Por Pablo Rodríguez

Uruguay es, decididamente, un país raro en el contexto actual de América latina. Visto desde el más cercano de sus vecinos, que vendría a ser Argentina, más aún. Ayer, los uruguayos acudieron a las urnas para dar su apoyo a la posibilidad de convocar a un referéndum para derogar 13 de los casi 100 artículos de una Ley de Urgencia para una reforma parcial del Estado. Concretamente, dichos artículos plantean la asociación con capitales privados en el puerto de Montevideo para operar una terminal de contenedores, la apertura a la libre empresa en la explotación de los ferrocarriles nacionales, y la modificación del estatuto legal de la cooperativa de lácteos Conaprole, una de las principales empresas exportadoras del país, de la que se excluiría a los representantes del Estado. Si los convocantes de la consulta, la coalición izquierdista del Frente Amplio-Encuentro Progresista y los principales sindicatos del país, consiguen que vayan a votar casi 600.000 personas (el 25 por ciento del padrón electoral), habrá referéndum sobre dicha ley. Los resultados oficiales se conocerán hoy.
Más allá de lo pequeño que pueda parecer lo que está en juego, la consulta de ayer será el primer episodio de una batalla política que promete: la del presidente uruguayo Jorge Batlle y parte de su coalición de gobierno versus el Frente Amplio y los sindicatos. El tema es la privatización de las empresas del Estado y la apertura de la economía a las inversiones extranjeras: Batlle es el más significativo neoliberal que ha tenido Uruguay en su historia y la izquierda ve en esta Ley de Urgencia la punta de lanza de una desaparición progresiva del papel del Estado en la economía. De hecho, ni bien termine esta consulta y más allá incluso de su resultado, el EP-FA lanzará una campaña a fin de derogar la reforma de la Carta Orgánica de la empresa telefónica estatal Antel, que habilita a vender hasta el 40 por ciento de las acciones de su servicio de telefonía celular, Ancel.
Los funcionarios más cercanos a Batlle han planteado varias veces que, con un índice de popularidad muy alto, el presidente tiene que aprovechar este año para lanzar una catarata de reformas, las más que se puedan. El líder de la coalición de izquierdas, Tabaré Vázquez, respondió anunciando que habrá “una lluvia de plebiscitos”. Batlle y Vázquez se reunieron el mes pasado para tratar de bajar los decibeles de una batalla en la que los dos pueden perder mucho, sobre todo por el desgaste que implica. Algunas figuras del Frente Amplio llegaron a decir que hay que moderar la tendencia a convocar plebiscitos y quien fue el líder histórico de la izquierda, Líber Seregni, dejó en claro que estas consultas sólo sirven “para casos excepcionales”. Y de hecho, la izquierda sólo se sumó a la campaña para que los electores se acercaran ayer a las urnas una vez que los sindicatos hubieran obtenido las firmas necesarias para avalar la consulta.
La estima del Frente Amplio por consultas y plebiscitos tiene un fundamento concreto y medianamente cercano. En 1992, nada menos que el 72 por ciento del electorado votó contra la Ley de Empresas Públicas impulsada por el gobierno del blanco Luis Alberto Lacalle, la versión uruguaya de Carlos Menem. La izquierda y los sindicatos lideraron la campaña por el no pero sectores de los partidos tradicionales de Uruguay, el Blanco o Nacional y el Colorado, se adhirieron fuertemente. Esa es otra de las rarezas uruguayas: habiendo sido el primer país de Latinoamérica y quizás del mundo en tener un Estado de bienestar (allá por los años ‘20) impulsado por el colorado José Batlle y Ordóñez (tío abuelo de Jorge Batlle), el país oriental siempre se inclinó por la preeminencia del Estado en la economía. Y esa es una de las razones que explican por qué Jorge Batlle, con un discurso coherentemente liberal desde la década del 60, haya tenido que perder cuatro elecciones presidenciales para ganar la quinta en 1999, en una alianza de su Partido Colorado con el Blanco. Pero la situación económica de Uruguay de 1992 a la fecha cambió bastante. La devaluación de la moneda en Brasil (del cual la economía uruguaya depende en gran medida) en 1997 y la sostenida caída de los productos agrícolas en el contexto internacional minó la actividad económica uruguaya y cuestiones como desocupación y pobreza ya llegaron para instalarse. En este contexto, Batlle y su equipo de economistas, encabezado por el ministro de Finanzas Alberto Bensión, argumentan que la única manera de lograr la reactivación es atrayendo a los capitales extranjeros, entre otras cosas, a través de las privatizaciones.
El Frente Amplio y algunos sectores colorados y blancos ven en la jibarización del Estado la antesala de un carnaval à la Menem. Proponen que sea el Estado quien lidere la reactivación, con políticas de industrialización selectiva que permita a Uruguay ser un digno furgón de cola de Brasil y Argentina, las grandes economías del Mercosur. Batlle, en cambio, es partidario del ALCA que impulsa Estados Unidos.
Por todo esto, lo pequeño que se jugó ayer es el signo de lo grande que aún queda en juego: si Uruguay podrá seguir siendo todo lo raro que es.

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