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Por Horacio Verbitsky
 El ministerio de Trabajo auditó
el miércoles la sede del consejo de administración del Fondo
Compensador Telefónico, que desde la privatización de ENTel,
en 1990, preside el senador justicialista Alberto Máximo Tell.
El Fondo fue creado con aportes de los trabajadores y de la patronal,
para mejorar los haberes jubilatorios de los telefónicos. El jujeño
Tell, investigado en la causa de los presuntos sobornos del Senado, también
fue denunciado por manejo discrecional y arbitrario de los 42 millones
de pesos de ese Fondo por el sindicato Buenos Aires de FOETRA. Según
la denuncia, Tell no rinde cuentas al Estado ni a las empresas telefónicas,
que tampoco se lo exigen. La querella incluye a todo el consejo de administración
del Fondo, a la conducción de la federación nacional, FOESSITRA,
encabezada por el menemista Rogelio Rodríguez, y a la secretaría
de Seguridad Social, que desatendió un pedido de investigación
durante la gestión de Melchor Posse. El dinero que debieran cobrar
los jubilados y pensionados telefónicos es manejado por Tell &
Cía desde marzo de 1993, cuando la ex liquidadora María
Julia Alsogaray transfirió a favor de la federación de Rodríguez
las tareas de administración y fiscalización del Fondo que
antes ejercía Entel, como una de las concesiones que pagaron la
pasividad sindical ante la privatización y los consecuentes despidos
de personal. Ante el escaso avance en la investigación del juez
de instrucción Juan Mahdjoubian, los denunciantes solicitaron el
traspaso del caso al fuero federal. Antes de renunciar, Posse designó
a un veedor que tampoco llegó a asumir. Pero un mes atrás
Patricia Bullrich se comprometió a investigar y el mismo día
que miles de desocupados marcharon hacia su ministerio concretó
la auditoría, cuyos resultados aún no se conocen.
Los regímenes complementarios de seguridad social fueron creados
en 1973. Un año después nació el Fondo Compensador
Telefónico: ENTEL aportaba el cuatro por ciento del total de sueldos
y los trabajadores entre el uno y el tres, según categoría
y antigüedad, a fin de otorgar a los jubilados un complemento que
cubriera la diferencia entre el haber previsional y el 75 por ciento del
sueldo del personal en actividad. El último convenio de corresponsabilidad
celebrado en 1981 determinó la integración del Consejo de
Administración: cinco representantes de ENTEL, tres de FOETRA (luego
FOESSITRA), uno por cada una de las demás organizaciones gremiales
y empresas, y cuatro por los jubilados. Sus integrantes debían
actuar ad honorem, en tanto empresas y sindicatos debían aprobar
balances y actos importantes.
La privatización de ENTEL eliminó todo tipo de control estatal
y permitió hacer uso y abuso del fondo: la ingeniera Alsogaray
transfirió a favor de Rodríguez “los derechos a la
totalidad de los cargos que (Entel) ocupa en el consejo de administración
del Fondo Compensador” y que nunca fueron requeridos por Telefónica
y Telecom, que pese a ello siguieron pagando su aporte mensual. Ante la
consulta de este diario, encargados de prensa y abogados de ambas empresas
respondieron que no hablarían del tema. Fue en aquella situación
de vacío cuando FOEESITRA acaparó presidencia, vice, tesorería,
protesorería, secretaría de actas y cuatro vocalías,
además de la sindicatura y la asesoría legal.
Luego del procesamiento del secretario general Rodríguez, su adjunto
Diógenes Salazar y el secretario de prensa Omar Pérez por
administración fraudulenta del Programa de Propiedad Participada
de Entel, y del secretario de acción social José Ferreri
por administración fraudulenta en perjuicio del sindicato Buenos
Aires, una asamblea de más de 1500 telefónicos decidió
en septiembre de 1999 la desafiliación de FOETRA de la Federación.
Comenzó entonces una investigación que, basada en los balances
de 1995, 1996 y 1997, permitió denunciar las siguientes irregularidades:-El
complemento que reciben jubilados y pensionados, único rubro que
justifica la existencia del fondo, disminuyó de 37,1 a 28,3 millones
de pesos entre 1995 y 1997.
-En el balance de 1995 existe una diferencia de 773.056 pesos entre los
fondos al inicio y su aplicación;
-En 1996, la diferencia crece a 1,6 millones.
-En 1997 se repite la misma diferencia, pero además consta la compra
de un inmueble por 800.000 pesos, aunque del rubro inversiones no corrientes
sólo se desactivan 592.083;
-Además de los gastos generales de administración figuran
cada año partidas de “honorarios y otras retribuciones”
por centenares de miles de pesos, pese a que la resolución que
creó el fondo en 1974 y su modificación en 1981 estableció
que “los representantes no recibirán retribución del
fondo”;
-Los gastos por franqueo se duplicaron de 86.323 pesos en 1995 a 172.135
en 1997;
-Las comisiones bancarias se sextuplicaron, de 33.719 pesos en 1995 a
189.318 en 1997;
-En los tres balances el contador auditor Jorge Díaz omite su número
de matrícula.
-Según el estatuto los fondos deben depositarse en instituciones
oficiales, no en financieras, como surge de los balances.
Según los denunciantes, el fondo recauda 35 millones de sus 18.000
aportantes, paga 30 millones a 25.000 beneficiarios y cuenta con fondos
por 42 millones. La Federación de Rogelio Rodríguez y el
fondo del senador Alberto Tell “administran, se autocontrolan y se
autorinden cuentas”, en tanto “el Estado es responsable de que
exista una situación de total descontrol en el manejo de fondos
públicos mientras los jubilados telefónicos perciben misérrimas
compensaciones”.
(Informe: Diego Martínez).
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