Por Irina Hauser

Fue a trabajar como un día cualquiera, como si no pasara nada. Mientras el plenario del Consejo de la Magistratura decidía su futuro, el juez federal Carlos Liporaci mandaba a decir que no podía atender a nadie, que estaba ocupadísimo reunido con sus secretarios. Prendía un cigarrillo tras otro, como siempre. A las 11.30 tuvo que asumir el desenlace anunciado: 15 consejeros –incluso los dos menemistas– de los 18 presentes en la sala de audiencias decidieron suspenderlo y someterlo a juicio político por mal desempeño y mala conducta. Al magistrado no le quedó otra alternativa que esperar la notificación, recoger sus cosas e irse a su casa, la mansión valuada en un millón de dólares que motivó la investigación sobre su posible enriquecimiento ilícito. Su aumento patrimonial injustificado no sólo será analizado por el Jurado de Enjuiciamiento sino que puede llevarlo a ser procesado por el juez Gabriel Cavallo, el mismo que deberá hacerse cargo de su juzgado cuando vuelva de vacaciones (ver aparte).
El abogado y amigo de Liporaci, Héctor Rodríguez, estuvo toda la mañana confinado en un rincón, detrás de las cámaras, secándose el sudor de la frente mientras presenciaba cómo se formaba el quórum sin mayor dificultad y luego, cómo recrudecían las palabras de los consejeros. Aun después de la resolución del plenario, juntaría fuerzas para proclamar ante los periodistas que a pesar de todo el juez “está muy bien anímicamente”.
Hasta el riojano Julio Nazareno –presidente del Consejo y de la Corte Suprema– quien tiene la costumbre de desaparecer cuando se tratan casos trascendentes o que comprometen a jueces nombrados en la era de Carlos Menem, estuvo presente aunque se abstuvo en la votación. Sólo faltaron los senadores justicialistas Augusto Alasino y Ricardo Branda, imputados en la causa de los sobornos del Senado que tuvo a su cargo Liporaci.
La sesión fue sorpresivamente inaugurada por la menemista Lelia Chaya, vestida con un trajecito verde loro, quien anunció a los presentes que la Comisión de Acusación, que ella preside, había decidido el martes acusar a Liporaci y solicitar que se tratara el tema sobre tablas “en razón de que el juez tiene la causa de los sobornos, que es de gravedad institucional”. Así, con una celeridad poco usual, el plenario votó por incluir el asunto en el orden del día y ponerlo en primer lugar.
Aun cuando el suspenso por el resultado ya se había extinguido, los consejeros se mostraban, erguidos, como protagonistas de un momento histórico. “El doctor Liporaci no nos ha podido explicar el origen de los fondos con que ha podido concretar este visible aumento patrimonial. Y ha mentido en sus declaraciones juradas”, dijo Pablo Fernández (Alianza), uno de los autores del dictamen acusatorio al detallar los fundamentos. “No tiene idoneidad moral para seguir siendo juez. La salud del Poder Judicial se verá fortalecida si deja de pertenecer a sus filas”, remató.
El abogado Fermín Garrote, coautor del dictamen, recordó que la acordada de la Corte que estableció la obligación para los jueces de presentar declaraciones de bienes dice que la transparencia es un requisito de idoneidad. En referencia a la mansión que compró el Liporaci a mitad del año pasado remarcó que, a pesar de que las pericias, le atribuyeron valores superiores al millón de pesos, él dijo que la había pagado 610 mil. Y que aun así, no pudo explicar cómo cubriría esa suma.
A todo esto, Garrote añadió que a pesar de que el juez de los sobornos había hecho llegar a la Comisión de Acusación una declaración espontánea de bienes, no incluyó los 500 pesos mensuales de la pensión graciable a nombre de su hija María Florencia que desde 1994 cobraba en ejercicio de la patria potestad, acto que calificó como “indecoroso”. La cuestión de la pensión formó parte de casi todos los discursos y fue uno de los puntos claves de la acusación. El juez Claudio Kiper dijo que no lo podía creer y que la actitud de su colega Liporaci le parecía “deplorable”. Carlos Maestro (Alianza) aseguró que le daba “vergüenza ajena”. Uno tras otro, los consejeros se entusiasmaban al decir lo mismo con palabras diferentes. “No queremos que los jueces vivan en casas de chapa y viajen en tranvía, deseamos que vivan mucho mejor. Pero lo que también queremos es tener jueces correctos y honestos”, expresó Mario Gersenobitz mientras Nazareno, después de terminar su habano, emprendía la retirada disimuladamente. Alfredo Vítolo, representante del Poder Ejecutivo, anunció sonriente que acompañaría el dictamen y felicitó a la Comisión de Acusación por su “celeridad, ecuanimidad y responsabilidad”.
“Estamos sosteniendo la acusación de uno de los magistrados que más descrédito público ha generado en Argentina”, dijo el académico Humberto Quiroga Lavié, y planteó que la figura del “descrédito” debería ser incluida como una de las causales del “mal desempeño”, como se hizo en el caso de Víctor Brusa para aludir a su participación en violaciones a los derechos humanos aunque fue destituido por atropellar a un nadador y huir.
Como juez, Javier Fernández Moores dijo que “lo peor que le pasa al sistema judicial es la grave crisis de confianza” con la que colaboró Liporaci. “Algunas de las explicaciones” que dio su colega sobre sus gastos le parecieron “infantiles”, añadió. Ejemplificó con uno de los gustos que Liporaci se dio siendo juez: el alquiler por cerca de 3000 pesos en el country Golfer’s –revelado por Página/12 y denunciado después por los consejeros Eduardo Orio y Gersenobitz– que intentó ocultar aduciendo que suscribió el contrato para un amigo que estaba de viaje.
Quizá cuando a fin de año dictó la falta de mérito a los senadores involucrados en la causa de las coimas, Liporaci especulaba con conseguir alguna salida para su complicada situación. Pero ayer uno por uno, 15 consejeros, incluidos los menemistas Miguel Pichetto y Lelia Chaya, pronunciaron su voto “afirmativo” por la suspensión y la destitución. Además de Nazareno se abstuvieron, como era esperable, los senadores Horacio Usandizaga (Alianza) y José Romero Feris (Pacto Autonomista Liberal).
El plenario también resolvió enviar el dictamen al Congreso y a la Anses, para que se investigue el origen de la controvertida pensión graciable. Ahora el jury tiene un plazo de 180 días para dictar su fallo. A la par, el fiscal Pablo Recchini y el juez Cavallo siguen la pesquisa penal sobre el enriquecimiento de Liporaci y en marzo podrían pedirle que justifique cómo obtuvo su fortuna, el paso previo a indagarlo como sospechoso.

DERROTERO JUDICIAL DE UN HOMBRE DE LA SERVILLETA
Un currículum intachable

Se convirtió en juez federal en 1993, gracias al padrinazgo de alguno de los hermanos Anzorreguy, aunque no recuerda si el que lo llamó fue Hugo o Jorge. Y los cuestionamientos no se hicieron esperar. Durante estos años, el hombre que dictó la falta de mérito en la causa en la que investigaba los sobornos en el Senado fue mencionado por Domingo Cavallo como uno de los jueces de la “servilleta”, esos que según el ex ministro de Economía respondían al ex presidente Carlos Menem; mantuvo un duro conflicto con el ex titular de la AFIP, Carlos Silvani, porque nunca envió a prisión al empresario de la carne José Samid por evasión impositiva; liberó a dos ex espías acusados de secuestrar a Osvaldo Sivak; cerró la causa por enriquecimiento ilícito contra José Luis Manzano y fue acusado por Guillermo Gowland, ex secretario de su juzgado, de cobrar dinero a cambio de “arreglar” causas y de haberle pinchado el teléfono a uno de sus empleados, entre otras denuncias. Pero el tiro de gracia lo recibió por la compra de una mansión tasada en más de un millón de dólares que no se corresponde con sus ingresos y menos con sus declaraciones juradas.
Los abogados que frecuentaron su despacho le hicieron fama de “planchar” las causas comprometedoras para los allegados al menemismo. Es decir, de demorarlas. Muchas veces, era la misma Cámara Federal la que se las quitaba, porque el juez desnudó en más de una oportunidad su ignorancia en cuestiones jurídicas elementales para ejercer el puesto que ocupaba.
Padre de seis hijos, Liporaci nació el 9 de mayo de 1943, ingresó en el Poder Judicial como meritorio en 1973 y está casado desde hace 31 años con Lidia Inés Calb. Después de sufrir un infarto, que lo alejó varios meses de los tribunales, había dejado el cigarrillo. Retomó 18 meses después, en junio de 1998, cuando el ex secretario de su juzgado, Guillermo Gowland, denunció penalmente que Liporaci había recibido dinero a cambio de “arreglar” causas y que había ordenado intervenir teléfonos de un empleado de cuya fidelidad estaba desconfiando.
Entre otros casos, Gowland mencionó el del empresario de la carne Alberto Samid, acusado de evadir al fisco por unos 60 millones de pesos. El ex funcionario judicial dijo que había participado de un almuerzo en el que el empresario peronista Jorge Antonio pidió al magistrado que no mandara a la cárcel a su amigo. “Samid dio mucha plata para la campaña de Carlos Menem. No puede ir preso. Ahora lo dejaron solo, pero él no se lo merece”, denunció haber escuchado Gowland.
Y como si lo relatado fuera poco, el juez:
Levantó la orden de captura que pesaba sobre el banquero Raúl Moneta; hizo dormir en sus oficinas la investigación sobre la corrupción en Yacyretá y la despertó luego del cambio de gobierno.
“Cajoneó” la causa que tiene como denunciante a Gerardo Sofovich y al actual intendente de Córdoba, Germán Kammerath, acusados del vaciamiento de Canal 7.
Es el juez de grado con mayor cantidad de sumarios administrativos y con mayor cantidad de nulidades resueltas por la Cámara.
Se declaró incompetente para investigar al miembro de la Corte Suprema Antonio Boggiano considerando que un juez de rango inferior (como él) estaba inhabilitado ante un ministro del tribunal supremo.

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