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Por Mariana Carbajal
 La cabeza del juez federal Carlos
Ballestero tiene precio. Según declaró ante la Justicia
un presunto “arrepentido”, fue contratado para matar al magistrado
a cambio de “10.000 dólares y un cuadro de Soldi”. El
supuesto killer dio “mucha información veraz” sobre la
vida del juez, lo que daría credibilidad a su denuncia, de acuerdo
con fuentes cercanas al magistrado. Incluso, aseguró que días
atrás se le hizo un seguimiento a Ballestero en Punta del Este,
donde éste efectivamente veraneó, pero el atentado fracasó.
El complot para asesinarlo habría sido orquestado a modo de vendetta
por un próspero comerciante de Córdoba detenido en Ezeiza,
acusado de integrar una banda de narcotraficantes, que cayó preso
por una investigación de Ballestero y está próximo
a ser sometido a juicio oral.
El presunto “arrepentido” se presentó días atrás
ante el juez de instrucción Nº 8 Ernesto Luciani para pedir
un “hábeas corpus” en el que solicitaba garantías,
porque –según afirmó– había sido contratado
para “robar unos coches con los que se mataría al juez Ballestero”
y que para llevar a cabo la tarea tenía “dos ametralladoras
y un revólver con silenciador”. El hombre, cuya identidad
no trascendió, señaló como contratantes a gente vinculada
a Carlos José Quaranta, un próspero comerciante de la localidad
cordobesa de Bell Ville, de poco menos de 40 años, acusado de ser
el “financista” de una banda dedicada al tráfico de cocaína
desde países limítrofes a España, a través
de “mulas”.
El arrepentido sería un ex preso que conoció a Quaranta
hace algunos meses en el penal federal de Ezeiza. Según precisó,
los contratantes le advirtieron que había que “afinar la puntería”
porque semanas atrás había fracasado un atentado en Punta
del Este, donde Ballestero pasó sus vacaciones. De ser cierta la
historia, se trataría de una vendetta, ya que Ballestero dejó
de tener injerencia en la causa hace cinco meses, cuando fue elevada a
juicio oral al tribunal Nº 5. “Su firma fue la única
que lo metió (a Quaranta) en la cárcel”, recordó
una fuente cercana a Ballestero. La causa que investiga el presunto complot
para matarlo está en manos del juez federal Carlos Liporaci. “Si
la operación fue armada por ese personaje, es creíble. Es
un tipo capaz de planearla”, evaluó una persona que conoció
a Quaranta personalmente durante la investigación de la causa por
narcotráfico.
Quaranta cayó preso en 1996 junto con una treintena de personas
más, en un operativo que incluyó una serie de allanamientos
simultáneos. En una vivienda, se secuestró un cuadro de
Soldi perteneciente a Quaranta, que actualmente está en depósito
en el Banco Ciudad. Ese día fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza
una mujer a punto de embarcarse rumbo a Madrid con tres kilos y medio
de cocaína de máxima pureza encintada en el cuerpo. Los
investigadores calcularon que previamente hubo una docena de envíos
más.
Ballestero procesó a Quaranta en setiembre de 1996 y quedó
en prisión con otros seis imputados, acusados de delitos no excarcelables.
Pero dos años después, todos recuperaron la libertad cuando
la Cámara Federal declaró la nulidad de las actuaciones,
al cuestionar los fundamentos que dieron pie a las intervenciones telefónicas
que incluyó la pesquisa. Esa resolución, sin embargo, fue
revocada posteriormente por la Cámara de Casación y Quaranta
fue el único de los siete imputados que volvió a caer en
prisión.
Curiosamente, fue reapresado en noviembre de 1999 por cometer una infracción
de tránsito en Bell Ville. Según pudo saber Página/12,
el hombre, muy conocido en esa ciudad, pasó un semáforo
en rojo y discutió en duros términos con el policía
que le hizo la multa. Enojado por su prepotencia, el agente se comunicó
con el Comando Radioeléctrico para verificar el DNI que le mostraba
y se enteró de que sobre él pesaba una orden de captura.
La sorpresa para la policía local fue mayúscula. “Pero,
¿usted sabe quién es Quaranta?”, preguntó sorprendido
el oficial que se comunicó con el juzgado federal de Ballestero,
para corroborar laexistencia del pedido de captura. Aunque Quaranta era
conocido como un comerciante de muy buen pasar, los investigadores nunca
pudieron establecer fehacientemente a qué se dedicaba. El expediente,
recordó una persona que participó de la pesquisa, incluye
múltiples pruebas que lo comprometen.
LA
CONFABULACION CONTRA BAÑOS, EL OTRO CASO
El preso que salió para asesinar
Por C.R.
Las denuncias sobre confabulaciones
contra jueces tienen un antecedente cercano e inquietante: un preso denunció
ante el juez Alberto Baños, en abril de 2000, la existencia de
un supuesto complot del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para terminar
con su vida. “Me mandaron a matarlo, pero no soy un asesino”,
le dijo a Baños el detenido Alejandro Penczansky, aludiendo a una
operación –confirmada por otros presos– cuya presunta
finalidad era asesinar al juez y frenar su investigación sobre
salidas ilegales de presos desde la ex cárcel de Caseros, causa
que reveló otras irregularidades y provocó una purga en
el SPF. Baños intensificó la investigación y reforzó
la seguridad en su despacho de los Tribunales, pero el presunto complot
nunca fue aceptado como cierto por el Gobierno, aunque esto fue dicho
sólo en off, y tampoco le dieron demasiado crédito los propios
abogados de algunos de los presos denunciantes.
Baños recibió amenazas –le enviaron un pequeño
ataúd con una bala adentro– y luego siguieron a la jueza Vilma
López, que investigaba el complot contra su colega, el propio Penczansky
y otro de los presos denunciantes, Alejandro Hebert Núñez.
El juez Baños venía investigando, desde 1998, las salidas
ilegales de presos, confirmadas a partir del robo contra el restaurante
Dolli, ocurrido el 18 de julio de 1998. A partir de ese caso se comprobó
que algunos presos salían de Caseros para robar, según Núñez
luego de pagar entre 1000 y 3000 pesos a personal del SPF, que los sacaba
y los devolvía a la celda en forma clandestina.
Otros dos presos que sabían del tema –según dijo Núñez
en su denuncia– eran Maximiliano Gastón Noguera Brizuela y
Miguel Angel Arribas. El primero fue asesinado en prisión y el
segundo, en un confuso intento de fuga. Noguera Brizuela fue primero señalado
como el ladrón que mató al custodio de Dolli, el agente
de la Federal Rubén Juárez, pero después fue procesado
por el homicidio de Cristian Franco, alias “Sapo”, agente del
SPF e integrante de la misma banda.
De la muerte de Noguera se hizo cargo otro preso, Carlos Sandez Tejeda,
quien dijo que actuó instigado por guardias del SPF que temían
ser “delatados” por la víctima. El propio Baños
denunció el complot en su contra.
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