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Por Eduardo Tagliaferro
 “Si tiene pruebas, sería
muy importante que en vez de darlas a conocer el 2 de marzo, adelante
su presentación.” El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo,
enderezó sus cañones a la diputada Elisa Carrió.
La díscola dirigente de la Alianza había alertado al Gobierno
que a partir de esa fecha daría a conocer nombres de reconocidos
personajes, sospechados de haber intervenido en maniobras de lavado de
dinero. Carrió le respondió con similar dureza: “La
cuestión está siendo investigada en un Subcomité
de los Estados Unidos, institución seria que no revela información
hasta el informe final que, en los casos argentinos, dará a luz
el 28 de febrero próximo”. Primer round.
La legisladora, que recientemente había denunciado que sus teléfonos
estaban siendo “pinchados” por el Gobierno, no ahorra ironía
en su carta pública de respuesta a Colombo. Comienza por recordarle
el número de la causa y la carátula del expediente que se
tramita en el juzgado de Gustavo Literas contra el banquero Raúl
Moneta. En ese punto, Carrió dice al funcionario que “información
remitida por el BCRA permitió detectar que el Banco República
no tenía normas antilavado, poseía numerosas operaciones
sospechosas de lavado de dinero (Banco República, Federal Bank,
Citibank Nueva York), así como también numerosas violaciones
a disposiciones del Banco Central de préstamos cruzados de empresas
autovinculadas”. La diputada chaqueña añade que “siendo
un conocedor del medio bancario y financiero”, tal vez conozca a
las instituciones implicadas.
Carrió ironiza sobre el interés del Gobierno, lo describe
como “el apetito de verdad que de repente se apoderó de distintas
autoridades públicas”. Colombo la desafió a presentar
pruebas, si es que las tenía, la diputada chaqueña invierte
los términos y sugiere que el Gobierno tiene una serie de resortes
de poder que le permitirían, de tener la voluntad política
de hacerlo, avanzar mucho más en las investigaciones de lavado
de dinero. “Como sé de su reciente voluntad de investigar
este tipo de cuestiones, si yo pude conseguir información siendo
simplemente una diputada nacional, estoy segura de que usted, como jefe
del Gabinete nacional, tanto del juzgado como a través del confirmado
Pedro Pou, podrá obtener toda la información necesaria”,
dice Carrió.
El martes pasado, el gabinete había llegado a la conclusión
de que el costo de mantener a Pou en su cargo era mayor que el de impulsar
su “paso al costado”. La intención era hacerlo previa
negociación con el funcionario, sin estrépito y teniendo
claro quién lo reemplazaría. En el Gobierno, hipersensible
a la opinión de los llamados “mercados”, se buscaba que
la medida tuviera el “menor costo posible”. El temor del Gobierno,
tal como lo manifestó a este diario un funcionario cercano al Presidente,
“era que el intento de desplazar a Pou recreara la situación
previa al blindaje”. La difusión de la estrategia oficial
y la fuerte embestida de Carrió exasperaron a los hombres del Presidente.
Y los indujeron a pisar el freno.
Aunque aclaró que “las investigaciones no dañan a los
mercados”, Colombo reivindicó “la autonomía del
Central” y la necesidad de “llegar a la verdad”. Cuando
hablan de su temor en volver a una situación “preblindaje”,
los funcionarios temen verse envueltos en eternas declaraciones en las
que se respalde la Convertibilidad y vuelvan a negar la posibilidad de
la dolarización. En este esquema, Colombo ratificó ayer
a Pou, a la “Convertibilidad” y a “la política monetaria”.
Calificó a las últimas denuncias de lavado de dinero como
“acusaciones cruzadas”, para las que reclamó “investigaciones
serias”.
Cuando surgió el primer informe del Senado norteamericano, el Gobierno
se manifestó tranquilo. Actitud fundada en que la mayoría
de las denuncias se refieren al entorno del menemismo o a la falta de
controles del gobierno de Carlos Menem. Con el correr de los días,
dos temores rondaron los pasillos de la Casa Rosada: por un lado, el riesgo
de que las denuncias produjeran la reacción de los miembros del
denominadoestablishment financiero, con el consiguiente deterioro de la
de por sí alicaída expectativa económica. Del otro
temor dio cuenta De la Rúa: “No se puede hacer creer que la
Argentina es un paraíso del lavado de dinero”, dijo ayer antes
de embarcarse rumbo a Tucumán (ver aparte).
En la reunión del denominado Grupo de Trabajo de la Alianza, se
había acordado en que la destitución debía ser inobjetable
judicialmente. En concordancia con esto, Colombo señaló
ayer que “hay que hacer las cosas como marca la ley”.
Hoy por hoy parece complejo el objetivo pautado en la reunión de
gabinete: desplazar a Pou, minimizando los “costos políticos”.
Como ocurrió con otro menemista, Carlos Silvani, y un delarruista,
Fernando de Santibañes, el Gobierno afronta el conflicto de un
funcionario mimado por los mercados y desacreditado públicamente.
Los otros dos casos terminaron, tras procesos exasperantemente lentos,
en renuncias. En éste, se abren las apuestas.
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No nos une el amor
“No se trata de querer o no querer a una persona sino del
buen funcionamiento institucional”, dijo el presidente Fernando
de la Rúa en respaldo a la continuidad de Pedro Pou como
titular del Banco Central. Luego de su encuentro con los titulares
de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), y cuando la
continuidad del banquero es una de las piedras con la que chocan
distintos sectores internos de la Alianza, De la Rúa afirmó
que “no hay ningún elemento concreto” que involucre
a Pou en las maniobras de lavado de dinero.
Aunque minimizó las denuncias que cuestionan los laxos controles
sobre la actividad bancaria, realizadas desde el Central, el Presidente
no las desestimó totalmente, por eso reclamó que “quienes
hacen denuncias o planteos arrimen hechos concretos”. Una de
las preocupaciones de De la Rúa es que las investigaciones
se producen “ahora que el país está creciendo”.
Además del temor a la incierta situación preblindaje,
el Presidente insistió en reivindicar “la autonomía
del Central”.
Antes de embarcarse rumbo a Tucumán, negó que su posición
obedezca a presiones del establishment financiero. A pesar de que
importantes dirigentes de la Alianza reclaman la destitución
de Pou, la ratificación del Presidente se dio con una frase
que ya es un clásico en el diccionario presidencial: “El
presidente del Banco Central sigue en funciones”.
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VISITAS
DE ALTO NIVEL Y ACUSACIONES CRUZADAS
Pou, Santibañes y una pelea
Por Susana Viau
La carta de Elisa Carrió
(ver nota aparte) muestra, más por lo que insinúa que por
lo que dice, que las relaciones con el jefe de Gabinete Chrystian Colombo
han llegado al estadio de máxima tensión. ¿A qué
apunta la diputada cuando lo remite, “como gran conocedor del medio
bancario y financiero”, a las fojas 98/99 del expediente 100.115/99
del Banco Central? A operaciones cruzadas entre los bancos República,
Mercantil y Macro que encubrían autopréstamos prohibidos
por las disposiciones. El tiro de Carrió no es arbitrario: Chrystian
Colombo fue gerente del Banco Macro. Mientras tanto, uno de los ejes del
conflicto, el presidente del Central Pedro Pou, continúa recogiendo
adhesiones. Si el sábado recibió la llamada inquieta de
Carlos Menem, el jueves fue visitado en su despacho por el íntimo
amigo de Fernando de la Rúa y ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes.
Las operaciones de préstamos cruzados que encubrían autopréstamos
y violaban las normas del Banco Central habían sido observadas
por los inspectores del propio BCRA, al menos en dos oportunidades: 1996
y 1998. No obstante, ni el directorio del Central ni la Superintendencia
de Entidades Financieras alteraron su conducta habitual y, por lo tanto,
no abrieron sumario alguno para investigar tales maniobras. El cruce de
préstamos permitía eludir los límites puestos por
la normativa a los préstamos que los bancos pueden otorgar a sus
empresas vinculadas.
Según los inspectores, el Banco Macro le había dado créditos
sin garantía a tres empresas de Raúl Moneta, propietario
del Banco República: a República Compañía
de Inversiones –la empresa de Moneta que construyó el Edificio
República– por 2.881.000 pesos; a Cabaña Los Gatos
(una finca del ex financista) por un 1.538.000 pesos y a Corporación
de Los Andes por 506.000. Como contraprestación, el Banco República
dio créditos al Banco Macro por 1.000.000 y a Agropecuaria Río
Juramento (vinculada al Macro) por 2.401.000 pesos.
Aunque tal vez lo más importante de aquella inspección del
30 de diciembre de 1998 sea el la situación Camel 4 (inadecuada)
en la que colocó al Banco República. El presidente del Banco
Central Pedro Pou jamás notificó al República de
esa calificación. De haberlo hecho, el banco de Moneta hubiera
quedado impedido de otorgar ningún préstamo a sus vinculadas;
se hubiera encontrado obligado a elevar la exigencia de capitales mínimos
y, en consecuencia, habría visto trabada la posibilidad de aumentar
el déficit que la entidad mostraba en el rubro “activos”.
Pedro Pou recordó la calificación Camel 4 adjudicada a los
bancos de Moneta recién el año pasado, en su informe del
año 1999 al Congreso. “Eso no significa necesariamente que
las entidades con bajas calificaciones -matizó– deban ser
reestructuradas, ya que una importante proporción de las entidades
que merecieron calificaciones bajas mejoraron posteriormente su calificación”.
En ese libro de 200 páginas, Pedro Pou y el directorio del BCRA,
haciendo suyos los argumentos de Raúl Moneta, atribuyeron el hundimiento
del Mendoza y el República a la fuga de depósitos producida
por “la difusión de noticias periodísticas que pusieron
en duda la solvencia de las entidades mencionadas”.
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