Por Victoria Ginzberg

La Justicia italiana anuló el fallo que dejó en libertad al represor Jorge Olivera y que impidió que el secuestrador de la joven Marie Anne Erize fuera extraditado a Francia. Olivera logró salir de la prisión de Regina Coeli por un papel que los jueces de la Cámara de Apelaciones consideraron un certificado de fallecimiento de Erize pero que, en realidad, era la constancia de un trámite iniciado en el registro civil porteño que fue adulterado y adornado con sellos falsos. La Sección VI de la Corte Suprema de Casación impugnó la utilización del fax como prueba -el papel en cuestión fue mandado por ese medio desde La Plata– y aseguró que, en contra de lo establecido en setiembre del año pasado, la causa por el crimen de Erize no prescribió. En la práctica, el represor seguirá libre, disfrutando de la impunidad que en Argentina le dan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero cada vez más lejos de la frontera.
“La Justicia italiana dispone que los documentos presentados deben ser originales. Esta formalidad puede ser cumplida con la presentación de una copia autenticada. Las leyes no permiten reconocer al fax ninguna autenticidad”, dice el escrito de la Corte Suprema de Casación al que tuvo acceso Página/12. Los magistrados tuvieron en cuenta, además, que el dichoso fax motivó la apertura de una causa por falsedad ideológica de documento público. En realidad, la falsificación del papel originó dos investigaciones judiciales: una en Italia, que lleva adelante la fiscal Laura Condeme y otra en Argentina, que tiene el juez Adolfo Bagnasco y en la que intervienen los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc.
La apócrifa partida de defunción le sirvió a Olivera para que los jueces de la IV de la Cámara de Apelaciones de Roma establecieran una fecha de muerte para Erize –que aún permanece desaparecida– y decretaran la prescripción de su asesinato.
Más allá de la adulteración del supuesto documento, que fue ratificada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el tribunal que preside Luigi Sansone e integran Franceso Romano, Adolfo Di Virginio, Franceso Serpico y Giorgio Colla criticó a sus colegas de la Cámara de Apelaciones por haber declarado la prescripción del crimen de Erize sin tener en cuenta el contexto histórico en el que éste se produjo.
“No se trata de un secuestro normal sino de un delito que podría encuadrarse en la calificación de secuestro de una persona a los fines de interrumpir el orden democrático, siendo notorio que la llegada y el mantenimiento en el poder por la junta militar argentina tuvo lugar con la perpetración sistemática de crímenes que, según la Constitución italiana, se encuadran en la eliminación física de los opositores al régimen”, aseguraron los magistrados de la Corte Suprema de Casación. Con esta interpretación, y la recalificación del crimen, la causa no está prescripta y por lo tanto los jueces no deberían haber dejado libre a Olivera, aún si hubiera presentado un documento verdadero. En cambio, deberían haber dado el visto bueno para que el represor sea extraditado a Francia para ser juzgado por el secuestro y las torturas de Erize.
Aunque esta decisión no implica un cambio en la situación de Olivera -que sigue encerrado en el país para no tener que responder a la Justicia-, los abogados de los desaparecidos de origen francés, Sophie Thonon y Horacio Méndez Carreras, expresaron su satisfacción porque la Justicia italiana reconociera su “error”. “Esto pone en evidencia que la decisión anterior fue vergonzosa. Aún no sabemos si los jueces recibieron dinero o fueron ideológicamente comprados”, afirmó Thonon desde Francia. La letrada recordó que aún hay un pedido de captura internacional contra Olivera y que “si el gobierno argentino tuviera buena voluntad podría mandarlo a Francia”. Méndez Carreras señaló que el fallo de la Corte Suprema de Casación implica “un avance, porque sienta un precedente jurídico. Además, consideró que “declarar la prescripción del caso Erize fue contradictorio con el juzgamiento de (Guillermo) Suárez Mason”, a quien la Justiciaitaliana condenó en ausencia a fines del año pasado por el asesinato de ciudadanos de ese país durante la última dictadura.
María Anne Erize Tisseau fue secuestrada el 15 de octubre de 1976 en la provincia de San Juan por el entonces teniente Olivera. En democracia, el represor participó en los levantamientos carapintadas y fue apoderado del MODIN de Aldo Rico. Actualmente ejerce como abogado. Su estudio, que defiende al ex general Guillermo Suárez Mason, trató de reinstalar la teoría de los dos demonios mediante el pedido de indemnizaciones para los hijos de los “muertos por la subversión”. El represor fue arrestado en Francia en agosto del año pasado pero la Justicia italiana lo liberó. Ahora otros jueces dicen que debió seguir encerrado.

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