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Por Claudio Zlotnik
 Después de que el Gobierno
le bajó el tono a la embestida contra Pedro Pou, al titular del
Banco Central todavía le queda abierto un frente de conflicto.
La pelea que ahora buscará acallar es la que mantiene con el Banco
de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), cuyo presidente, Ricardo Gutiérrez,
fue uno de los que reclamó la cabeza del banquero en medio de la
tormenta de críticas. Ayer, Gutiérrez insistió en
que las obligaciones que el Central le está imponiendo al Provincia
“están dañando a la institución (porque) crea
incertidumbre, y realmente no entendemos la causa”. No obstante,
según pudo establecer Página/12, ya se iniciaron los contactos
entre el Central y el Bapro con el fin de arribar a un acuerdo.
La mecha del conflicto se encendió cuando, esta semana, Pou le
comunicó oficialmente a Gutiérrez que disponía de
30 días (ya pasaron diez) para que el Bapro ajustara los números
de su balance para ponerse en regla. Entre otras razones, y en base a
una resolución de la Superintendencia de Entidades Financieras,
Pou objetó la deuda de 2600 millones de dólares que la provincia
mantiene con el banco y el hecho de que de su órbita dependieran
distintas empresas no ligadas al sector financiero, “por encima del
máximo admitido”. En el Provincia entendieron que la ofensiva
de Pou se trataba de una “vendetta política”, tal cual
definió el propio Gutiérrez. Este insistió, además,
en la necesidad de bajar el nivel de inmovilización de fondos que
hacen los bancos para abaratar el costo del dinero. “Con este nivel
de tasas de interés, veo muy dificultoso el crecimiento de la economía”,
diagnosticó Gutiérrez.
Pero no bien el Gobierno dio marcha atrás en su ofensiva contra
Pou, en el Bapro entendieron que había llegado el momento de arrimar
posiciones con el Central “porque, de otra manera, nos vamos a perjudicar
todos”, comentó un directivo del Provincia a este diario.
Ayer al mediodía hubo una reunión de directores de la entidad
financiera y allí se acordaron dos cosas: uno, bajarle el tono
a la pelea con Pou. Y, segundo, designar a una avanzada de técnicos
de la institución para que empiecen a negociar un acuerdo con el
Central. “Hicimos un rastreo por todas las sucursales y, por suerte,
esta crisis no se notó en la calle. No hubo caída en los
depósitos y se operó con normalidad”, señaló
la fuente.
En el Provincia acusan a Pou de formular “chicanas normativas”,
obligándolo a cumplir con reglas muy estrictas de integración
de capitales mínimos, por ejemplo, entre otros puntos. Una de las
demandas es que se debería integrar como capital unos 300 millones
de dólares por la deuda que la provincia mantiene con la entidad.
Pero en el Bapro se defienden alegando que ese pasivo está plenamente
garantizado con cupones de bonos del Tesoro estadounidense “que tienen
riesgo nulo” y que, por lo tanto, no debería previsionarse.
“Es paradójico. La deuda de la provincia fue tomada cuando
se construyó la Central Piedrabuena. ¿Sabe quién
era ministro de Economía provincial cuando se aprobó ese
proyecto? Pedro Pou, en plena dictadura”, señaló a
Página/12, indignado, un ejecutivo del Provincia.
En la entidad financiera tienen la certeza de que la ofensiva de Pou excede
la coyuntura. Dicen que el banquero menemista quiere empujar al banco
hacia la privatización y que, para lograr ese objetivo, se escuda
en la necesidad de contar con un sistema financiero hipereficiente. “Sabe
que un banco público atiende necesidades que los privados desoyen
y que sería imposible cumplir con las mismas reglas que aquéllos”,
apuntó la fuente. Justamente, a diferencia de la banca privada,
el Provincia está adherido al Pacto de San José de Flores,
por el cual opera con una mayor flexibilidad que el resto. Y en los últimos
años fue encuadrándose en las normas del Central. Esta es
la disputa histórica –lleva más de una década–
entre el Banco Central y la entidad bonaerense.
TILDAN
DE “POLITICOS” A LOS PEDIDOS DE RENUNCIA
El establishment se alineó con Pou
Frente a la dificultad de encontrar
otras respuestas, los voceros más conspicuos del poder económico
optaron en definir como “políticos” a los cuestionamientos
por la falta de control del BCRA sobre operaciones sospechosas de lavado
de dinero. Sin embargo, si de alineamientos políticos se trata,
cada vez son más evidentes, y similares, las defensas esgrimidas
por los distintos sectores del establishment, gobierno incluido.
En línea con el discurso de los banqueros, el ministro de Economía,
José Luis Machinea, optó por separar “a las personas
de las instituciones”. “La confianza se gana respetando las
instituciones, manteniendo las reglas de juego, gradualmente, día
a día, mes a mes, año a año. Pero se puede perder
de un día para otro”, advirtió.
Esta bandera “institucionalista” le permitió a Machinea
defender la continuidad de Pou sin respaldarlo de modo directo. “El
Gobierno no puede cambiar las instituciones porque no le gusta una persona,
o porque hay una serie de trascendidos o denuncias, pero que falta en
todo caso probar”, afirmó. Los mismos argumentos sirvieron
también para respaldar una línea económica: “Que
alguien quiera sacar al presidente del Banco Central porque los encajes
en vez de 20 tendrían que ser 15 me parece un despropósito”,
remarcó en referencia indirecta a Ricardo Gutiérrez, titular
del Bapro.
Una vez más, el fantasma del riesgo país sobrevoló
las declaraciones. El titular del Palacio de Hacienda aceptó haber
recibió “inquietudes” del exterior, donde “nadie
entiende muy bien por qué podemos pensar en remover al presidente
del Banco Central si no se da ninguna de las causales que claramente indica
la ley. Esto genera incertidumbre”, completó.
Cabe recordar que, incluso si se deja de lado la cuestión del lavado,
sobre Pedro Pou existe semiplena prueba –en el procesamiento que
comparte con su ex jefe Roque Benjamín Fernández– de
defraudación en perjuicio del Estado en la causa del liquidado
Banco Basel.
Al economista Adolfo Sturtzenegger le tocó reemplazar el silencio
del conductor de su partido, Domingo Cavallo. La defensa irrestricta de
Pou vino también por el lado institucional. “En mi opinión,
no hay ni la más mínima razón para pedir la remoción
del presidente del Banco Central”, afirmó. El economista de
Acción por la República se mostró contento con la
reacción del Gobierno. “La cordura parece que está
predominando. Me gustaron muchísimo las declaraciones del Presidente
y espero que sepamos conservar las instituciones”, agregó.
Sturtzenegger, al igual que el ministro de Economía, también
advirtió sobre la posibilidad de afectar el quisquilloso humor
de los inversores. “Cuando se toma este sesgo politiquero y se atenta
contra instituciones fundamentales de la economía, aparece la preocupación
de los hombres de empresa, de los hombres de la banca y así se
manifestó en los mercados a través de un incremento, nuevamente,
aunque moderado todavía, del riesgo país”, concluyó.
Mal
inicio de la industria
La producción industrial
de enero retrocedió un 4,2 por ciento con respecto al mismo mes
del año anterior, caída que llega al 6,4 por ciento si se
la confronta con la de diciembre último.
Según los datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), difundido
ayer por el Palacio de Hacienda, el sector que registró un mayor
descenso fue el automotor, con una drástica caída del 37
por ciento al medir enero del 2001 contra enero del 2000. Otra fue la
suerte de los metales básicos y químicos, cuyas producciones
aumentaron un 7,9 y un 5,5 por ciento, respectivamente. Como en otras
ocasiones, el secretario de Programación Económica, Miguel
Bein, se esmeró por minimizar el impacto negativo de los números
oficiales, y pronosticó que en febrero la situación será
mejor. “Si no se computase la caída en autos, el índice
sería 2,2 por ciento positivo”, precisó el funcionario.
Según subrayó Bein, la caída del 2,4 por ciento en
los despachos de cemento al mercado interno “fue mucho menor”
que la que acusó el EMI en otros meses. Las empresas –de acuerdo
con una encuesta de expectativas que incluye el Estimador– parecen
menos optimistas: el 58 por ciento no cree que la demanda suba en el curso
del año.
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