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Por Pablo Rodríguez
 La izquierda no llegó. La convocatoria del Frente Amplio y las dos centrales sindicales de Uruguay a una consulta popular para frenar la privatización de áreas controladas por el Estado fue menor a la necesitada. La Constitución uruguaya exige que estas consultas estén apoyadas con el voto de al menos el 25 por ciento (600 mil votos) del padrón electoral para habilitar a un referéndum sobre el tema a tratar, pero los resultados oficiales indican que sólo el 21 por ciento (500 mil votos) apoyó la iniciativa. De este modo, el proyecto del gobierno de Jorge Batlle de privatizar lo más posible en un país donde el Estado todavía existe puede seguir tranquilo. Ahora, la batalla de la izquierda se centrará en la privatización del 40 por ciento de la telefonía celular en manos estatales. �El gobierno no se puede dar el lujo de creer que gracias a este triunfo tiene el camino libre para privatizar todo�, dijo a Página/12 el senador socialista Reinaldo Gargano, del Frente Amplio.
A la hora de buscar las razones de la derrota, Gargano explicó que �no debemos adjudicar la responsabilidad al tiempo veraniego ni al aislamiento que sufrió la propuesta en los medios de comunicación. Nosotros ya sabemos que los medios son casi todos de la derecha y no tiene sentido seguir insistiendo con eso. No dimos la talla que podemos dar en Montevideo, nos faltó capacidad de movilización en los sectores más favorables a nuestra propuesta�. Gargano también destacó que �era un tema complejo, difícil de trasladar a la gente. Las medidas están expuestas de manera muy retorcida�.
Algo de eso hubo. Específicamente, se trataba de impugnar 13 de los 89 artículos de una mega Ley de Urgencia sancionada por el Congreso el año pasado. De estos 13 artículos, se destacan tres temas: el cambio de estatuto de la cooperativa láctea Conaprole, una de las principales empresas exportadoras del país; la posibilidad de que trenes privados puedan circular por la red nacional de ferrocarriles previo pago de un peaje, y la participación privada en el manejo de la terminal de contenedores de Montevideo.
La coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio liderará de aquí en más una segunda batalla, la de Ancel, telefonía celular del Estado. �Ahí tendremos la ventaja de que es un tema mucho más claro. Ancel da una ganancia anual de 200 millones de dólares. El propio Batlle reconoció que es la telefonía básica la que no da ganancias, y es justo la que no quiere privatizar. Está claro que la cuestión es vender, no mejorar la rentabilidad de las empresas del Estado�, resumió Gargano.
Estas pequeñas pulseadas entre el gobierno y la izquierda tienen como trasfondo el debate general sobre la privatización de las empresas públicas. Este debate empezó a comienzos de los �90 y el Frente Amplio pronto demostró que estaba para dar una paliza: en 1992, el 72 por ciento de la población uruguaya rechazó en un referéndum una ley impulsada por el gobierno de Luis Alberto Lacalle para la privatización de casi todas las empresas del Estado. La ley era clara, y el mensaje también lo fue. Lacalle apenas pudo lograr que Pluna, la compañía aérea uruguaya, pasara a manos de la brasileña Varig.
Por otra parte, el Frente Amplio como fuerza no dejó de crecer en toda la década, y de hecho es actualmente la primera fuerza política del país, que no es gobierno simplemente por la unión de blancos y colorados, tradicionales rivales. El presidente Batlle, liberal confeso desde hace muchos años, y su equipo insistirán en la política de privatizaciones, pero chocarán con una izquierda �aun perdiendo en la consulta de ayer� y con una estima por el Estado que en Uruguay sigue siendo alta. Queda, entonces, la pregunta de si los rivales estarían dispuestos a buscar un acuerdo para evitar el desgaste de un estímulo�respuesta constante entre propuestas de leyes privatizadoras y plebiscitos para rechazarlas. �Nosotros rechazaremos siempre la privatización de las empresas públicas actuales. En todo caso, lo que sí se puede acordar es la búsqueda denuevos emprendimientos para nuevas esferas de actividad con participación privada, porque eso figura en la Constitución. Pero Ancap (petróleo), Antel (teléfonos), UTE (electricidad), Obras Sanitarias y los puertos son recursos estratégicos�, resumió Gargano.
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