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Por Adriana Meyer
 El escándalo informático
IBM-Banco Nación sigue generando olas más allá de
las fronteras nacionales. La empresa International Business Machines (IBM)
fue sancionada por el organismo regulador bursátil de los Estados
Unidos (SEC) por los cargos que afronta su filial argentina, acusada de
haber pagado coimas a los directivos del Banco Nación para informatizar
la entidad, en 1994. La Big Blue tuvo que pagar una multa de 300 mil dólares.
La SEC se basó en su propia investigación y en la que realizó
la Justicia argentina. Sin embargo, en la causa local los ejecutivos de
la casa matriz que estuvieron imputados pasaron a ser testigos. Página/12
accedió al expediente en el que la SEC concluyó que se fraguaron
balances para ocultar la maniobra.
El 21 de diciembre la Securities and Exchange Commission (SEC) envió
la acusación a la Corte del distrito de Columbia. En la primera
parte los funcionarios describieron el caso y a sus protagonistas. Hace
siete años, IBM Argentina ganó un contrato por 249 millones
para informatizar las 252 sucursales del Banco Nación (BNA). El
proyecto se denominó Centenario, por los cien años que había
cumplido la entidad bancaria. La filial local de la Big Blue subcontrató
a la empresa CCR para que desarrollara un sistema alternativo por 37 millones.
“Entre 1994 y 1995 CCR recibió 22 millones de los cuales al
menos 4 millones y medio fueron transferidos a los directores del BNA,
Alfredo Aldaco y Genaro Contartese”, indica el informe.
La SEC aseguró que las autoridades de IBM Argentina violaron los
procedimientos de la empresa en materia de contrataciones y escondieron
los detalles de la subcontratación al personal que los controlaría.
Lo hicieron mostrando a la casa central un documento falso y registraron
esos pagos como “gastos”. Esto constituye un engaño a
los accionistas y una violación a la Ley Federal de Valores (punto
13b 2A de la Exchange Act) que establece que la información que
se registra debe ser detallada y fidedigna. “Las empresas también
son responsables de que sus subsidiarias extranjeras cumplan con estas
leyes”, señaló la SEC. Y agregó que “el
presumible pago ilícito a los funcionarios extranjeros no fue asentado
en los libros”.
Linda Thompsen, directora asociada de la SEC en Washington, aseguró
a la agencia Dow Jones que “IBM Argentina registró pagos que
fueron sobornos en forma de pagos a subcontratistas y la información
se filtró hasta el balance de la compañía matriz”.
La funcionaria opinó que “no se puede tomar ganancias en todo
el mundo sin tener alguna responsabilidad sobre la forma en que se consiguen
esas ganancias”, en declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg.
En noviembre de 1998 Thompsen estuvo en Buenos Aires y se llevó
varios kilos de documentación del juzgado de Bagnasco.
En sus libros, IBM Argentina incluyó una descripción incompleta
del contrato con CCR y un documento con fecha posterior a la firma del
contrato, porque en el departamento de compras no tenían forma
de respaldar la compra del sistema alternativo. Por lo tanto, la SEC le
pidió a la Justicia que ordene a IBM central el pago de una multa
civil de 300 mil dólares por la violación a la Ley Federal
de Valores. Según la información publicada por el diario
New York Times, la Big Blue “no admitió ni negó”
haber pagado los sobornos cuando desembolsó el dinero de la penalidad.
Desde su sede central en Nueva York la multinacional hizo silencio de
radio. Pero la filial local aprovechó para reafirmar su versión
de que en el país del Norte nada sabían del asunto. “La
SEC confirma que los hechos ocurrieron sin el conocimiento de ningún
empleado de IBM en los Estados Unidos” y “una vez que las autoridades
centrales supieron de las acciones de los ejecutivos de la filial argentina
se tomaron las medidas correctivas convenientes”, aseguró
el gerente de comunicaciones de IBM Latinoamérica Sur, Ignacio
Vaca de Osma. Esas medidas incluyeron el despido de los directivos Ricardo
Martorana, Gustavo Soriani y JavierOrcoyen, la conducción de la
Big Blue local al momento del escándalo. Sin embargo, fue ante
la SEC que los directivos de la casa matriz evidenciaron tener un grado
de conocimiento mayor sobre el caso, tal como informó Página/12
en abril de 1999 (ver aparte).
La Justicia norteamericana también abrió una causa para
investigar si el gigante informático –el mayor productor estadounidense
de computadoras– violó la Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero. La pesquisa preliminar del fiscal Kerry Lawrence –para
determinar si IBM usó el correo y el servicio telefónico
norteamericano para autorizar la coima– ya lleva cinco años
y no ha avanzado demasiado.
La causa argentina, en cambio, estaba a punto de ser elevada a juicio
oral. Pero el nuevo giro que le dio el juez Adolfo Bagnasco, al ampliar
la acusación de los directivos del Banco Nación a “asociación
ilícita”, podría demorar el final de la etapa de investigación
por el tiempo que demandarán las apelaciones de los imputados.
La banda delictiva estaría conformada, además, por los gerentes
de la subcontratista CCR y Consad pero el magistrado no tendría
elementos para incluir a los de IBM local. Según fuentes judiciales,
las confesiones de los ex funcionarios Alfredo Aldaco y Genaro Contartese
aludieron a la “gratificación” recibida por la “alegría”
de IBM, pero afirmaron que el dinero lo distribuyó Marcelo Cattáneo,
el suicidado ex directivo de Consad.
En junio de 1998 Bagnasco decidió dictar la captura internacional
de Steve Lew, Peter Rowley, Marcio Kaiser y Robelí Libero, la cúpula
de IBM Latinoamérica, porque consideró acreditado el estado
de sospecha sobre los cuatro directivos. Pero nunca obtuvo las respectivas
extradiciones y por eso decidió que podría ser más
útil interrogarlos como testigos, lo cual alivió sustancialmente
su situación en el expediente. Lo hizo en setiembre del año
pasado y, como era previsible, Lew y Rowley deslindaron toda la responsabilidad
en los ejecutivos argentinos.
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Buena memoria
Dos de los cuatro ex directivos de la casa matriz fueron interrogados
por la SEC en junio y julio de 1998: Peter Rowley, ex vicepresidente
de Operaciones de IBM Latinoamérica, y el brasileño
Marcio Kaiser, ex director de Servicios. Kaiser reconoció
que los análisis previos a la aprobación del contrato
Centenario incluían a los subcontratistas, entre los que
se encontraba CCR. “¿Los análisis de Integración
de Sistemas incluían a los sobcontratistas?”, preguntó
Delane Olson, la enérgica abogada de la SEC. “No, no
lo recuerdo”, respondió Kaiser. “Tómese
un minuto para revisar las páginas 91500 y 91501...”,
insistió la letrada. “Sí... los productos de
terceros, está justamente aquí, y también los
servicios”, recordó súbitamente el ejecutivo.
Sin embargo, la Big Blue siempre insistirá en que los directivos
argentinos ocultaron la existencia de CCR a sus superiores extranjeros.
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Bolsa caída
Por el impacto de la multa, en diciembre las acciones de la Big
Blue cayeron 5,16 por ciento en la Bolsa de Wall Street. Pero los
efectos del escándalo ya se habían hecho sentir mucho
antes en la sucursal argentina. En julio de 1998, el directorio
de la multinacional aprobó que la compañía
se retire en forma definitiva del mercado estatal argentino. El
Gobierno representaba entre 25 y 33 por ciento de la facturación.
Sin embargo, en septiembre del 2000, IBM Argentina admitió
que quiere volver a venderle de manera directa al Estado nacional.
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LAS
CONTRADICCIONES EN LA VERSION DE IBM
Cómo hacer que no sabían
IBM Argentina puede argumentar
que la multa que pagó su casa matriz es una “prueba”
de que fue engañada por malos ejecutivos locales, pero la misma
entidad que pidió la multa se encargó de reunir testimonios
que desmienten esa interpretación. La Comisión de Valores
de EE.UU. (Securities Exchange Comission) interrogó en 1999 a dos
altos ejecutivos de la IBM casa central y lo que obtuvo, junto con las
actuaciones de la Justicia argentina, hizo que pidiera la multa. Los puntos
más destacables, que muestran que Nueva York sí sabía
lo que estaba pasando en su filial argentina, son:
 El 85 por ciento de las compras
del Proyecto Centenario del Banco Nación fueron adjudicadas a “un
proveedor único y exclusivo” sin que la casa central parpadeara.
Esto indica que IBM sabía que en estos pagos las adjudicaciones
directas son cosa común.
Peter Rowley, alto ejecutivo
de IBM Latinoamérica, visitaba Argentina todo el tiempo y sabía
que el Proyecto era importante. “Es el contrato más grande
que había tenido IBM Argentina, una real oportunidad de hacer mucho
dinero.” Tanto, que no sólo lo seguía de cerca, sino
que contrató a un especialista en América latina, Steven
Lew.
Rowley mostró gran desmemoria,
pero la interrogadora de la SEC se la mejoró mostrándole
memos de su área específica. El ejecutivo tenía la
obligación de revisar y aprobar las auditorías internas
de IBM Argentina, y la Comisión le mostró una de Compras
fechada el 17 de noviembre de 1992, que ostentaba su firma. En ese escrito
se decía que hacía falta “concentrar la atención
en violaciones en la conducción de negocios detectadas durante
la auditoría de la administración de inventarios de IBM
Argentina”.
El ejecutivo también
reconoció un memo de su jefe, el presidente de IBM para América
latina, que expresaba “inquietud” por las mismas irregularidades.
Este jefe es Marcio Kaiser,
que a su vez le contó a la SEC que los ejecutivos argentinos de
IBM le pidieron que enviara “a alguien de mi personal” para
revisar el proyecto Centenario. La persona elegida fue Lew, “que
era el contacto principal con la gerencia argentina y en cuya capacidad
yo confiaba”. Kaiser también reconoció e-mails en que
él aprobaba la propuesta de IBM.
Pese a estas declaraciones y a que es poco creíble creer que Nueva
York pudiera ser engañada por un par de ejecutivos locales, IBM
decidió que la investigación se detuviera en los argentinos
y no afectara a sus ejecutivos americanos. Es que desde 1977, tiempos
del demócrata Jimmy Carter en la presidencia y de resaca moral
por el caso Watergate, Estados Unidos tiene una ley que prohíbe
a sus empresas sobornar a funcionarios públicos en el extranjero.
La ley es realmente dura: no ordena extraditar a los ejecutivos implicados
sino juzgarlos en EE.UU. como si se hubiera sobornado a un funcionario
norteamericano. Y, se sabe, allá no es tan fácil lograr
arreglos.
La sola idea de ver a un directivo de IBM en el banquillo de los acusados
por coimear argentinos ya registra en la escala Richter, como un terremoto.
La Big Blue no quiere ser la que estrene la ley.
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