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El inicio del juicio oral por el atentado contra la AMIA va a demorarse
hasta, por lo menos, mediados de año. Aunque en un principio se
había previsto que las audiencias orales comenzaran el primero
de abril, en los tribunales federales de Comodoro Py ya está claro
que tal pretensión no será posible de cumplir. La demora
tiene varios motivos: por un lado, hubo pedidos de nulidad que modificaron
el cronograma; se descuenta además que en los próximos días
habrá solicitudes de prórroga, a lo que se suma un retraso
en la construcción de la sala de audiencias donde se hará
el juicio, en el subsuelo del edificio.
“Con viento a favor, el proceso va a comenzar en junio” coincidieron
ayer fuentes de la querella y los defensores de algunos de los detenidos.
A partir de hoy empezará a correr el plazo de diez días
para que las partes presenten ante el tribunal oral sus ofrecimientos
de prueba, como el listado de testigos propuesto o el detalle de los elementos
y declaraciones acumuladas en el expediente que se quiera incorporar por
lectura en la etapa oral.
Estos diez días de plazo pueden prorrogarse, sobre todo en causas
judiciales tan voluminosas (ya hay más de 300 cuerpos) y complejas.
Esta etapa, inmediatamente anterior al inicio del debate público
es, por otro lado, el momento en que las partes pueden pedir a los jueces
que realicen alguna instrucción suplementaria, es decir solicitar
alguna medida específica en la investigación para sumar
nueva evidencia o tomar testimonios que las partes entienden que faltaron
durante la instrucción de la causa.
El Tribunal Oral a cargo del caso trabajó durante la feria judicial
de verano y había abierto el período de presentación
de pruebas en la última semana del 2000, pero el trámite
quedó suspendido debido a un pedido de nulidad del llamado para
proponer las pruebas.
El recurso fue planteado por los defensores oficiales de doce de los imputados,
quienes argumentaron que no habían tenido acceso a toda la documentación
y evidencias de la causa. Los letrados sostuvieron que no podían
proponer pruebas mientras no conocieran todo el expediente y pusieron
como ejemplo varios legajos paralelos y buena parte de las cintas de escuchas
telefónicas ordenadas por el juez Juan José Galeano que
no habían podido ver.
El pedido de nulidad fue denegado la semana pasada por los jueces Carlos
Andina Allende, Gerardo Larrambembere y Miguel Pons, con lo que se reactivó
así la etapa de presentación de pruebas.
El tema de la refacción de la sala también tiene sus complejidades.
El sótano de Comodoro Py, donde funcionó un auditorio de
Vialidad Nacional, debió ser reacondicionado para dotarlo de medidas
de seguridad y poder contener a la pequeña multitud que conformarán
los 20 acusados con sus defensores, más los abogados de la querella,
los funcionarios judiciales, la prensa y el público. Fuentes judiciales
señalaron que la empresa encargada de refaccionar la sala ya pidió
una prórroga de diez días para la entrega de la obra, que
estaba prevista inicialmente para el primero de abril.
Ayer se cumplieron 79 meses del atentado que mató a 86 personas.
“El juicio será una forma de demostrar si la Justicia argentina,
que está en terapia intensiva, se está curando o no”,
sostuvo Sofía Guterman, de Familiares y Amigos de las Víctimas
de la AMIA, luego del acto que se realizó frente al edificio de
la mutual judía.
Como todos los meses, se encendió una vela por cada fallecido en
el atentado y hubo un breve discurso recordatorio, en el que se mencionó
la expectativa que genera el cercano juicio oral y público a los
implicados en el atentado.
“Tenemos confianza en que vamos a lograr algo”, dijo Guterman.
También consideró que “el juicio seguramente será
largo, va a durar varios meses, y se presentarán más nulidades,
pero vamos tranquilos porque vemos cómo se está preparando”
la defensa de los imputados. Memoria Activa, por su parte, puso el acento
en los huecos dejados en la pesquisa. “El desarrollo del juicio oral
va a poner en evidencia las deficiencias en la investigación, que
ya denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”,
señaló ayer el abogado Pablo Jacoby. Jacoby consideró
que las audiencias públicas van a poner en negro sobre blanco “el
encubrimiento que diversas reparticiones del Estado, de Seguridad, de
Inteligencia, de la Policía y Migraciones sembraron con el fin
de dificultar la averiguación de los verdaderos responsables del
magnicidio”.
EL
CONSEJO TRATA ACUSACIONES CONTRA LA CAMARA
Los skins a la Magistratura
Tras la suspensión de
Carlos Liporaci, la Comisión de Acusación del Consejo de
la Magistratura volverá a reunirse este martes para tratar otras
denuncias que involucran a jueces de varios fueros. Uno de los casos en
la agenda del día es el planteado contra la Sala I de la Cámara
Nacional de Casación Penal, integrada por Liliana Catucci, Juan
Rodríguez Basavilbaso y Alfredo Bisordi. Los camaristas fueron
denunciados en 1999 por haber anulado el juicio contra tres skinheads
que agredieron a un joven que creyeron judío.
El pedido de remoción es impulsado por la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH) y la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas (DAIA). Los skinheads habían sido condenados a tres
años de prisión, de cumplimiento efectivo por el Tribunal
Oral en lo Federal Tres, que los encontró culpables de la agresión
que sufrió el joven Claudio Salgueiro. Pero en su fallo de Casación
los jueces cuestionados sostuvieron que las expresiones proferidas por
el grupo atacante (como “muerte a los judíos”) no constituían
un acto de discriminación.
Los consejeros también tienen previsto tratar una denuncia contra
el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky por su actuación
en la causa de la venta ilegal de armas. La presentación cuestiona
al magistrado por haber elevado a la Corte Suprema de Justicia su causa
de contrabando de armas a Ecuador y Croacia, sosteniendo que el máximo
tribunal debía intervenir en el caso por estar involucrados otros
países.
Otro de los casos es una denuncia por supuesto tráfico de influencias
que efectuó el ex consejero Melchor Cruchaga —actual viceministro
de Justicia de la Nación— contra la Sala V de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de esta
Capital, integrada por los jueces Carlos Grecco y Luis Otero, por supuesto
tráfico de influencia y venta de sentencias.
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