante Cero es que no comparte el silencio
del hombre –que ayer fue internado en el Hospital Naval– sobre
el destino de los niños que permanecen desaparecidos.
Según se desprende de las palabras de Arce Aggeo, Massera tiene
información sobre hijos de desaparecidos apropiados durante la
dictadura. “Creo que debería aclarar el tema de los menores
que todavía no aparecieron”, aseguró el abogado. Ahora,
Massera deberá buscar otro representante para que lo acompañe
en el juicio oral por el plan sistemático de robo de bebés,
que según está previsto, se realizaría durante el
primer semestre de este año. El Almirante Cero también está
procesado en la causa por la apropiación de Javier Viñas,
que sigue la jueza María Servini de Cubría.
Además de las querellas por el robo de niños, el dictador
debe afrontar la declaración de quiebra que le dictó la
Justicia por haberse negado a pagar una indemnización a Daniel
Tarnopolsky, sobreviviente de una familia diezmada durante la dictadura.
Massera está preso en las dependencias de Gendarmería en
Campo de Mayo desde que se descubrió que violaba el arresto domiciliario
que cumplía en su quinta de El Talar de Pacheco. Ayer fue internado
en el Hospital Naval para someterse a “un tratamiento médico
de rutina”, según se informó en Tribunales.
|
