Las organizaciones de derechos humanos movilizadas por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura pinochetista dieron ayer un paso sin precedentes en Chile: anunciaron que demandarán a un militar en actividad. Y éste no es otro que el número dos de la Fuerza Aérea, el general Hernán Gabrielli. Lo acusan de torturar a presos políticos. Entretanto, la sala de verano de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchó ayer los alegatos de la acusación, después de haber escuchado el lunes los de la defensa de Pinochet. Hoy celebrará su última audiencia y a comienzos de la semana próxima resolverá si anula o mantiene el proceso y el arresto domiciliario del ex dictador, ordenados por el juez Juan Guzmán Tapia el pasado 29 de enero.
Como la tortura es un delito imprescriptible, no está amparado por las leyes de autoamnistía de la dictadura que aún rigen en Chile y el general Gabrielli puede ser procesado. La aceptación en la sociedad y los tribunales chilenos del juicio a Pinochet por los crímenes de la Caravana de la Muerte dio así uno de los frutos más temidos por el gobierno y más esperados por las asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos: el desborde de la culpabilidad desde la figura del ex general y desaforado senador vitalicio a integrantes en ejercicio de las Fuerzas Armadas.
Los mismos abogados que lograron llevar a juicio a Pinochet son los que presentarán una querella, por “apremios ilegítimos” –según la fórmula chilena, ligeramente eufemística– contra el segundo hombre de la Fuerza Aérea. Esto informó ayer el jurista Hugo Gutiérrez, quien adelantó que la denuncia quedará presentada este viernes, para que sea conocida por el juez Guzmán.
“Varios ex funcionarios de la Fuerza Aérea están dispuestos a señalar que este sujeto fue un torturador”, anunció Gutiérrez. En la ofensiva judicial contra Gabrielli, Gutiérrez adelantó que intervendrán además los juristas Carmen Hertz y Juan Bustos, que impulsan el juicio a Pinochet en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde ayer tuvo lugar el segundo día de audiencias.
Las denuncias estallaron hace una semana, cuando el contador Carlos Bau acusó a Gabrielli de torturar al ingeniero Ruiz-Tagle, y se acentuaron en la víspera, con nuevas declaraciones de Bau. “El general Gabrielli niega y se manifiesta inocente, pero Eugenio Ruiz-Tagle fue golpeado, torturado, destrozado”, insistió el contador. Al testimonio de Bau contra el general Gabrielli se sumó el médico Ricardo Navarro, ex subteniente de la Fuerza Aérea, en una entrevista con la Televisión Nacional chilena realizada en España, donde reside. “Pude ver cómo este señor torturaba al señor Eugenio Ruiz-Tagle”, dijo Navarro que también fue preso político en octubre de 1973, porque, según recordó, no estaba de acuerdo con el golpe militar.
Gabrielli ocupa desde el lunes la jefatura de la Fuerza Aérea, en reemplazo del comandante en jefe, general Patricio Ríos, que después de recuperarse de una afección cardíaca entró en vacaciones. Tras regresar el domingo a Santiago desde Estados Unidos, Gabrielli se reunió con el general Ríos, el ministro del Interior José Miguel Insulza y el titular de la cartera de Defensa, Mario Fernández, para entregar su versión frente a estas denuncias. “Niego de la manera más categórica y absoluta cualquier participación que me pudiera haber correspondido en los hechos denunciados”, fue su declaración, antes de iniciar una acción judicial contra sus acusadores, amparado en la ley de seguridad interior del Estado.
El ministro Insulza, jefe político del gabinete del presidente Ricardo Lagos, manifestó ayer su desacuerdo con la aplicación de esta ley, heredada del régimen de Pinochet, y se mostró partidario de que Gabrielli retire su presentación ante los tribunales. “Si se pudiera retirar y hacer otra cosa, yo diría que sí. Nos gustaría que se retirara”, señaló Insulza, ante consultas de la prensa. Pero el titular de Interior también expresó su inquietud ante la proliferación de denuncias contra autores de torturas, porque, según afirmó, el país sabe lo que ocurrió bajo la dictadura de Pinochet, a partir de 1973. “¿Qué queremos hacer... ir a buscar 15.000 autores, 20.000 autores?”, se preguntó. Así quedó en claro la posición del gobierno de la Concertación, que prefiere que las torturas sean un mal recuerdo, y acaso sólo eso. Y así advirtió que “esto empieza a crear dificultades y daña la convivencia”. La derecha, sin embargo, no está conforme con la actitud del gobierno. El secretario general de la UDI (Unión Demócrata Independiente, propinochetista), el diputado Juan Antonio Coloma, acusó al gobierno de “doble estándar”.

EE.UU., CUBA Y LOS ANTICASTRISTAS
Pagando con plata ajena

El gobierno de Estados Unidos indemnizará a las familias de tres pilotos derribados por cazas cubanos con 93 millones de dólares procedentes de cuentas bancarias de Cuba, que hasta ahora han estado congeladas en EE.UU. La autorización, firmada por el presidente Bill Clinton en su último día en la Casa Blanca y ejecutada anteayer, pone fin a una batalla legal de más de tres años entre los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate y la propia Administración Clinton, que se negaba a entregar la compensación ordenada por un juez porque quería usarla como “carta de presión política” con el gobierno de Fidel Castro. Los fondos se derivan de los pagos hechos por compañías telefónicas norteamericanas como ATT al gobierno de La Habana por el uso de las líneas y han estado congelados en el Chase Manhattan Bank desde que hace cuatro décadas EE.UU. impuso el embargo económico a la isla. La entrega a los familiares se producirá esta misma semana, según el Departamento de Justicia que dio luz verde a la transferencia. Pero la cantidad es inferior a la que el juez James Lawrence King les había concedido hace tres años –de 137,7 millones de dólares–.

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