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”Aquí esta presente Estela Carlotto, a quien todos los sectores
impulsan para el Premio Nobel por su lucha por los derechos humanos y
la identidad”. El presidente Fernando de la Rúa respaldó
así la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio
Nobel de la Paz, que ya recibió la adhesión de políticos
de la oposición y del oficialismo. El Presidente pronunció
sus palabras en el acto de homenaje a la mujer que se realizó ayer
en el anfiteatro Lola Mora, en Costanera Sur. A su turno, la presidenta
de Abuelas le agradeció a De la Rúa y afirmó que
“depende de las políticas que nuestros nietos vuelvan a nosotros”.
De la Rúa llegó al acto a las ocho de la noche acompañado
por su mujer, Inés Pertiné. Lo esperaba un público
casi exclusivamente femenino que había sido convocado por el Consejo
Nacional de la Mujer, que dirige Carmen Storani. Quienes se habían
ubicado desde temprano cerca de la valla agitaron sus banderas argentinas
con la leyenda De la Rúa Presidente y aplaudieron mientras desde
el escenario se escuchaba “Naranjo en Flor”.
Un rato antes, cuando el sol empezaba a caer, había abierto el
acto la vicejefa de Gobierno porteño, Cecilia Felgueras. En la
platea montada al aire libre se encontraban varias funcionarias, entre
ellas, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich; la viceministra de Interior,
Nilda Garré –que hablaría más tarde–, la
subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, y la directora de Derechos
Humanos de la Ciudad, Gabriela Alegre. También estaban las diputadas
Adriana Puiggrós y Marcela Bordenave y la ex legisladora radical
Florentina Gómez Miranda. La mención de su nombre arrancó
el aplauso más efusivo de la noche.
El Presidente felicitó a la anfitriona –Carmen Storani–
y nombró a varias mujeres presentes. “Mi gobierno tiene como
objetivo afianzar los logros alcanzados por la comunidad internacional
en materia de derechos humanos”, dijo y mencionó la reforma
constitucional de 1994 que incorporó los tratados sobre derechos
humanos, entre ellos el de eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer. De la Rúa llamó a “sentar las bases
para un nuevo contrato social en el que todos los ciudadanos y ciudadanas
gocen de los mismos derechos”. Entregó distinciones a la cantante
Mercedes Sosa y a Rosario Andrade de Quispe, presidenta de una asociación
que trabaja con comunidades rurales en la puna jujeña. Además,
anunció pensiones para “madres solteras o abandonadas”.
La cantante tucumana agradeció “a todas las mujeres que no
tienen voz, pero que en sus corazones ahogan una protesta callada”.
La jujeña, que entregó al Presidente como obsequio un poncho
hecho a mano, narró que nació en un pueblo que se encuentra
a 50 kilómetros de la frontera boliviana, que hasta su adolescencia
pastó ovejas y que sólo había podido terminar la
primaria. Contó que su asociación necesita una ambulancia
porque las mujeres tienen que recorrer 300 kilómetros hasta Salvador
de Jujuy para hacerse una cesárea y que el 30 por ciento de la
población femenina de la puna tiene lesiones precancerosas. “Para
mí respetar los derechos humanos es que las mujeres tengamos trabajo
y que podamos darles de comer a nuestros hijos dignamente”, terminó
Andrade.
Carlotto agradeció el apoyo de De la Rúa y de Carmen Storani
a la candidatura al Nobel, que ya fue respaldado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y por el de la provincia de Buenos Aires, e hizo
un pedido al Gobierno: “Si las Abuelas, viejas, sin poder económico
y político salvamos a setenta nietos, ¿qué pueden
hacer los que tienen el poder? No queremos morir sin abrazar a nuestros
nietos y depende de las políticas que los nietos, que son nietos
de todos, vuelvan a nosotras”.
PROFUNDIZAN
LA INVESTIGACION SOBRE EL CONDOR
Con la mira en Henry Kissinger
Por A.M.
La Justicia argentina se dispone
a establecer el contexto económico y social de los seis países
que integraron el denominado Plan Cóndor. El juez Adolfo Bagnasco,
que investiga la privación ilegal de la libertad de ciudadanos
argentinos, chilenos, paraguayos y uruguayos en el marco de aquella operación
de represión intercontinental, pidió ayer informes a organismos
internacionales. Además, reiteró un exhorto a los Estados
Unidos para que enviaran a su juzgado copias de los documentos desclasificados
recientemente referidos al Cóndor. Cuando los obtenga intentará
interrogar a Henry Kissinger como testigo.
Bagnasco quiere preguntarle al ex secretario de Estado de los Estados
Unidos si ratifica lo que manifestó en sus Memorias respecto del
grado de conocimiento que tenía su Departamento sobre la situación
de los derechos humanos en los regímenes militares latinoamericanos
en las décadas de 1970 y 1980, si en ese período formuló
recomendaciones, declaraciones de apoyo o de censura sobre esta cuestión,
y todo lo que sepa sobre el Plan Cóndor.
La denuncia, presentada por los abogados David Baigún, Alberto
Pedroncini, Albor Ungaro y Carlos Zamorano en representación de
cinco familiares de desaparecidos bajo el ala del Cóndor e impulsada
por el fiscal Miguel Angel Osorio, mencionó que “hubo una
conspiración contra el derecho de autodeterminación de cada
uno de los pueblos de los Estados parte, privando a éstos de sus
riquezas naturales, desmantelando sus estructuras productivas y obligándolos
a un endeudamiento que se paga con la exclusión social, nueva forma
de desaparición del mundo del trabajo, la salud y la cultura”.
Por lo tanto, para establecer las violaciones de derechos humanos contenidos
en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales se requirió a la Comisión Económica para
América Latina (Cepal), que depende de las Naciones Unidas, y a
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informes sobre
la evolución de las proporciones de distribución de la renta
nacional entre el sector del capital y del trabajo, evolución del
salario per cápita, tasa de desocupación y subocupación,
evolución del porcentaje de inversión del gasto público
en materia de salud y educación, evolución de la tasa de
mortalidad infantil y de la de analfabetismo. Además, se solicitó
información sobre violaciones de leyes laborales y derechos de
asociación de los trabajadores.
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