Por Claudio Zlotnik

Pedro Pou se puso el casco, dispuesto a atrincherarse y resistir en su puesto la ofensiva del Gobierno para sacárselo de encima en medio del escándalo por el supuesto lavado de dinero. Una persona del círculo íntimo del presidente del Banco Central aseguró a Página/12 que Pou “no va a renunciar” a su puesto, a pesar de la avalancha de críticas recibidas desde distintos sectores del nivel político. “Si se va ahora, estaría avalando que tuvo relación con el eventual lavado de dinero”, añadió la fuente. En este marco, la estrategia de Pou es jugar fuerte e incluye su presencia frente a la comisión bicameral que examinará su conducta como funcionario. El principal temor en la Casa Rosada y en Economía es que, en el Congreso, Pou encienda el ventilador denunciando que el Gobierno estaría violando las leyes al empujar su retiro adelantado. Algo así, razonan los funcionarios, podría desencadenar una nueva crisis económica con consecuencias que nadie quiere siquiera imaginar. “Frente a las acusaciones, Pou está esperando hacer su descarga en el Parlamento”, aseguró la fuente a este diario.
Quienes conocen a Pou coinciden en que después de que el propio Fernando de la Rúa diera la luz verde para la conformación de la comisión evaluadora en el Congreso, la situación del presidente del Central es de “difícil retorno”. Y que muy pronto dejará el cargo. Las incógnitas, ahora, son cuándo y bajo qué condiciones. El Gobierno sabe que una salida traumática de Pou podría costarle muy caro porque retornarían los nubarrones sobre la marcha económica, justo cuando se había logrado la calma después de conseguido el blindaje financiero. Para impedirlo, Chrystian Colombo se convirtió en el hilo conductor entre Pou y el Gobierno. Anoche, al cierre de esta edición, el jefe de Gabinete se encontraba reunido con De la Rúa en Olivos analizando la situación del banquero. “Sólo una gestión de altísimo nivel permitiría destrabar el asunto”, había anticipado el allegado al banquero a este diario.
Desde que estalló el escándalo por el tema del lavado, a los muchachos de Machinea les ganó la preocupación. Y, respecto de la crisis que se abrió en torno a Pou, manejan dos escenarios. En el más sombrío, imaginan al titular del Central defendiéndose en el Congreso, confeccionando su propio blindaje entre los principales jugadores del mercado financiero, los mismos que todos los días toman decisiones de compra y venta de títulos de deuda argentinos. Sin ir más lejos, ayer en el Palacio de Hacienda se recibieron numerosas llamadas telefónicas desde los principales bancos de inversión estadounidenses. Del otro lado de la línea, los financistas se mostraban preocupados por los efectos adversos que esta crisis podría tener sobre la economía en caso de que volviera a dispararse el riesgo país .
Por su lado, y por primera vez desde que saltó el tema del lavado, los banqueros salieron a fijar posición. Los máximos dirigentes de ABA, la Asociación de Bancos, con Eduardo Escasany y Manuel Sacerdote a la cabeza, visitaron a De la Rúa en Olivos. Le dejaron un comunicado, que luego distribuyeron a la prensa. Allí advirtieron su temor a que “este clima de sospecha generalizada genere una desconfianza que afecte la incipiente recuperación de nuestra economía”. Incluso, según un cable de la agencia Télam, los banqueros le dijeron al jefe de Estado que “la remoción de un funcionario que tiene mandato hasta el 2004 le haría muy mal al país, a nivel internacional”. “Si el tema se politiza, podríamos retroceder todo lo que se avanzó con el blindaje”, habrían añadido.
En el Palacio de Hacienda prefieren imaginarse otra resolución del affaire Pou. Que el banquero presente su dimisión alegando fatiga moral y desgaste político tras la arremetida de los políticos, evitando cualquier cortocircuito con el denominado “mercado”. En búsqueda de que este escenario se concrete, Colombo –de buena relación con Pou tras su paso por el Nación– ya inició contactos con el banquero. Pero en el Gobierno saben que la crisis no finalizaría ni siquiera con una salida elegante del titular del BC. También será necesario designar al frente del Central a un economista respetado y confiable para los inversores. El nombre que más viene sonando en la city y en los despachos oficiales es el de Ricardo López Murphy. El jefe del radicalismo, Raúl Alfonsín, ya le dio su bendición: “Me parece muy bien para ese puesto”, opinó. Además, según pudo saber Página/12, Machinea y Chacho Alvarez dialogaron telefónicamente sobre este tema ayer durante la mañana. Si bien el ex vice le manifestó que sus candidatos eran Juan José Llach y Javier González Fraga (“Llach es honesto, muy reconocido, y con llegada al PJ”, fundamentó Alvarez), el líder del Frepaso le aseguró al ministro que no iba a entorpecer la llegada de López Murphy al Banco Central. La mención de Daniel Marx, secretario de Finanzas, también se escuchó en el microcentro y en los pasillos del Ministerio de Economía. Marx es un hombre de confianza de Machinea, aunque los financistas no lo ven como el mejor candidato.
Respecto de la posibilidad de que el actual ministro de Defensa asuma en el BC, anoche coexistían dos versiones contrapuestas. Una aseguraba que ya estaba sondeando a economistas para que lo acompañaran en su gestión. La otra, que rechazaría un eventual nombramiento porque limitaría su carrera política. En palabras de un economista que lo conoce bien, “cambiaría las reuniones de gabinete e influencia en las decisiones políticas por un cargo poco operativo y, en todo caso, conflictivo”.
Pero más allá de las especulaciones, lo concreto es que Mario Losada, presidente provisional del Senado, convocó para el próximo martes a la comisión parlamentaria que debe decidir si le pide a De la Rúa la remoción de Pou. El bloque de senadores de la UCR ya adelantó su “voluntad política” de remover al banquero. Después de mantener un encuentro con el jefe de Estado, Losada anticipó que la comisión bicameral citará a Pou a declarar. La intención del Gobierno es que la situación del funcionario se defina antes del 2 de marzo, fecha en que habrá una audiencia pública en el Senado estadounidense sobre los casos de lavado de dinero que se investigan. Entre ellos, el que tiene como protagonista al República, el ex banco de Raúl Moneta, al que Pou debería haber controlado.

DESMENTIDA DEL BC DE URUGUAY
Estrategia desbaratada

El Banco Central de Uruguay aseguró ayer haber respondido todas las peticiones de informes de su homólogo argentino sobre actividades financieras de empresas radicadas en ese país presuntamente investigadas por maniobras ilícitas en Argentina. De esta forma, las autoridades uruguayas refutaron lo manifestado por el presidente del BCRA, Pedro Pou, a Ambito Financiero y en su presentación ante la Justicia argentina pidiendo su propia investigación. Allí, Pou se escudaba en que en el marco de la investigación por presuntas operaciones de lavado de dinero, “se cursaron diversos pedidos de informes al Banco Central del Uruguay y al Central Bank of the Bahamas”, pero “ninguna de esas instituciones brindó información en el referido trámite”.
En una nota firmada por el titular del BC de Uruguay, César Rodríguez Batlle, se precisa que “el pedido de informes formulado el 1º de febrero de 1999 fue respondido el 8 de abril de ese año, por comunicación suscripta por el Intendente de Instituciones de Intermediación Financiera de este Banco”. Agrega que el 31 de agosto siguiente el BCU insistió en su respuesta, dado que “el 20 de agosto de 1999 (el BCRA) reiteró la comunicación original del 1º de febrero, seguramente por desinteligencias administrativas de ese Banco”, apunta con cierta ironía.
El documento emitido por la autoridad monetaria uruguaya desarticula una pieza clave de la estrategia de defensa que intentó Pedro Pou esta semana a través de su presentación a la Justicia. La falta de respuesta a la información requerida eras su principal argumento para deslindar responsabilidades con respecto a su inacción en materia de represión del lavado. Pero la rápida reacción de su par uruguayo le desarmó la maniobra.

Tres allanamientos en busca de
papeles y una pista del espionaje

En uno de los procedimientos, la Justicia halló documentación clave y videos en la oficina del fallecido escribano del banquero Raúl Moneta. Elisa Carrió, que había denunciado la intervención de sus líneas telefónicas.

Por Susana Viau

Las investigaciones sobre lavado de dinero tuvieron ayer un importante giro judicial: el allanamiento a la SIDE ordenado por María Romilda Servini de Cubría, quien investiga las escuchas ilegales a la diputada Elisa Carrió y los dos que, encabezados por Rodolfo Canicoba Corral, se practicaron en el Colegio de Escribanos y en la escribanía Caballero. En ambos lugares se encontraban depositados importantísimos documentos de trabajo del recientemente fallecido Alejandro Tachella Acosta, escribano de Raúl Moneta.
Elisa Carrió, quien junto al diputado mendocino Gustavo Gutiérrez impulsa las investigaciones sobre lavado de dinero que involucran a los bancos de Moneta y al Citibank de Nueva York, había solicitado al Departamento de Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional un chequeo de sus líneas telefónicas. Luego de efectuar las pruebas solicitadas por Carrió, el Laboratorio de Computación de la UTN, con la firma de los ingenieros Ariel Garbarz y Andrés Mutti, informó que tres de los teléfonos inspeccionados se encontraban intervenidos. Carrió presentó entonces la denuncia ante el juzgado federal 1 de Servini de Cubría.
La jueza dispuso el inmediato allanamiento a la sede de la OJOTA (Dirección de Observaciones Judiciales, el organismo encargado de llevar a cabo las intervenciones telefónicas pedidas por la justicia, pero que misteriosamente continúa bajo el control de la SIDE), ubicada en Avenida de los Incas 3400, donde también funciona la Central de Inteligencia, y a la central Belgrano de Telefónica de Argentina.
En el acta labrada tras el registro, el titular de la OJOTA, Ezequiel Lanusse Shaw, un funcionario próximo al ex ministro del Interior Enrique Nosiglia, formuló una declaración ambigua: allí, dijo, las líneas telefónicas de Carrió no se registran intervenidas ni con antecedentes de intervención. Es obvio que la denuncia de la legisladora ucerreísta no estaba vinculada con ninguna orden formal de intercepción de sus conversaciones telefónicas.
Casi simultáneamente y actuando como subrogante de Gustavo Literas -que tuvo la mala fortuna de encontrarse de vacaciones justo cuando se desata el escándalo sobre una de las causas que instruye y cuya competencia reclamó–, Rodolfo Canicoba Corral allanó el Colegio de Escribanos. Una denuncia anónima había hecho saber a los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc que entre la documentación del fallecido escribano Alejandro Tachella Acosta (depositada en la sede del colegio, en la avenida Callao, puesto que las normas indican que ante el fallecimiento de uno de sus integrantes los documentos deben quedar custodiados por la entidad) existían pruebas de primer orden sobre las operaciones del ex banquero Raúl Moneta y una de sus entidades financieras caídas, el Banco República. Montenegro y Starc se dirigieron de inmediato al despacho de Canicoba Corral. Explicaron la situación y solicitaron un allanamiento. El magistrado resolvió dirigir personalmente el procedimiento. La sorpresa de los magistrados fue mayúscula. Entre la documentación de Tachella Acosta –el escribano que, por ejemplo, realizó las actas de todas las operaciones que rodearon la construcción y venta del Edificio República y hombre de extrema confianza de Moneta– no sólo había papeles. También había videos y un recibo que indicaba que parte de esos videos había sido retirada de sus oficinas por personal de la escribanía caballero y por orden de Moneta.
El juez (que conducía su propio automóvil) y los fiscales dejaron reservados los documentos incautados y se dirigieron de inmediato a la escribanía Caballero, ubicada en la avenida Córdoba al 900. La segunda actuación también arrojó resultados positivos. En total habían obtenido veinte videos de un formato poco común. Estaban rotulados y en ellos aparecería Moneta en su despacho en entrevistas con diversas personas que, al parecer ignoraban que estaban siendo filmadas. Uno de los rótulosindicaba “Bulgheroni”, otro “Pedro García”, un tercero “Joe Ros”. Joe Ros sería un ejecutivo de Telefónica y Pedro García es el abogado mendocino al que Moneta utilizó para fundar sus denuncias de coimas contra el juez federal Luis Leiva. En los allanamientos se secuestraron, asimismo, elementos inherentes a las sociedades off shore de Moneta, su constitución y representantes.
Pedro Pou, por su parte, se prepara para resistir el embate político que clama por su alejamiento del Banco Central. El sábado, trascendió, había recibido una llamada preocupada por los acontecimientos que tienen epicentro en Washington: era del ex presidente Carlos Menem, quien en las últimas semanas ha bajado su altísimo nivel de apariciones públicas. Ayer, Pou pidió que le remitieran todos los expedientes que se instruyen en la gerencia de Alicia López, la experta en operaciones sospechosas. Se especula que Pou pretendería demostrar que la funcionaria le ocultó la información relativa a maniobras de lavado. El argumento del ocultamiento de la información le permitió obtener el desprocesamiento en la causa que se sigue en torno a la caída de los bancos Mayo y Patricios.

SOLO ES POSIBLE CON LOS NARCODOLARES
El lavado, difícil de castigar

La Justicia carece de las herramientas necesarias para investigar el presunto lavado de dinero, señaló ayer Lorenzo Cortese, secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, en referencia a la investigación sobre el Banco República, dirigido por Raúl Moneta hasta su liquidación. “Los jueces van a tener una gran dificultad para investigar porque, como actividad de lavado de dinero, sólo se podrían castigar las operaciones provenientes del narcotráfico”, dijo Cortese a la agencia Reuters.
El procurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Marcer, solicitó recientemente al juez federal Adolfo Bagnasco que investigue al desaparecido Banco República por el presunto lavado de dinero. En la denuncia también está incluido el Federal Bank –con sede en las Bahamas y relacionado con el República–, el Citibank de Nueva York y el mexicano Cartel de Juárez de la droga, por su vinculación con la venta de propiedades en la costa atlántica argentina. La presentación del procurador se realizó pocos días después de que el Senado de Estados Unidos dijo que tiene bajo la lupa por lavado al Federal Bank y Mercado Abierto, un agente financiero con base en Islas Caimán y que opera en Argentina.
El escándalo desatado apuró al gobierno para reglamentar una nueva ley que busca combatir este tipo de ilícitos, adaptando la vieja legislación para que también se pueda investigar a los fondos blanqueados que no provienen del narcotráfico. Pero Cortese explicó que esta ley no se aplicaría en el caso del República, porque la entidad habría cometido el supuesto delito antes de su sanción y la normativa no es retroactiva.
La legislación anterior sólo castigaba el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, lo que –según el funcionario– es muy difícil de probar. “Acá hay que acreditar que existe una organización del narcotráfico, que se juntó plata y que ese dinero tiene origen en ese tipo de actividad para que esto sea delito en Argentina, de acuerdo con la antigua normativa”, señaló el funcionario. “Y tiene que estar directamente relacionado” con el narcotráfico, agregó.
No obstante, Cortese indicó que el tráfico y consumo de estupefacientes se triplicó en Argentina en los últimos diez años como producto de la debilidad de la estructura de control. “En el gobierno anterior (del presidente Carlos Menem), la imagen pública con procedimientos, con sospechas e investigaciones judiciales sobre los propios funcionarios encargados de la lucha contra el narcotráfico, generó un debilitamiento de las fuerzas que carcomió la eficacia”, dijo. “Cuando las sospechas se instalan en la estructura de poder, no hay manera de que abajo haya controles serios”, añadió.

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