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Después de que el presidente del Banco Central Pedro Pou asegurara
que no renunciará a su cargo y reclamara que no haya “tribunales
populares” para juzgar su gestión, el diputado de la Alianza
Víctor Peláez ratificó que el martes próximo
se reunirá la comisión bicameral, que él integra,
para buscar “pistas ciertas” sobre la lavado de dinero en Argentina
y evaluar la posible destitución de Pou por la falta de control
de tales operaciones. Según fuentes del organismo, la comisión
especial, que deberá sugerir al Presidente la remoción o
no de Pou, “debe trabajar con rapidez, porque no es bueno que se
extienda en el tiempo una investigación de estas características”.
En una extensa carta publicada en la edición de ayer del diario
Clarín, el titular del Central deslindó responsabilidades
al argumentar que el problema argentino no era el lavado de dinero sino
la evasión fiscal, cuyo control no es competencia de la autoridad
monetaria sino de la DGI. Según Pou “muchos confunden”
lavado de dinero con “dinero en negro”, que es el que proviene
de la evasión fiscal, es decir de actividades lícitas que
no tributan al fisco. Y por lo tanto, “combatir el movimiento de
dinero negro es asunto de la DGI, que debe luchar contra la evasión”.
El controvertido funcionario pidió, además, que se respetara
en su caso la “presunción de inocencia”, porque de otra
forma “sería un linchamiento”. Por otro lado, Pou confirmó
que el Citibank no le había entregado todo el material disponible
sobre la identidad de los dueños del Federal Bank (se sospecha
que es de Moneta), uno de los bancos acusados en el informe del Senado
norteamericano de lavar dinero en triangulación con el Banco República
de Moneta y el propio Citi. Pero se echó atrás en su idea
original de efectuar una denuncia penal contra los directivos de la poderosa
entidad norteamericana.
El diputado del PJ Jorge Remes Lenicov reconoció que “es muy
probable” que parte de los fondos que se evade del pago de impuestos
en la Argentina “se lave dentro del sistema financiero” local.
Pero salió al cruce de Pou al afirmar que “parte es responsabilidad
del Banco Central, en lo que es el lavado de dinero, y parte es de la
AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), en lo
que hace a la evasión impositiva”, explicó. Además,
Remes Lenicov, hoy cercano al gobernador Ruckauf, que en los últimos
días embistió fuerte al solicitar la renuncia del titular
del Central, insistió con que Pou discriminaba al Banco Provincia
como una represalia.
La comisión investigadora del Congreso, que se reunirá por
primera vez mañana, está integrada por cuatro aliancistas
y un justicialista: los senadores radicales Mario Losada y Alices López,
el senador del PJ Carlos Verna y los diputados Raúl Baglini y Víctor
Peláez. Según una fuente del oficialismo “la comisión
estará acotada a analizar si existieron falencias para detectar
maniobras de lavado como se ha denunciado y el informe de la comisión
estadounidense” y aclaró que “no se aceptará incorporar
otras cuestiones”. Pero no parece ser ésa la postura del radical
Alices López, que quiere someter a estudio la actuación
de Pou en la traumáticas liquidaciones de los bancos Mayo, Patricios
y de Mendoza.
La ley de Carta Orgánica del Banco Central establece que la remoción
de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo
cuando mediare “mala conducta o incumplimiento de los deberes del
funcionario público”, debiéndose contar para ello con
el previo consejo de la mencionada comisión parlamentaria.
“Si es responsable de permisibilidad, y si ha habido lavado de dinero,
que se vaya. Si es inocente, no tenemos por qué sacarlo”,
opinó Peláez.
En la primera reunión de la comisión, que será presidida
por Losada, se deberá redactar el reglamento del cuerpo, proceder
a pedir el respectivo material de análisis y definir la citación
de testigos, incluyendo al propio involucrado, para que ejerza su derecho
a la defensa. Los primeros que concurirrán a exponer en la comisión
serán los diputados de la UCR Elisa Carrió y del Partido
Demócrata de Mendoza, Gustavo Gutiérrez,quienes presentaron
la denuncia de lavado de dinero en los Estados Unidos. También
sería clave la presentación de distintos funcionarios de
la línea del Banco Central, que en los últimos tiempos habrían
realizado denuncias sobre lavado de dinero que luego fueron desestimadas
por la cúpula del organismo. Es el caso de Alicia López,
una funcionaria de 20 años de carrera en el Central, que cumplía
un rol importante en el área asignada al control del lavado dentro
de la institución y en los últimos años habría
sido relegada por indicación de Pou.
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