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El interventor del PAMI, Federico Polak, anunció ayer una “reducción”
de 1394 empleados en el marco de una restructuración de la obra
social de los jubilados. Aunque Polak aseguró a Página/12
que no hubo un “despido masivo” de trabajadores y que la mayoría
de los que integran la lista de cesanteados fueron nombrados por el ex
titular del PAMI Víctor Alderete o no tenían función
asignada, representantes sindicales de ATE, UPCN y UTI rechazaron la medida.
“El PAMI careció históricamente de una política
de recursos humanos y de una planta de 12.000 agentes se me aconsejó
despedir entre 4000 y 9000, pero la intervención considera que
los objetivos pueden cumplirse sin despidos masivos”, explicó
Polak en una conferencia de prensa. Un informe que la intervención
del PAMI entregó a la prensa afirma que los despidos se distribuyen
de la siguiente manera: 100 contratados que fueron dados de baja porque
la intervención entendió que eran funcionarios de “carácter
político”, 126 personas de la planta transitoria; 440 agentes
de distintas delegaciones del país nombrados por Alderete entre
agosto y noviembre de 1999; 230 en condiciones de jubilarse; 250 que se
acogieron al retiro voluntario y 90 jerárquicos sin funciones,
entre otros.
Los anuncios fueron realizados en una conferencia que se hizo en la sede
del PAMI. Allí estuvieron presentes, entre otros, el titular de
la Comisión de Relaciones Laborales, Julio Godio, Alberto Nadra,
Eduardo Silvano, Héctor Marteau y Javier Slodky. Por su parte,
el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rama
PAMI, Rubén Grimaldi, rechazó los despidos anunciados y
aseguró que fueron decididos “al boleo”.
“Nos oponemos a estos despidos. Compartimos sí la carta que
le mandó Polak a los ministros pidiendo que se restituyan los fondos
que fueron quitados al PAMI durante la gestión menemista”.
El dirigente de ATE-PAMI –una de las representaciones gremiales en
el PAMI– criticó “estos despidos al boleo, sin ningún
tipo de políticas de personal para saber si sobran o faltan trabajadores”.
“Esta es más una medida política para complacer a los
sectores externos como el FMI y el Banco Mundial (BM) y para implementar
más ajustes, como se acordó en el publicitado blindaje”,
agregó.
Por su parte, Carlos Oviedo, miembro de la CTA y delegado en el PAMI,
dijo que “ATE rechaza todo tipo de despidos de trabajadores de la
institución, pero no es el caso de los ñoquis comprobados,
que no trabajan”. En el PAMI existen dos sindicatos con personería
gremial, ATE y UPCN, y una tercera entidad sin personería, la Unión
de Trabajadores del Instituto (UTI). Según pudo saberse, UPCN “va
a salir a reclamar por todos los despedidos porque tienen gente de la
organización que fue efectivizada por Carlos Alderete en octubre
de 1999”. Y lo mismo harán los sindicalistas de UTI. ATE,
en cambio, rechaza los despidos, pero tiene a la vez una posición
ajena a la defensa de quienes cobran sin trabajar.
Por su parte, voceros de UPCN recordaron que esa organización gremial
“se ha opuesto sistemáticamente a los despidos en el PAMI”
y aseguraron que “vamos a analizar la situación caso por caso
porque no son todos despidos puros”. “Convocamos a un plenario
de delegados para mañana. Así, con la información
adecuada, tomar las medidas para garantizar las fuentes de trabajo de
los afiliados”.
Fuentes del PAMI explicaron a este diario que la reestructuración
de personal generará un ahorro de 15 millones de pesos que será
destinado a mejorar las prestaciones y aseguraron que éste será
el último ajuste por restructuración que se realizará
en la obra social de los jubilados.
Polak ya había anunciado a través de los medios el año
pasado el ajuste. “Habrá despidos, aunque no masivos ni sin
causa”, había dicho en un reportaje a Página/12 el
ex vocero de Raúl Alfonsín. En ese momento, argumentó
lo mismo que ahora: que la restructuración de la obra social es
la única salida para que el PAMI se las arregle sin recibir ayuda
del Estado. Es decir, que no sea deficitaria. En el comunicado que fue
difundido ayer por la gente de Polak puede leerse que el interventor del
PAMI anunció “un ambicioso proyecto de ahorro de egresos y
aumento de ingresos, así como de calificación y estabilidad
del personal del Instituto con miras a un mejor servicio y atención
a los beneficiarios”. El texto también dice que Polak reclamó
a los ministerios de Economía, Trabajo y a la Jefatura de Gabinete
que restituyan al PAMI los ingresos históricos “que le fueron
arrebatados en la última década, que implican un total de
139 millones de pesos anuales”. El interventor cree que sus reclamos
serán oídos.
DENUNCIA
CONTRA SHUBEROFF POR IRREGULARIDADES
La UBA bajo la lupa judicial
El rector de la UBA, Oscar Shuberoff,
fue denunciado ayer ante la Justicia por presunta “violación
de los deberes del funcionario público, malversación de
caudales públicos y defraudación”. La denuncia, presentada
por una agrupación de graduados de Derecho, se basa en las irregularidades
detectadas el año pasado por la Auditoría General de la
Nación en la administración de la universidad. Desde la
UBA se retrucó: “Es poco serio. La auditoría hizo algunas
observaciones. Pero no encontró méritos para hacer una denuncia
penal. Ahora, como es un año electoral, un grupo ignoto de la Facultad
de Derecho retomó el tema en busca de notoriedad”, según
el secretario de Medios, Luis Domeniani.
Recién llegado de sus vacaciones en Aruba, donde sufrió
una operación de urgencia, Shuberoff se encuentra ahora con la
denuncia penal formulada por Enrique Rodríguez Chiantore y Juan
Ernesto Curutchet, dos abogados militantes de Encuentro Universitario,
una agrupación del entorno ucedeísta y acérrima opositora
de Shuberoff. Quieren que el rector radical “responda por el uso
de fondos para fines diferentes a los autorizados; gastos en partidas
que no tienen fondos aprobados; nombramientos en violación al régimen
de acumulación de cargos; diferencias cuantiosas entre extractos
bancarios y registros contables; e irregularidades en compras y contrataciones”.
La presentación, que quedó en manos del juez federal Rodolfo
Canicoba Corral, se basa en el informe 2000 de la AGN. Desde la UBA aclararon
que está publicado en Internet “con la respuesta correspondiente”.
Chiantore dijo a Página/12 que “el sistema de la AGN para
realizar denuncias es muy complejo. Hace informes y los envía al
Congreso. Aun cuando se detectan irregularidades no suele ser ella la
que hace la denuncia”. Para el Rectorado, los denunciantes son “ignotos
señores de una agrupación minoritaria de una facultad”.
“Nadie puede sostener que no se contabilizaron cheques por 10,5 millones
de pesos –dijo Chiantore–. Decir que éste es un año
electoral no subsana la irregularidad.”
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