Hace no tanto tiempo, cada paso, cada fallo, cada apelación del caso Pinochet eran seguidos ansiosa y detalladamente, sin importar lo remoto del tribunal o lo lejana que estuviera la posibilidad de que el ex dictador fuera sometido a juicio. Podía resultar curiosa entonces la relativa indiferencia ayer ante el comienzo de la audiencia en la Corte de Apelaciones de Santiago que decidirá si Pinochet seguirá procesado y bajo arresto domiciliario en su quinta de Bucalemu. Un motivo es lo endeble de la argumentación de la defensa, que aseveró ayer que su cliente sólo se enteró de los fusilamientos de la “Caravana de la Muerte” después del hecho, y que en cualquier caso ahora no recuerda nada porque padece de “demencia moderada”. Esta versión contrasta con pruebas casi inapelables, incluyendo una nota firmada por Pinochet que ordenaba encubrir un fusilamiento. Y estas pruebas, a su vez, generaron una crisis en el Estado chileno que contribuyó bastante a desviar la atención del último giro en el caso Pinochet: la denuncia de torturas contra el actual jefe en funciones de la Fuerza Aérea Chilena (FACH), Hernán Gabrielli Rojas.
Ayer el escándalo estaba hundiendo cada vez más al gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos. Gabrielli era el sucesor casi seguro del actual comandante de la FACH, Patricio Rojas, y como su segundo ya asumió ese cargo ante la ausencia de su jefe por enfermedad. Ahora, su carrera está jaqueada por las versiones de que habría sido uno de los verdugos más sanguinarios de la “Caravana de la Muerte”. Un ex oficial, quien había asistido a la Escuela de Aviación junto con Gabrielli, Ricardo Navarro Valdivia, relató ayer cómo fue arrestado por “constitucionalista” y detenido en su propia base aérea unos días después del golpe de Estado de 1973, y cómo pasó a recibir las atenciones de varios de sus ex camaradas en armas, incluyendo Gabrielli: “Era una persona siniestra, un mentiroso patológico y una bestia despiadada: fue uno de los torturadores más brutales con Ruiz Tagle, le pegaba culatazos en la espalda, le pateaba, le insultaba”. El propio Navarro fue torturado por Gabrielli (“con el ‘submarino’, con corrientes eléctricas”) y sólo lo salvó la “piedad” de Pinochet, quien conmutó su pena a destierro. En una declaración anterior hecha en los ‘70, Navarro había afirmado que Gabrielli fue directamente responsable de la tortura y muerte de un joven de 14 años.
Confrontado con este personaje, el ministro de Defensa chileno Mario Ramírez aseguró ayer que Gabrielli cuenta con el respaldo de Lagos sólo en la medida en que “es un oficial que defiende su honra”. ¿Pero no sabía el gobierno sobre sus antecedentes? “No sabía, me gustaría saberlo todo, pero yo no soy de esas personas que lo saben todo, es difícil eso.” Además de la dificultad en que todo esto ya colocó al socialista Lagos, su neutralismo se hizo más insostenible ayer a partir de una contraquerella que presentó el general. Con ese notable talento de los abogados pinochetistas para exagerar el contraataque, ayer el letrado Jorge Balmaceda anunció que invocaría la Ley de Seguridad Nacional (un legado de la dictadura) contra denuncias que eran “un delito contra el orden público, contra la Fuerza Aérea como institución del Estado”. Incluso Ramírez, acusado varias veces de ser demasiado cercano a los militares, admitió que tenía “muy serias reservas” acerca de esa estrategia.
Frente a esta crisis del gobierno, no podía sino resultar menos excitante el último giro del proceso contra Pinochet. Un factor podría ser su falta de originalidad respecto a los anteriores: la decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago (la sala de verano, vale aclarar) es impredecible (dos de sus tres jueces votaron por desaforar a Pinochet, pero los tres rechazaron el viernes procesar al ex jefe de la DINA Manuel Contreras), la defensa argumentó que el proceso contra Pinochet era parcial e inconstitucional y, por supuesto, el fallo, sea cual fuere, puede y sin duda será apelado ante la Corte Suprema. Lo único notable ayer era que la defensa reservó su arma más importante, la supuesta incapacidad física y mental de su cliente para someterse ajuicio, para una apelación aparte que comenzará el mes que viene. No en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, claro, sino en la Quinta.

CLINTON PODRIA PERDER SUS PRIVILEGIOS DE EX PRESIDENTE
La destitución de nunca acabar

Por Javier Valenzuela
Desde Washington

Las tribulaciones del caso Rich y otros conflictivos asuntos relacionados con su salida de la Casa Blanca no han terminado para Bill Clinton. Mientras la empresa que patrocinó su primera conferencia como ex presidente se arrepiente de haberlo hecho, la fiscalía de Manhattan estudia abrir una investigación criminal por el caso Rich y el senador republicano Arlen Specter no descarta que Clinton pueda ser sometido retrospectivamente al impeachment (proceso de destitución parlamentaria) por este asunto. Clinton podría perder sus privilegios como ex presidente.
La conferencia que, al precio de 100.000 dólares, dio Clinton la pasada semana en Boca Ratón (Florida) abochorna a su organizador, la firma de inversiones Morgan Stanley Dean Witter. Tras las protestas de muchos socios y clientes, Philip Pucell, su presidente, ha declarado: “Deberíamos haberlo pensado dos veces antes de invitarlo; deberíamos haber sido más sensibles al desagrado de nuestros clientes por el comportamiento personal de Clinton como presidente”. La conferencia de Boca Ratón fue, según Pucell, “un error particularmente desafortunado a la luz de las acciones de Clinton en su salida de la Casa Blanca”. Clinton ya se ha visto obligado a devolver los muebles del patrimonio de la Casa Blanca que se llevó el 20 de enero, pero aún no ha conseguido cerrar el caso Rich. El Comité de Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes celebró la pasada semana una audiencia sobre el polémico perdón concedido por Clinton a este empresario, fugado de EE.UU. tras ser acusado de 51 delitos económicos. El republicano Dan Burton, presidente de ese comité, insistió ayer en que quiere reanudar las sesiones con el testimonio de Denise Rich, la ex esposa del empresario que donó más de un millón de dólares al Partido Demócrata y 450.000 a la biblioteca que levanta Clinton en Little Rock.
El Comité de Asuntos Judiciales del Senado entra en acción mañana. Como aperitivo a su investigación, Arlen Specter, presidente republicano del comité, declaró el domingo que “técnicamente es posible el impeachment de Clinton” por el caso Rich. En contra de la mayoría de sus correligionarios, Specter votó a favor de la absolución de Clinton en febrero de 1999, pero ahora parece arrepentirse. Dianne Feinstein, senadora demócrata por California y tradicional aliada de Clinton, también está escandalizada por el caso Rich, que tilda de “tremendo error”. Feinstein declaró ayer que Clinton debe regresar a Washington y explicarse ante el Congreso.
El castigo de un segundo y retroactivo impeachment de Clinton no podría ser su destitución, pero sí la eliminación de los beneficios de su condición de ex presidente: pensión y oficina vitalicias. Clinton cobra 152.000 dólares al año y la oficina que ha alquilado en Nueva York le cuesta 800.000 dólares anuales al erario.
Los constitucionalistas de EE.UU. discutían sobre la viabilidad de la sugerencia de Specter. Entretanto, Mary Jo White, fiscal federal de Manhattan, estudiaba otro posible aprieto para Clinton: la apertura de una investigación criminal por el caso Rich. Se trataría de descubrir si hubo tráfico de influencias en el perdón. Aunque Clinton, cuyo indulto es constitucionalmente irrevocable, esté blindado frente a esas pesquisas, no es el caso de Denise Rich y Beth Dozoreth, sospechosas de intentar comprar los favores del mayor funcionario público con sus donativos para el Partido Demócrata y el propio Clinton.

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