Por Pablo Rodríguez

El actual presidente Ricardo Lagos respiraba aliviado: acababa de ganar por un pelo las elecciones. Hace un año y un mes, salió al balcón del Hotel Carrera, frente al Palacio de la Moneda que iría a ocupar pronto, y la multitud rugió inmediatamente “¡Juicio a Pinochet!”. Lagos respondió que era “un asunto de los tribunales”. Se transformó en una muletilla, pues todavía hoy, cuando le preguntan por Pinochet, manda a todo el mundo a los tribunales. Sin embargo, con el caso del general Hernán Gabrielli Rojas, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Chilena (FACH), se plantea un tema que el gobierno no puede manejar con la misma suficiencia: qué pasa cuando los juicios implican a militares activos, y qué pasará si dichos juicios se multiplican infinitamente. Varias movidas en esta semana indican que está apareciendo un hueso duro de roer. Como en Argentina, el horizonte de alguna amnistía, o un punto final, está planteado.
Desde el miércoles 7, apenas estalló el caso Gabrielli, es decir, cuando dos ex presos políticos de la Caravana de la Muerte lo denunciaron públicamente por un delito imprescriptible como el de tortura, el gobierno se movió intensamente. El ministro de Defensa, Mario Fernández, se reunió con el general Patricio Ríos, jefe de la FACH con licencia. A los tres días, Gabrielli volvía de Estados Unidos y se entrevistaba con los dos, más el ministro del Interior José Miguel Insulza. Esta semana, Fernández se entrevistó con los denunciantes, Carlos Bau, Héctor Vera y Juan Ruz. Fueron muchas movidas en un territorio que pertenece exclusivamente a los tribunales, en tanto Gabrielli y sus denunciantes ya se trenzaron a querellazos.
El asunto es ver hacia dónde se dirigen esas movidas. Por un lado, Bau, Vera y Ruz salieron muy contentos de su reunión con Fernández, porque el ministro de Defensa no hizo lo que más se temía: pedirles que retiraran la denuncia contra Gabrielli. Y al general de las FACH, el gobierno directamente le pidió que retirara su denuncia, porque se amparaba en una ley heredada de la dictadura que genera mucho rechazo en la Concertación oficialista, y por la cual no se puede “ofender” a un comandante de una Fuerza Armada. Por otra parte, Gabrielli dejará de serlo el lunes, cuando el general Ríos vuelva a sus funciones.
Por otro lado, no es que el gobierno apoye sin más las denuncias. El ministro del Interior, José Miguel Insulza, salió a decir esta semana que los juicios a los militares por los crímenes de la dictadura no podían ser eternos: “Todos sabemos lo que pasó en la dictadura. No podemos seguir mirando hacia atrás”. Incluso llegó a proponer una fórmula de reparación para las víctimas de tortura “sin la necesidad de que cada persona concurra a los tribunales”. Es cierto que Insulza se caracteriza por hacer declaraciones de tipo kamikaze a título personal. Pero en este caso la postura es de parte del gobierno. El senador socialista (el partido del presidente) José Antonio Viera-Gallo dijo el jueves que sólo los casos emblemáticos deben terminar en los tribunales. Y el propio Lagos declaró a la vuelta de sus vacaciones, como para apoyar a Insulza, que “debe haber una forma responsable de ejercer los derechos de los chilenos”.
Este panorama coincide con una andanada de mea culpa por parte de la derecha chilena sobre su rol en la dictadura. Empezó con Renovación Nacional (RN), el más “liberal” de la derecha. Su presidente y ex subsecretario del Interior de la dictadura, Alberto Cardemil, y la diputada María Pía Guzmán pidieron perdón por haber tenido responsabilidades, aunque sea por omisión, en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Algún empresario afín al pinochetismo y hasta algún diputado de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) hicieron gestos similares. Guzmán, en particular, pidió a toda la derecha que asuma sus responsabilidades para no dejar solos en el banquillo de los acusados a los militares. Lagos elogió la actitud diciendo que “esos gestos son los que quisiera ver pensando en el futuro del país”. Alguien puede sospechar sobre el trasfondo del tema del perdón, dado que el propio Viera-Gallo pidió al Partido Comunista que también ofreciera sus disculpas por los ‘70, rehabilitando la teoría de los dos demonios. Pero, en todo caso, el razonamiento del gobierno podría dirigirse a lo siguiente: los militares aportaron información y al menos reconocieron los crímenes de la dictadura, la derecha empieza a pedir perdón, el mismo líder derechista Joaquín Lavín apoya la acción de los tribunales. En este escenario, ¿vale la pena que los juicios se multipliquen al infinito?
Por supuesto, en este caso la Justicia de la que habló Lagos el 16 de enero del 2000 importa menos que la ansiada “gobernabilidad”. Es cierto que el gobierno, quizás por la escasa presión de los militares (ver nota aparte), aún no parece inclinado a pasar a la acción sobre un punto final o una amnistía. También es verdad que varias figuras oficialistas quieren poner ya en la mesa el fin de la transición democrática, o sea, la derogación de la actual Constitución pinochetista. Y para eso, el gobierno necesitará la derecha. Y la derecha podría pedirle a cambio el compromiso para un punto final. Después de todo, un tipo de leyes semejantes no dependen de su aplicación en los tribunales, sino de un acuerdo en el Congreso.

HABLA RAUL SOHR, ANALISTA MILITAR CHILENO
“Por ahora, no habrá reacción”

Por P.R.

Raúl Sohr es uno de los analistas militares más respetados de Chile. Sohr habló con Página/12 sobre las repercusiones del caso Gabrielli dentro de las Fuerzas Armadas y sobre todos los escenarios que se abren ante una hipotética multiplicación de los juicios a los militares: si las Fuerzas Armadas ejercerán sus métodos de presión tradicionales, si existen posibilidades de alguna rebelión parecida a la de los “carapintadas” en nuestro país o si están negociando con el gobierno alguna forma de punto final o amnistía para estos juicios.
–¿Van a haber muchos más casos Gabrielli?
–Creo que no. Se presume que la mayoría de las querellas contra oficiales activos en las Fuerzas Armadas relacionados con las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura ya fueron presentadas. Mi impresión es que no van a aparecer muchos más casos Gabrielli.
–Se habla de la “doctrina Izurieta”, en la que los militares activos sospechados de participación en los crímenes de la dictadura pasaron a retiro. ¿Hubo una “doctrina Izurieta” para el resto de las armas?
–Dentro de las Fuerzas Armadas hay muchos oficiales y suboficiales implicados con distintos grados de involucramiento en los crímenes. Pero en el caso de la Fuerza Aérea, el general Fernando Matthei, que fue jefe de la Fuerza Aérea desde 1978 hasta los primeros años de la democracia, realizó una purga de oficiales activos dentro del arma. En cuanto a la Armada, se sabe que es la que menos se involucró en la represión.
–¿Existen gestiones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas para poner algún tipo de fin a una serie de denuncias que pueden no terminar nunca?
–Las gestiones para esa suerte de punto final quedaron en la Mesa de Diálogo. Las Fuerzas Armadas vieron que la Mesa de Diálogo podía significar una suerte de reconciliación, que derivara en algún reaseguro de que no iba a haber un desfile constante frente a los tribunales. De hecho, muchas de las propuestas dentro de la Mesa de Diálogo provinieron de los militares. Desde fuera, por supuesto, la Mesa de Diálogo fue vista como una forma para los militares de asegurarse una amnistía. Eso es lo que minó sus resultados. Y quizás por eso las Fuerzas Armadas no hayan entregado gran cantidad de información: el punto final no estaba a la vista.
–Si es así, en la medida en que los juicios continúen, ¿no se puede producir una rebelión, no ya del mando mayor de las Fuerzas Armadas, sino de suboficiales, como ocurrió con los carapintadas en Argentina en 1987?
–Es muy poco probable. La tradición de las Fuerzas Armadas chilenas es muy distinta de las argentinas. Están mucho más cohesionadas y tienen un gran respeto por las jerarquías. La prueba está en que, apenas se ven gestos sutiles de autonomía del mando respecto de las jerarquías naturales, terminan siendo castigados por el propio mando. El ejemplo más cercano es el episodio de la guardia personal de Pinochet, que hizo algunos movimientos semejantes a preparativos de combate cuando se anunció su procesamiento. Esa guardia fue relevada inmediatamente por orden del mando mayor del Ejército.
–Sin embargo, durante los primeros años de la dictadura, las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, realizaron ejercicios de amedrentamiento, como el “boinazo” o el “enlace”.
–Sí, pero fueron ejercicios que no tenían nada de sublevación. Estaban al filo de la legalidad institucional, pero no se trataba de una rebelión.
–O sea, es poco probable que, ante un desfile en los tribunales, se repitan boinazos o enlaces.
–Nunca nada se puede descartar de plano, pero no hay un ambiente de tensión extrema dentro de las Fuerzas Armadas. De hecho, Gabrielli fue a los tribunales, y no es que todos los militares se encolumnaron detrás de él. Sobre los detenidos-desaparecidos, ya nadie niega que existieron, que ellos lo entienden como “abusos” dentro de algo que de todos modos había que hacer. El informe sobre los datos de los detenidos desaparecidos loexplicita. Tampoco creo que el desfile sea incesante. Primero, por lo que dije acerca de una limpieza en los mandos de todas las fuerzas. Y segundo, porque hay muchos casos represivos que no se ajustan fácilmente, siquiera, al delito de tortura. Muchas figuras políticas fueron maltratadas con golpes, culatazos, ejercicios físicos a la mañana en pleno invierno en el sur (el centro de detención de Isla Dawson), pero no sufrieron la picana, el “submarino”, la quemadura con cigarrillos, que son los casos típicos de tortura. En suma, dudo de que todos los maltratos a presos políticos se traduzcan en querellas.
–¿Qué pasa con el caso de los militares que se acusan entre ellos por los crímenes de la dictadura? ¿Es como si se estuvieran pasando facturas por discrepancias en el pasado sobre el nivel de la represión, al menos entre cierta facción del Ejército cercana a Pinochet y el resto de las Fuerzas Armadas?
–No creo que “el pacto de silencio” entre los militares se haya roto. Los oficiales que han hablado contra Pinochet o contra el propio Gabrielli estuvieron desde el principio en desacuerdo con la manera en que se ejerció la represión.

PRINCIPAL