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Por Adriana Meyer
 A la ex polifuncionaria menemista
María Julia Alsogaray no le permitirán ejercer su propia
defensa en la causa que podría llevarla a la cárcel. El
juez federal Rodolfo Canicoba Corral le comunicó que el proceso
en el que está acusada de haber encabezado una asociación
ilícita es “demasiado complejo” y le indicó que
tiene que elegir a un abogado o será asistida por un defensor oficial.
Los jueces Jorge Urso y María Servini de Cubría también
le designaron asistencia pública, es decir, pagada por el Estado.
La semana pasada, Alsogaray recorrió todos los juzgados en los
que tiene una veintena de causas pendientes para anunciar que a partir
de ese momento prescindiría de letrados. En el de Canicoba Corral
está imputada como jefa de una banda que se benefició con
las obras realizadas en la Secretaría de Recursos Naturales, cuando
era su titular. El fiscal Miguel Angel Osorio había formulado esa
acusación hace un año y la semana pasada reiteró
el pedido de indagatoria.
Alsogaray tomó la decisión de asumir su defensa en forma
personal cuando los abogados Oscar Ravinovich, Roberto Eliosoff y Pablo
Slonimsqui renunciaron a prestarle sus servicios. Al parecer, los profesionales
a los que había definido como “los mejores técnicos”
no podían seguirla en su cruzada para convertirse en víctima
de una persecución política. Sin embargo, las notificaciones
judiciales provenientes de los juzgados federales siguen llegando a su
estudio porque continúan representándola hasta que otro
se haga cargo de los casos. La ex funcionaria se había declarado
preparada para “enfrentar personalmente la catarata de denuncias
calumniosas recibidas desde la tribuna política”, y podrá
hacerlo en aquellos procesos en los que su situación no está
demasiado complicada. Pero en los que sea llamada a indagatoria no podrá
rechazar la asistencia del defensor oficial. Además, Página/12
pudo saber que en las causas en las que ella es querellante designó
a un abogado de apellido Macías que la acompañó en
su gestión en la ex ENTel. Está litigando contra el diputado
Jorge Giles, contra los periodistas Jorge Lanata y Horacio García
Belzunce, la Oficina Anticorrupción y su ex contador Mario Furlone.
Sólo para defenderse en la causa por enriquecimiento ilícito,
la ex secretaria habría tenido contacto con el estudio de Mariano
Cavagna Martínez y con el de Marcelo Saint Jean, pariente de ex
gobernador bonaerense de la dictadura, Ibérico Saint Jean. Alsogaray
ya tiene copias de todo el material necesario para empezar a construir
los argumentos que expondrá cada vez que algún juez la convoque
a dar explicaciones.
La gubernamental Oficina Anticorrupción la había denunciado
por administración fraudulenta, y en diciembre amplió la
acusación a jefa de asociación ilícita pero, en realidad,
el fiscal del caso, Miguel Angel Osorio, lo había hecho nueve meses
antes. La OA aseguró que la ex funcionaria preferida de Carlos
Menem pagó 2 millones de dólares por refaccionar un piso
de una oficina céntrica y construir un entrepiso. Esa cifra incluiría
sobreprecios y la ex secretaria habría firmado varios contratos
separados para evitar llamar a licitación y adjudicar las obras
en forma directa a distintas empresas y profesionales, con algunos de
los cuales mantenía relación personal. Los trabajos cuestionados
se hicieron en 1995 para acondicionar las nuevas oficinas del cuerpo de
asesores del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia).
El caso había sido revelado en exclusiva por Página/12.
La banda liderada por Alsogaray estaría integrada por su ex subsecretaria
de Coordinación, Mabel Behal; el marido de ésta y ex coordinador
de créditos internacionales, Oscar Banchio; el ex delegado en Parques
Nacionales, Santiago Bignoli, y su padre, Arturo Bignoli, y habría
actuado como una organización que adjudicaba obras en forma irregular,
pagaba sobreprecios, designaba funcionarios violando la ley y hacía
donaciones ilegales como la de automóviles que recibió una
fundación de la diputada peronista Norma Godoy. Una fuente judicial
aseguró a este diario que el juez Canicoba Corral está concretando
una serie de medidas que lepidió el fiscal, pero aún no
decidió si llamará a indagatoria a Alsogaray. Mientras la
OA pidió que sea citada en forma urgente, el fiscal Osorio consideró
que es una solicitud “meramente efectista” porque primero es
necesario recoger todas las pruebas necesarias para sostener la acusación.
El Código Procesal admite la defensa personal “siempre que
ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación
del proceso”. En este caso, Canicoba Corral consideró que
Alsogaray no puede defenderse sola. El magistrado y sus colegas que adoptaron
similar posición intentarían obstaculizar la cruzada de
la ex funcionaria. “Que haga declaraciones en las escalinatas de
Comodoro Py, pero en el expediente que se expresen los letrados”,
comentó un funcionario que suele almorzar con los jueces federales.
QUEJAS
DE LOS FISCALES EN LA CAUSA DEL SENADO
La información que no llega
Por A.M.
Los fiscales que investigan
el escándalo de los sobornos en el Senado tienen serias dificultades
para establecer si alguno de los legisladores sospechados realizó
transferencias de dinero al exterior. Cuando pidieron esa información
al Banco Central, sus autoridades les respondieron que no tenían
registros al respecto y sugirieron que la consulta sea formulada banco
por banco. Por eso, ayer insistieron en requerir medidas sobre este y
otros asuntos pendientes de la investigación.
Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado concluyeron que las respuestas
que dieron los bancos consultados no son suficientes para establecer cuál
es el mecanismo concreto para registrar transferencias de dinero que personas
físicas y jurídicas efectúan al exterior. Por lo
tanto, le pidieron al juez Rodolfo Canicoba Corral que le consulte a la
Gerencia de Mercado Abierto del Banco Central (BCRA) para que informe
“la eventual existencia de registros en danza, para determinar si
durante los meses de abril y junio del 2000 se efectuaron movimientos
compatibles con el hecho investigado”. En su pedido destacaron que
“el ente rector del sistema monetario del país debe tener
acceso a tales actos, por ejemplo, para detectar operaciones sospechosas
de lavado de dinero”. El BCRA había contestado a la primera
solicitud que ellos no contaban con un registro de esa naturaleza y que
cada entidad bancaria tiene la responsabilidad de informar sobre las operaciones
que considere sospechosas. “Si los bancos no lo hicieran, ¿el
Central no tiene otro mecanismo para informarse?”, se preguntó
uno de los investigadores del caso.
En octubre, la fiscalía recibió información según
la cual una sucursal de un banco de primera línea, ubicada en el
microcentro, ofrece como servicio al cliente la apertura de cuentas numeradas
no nominativas. Y ayer le pidieron al juez que la Policía Federal
determine los montos de transferencias efectuadas al exterior desde esa
sucursal entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2000. Los investigadores
no esperan que el banco de la identidad de quienes sacaron sus billetes
con esta modalidad, pero a partir de las fechas de los movimientos podrán
establecer si tienen relación con la causa. Además, requirieron
que las autoridades judiciales de Paso de los Libres informen si tienen
datos sobre el ingreso de dinero en efectivo por la frontera durante el
primer semestre del año pasado.
Freiler y Delgado volvieron a pedir a Defraudaciones y Estafas de la Policía
Federal un amplio informe “para conocer el estado de las diligencias
de recopilación” y que “se reiteren los informes solicitados
que han sido respondidos parcialmente” sobre la existencia de cajas
de seguridad a nombre de los imputados. Tampoco llegó la información
de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito “pese a la
holgura del tiempo transcurrido”. Es decir, seis meses.
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