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Por Felipe Yapur
 “Entre los miembros de
la comisión hay fuertes presunciones sobre la responsabilidad de
(el presidente del Banco Central de la República Argentina, Pedro)
Pou en los casos de encubrimiento de lavado de dinero y las liquidaciones
de los bancos Mayo y Patricios. Esperamos pronto tener la certeza.”
La frase corresponde a uno de los integrantes de la comisión especial
bicameral que deberá aconsejar la destitución o la continuidad
de Pou en el Central al presidente Fernando de la Rúa.
El integrante de dicha comisión dice que esta primera, aunque por
ahora temprana, “definición” es el resultado de la conversación
mantenida entre los cinco miembros durante la primera reunión realizada
el martes pasado. “Estamos esperando el informe de los diputados
(Elisa Carrió de la UCR y el demócrata Gustavo Gutiérrez).
Creo que allí comenzaremos a despejar las dudas que puedan existir”,
señaló. Mientras el legislador hablaba, el prosecretario
parlamentario del Senado, Juan José Canals, se trasladaba hasta
el domicilio de Carrió desde donde retiró el voluminoso
material que la diputada recopiló junto con el demócrata
de Mendoza. Se prevé que durante la mañana de hoy cada integrante
acceda a su copia.
No será el único material que tendrán para analizar
hasta el martes, cuando se volverán a encontrar. Ayer, el presidente
provisional del Senado y titular de la comisión, Mario Losada,
dijo que ya llegó el esperado informe redactado por el senador
demócrata Karl Levin, donde en cuatro páginas se refiere
a los bancos argentinos involucrados en una maniobra triangular de lavado
de divisas donde participan el Federal Bank de Bahamas, el Banco República
–perteneciente al banquero menemista Raúl Moneta– y el
Citibank estadounidense.
“Ya tenemos el material remitido por la Cancillería”,
dijo el recientemente reelecto Losada, y recordó que están
esperando de la Justicia el material de “todas aquellas causas”
sobre el Banco Central y de las resoluciones emitidas por el propio banco.
El legislador que habla con este diario tiene su despacho colmado de fotocopias.
Es tal la cantidad que muchas caen por los costados de su escritorio.
Unas cuantas son reproducciones de notas publicadas en Página/12,
donde se pueden ver varios párrafos cuidadosamente resaltados.
El hombre dice estar preocupado, pero al mismo tiempo asegura que ninguno
de los miembros de la comisión recibió presiones externas:
“Es que estamos frente a un poder muy importante: el económico,
que tiene la fuerza suficiente como para dar un golpe de Estado y ellos
están inquietos”, sostiene el miembro del Congreso que pidió
absoluta reserva de su nombre.
Para dar más fundamentos a su afirmación anterior recuerda
la visita del presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina
(ABA), Eduardo Escasany, a De la Rúa. “Les preocupa la situación
de Pou, porque sin duda él es funcional a los banqueros y por eso
muchos están nerviosos. El final del presidente del Central puede
perjudicar a varios”, arriesga. Dice que no le preocupa la posición
“pro Pou” del ministro de Economía, José Luis
Machinea, y del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo: “Hay entusiasmo
por trabajar seriamente y con celeridad. Además, tengo entendido
que ninguno de ellos se comunicó con alguno de la comisión.
Creo que el único que habló con alguien del Ejecutivo fue
Losada y lo hizo con el Presidente”.
En cuanto a la celeridad del trabajo de la comisión, la fuente
insistió una vez más con que nada tiene que ver con una
fecha predeterminada; es más, reiteró que la comisión
tiene que conjugar una rara mezcla de rapidez con rigurosidad en el estudio
de las pruebas. Y prefirió una engorrosa respuesta cuando se le
consultó si la celeridad del trabajo está directamente relacionado
con que el Gobierno consiga un reemplazo de Pou que conforme al sector
financiero: “Bueno, conforme sí, pero no en el mismo sentido
de Pou. Es difícil responder por ahora a esta cuestión”.
Entre los integrantes de la comisión hay consenso para buscar mayor
información sobre la conducta de Pou a través de miembros
del BCRA, técnicos y empleados sobre todo. Todo indica que lo están
haciendo. Encuanto a qué tratamiento le darán a esta información,
el legislador dijo que la respuesta está en el artículo
10 del reglamento de la comisión: “Se decidió que toda
la documentación que sea considerada como vital deberá ser
mantenida en el más absoluto secreto. Y tranquilamente los testimonios
están contemplados en este punto”.
Los legisladores Losada, Raúl Baglini, Víctor Peláez
y Alcides López del radicalismo, y el justicialista Carlos Verna
no tienen plazo legal para presentar su dictamen al Presidente. Pero la
lógica política indican que deben hacerlo pronto. Todo sugiere
que será lapidario con Pedro Pou. Pero, como el informe no es vinculante,
será De la Rúa quien –posiblemente teniendo en sus
manos la herramienta para defenestrarlo– tomará la decisión
final.
DENUNCIA
SOBRE LAS ESCUCHAS ILEGALES A LA DENUNCIANTE
La mano
de obra servicial
Los miembros de la comisión
bicameral de seguimiento de los organismos de Seguridad e Inteligencia
escucharon con atención la denuncia sobre escuchas telefónicas
ilegales que realizó la diputada radical Elisa Carrió. Hacia
el final del encuentro, la comisión decidió elaborar una
agenda de citaciones a diferentes funcionarios nacionales. El primero
de ellos será el titular de la Secretaría de Información
del Estado (SIDE), Carlos Becerra, quien la próxima semana deberá
informar sobre la política implementada por ese organismo para
evitar que se intervengan los teléfonos de los políticos.
En la agenda de la comisión figura también la convocatoria
a los ministros Federico Storani y Jorge de la Rúa.
Carrió describió con lujo de detalles la intervención
que sufren sus comunicaciones telefónicas por lo cual la jueza
María Servini Cubría ordenó un allanamiento en el
Departamento de Observaciones Judiciales de la SIDE, pero que no dieron
resultado positivo.
Durante el encuentro estuvieron presentes la titular de la comisión,
la senadora justicialista Beatriz Raijer; el presidente provisional del
Senado, Mario Losada; los aliancistas Alcides López, Juan Pablo
Cafiero y Marcelo Stubrin, el justicialista Carlos Soria y el diputado
por Acción por la República Alfredo Castañón,
entre otros legisladores.
La comisión parlamentaria que monitorea a los organismos de Seguridad
e Inteligencia decidió avanzar en una investigación para
dilucidar esta denuncia y en este contexto diagramó una agenda
de citaciones a funcionarios y adoptó una serie de medidas, como
visitar el organismo que se encarga de las escuchas en la SIDE.
“Nos vamos a abocar a observar cómo funciona en el Departamento
de Observaciones Judiciales el mecanismo de escuchas telefónicas
a pedido de la Justicia, y cómo lo receptan las empresas telefónicas”,
dijo Raijer.
La legisladora cordobesa subrayó la preocupación existente
en la comisión que preside, “porque desde el año pasado
estamos recibiendo declaraciones de dirigentes y legisladores sobre interceptación
ilegal de las comunicaciones telefónicas” y añadió
que “la mayor preocupación de la diputada y de toda la comisión
es que, si se comprueba esta denuncia, se estén implementando prácticas
de la dictadura militar”, añadió.
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