Por Susana Viau

La actividad de la comisión bicameral que decidirá la suerte de Pedro Pou al frente del Banco Central, pivotea en sus inicios en torno de los informes aportados por los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez. La investigación de los dos legisladores, cuyas conclusiones fueron entregadas a la subcomisión del Senado americano que monitorea el lavado de dinero, hace eje en las irregularidades que precedieron al derrumbe de los bancos de Raúl Moneta y el rol jugado, por acción u omisión, por el BCRA. Los diputados prometen un voluminoso aporte documental donde se prueba el tratamiento privilegiado del que se beneficiaron los bancos República y Mendoza y derivaron en lo que se considera el mayor escándalo financiero de la década. Esos papeles incluyen, además de los registros oficiales, las numerosas publicaciones de Página/12 y otros medios periodísticos referidos al ex banquero y al Citibank.
Según informó el presidente de la bicameral, el radical Mario Losada, Carrió hará entrega mañana del informe que desde hace seis meses se encuentra sobre el escritorio del senador demócrata Carl Levin. “Pondremos a disposición todos los papeles que tenemos”, dijo Carrió cuando Página/12 le preguntó acerca de esa contribución. Gutiérrez explicó que su tarea en estos meses fue reunir información procedente de dos vías: las pericias judiciales y las inspecciones realizadas por el propio personal del BCRA a los dos bancos caídos. Las pericias “son las que llevó a cabo el juzgado federal 1 de Mendoza y anularon los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani”.
Gutiérrez definió aquella resolución de la cámara como “un caso inédito en la Justicia argentina. Era discutible el cambio de competencia; de lo que no había antecedentes era de la anulación de las pericias, secuestros de contabilidad, documentación, un auténtico ‘lavado’ de pruebas”, dijo .
Las pericias fueron realizadas por cuatro contadores de Mendoza divididos en dos equipos que atendieron a los aspectos bancarios y, por otro lado, dos hombres de la regional Córdoba de la AFIP que determinaron el monto de la deuda impositiva, finalmente condonada.
Los técnicos pusieron en evidencia, según afirma Gutiérrez, las transferencias del dinero del tesoro de la provincia al Banco Mendoza, de éste al República con operaciones de pases y call money. “Si el banco, con sus 62 sucursales, hubiera volcado el dinero a la economía regional a la tasa del Banco Nación, en vez de prestarla a tasa preferencial y en muchos casos a tasa cero al República que se encontraba metido en una dura pugna de compra de medios de comunicación a través del CEI-Citicorp, el banco Mendoza no hubiera caído e, incluso, hubiera dado utilidades”, dice. El diputado agrega que “quedó demostrado por medio de los mismos informes periciales” que en la medida en que el República perdía depósitos externos “los reemplazaba quitándole fondos al Mendoza que era agente de retención”.
Quizás cuando Carrió y Gutiérrez hagan el relato pormenorizado de esa operatoria, también recuerden a los integrantes de la bicameral que la fuga de depósitos que Pedro Pou en su informe al Congreso (y en línea con las explicaciones de Moneta) atribuyó a las publicaciones periodísticas que revelaron la fragilidad de las dos entidades, comenzó en julio de 1998 y las publicaciones aludidas recién se conocieron a partir de marzo de 1999. Es más, los principales retiros correspondieron a empresas constituidas en Bahamas y atribuidas a Moneta, sociedades y socios vinculados, así como a amigos de los accionistas de los bancos caídos: República Holdings, 31 millones; Telefónica, 5 millones; el CEI, 4,3 millones; Richard Handley, 3 millones; Alberto Petracchi (abogado y mano derecha de Moneta), 1,6 millones; Alejandro Romay, 5,2 millones y Jorge Blanco Villegas 1,3 millones.
La otra vía de alimentación de las investigaciones de Gutiérrez y Carrió fueron las auditorías practicadas por inspectores del BCRA, que detectaron las inusuales transferencias de fondos del República asociedades offshore representadas por el abogado Carlos Basílico, en especial el Federal Bank. Tal como reveló Página/12, el primer toque de atención lo dieron los técnicos del BCRA en 1996, por medio del expediente 100.234/97. El segundo, que llevó el número 100.115/99, fue más claro aún. Su título: “Sociedades en zonas de riesgo del exterior. Inversiones concentradas y de riesgo”. Dictaminaron que el origen de República Holdings (ex UFCO), poseedor del 34 por ciento del CEI Citicorp y empresa estrella del grupo Moneta y constituido en un paraíso fiscal donde los controles son escasos o nulos, “resta transparencia” al grupo controlante del Banco República.
En una tercera ocasión, con el informe 541/316 de diciembre de 1998
marcaron “operaciones significativas y llamativas” de un grupo de offshores que, con el Federal Bank a la cabeza, constituidas todas el mismo día, en la misma dirección y representadas por el mismo Carlos Basílico operaban con el República y el Citibank de Nueva York. Recién cuatro años después del primer llamado de atención, el BCRA envió estos antecedentes a la Procuración para que fuesen remitidos a sede judicial.
“Esos dos canales (las pericias y las auditorías) fueron llevados a Estados Unidos no para hacer una denuncia sino para complementar la información que estaban analizando allí desde hacía tiempo en relación a un grupo de casos. Allí detectaron cómo era el movimiento de fondos desde el Federal Bank hasta la sucursal Nueva York del Citibank, con lo que quedaba cerrado el circuito”, aclaró Gutiérrez.
Sin embargo, los diputados no se limitaron a reconstruir esas maniobras. Piensan someter también al análisis de la bicameral los préstamos cruzados (autopréstamos camuflados) entre los bancos Macro y República y la deuda que, durante la administración de Romero Feris y garantizada por la coparticipación federal y autorizada por Pablo Guidotti y Pedro Pou, la provincia de Corrientes tomó con el Bank Boston Ltd de Bahamas.

Debut reservado, pero no secreto,
de la comisión sobre el Central

La comisión bicameral sobre Pedro Pou acordó escuchar a Carrió y Gutiérrez, decidió sesionar reservadamente para que De la Rúa sea quien difunda o no las conclusiones y mostró la predisposición de llegar al martes que viene con una opinión formada.

Por Felipe Yapur

La comisión bicameral especial que tiene la misión de aconsejar la destitución o la conservación del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Pedro Pou, realizó ayer su primera reunión. Oficialmente los senadores redactaron el reglamento de funcionamiento interno, demarcaron el área de trabajo (lavado de dinero) y anunciaron que el dictamen final tendrá un carácter estrictamente “reservado”. Pero extraoficialmente, los miembros de la comisión acordaron con los diputados Elisa Carrió (UCR-Chaco) y Gustavo Gutiérrez (Demócrata-Mendoza) la remisión para mañana de toda la información referida al lavado de dinero que ambos legisladores poseen. De esta manera se dio el primer paso en lo que se considera la cuenta regresiva de la permanencia de Pou en la conducción del Central.
Las poco más de dos horas que duró el primer encuentro fueron ocupadas en discutir el reglamento, demarcar los límites de la tarea y el carácter que tendría el dictamen final. Lo más importante, según estimó ante Página/12 uno de sus miembros, fue la comunicación informal que mantuvieron con Carrió y Gutiérrez, quienes se comprometieron a entregarles el detalle de sus investigaciones: “Tendremos cuatro días para estudiar todo ese material y así llegar al martes con una opinión formada”, indicó el legislador, quien prefirió mantenerse en silencio cuando se le consultó sobre si ésta era la forma de avanzar con mayor rapidez en la decisión final.
Este punto no es un detalle menor, sobre todo si se tiene en cuenta que al final de la reunión los legisladores anunciaron que su trabajo “no tiene plazos” y que el ritmo estará dado por la marcha de las tareas, pero más ante la inminente publicación del informe del Senado norteamericano. Al respecto, los miembros de la comisión determinaron que no es conveniente, por ahora, viajar a los Estados Unidos y prefirieron, en cambio, solicitar a la Cancillería su colaboración.
Sin asesores y con la sola participación de los taquígrafos del Senado, Losada presidió la reunión junto a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Raúl Baglini, y del Senado, el justicialista Carlos Verna; de la comisión de Finanzas de la Cámara baja, Víctor Peláez; y de la comisión de Economía de la Cámara alta, Alcides López.
La elaboración del reglamento interno pareció que sería un tema de rápido tratamiento. Todos lo creyeron así cuando López llegó hasta el Salón Gris con un borrador. Acordaron uno a uno los 12 artículos, con suma rapidez, hasta que llegaron al último, donde se explicita el carácter de la resolución final. El debate giró primero alrededor de si éste debía ser público o secreto. Por unanimidad se determinó que la resolución no podría ser de conocimiento público, pero algunos no estaban convencidos del término “secreto”. Tras un pequeño debate –y previa consulta de un diccionario– se prefirió “reservado”: “Una vez que (el presidente Fernando) De la Rúa se pronuncie no habría inconveniente de que el texto se dé a conocer”, señaló uno de los protagonistas del encuentro.
La preocupación por dejar en claro esta posición llevó a Losada y a Baglini a abundar en aclaraciones durante la conferencia de prensa posterior. El virtual vicepresidente dijo: “Creemos que el primero que debe conocerlo es el Presidente. Es de lógica y prudencia. La potestad de darlo a conocer es del Poder Ejecutivo”. A su turno, Baglini señaló que “lo debe conocer sólo el Presidente porque, por ejemplo, si trasciende una recomendación de destitución y luego el titular del Ejecutivo no coincide con nuestra posición, el funcionario en cuestión no podría continuar en su puesto porque perdió toda autoridad”.
El debate, según uno de sus protagonistas, “no fue áspero”. El senador destacó “el buen humor” de Verna, quien pronosticó un trabajo sin inconvenientes porque “ninguno de nosotros es economista y tampoco tenemosrelaciones con el sector financiero”. Su observación fue acompañada de carcajadas radicales. Después, en la conferencia de prensa, el justicialista sólo habló para destacar que su participación “es absolutamente institucional y no representa al bloque”. La cuota de dramatismo estuvo a cargo de Baglini, quien en medio de la reunión comenzó a sangrar a través de uno de los puntos de la herida que le dejó la intervención quirúrgica a que fue sometido la semana pasada. El legislador se opuso a ser asistido y recién lo hizo una vez finalizado el encuentro.
La definición de los temas que tratará la comisión también generó un breve pero intenso debate. Losada era partidario (acuerdo mediante con De la Rúa) de que sólo había que evaluar la responsabilidad de Pou frente a las denuncias de lavado de dinero que hicieron los diputados y no descuidar el informe que se conocerá el 2 de marzo del Senado de los Estados Unidos sobre maniobras irregulares del Banco República, de Raúl Moneta, y de Mercado Abierto, del ex orteguista Aldo Ducler. En tanto, López y Peláez plantearon que era preciso incursionar en otra de las controvertidas actuaciones de Pou como el cierre de los bancos Patricios y Mayo. Se llegó a un acuerdo que luego intentó –con no poco esfuerzo– sintetizar Losada: “La comisión se constituyó por estos episodios que son de dominio público. Pero vamos a buscar todos los antecedentes. Naturalmente, al analizar este tema vamos a evaluar la actuación del presidente del Banco Central. No podemos divorciar una cosa de otra, pero el tema de convocatoria es la cuestión del lavado”, dijo.

La comisión volverá a reunirse el martes próximo a las 12.

ARREGLARON LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL SENADO
Losada sigue, Cafiero no

Por F. Y.

Sendos llamados del titular de la UCR Raúl Alfonsín y del presidente Fernando de la Rúa terminaron desactivando el intento del sector más duro del bloque de senadores del PJ, encabezado por el entrerriano Augusto Alasino, por desplazar de la presidencia provisional del cuerpo al radical Mario Losada. Anoche, el bloque opositor anunció que respaldará la continuidad en su cargo del virtual vicepresidente.
Durante toda la semana pasada, los halcones del PJ –sector donde militan, además de Alasino, Remo Costanzo, Angel Pardo, Ricardo Branda y en especial los misioneros René Oudin y Julio César Humada– presionaron para que sus colegas acompañaran el cambio de Losada. Impulsaban una terna conformada por los radicales José María García Arecha, Leopoldo Moreau y Jorge Agúndez. Esta propuesta buscaba quebrar la relación con la conducción del bloque peronista, que preside el sanjuanino José Luis Gioja.
Sin embargo, el miércoles pasado un primer llamado de Alfonsín a Gioja comenzó a desbaratar la iniciativa de los halcones. Ese día, el presidente de la UCR le remarcó al justicialista “la inconveniencia” de modificar la línea sucesoria presidencial. Pero ayer un nuevo llamado telefónico produjo la modificación de la decisión de los justicialistas. Esta vez fue De la Rúa. Gioja se encargó de dar cuenta de esa comunicación: “Anoche hubo un llamado del Presidente y un pedido expreso para que continúe Losada como presidente provisional, pensando en la situación del país y el riesgo económico, y contemplando la situación financiera generada en Turquía”, dijo, y agregó que la mesa de conducción del bloque fue invitada a participar hoy de un encuentro en la Casa de Gobierno.
La otra decisión que tomó el bloque del PJ es la de impulsar el reemplazo de Antonio Cafiero por Eduardo Menem en la vicepresidencia del cuerpo. El único que se opuso a tal decisión fue Carlos Corach, quien sostuvo que nadie podrá evitar pensar que se trata de “un castigo” a quien denunció la existencia de sobornos en el Senado.

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