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BRANDA PROCESADO POR “ADMITIR DADIVA” DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS
Por pasarse de vivo con notarios

El senador está acusado de haber aceptado un viaje a Europa a cambio de propiciar una ley. Bagnasco lo procesó y lo embargó.

Ricardo Branda (PJ, Formosa), uno de los senadores sospechado en el escándalo de las coimas.

Por Adriana Meyer

El senador Ricardo Branda deberá olvidarse de sus –de todos modos muy minadas– aspiraciones electorales. El juez federal Adolfo Bagnasco lo procesó por el delito de “admisión de dádivas” y lo embargó en 4 mil pesos. El legislador, justicialista y formoseño, aceptó un viaje gratis al extranjero del Colegio Público de Escribanos. El ex presidente de esa entidad también fue procesado. Branda había asegurado que en la Cámara alta “hay corrupción” y reconoció haber realizado el viaje. También está imputado en la causa sobre el escándalo de los sobornos en el Senado y aunque el juez Carlos Liporaci le dictó la falta de mérito los fiscales apelaron esa medida y pidieron su procesamiento.
“Más allá del resultado final del proceso, esta resolución tiene un sentido moralizador a futuro en medio de una Argentina oficial, pasada y presente, no muy moral”, opinó el abogado Ricardo Monner Sans, autor de la denuncia. En mayo de 1995 Branda aceptó viajar a Berlín, Alemania, invitado por el Colegio Público de Escribanos, que pagó por él y su esposa 4153 pesos. Participaron del Congreso Internacional del Notariado Latino. Branda había elaborado un proyecto de ley de reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial que habilitaba la intervención notarial en los denominados “procesos voluntarios extrajudiciales”. Pero como había caducado lo volvió a impulsar después de la gira cuestionada, en marzo de 1996. En una entrevista concedida a la revista Noticias, el senador se preguntó qué tenía de malo haber aceptado el viaje en cuestión. Durante su declaración indagatoria, Branda dijo que aprovechó para hacer un viaje “combinado” y se fue a visitar a sus parientes en Italia. Luego, a pedido del senador Eduardo Menem, tuvo que ir a Inglaterra a un acto por las Malvinas. Cuando le preguntaron si los gastos de su esposa también los habían pagado los escribanos, respondió que los había abonado él pero que no tenía ninguna constancia de ello. Branda ratificó haber dicho que “hay corrupción” en la Cámara alta del Parlamento y que las coimas existen porque “los controles del Estado no funcionan y porque el sistema político empuja a la corrupción”. Pero argumentó que como fue sacado de contexto no reflejan su pensamiento y que la referencia al viaje fue para ejemplificar que no había condicionado su actitud frente a esa ley.
Sin embargo, Bagnasco entendió que “Branda se refiere al viaje a Alemania y lo hace en forma entremezclada con menciones al ‘lobby’ y a procederes objetables de ilicitud a los que pone en tela de juicio en sí, pero sin aclarar debidamente los motivos ni calidades en las que el mismo accedió a tal”. El juez indicó que no está clara cuál era la necesidad de su invitación al Congreso, dado que en su actuación como legislador nunca evidenció particular interés por los asuntos notariales. En cuanto a Carlos D’Alessio, ex presidente del Colegio de Escribanos, Bagnasco concluyó que “no puede escurrirse de la responsabilidad por esta dádiva escudándose en la presunta decisión del Consejo Directivo del Colegio”. En su resolución, el magistrado expresó que “el viaje que fuera ofrecido al senador Branda por el escribano D’Alessio constituye el objeto que se recibe con motivo de la reposición futura del proyecto de ley”. El Código Penal establece una pena de “un mes a dos años para el funcionario público que admitiere dádivas que fueran entregadas en consideración de su oficio mientras permanezca en el ejercicio del cargo”.

 

Su señoría también acusado

El diputado Pablo Fernández (Frepaso), integrante del Consejo de la Magistratura, presentó ayer un pedido de juicio político contra el juez federal Adolfo Bagnasco, en el que lo cuestiona por supuesta falta de independencia en su función. La presentación alude a publicaciones periodísticas en las que Bagnasco dijo que pronto se retirará de la magistratura para dedicarse a la actividad política en las filas del Justicialismo. “Mientras ejerce la honrosa función de administrar justicia, y forma parte de uno de los poderes del Estado debe mantener su independencia frente a cualquier signo partidario”, dice Fernández. Agrega que es un requisito constitucional, estipulado también en el Reglamento de Organización de la Justicia Nacional. Y pide que se analice la actuación del magistrado en causas con funcionarios o dirigentes justicialistas imputados. Con éste, son tres los pedidos de juicio en trámite contra Bagnasco.

 

CAVALLO PIENSA QUE POR AHORA NO HAY PRUEBAS
Liporaci dejó la causa a fojas uno

Por A.M.

En la causa sobre el escándalo de los sobornos en el Senado no hay, hasta ahora, pruebas suficientes para procesar a los legisladores imputados. A esa conclusión llegó el juez federal Gabriel Cavallo, quien se hizo cargo esta semana del expediente que durante seis meses estuvo en manos de su par Carlos Liporaci. El magistrado se reunió ayer con el Síndico General de la Nación, Rafael Bielsa, quien le manifestó estar a su disposición para el avance de la pesquisa. Lo mismo hizo la Oficina Anticorrupción.
Bielsa relató a Cavallo detalles de su batalla con el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Fernando de Santibañes, a partir de la difusión del informe con el cual la Sindicatura General de la Nación (Sigen) detectó irregularidades en la rendición de los gastos de los espías. Ese documento integra el expediente del escándalo de los sobornos. También se acercaron al juzgado los técnicos de la Oficina Anticorrupción (OA). Estos organismos centrarían sus esfuerzos en el mismo sentido que trazaron los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado: el dinero de los sobornos podría haber salido de la SIDE, a través de un circuito paralelo de fondos.
Tras suspender las declaraciones indagatorias de De Santibañes, del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y del senador radical José Genoud, el juez Cavallo se dispone a producir pruebas más concretas. Uno de sus colaboradores comentó a Página/12 que encontraron “un expediente anárquico, sin un hilo conductor y basado sólo en dichos”. La fuente especuló con que “no es imposible rastrear la ruta del dinero”, pero primero tienen que probar que los imputados lo recibieron. Concluyó que Liporaci no juntó lo suficiente y con lo que tenía fue acertado dictar la falta de mérito de los senadores acusados. En principio, Cavallo no pedirá las investigaciones derivadas de este escándalo que tramitan en otros juzgados ni avanzará en la hipótesis del enriquecimiento ilícito.

 


 

LA CORTE POR UNANIMIDAD LO ABSOLVIO A ANGELOZ
Un fallo que traerá alivio al Senado

La Corte Suprema de Justicia ratificó por unanimidad la absolución de Eduardo Angeloz en la causa en que fue juzgado por haber incrementado su patrimonio en forma supuestamente ilegítima. Los ministros rechazaron un recurso que había presentado el fiscal general de Córdoba, Marcelo Brito. Sentaron así un precedente que viene a alentar la tendencia de perdonar el delito de enriquecimiento ilícito con el argumento de que nunca alcanzan los elementos para probarlo.
El alto tribunal en pleno desestimó la presentación del jefe de los fiscales cordobeses por considerarla improcedente, y terminó de agotar así todas las instancias del proceso judicial contra el ex gobernador de Córdoba y actual senador, quien fue sometido a juicio oral en 1998. El 5 de octubre de ese año la Cámara Séptima del Crimen lo declaró inocente, aunque los fiscales Carlos Ferrer y Jorge de la Vega lo habían acusado de amasar una fortuna de 4.135.159 pesos durante su gestión como gobernador, entre 1983 y 1995. Decían, además, que había tenido 14 testaferros.
El recurso de Brito representó un respaldo a fiscales, que habían desarrollado una detallada acusación. Decían que el mayor aporte a la riqueza de Angeloz había surgido de la firma Marín y Cía. Otra suma importante, señalaban, venía de la radio LV2 y de la empresa constructora Angar. Y otro tanto sospechaban que surgía de negocios gastronómicos.
“La absolución llega tarde porque ya he sido condenado por toda la opinión pública, a través de los medios de difusión”, se quejó Angeloz al conocer la resolución que lo favorece. “Troncharon la vida de un político que estaba para mucho más”, recriminó. Aclaró, de todos modos, que está “contentísimo”. Anunció que cuando termine su mandato en la Cámara alta no será “candidato nunca más para ningún cargo público electivo, pero me voy a dedicar de lleno a la vida de mi partido”.

 

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