Por Miguel Bonasso

Las buenas investigaciones periodísticas no son necesariamente patrimonio de los grandes medios nacionales. En estos días, El médico del conurbano, una humilde publicación especializada que se edita en Avellaneda desde hace once años, publica una extensa denuncia sobre la virtual privatización de las obras sociales provinciales de Córdoba y Buenos Aires, realizada por los gobernadores Juan Manuel de la Sota y Carlos Ruckauf de acuerdo con las pautas del Banco Mundial, el BID, los laboratorios medicinales extranjeros y grandes gerenciadoras privadas a las que el periódico acusa de vínculos espurios con funcionarios y políticos de ambas provincias. El director de El médico..., Mauro Federico, ha realizado algunas de estas investigaciones jugando “en pared” con programas periodísticos de la televisión, pero en este caso todavía no pudo lograrlo. Página/12 tuvo acceso a la vasta y rigurosa documentación que sirvió de base para el revelador informe, que no sólo habla del presente, sino que anticipa –tácitamente– lo que podría ser la política social de Ruckauf o De la Sota si alguno de los dos llegara a la Presidencia.

Los muchachos privatistas

El precursor fue el Gallego de la Sota, que entregó el Instituto Provincial de Atención Médica (IPAM) a las gerenciadoras privadas en medio de un proceso licitatorio que El médico... califica de “escandaloso” y que está bajo la lupa de la Oficina Anticorrupción de Córdoba. En algunos testimonios y documentos que analiza el doctor Luis Alfredo Juez, fiscal anticorrupción de Córdoba, aparece mencionada la propia esposa del gobernador, Olga Riutort, que tiene a su cargo la Secretaría General de la Gobernación.
Según Federico, “Carlos Ruckauf se apresta a copiar en la provincia de Buenos Aires el modelo mediterráneo, reestructurando al IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) con el mismo criterio bancomundialista y sin olvidarse de los amigos”.
La reconversión del IPAM cordobés, una obra social con 490 mil afiliados y un presupuesto mensual de 16 millones de pesos, se concretó en octubre pasado, tras un proceso que motivó quejas y denuncias de todo tipo. La reforma fue promovida y (parcialmente) financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del proyecto Argentina 120 (AR 0120), al que ya habían adherido las provincias de La Pampa y Salta.
La iniciativa se financia con un crédito de 100 millones de dólares, de los cuales el BID sólo aporta el 60 por ciento, quedando el 40 restante a cargo de la provincia. Un dato interesante si se tiene en cuenta que una de las razones alegadas por los partidarios de la virtual privatización era que el IPAM mantenía una deuda de tres meses con los prestadores, lo que tornaba inviable su operación. Entre los que más criticaban al ente autárquico en aquella época figuraba su actual titular, Enzo Bentatti, que en aquel entonces presidía el Consejo Médico de Córdoba. Los críticos omitían un dato fundamental: el Estado cordobés le debía quince meses al IPAM. Ahora ese mismo Estado aportará recursos para que el ente autárquico deje de ser una obra social y se convierta simplemente en una “aseguradora de riesgos”, que administra el financiamiento y contrata las prestaciones bajo el concepto de riesgo compartido.
El administrador de los 100 millones “se llama Horacio Miró y fue designado como tal por De la Sota a sugerencia del ex presidente Carlos Menem”. Según la investigación, Miró fue interventor en la UOM durante la dictadura militar y allí forjó “una sólida relación” de amistad y negocios con Lorenzo Miguel. En sociedad con otro pope sindical, el electricistaOscar Lescano, Miró armó la consultora Tekhne que condujo el cambio informático del IPAM y colocó en este organismo a varios hombres de su confianza, como el ex director del Hospital Argerich durante la gestión de Carlos Grosso, Enrique Rozemblat.
Los críticos del nuevo sistema, entre los que se cuenta el doctor Mario Fernández, actual presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, y el doctor Horacio Barri, que fue durante 27 años jefe de Planeamiento del IPAM, destacan los vicios de la reforma que tiene como uno de sus ejes el pago capitado, que según ellos promueve la subprestación: concentra la demanda y la oferta, desaparecen los pequeños prestadores, se desvían fondos a las gerenciadoras privadas exportando capital fuera de la provincia y el país, elimina en la práctica la libre elección del afiliado, destruye la equidad favoreciendo al que más paga, disminuye la cantidad y la calidad de la atención médica, propicia la superexplotación del personal médico y paramédico.
Sin embargo, las críticas más duras vienen del interior del propio IPAM. Un documento de su Organismo de Control de Calidad señala graves deficiencias e irregularidades de la conversión que afectan seriamente a los beneficiarios.

La red de los negocios

“Una vez definido el modelo general –dice Federico–, había que cerrar el negocio en particular. Para ello se dividió el gasto prestacional en tres grandes áreas: la atención médica en sus tres niveles; la provisión de medicamentos y el suministro de prótesis y órtesis”.
La atención médica de los 490 mil afiliados fue licitada con una “razonable” cápita de $18,60. Un negocio cercano a los diez millones mensuales, atractivo tanto para propios como ajenos. Los pliegos establecieron que dicha asistencia debía llevarse a cabo a través de redes de prestatarios. “Cuantas menos fueran, mejor”. “Finalmente los beneficiarios fueron distribuidos compulsivamente entre cinco Redes, a través de un reparto discrecionalmente proporcional: 93 mil afiliados para cada red”. Todas denominadas con colores (magenta, verde, azul, violeta y naranja). La piedra del escándalo fue la Red Verde, del grupo MAS (Medicina Asistencial Solidaria) “vinculado –según el informe– a la dupla (Enrique) Coti Nosiglia-Luis Barrionuevo”. De acuerdo con la denuncia presentada a la Oficina Anticorrupción por Miguel Martínez García, de la Intergremial del Hospital Córdoba, la Red Verde se presentó tarde al acto de entrega de las ofertas y sin embargo se le permitió ingresar. El denunciante le solicita al fiscal que se investigue a la doctora Olga Riutort (la gobernadora) por haber admitido la presentación fuera de tiempo de la Red Verde.
Algo similar o más grave aún se denuncia en relación con la adjudicación del servicio de prótesis y órtesis del IPAM (unos 400 mil pesos mensuales) a la empresa Angiocor SRL, una prestadora del PAMI en la era de Alderete, seriamente cuestionada por las autoridades nacionales de salud pública.
Angiocor le ganó la licitación a cuatro competidoras, a pesar de que una de ellas, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Bioimplant Tecnofix, obtuvo mayor puntaje: 100.50 contra 99. Esta diferencia fue considerada “irrelevante” en el dictamen de preadjudicación del IPAM, donde también se dice que el mayor puntaje no constituye “criterio definitorio de la preadjudicación”. Otra competidora de Angiocor, Promedón Biomédica, denunció que la Comisión de Preadjudicación le otorgó un porcentaje por debajo de lo que le correspondía para favorecer a la primera.
En el record de Angiocor figura una sanción de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica” del Ministerio de Salud y Acción Social, por comercializar productos vencidos. Entre los documentos que tuvo a su disposición Página/12, figura un informeseñalando que el apoderado de Angiocor, Luis Alberto Fernández está inhabilitado para operar con cuenta corriente por el Banco Central hasta el año 2002, debido a que libró cheques sin fondos. También hay un documento de la AFIP donde figura Angiocor en el registro de empresas que han emitido facturas apócrifas.
Los resultados –según la denuncia– parecen estar a la altura de los antecedentes: auditores del propio IPAM levantaron más de una docena de actas en las que se deja constancia de la suspensión de cirugías debido a “la falta de prótesis”.

Peor el remedio que la enfermedad

El IPAM reformado dispuso también “capitar” la provisión de medicamentos para “controlar el gasto”. Se ofreció una cápita mensual de 5,60 por afiliado para cubrir todas las necesidades. Y se instauró un modelo basado en un listado restringido de drogas. Apenas 1700; 3000 menos que en el listado anterior. “El objetivo –según la denuncia– estaba claro: posicionar ciertos productos pertenecientes a un grupo de laboratorios.con los que los eventuales oferentes tuvieran un ‘arreglo’ especial que les permitiera manejar el precio. Curiosamente el 90 por ciento de los productos que integran el vademécum del IPAM pertenecen a no más de cinco laboratorios, entre los que se encuentran Roche, Glaxo y Abbot”.
El titular del IPAM, Bentatti, aseguró que hubo fuertes presiones de las multinacionales de la industria farmacéutica “para modificar las condiciones de la licitación, pero como no cedimos no se presentaron”. A la cabeza de la gesta antimultinacionales se ubicó entonces Dronor SA, a cuyo titular, Eduardo Cassol, la investigación vincula con Ruckauf. Una fuente anónima, a la que se presenta como “ex colaborador” del gobernador bonaerense asegura que Dronor desembarcó primero en Córdoba, “para hacer caja”, “pero este año se presenta en la licitación del IOMA (la obra social bonaerense) donde se prevé implementar un sistema idéntico al cordobés”. Dronor, igual que Angiocor, recibió una sanción de la Anmat por comercializar medicamentos vencidos.
Además de los vínculos con Dronor, la investigación le adjudica a Ruckauf otras conexiones con “el negocio de la enfermedad”. Según El médico..., Alejandro Dosoretz, “vinculado comercialmente a varias empresas de salud es íntimo amigo del hombre que ríe” y habría aportado “3 millones de pesos a la campaña proselitista del actual gobernador”. “Cuando logró su objetivo (la gobernación), Ruckauf lo nombró miembro del directorio del IOMA, desde donde Dosoretz consolidó varios de sus negocios”.

La risa es salud

Dosoretz, el “mecenas de campaña”; Alberto Labato, médico personal del “hombre que ríe”, y el ex dirigente sindical hospitalario Antonio La Scaleia son algunos de los hombres que el protocandidato presidencial del PJ eligió para una reforma del IOMA que parece réplica de la cordobesa.
El IOMA, cuyo titular es el ex intendente de Necochea Julio Municoy, es la segunda obra social del país. Cubre a un millón y medio de afiliados y tiene un presupuesto anual de aproximadamente 500 millones de pesos.
Este año licitará sus servicios médico-asistenciales sobre la base de un nuevo modelo prestacional. También la provisión de medicamentos. En un proceso que, según Municoy, “será transparente”, pero ya ha provocado la denuncia de la Federación de Proveedores del Estado bonaerense (Femape), que solicita la mediación del fiscal de Estado Ricardo Szelagowsky para que se revean los pliegos de bases y condiciones para la licitación del servicio de prótesis y órtesis, “porque fueron modificados luego de haber sido verificados por los organismos de control”. Y “para peor, se cambió el valor de la cápita”. Dos viejas conocidas, Dronor y Angiocor, volverán a entrar en acción en la reforma del IOMA, mientras saldrán de escena unas cien prestadoras de menor entidad contradiciendo el supuesto apoyo a las pymes que es caballito de batalla de Ruckauf. Y dejando en la calle a 5000 personas. El escándalo, igual que en el caso cordobés, vuelve a hacerse presente esta vez con una flagrante violación de la ley. El ya citado fiscal Szelagowsky abrió un expediente donde desaprueba el convenio directo suscripto por el IOMA para la provisión de medicamentos y recuerda lo elemental: que debe llamarse a licitación.
La reforma bonaerense, igual que la cordobesa, responde doctrinariamente a los lineamientos establecidos por el Banco Mundial. A tal punto que el documento oficial sobre dicha reforma está basado en el paper “Buenos Aires Social Adjustment Loan Basal-The health sector” del organismo supranacional de crédito y control.
Y que los beneficiarios rían, como Ruckauf, porque la risa es salud.

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