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Por Adriana Meyer
 La causa de los sobornos en
el Senado, en la que se investiga el escándalo institucional más
relevante de la última década, cambió de juez. Aunque
en los próximos días se frenará luego podría
cobrar un nuevo impulso. El suspendido juez Carlos Liporaci había
fijado las fechas para interrogar como sospechosos al ex secretario de
Inteligencia Fernando de Santibañes, al ex ministro de Trabajo
Alberto Flamarique y al senador radical José Genoud. Su reemplazante,
el juez Rodolfo Canicoba Corral, aún no decidió si concretará
esta y otras medidas que solicitaron los fiscales del caso, Eduardo Freiler
y Federico Delgado. Pero sólo estará al frente del Juzgado
Federal 3 durante dos semanas, por lo tanto es probable que no adopte
ninguna resolución de importancia. Incluso podría postergar
las indagatorias. El juez Gabriel Cavallo fue el elegido por la Cámara
Federal para intervenir durante los siguientes 45 días, cuando
regrese de sus vacaciones. Con esa decisión resurgió la
idea de la “megacausa del Senado”, tal como la soñó
el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.
Uno de los investigadores del caso comentó ante Página/12
que lo más lógico que haría cualquier juez es estudiar
bien los veinte cuerpos que ya tiene la pesquisa antes de ordenar cualquier
tipo de medida. Por lo tanto, el nuevo impulso que había cobrado
el caso, a partir del llamado a indagatoria de De Santibañes, Flamarique
y Genoud, además de la batería de nuevas medidas y pedidos
de reiteración de las mismas solicitados por los fiscales, tendrá
un freno inevitable. Sin embargo, la fuente consultada imaginó
que el expediente recibirá un inminente empuje al opinar que, “como
Cavallo es el juez mejor posicionado ante la opinión pública
no tiene otra opción que ir a fondo” en el esclarecimiento
del caso.
Los camaristas federales también tienen a este magistrado en el
mejor de los conceptos. Según allegados a ambas salas, “elegirlo
es una forma de darle un mensaje a los otros jueces, porque es alguien
que está haciendo carrera, concursa, emprolijó el juzgado
de (Norberto) Oyarbide y no se va a la política”. Y apuntaron
que su designación es “una señal de bienvenida a la
Cámara” porque Cavallo aspira a ocupar la vacante de la sala
I, con buenas posibilidades de lograrlo.
El juez más mimado de Comodoro Py –que se reincorpora al trabajo
a principios de marzo, aunque podría adelantar su regreso–
investiga una de las causas conexas a ésta referida al presunto
pago de coimas para la sanción de la Ley de Hidrocarburos. Otro
expediente paralelo es el que apunta a probar el presunto enriquecimiento
ilícito de todos los senadores que pasaron por la Cámara
alta desde 1992, pero su juez, Adolfo Bagnasco, fue recusado (VER ...).
Fuentes judiciales consultadas por Página/12 especulaban con que
esos procesos y otros que tramitan en diferentes juzgados terminen acumulándose
en el de Cavallo, quien pasaría a encabezar la investigación
de la megacausa del Senado. Chacho Alvarez aspiraba a concretar así
el “mani pulite” argentino.
Canicoba Corral estuvo a punto de tener que hacerse cargo de seis juzgados,
pero sus superiores lo aliviaron de semejante tarea. Un funcionario con
acceso a su despacho aseguró que se reunirá con los fiscales
para interiorizarse sobre el caso del Senado. Tiene la opción de
delegar en ellos la investigación, pero esa posibilidad habría
sido descartada porque no pueden tomar indagatorias. Por lo tanto, las
declaraciones de De Santibañes y Flamarique –previstas para
el 20 y 27 de febrero respectivamente– seguramente serán postergadas.
En los últimos días, los fiscales Freiler y Delgado pidieron
la declaración testimonial de la legisladora porteña Alicia
Pierini y del diputado Carlos Soria, quienes estuvieron reunidos con el
senador justicialista Antonio Cafiero en la capilla de su residencia antes
de su declaración ante la Justicia, según relataron algunas
crónicas periodísticas.
Además, los fiscales pidieron la declaración testimonial
de Jorge Boimvaser, autor del libro Los sospechosos de siempre, según
el cual”antes del traspaso de la Secretaría de Inteligencia
del Estado (SIDE) de Hugo Anzorreguy a Fernando de Santibañes mediaron
reuniones entre ambos”, una de las cuales se habría realizado
en la propiedad El Castillo, en Córdoba. El abogado Ricardo Monner
Sans hizo esta semana una presentación en la que sostiene que “al
asumir De Santibañes recibió dentro del activo 12 millones
de dólares, cifra desconocida por los fiscales que podría
haber sido utilizada para los sobornos en el Senado”. El letrado
aseguró haber recibido el 7 de febrero un llamado telefónico
anónimo en el que una voz le informó que el inmueble de
Avenida de Mayo 1370 “es la base Barolo de la SIDE”. Pocos días
antes había llegado al estudio de Monner Sans un sobre con fotocopias
que explicaban que allí funcionaría el Instituto de Investigaciones
Sociales. Según el anónimo, esa sociedad operaría
los fondos de la SIDE. Al igual que ocurrió en la investigación
del atentado contra la AMIA, los fiscales no dejan ninguna prueba sin
chequear. Por eso le habían pedido a Liporaci que averiguara en
el Registro de la Propiedad Inmueble quién es el propietario de
ese inmueble y qué pasó con esos 12 millones.
RECUSARON
A ADOLFO BAGNASCO
“Poco objetivo”
Por A.M.
Fue recusado el juez que investiga
el presunto enriquecimiento ilícito de todos los senadores que
pasaron por la Cámara alta desde 1992. Adolfo Bagnasco opinó
días atrás que el caso de los sobornos en el Senado es “una
cuestión política que debe tener una solución política”.
El fiscal del caso, Paulo Starc, consideró que esas declaraciones
públicas podrían hacerle perder la necesaria objetividad
que exige su rol de magistrado y le pidió que se aparte de la causa.
Bagnasco rechazó la recusación y ahora será la Cámara
Federal la que decida su continuidad.
La investigación que Starc tenía delegada no se detendrá,
pero hay medidas pendientes que quedan en suspenso hasta que se defina
esta situación. Por ejemplo, la apertura de las declaraciones juradas
de los senadores sólo puede hacerse en presencia del juez. Sin
embargo, el fiscal por ahora sólo puso el foco en la presunta malversación
de caudales y enriquecimiento ilícito en que habrían incurrido
el ex jefe del bloque justicialista, Augusto Alasino, y los senadores
del mismo partido Jorge Massat y Emilio Cantarero. Página/12 había
revelado que cada senador recibía 150 pesos por mes “para
asegurar el normal desarrollo” de las funciones de los bloques parlamentarios,
tal como lo dispusieron por decreto las autoridades del Senado en julio
de 1992. Y Alasino habría incluido en su declaración jurada
de bienes la totalidad del dinero asignado para la bancada.
El senador frepasista Pedro del Piero también recusó al
juez con argumentos similares a los de Starc. Fuentes cercanas a Bagnasco
argumentaron que esas declaraciones no se referían a ésta
causa sino a la principal sobre los sobornos en el Senado que, hasta ayer,
estaba en manos de Carlos Liporaci.
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