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Por Horacio Cecchi
 “Nosotros íbamos
a denunciar a los maestros golpeadores, y entonces ellos se enteraron
y nos hicieron saber que a la noche había goma.” La versión
surgió de boca de un menor, de 16 años, uno de los 17 que
no participaron de la fuga del instituto de media seguridad Aráoz
Alfaro, ocurrida el viernes 10 de febrero pasado. Los maestros golpeadores
a los que alude el menor son los celadores y la “noche de goma”
explica la fuga posterior de 43 de los 60 internos. La amenaza, finalmente
se cumplió y la sufrieron los 17 que quedaron dentro. Las imágenes
de sus cuerpos, salvajemente golpeados con caños de hierro, tomadas
por la Justicia esa misma noche y a las que Página/12 tuvo acceso,
son una demostración elocuente de que los guardias cumplieron su
promesa. La Justicia y las autoridades del Consejo Nacional del Menor
tienen profundas sospechas de que la fuga fue alentada por los guardias
para provocar disturbios como respuesta a remociones que se vienen realizando
en el área de seguridad. Al menos diez de los prófugos fueron
recapturados y pasaron por el calvario del sistema: fueron hacinados en
una comisaría con lugar para dos y donde uno de ellos sufrió
un intento de violación. Luego los derivaron a otra, inhabilitada
“porque es inhabitable hasta para un perro”, según señaló
la misma jueza que clausuró la comisaría. Diez de los 12
celadores del Alfaro fueron apartados y sumariados por el Consejo Nacional
además de que se les inició una causa penal. De todos modos,
tuvieron más suerte que uno de los menores prófugos: murió
baleado en un tiroteo.
A las 20.30 del 10 de febrero pasado, 43 de los 60 internos del Aráoz
Alfaro saltaron los muros de presunta seguridad del instituto, y desaparecieron
a campo traviesa. El resto quedó dentro. Según la versión
de los celadores, se produjo un motín a la hora de la cena, tomaron
la cocina y a dos guardias como rehenes, y luego saltaron un alambrado
de 4 metros y un muro de la misma altura hasta desaparecer en un campo
lindante. Según la misma versión de los celadores, a trece
lograron impedirles la fuga en una lucha cuerpo a cuerpo.
Las fotos, tomadas por los peritos policiales, por las autoridades judiciales,
y por el director del instituto, Alejandro Kessel, esa misma noche, indican
claramente que tal lucha no existió, que sólo hubo un bando
que soportó los golpes, el de los menores, y que esos golpes fueron
propinados con total saña y salvajismo. Todos aparecieron con terribles
marcas de impactos en sus espaldas y piernas, en la cabeza y, uno de ellos,
presentaba una de sus manos completamente perforada como si fuera un Cristo.
Los celadores habían utilizado caños de hierro. La versión
de los guardias y los cuerpos de los menores abrió tantas convicciones
entre las autoridades que Kessel, al día siguiente, presentó
una denuncia penal contra diez de los doce guardias de turno aquella noche.
Los diez habían sido señalados por los 17 menores que quedaron
dentro.
“Cuando llegué estaban tirados en el piso húmedo, sin
zapatillas, lo que me llamó mucho la atención –dijo
la jueza del Tribunal 2 de Menores platense, Gloria Gardella–. Nos
están pegando, dijeron todos. Los hice revisar por médicos
que comprobaron marcas de golpes.”
El Alfaro pertenece al Consejo del Menor de la provincia, pero por un
convenio provisorio firmado en el ‘95, y que todavía se mantiene,
la administración del lugar, incluyendo a todo su personal y al
mismo Kessel, es provisto por el Consejo Nacional. “La versión
de si realmente se trató de un motín la ponemos en duda
y es motivo de una profunda investigación -sostuvo María
Orsenigo, titular del Consejo Nacional–. Nos interesan mucho los
dichos de los chicos que quedaron, como también de los recapturados.”
Orsenigo, como los investigadores, también ponen en duda que los
golpes recibidos por los 17 que quedaron dentro hayan ocurrido mientras
los guardias intentaban impedir la fuga. “Todos los golpes fueron
dados por la espalda y los costados. No hay relación con una refriega
cuerpo a cuerpo”. “Los nombres de diez de los doce guardias
se repiten en las declaraciones de todos los chicos –afirmó
Orsenigo–. Por política nuestra, Kessel presentó al
día siguiente una denuncia penal en la fiscalía 3, a cargo
de Marcelo Martini. Pero, además, apartamos a los acusados, les
dimos licencia forzosa, abrimos un sumario, no estarán en contacto
con menores hasta que no se sustancie la causa, y si son encontrados responsables
serán separados del servicio.”
Según reveló una fuente de la investigación, la sospecha
más fuerte indica que la fuga fue alentada por los guardias. Llama
mucho la atención que las tres cuartas partes de los internos hayan
coincidido en sus intenciones y que hayan escapado con tanta facilidad
de un instituto con supuesta seguridad. La misma fuente sostuvo que podría
tratarse de una demostración del descontento de los celadores por
cambios de la estructura que “ponen en riesgo sus puestos”.
Pero si los 17 que quedaron dentro sufrieron en sus cuerpos el reclamo
de los guardias y las ausencias de sus compañeros, al menos a diez
de los prófugos no les fue mejor. Apenas concluida la fuga, “cinco
fueron recapturados en el campo lindante –señaló Gardella–.
Se habían quedado quietos, dijeron que los habían obligado
a escapar. Algunos se entregaron en los juzgados de su jurisdicción”.
Una semana antes de la fuga, la misma jueza Gardella ordenó la
inhabilitación de la comisaría 12 de Villa Elisa, capacitada
para alojar menores por algunas horas –aunque la mayor parte de las
veces, las horas se transformen en meses–, por un incendio que había
convertido el lugar en “inhabitable hasta para un perro”, como
describió la magistrada. Por lo tanto, los primeros siete recapturados
fueron alojados en la 13 de Gonnet. “No es para menores, y tiene
espacio sólo para dos detenidos. Eran siete y estaban hacinados
en el mismo lugar. Hubo un intento de fuga, daños y un intento
de violación, por lo que inmediatamente decidí el traslado.”
¿Dónde fueron a parar los desalojados de la 13? Seis a la
comisaría que no es habitable ni para un perro. El séptimo
fue derivado a su lugar de origen: la comisaría de Pergamino, para
indignación de la jueza local Diana Jure, que durante meses bregó
para que fuera trasladado al instituto platense Almafuerte y que finalmente
lo vio reaparecer en la misma comisaría.
No le cupo la misma suerte a otros. Uno de los diez recapturados fue atrapado
mientras reincidía en un asalto. Otro, simplemente, murió
hace pocos días en un tiroteo con la policía.
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El eterno escape
En la historia sin fin de los institutos de menores, los últimos
tres capítulos se escribieron este año, y el último
hace pocos días. El 14 de este mes, 21 internos se escaparon
del Instituto San Martín, en el barrio porteño de
Parque Chacabuco. Tenían entre 14 y 16 años, en su
mayoría “involucrados en delitos contra la propiedad”,
comunicó el Consejo del Menor y la Familia y, con involuntario
humor negro, sostuvo que “no había indicio de que estuvieran
descontentos”.
El 9 de este mes, diez adolescentes escaparon del Instituto Manuel
Rocca, en el barrio de Floresta. La fuga fue en plena noche y por
una claraboya en el techo del comedor: para subir, armaron una pirámide
humana.
El 19 de enero, cinco jóvenes huyeron del Instituto Luis
Agote, en el barrio de Palermo. Tenían entre 17 y 19 años.
Forzaron una reja en el primer piso y se descolgaron con la ayuda
de sábanas. El 29 de julio del año pasado, en ese
mismo establecimiento, doce internos habían protagonizado
un motín para reclamar “un trato de seres humanos”.
Pocos días antes, el 3 de junio, 30 jóvenes de entre
18 y 21 años se amotinaron en el Instituto de Menores Almafuerte,
en Melchor Romero, después de que un celador le pegó
a uno de ellos. Tomaron cuatro rehenes, pero depusieron su actitud
ante la presencia de dos juezas.
El 9 de mayo de 2000, el subsecretario del Consejo del Menor de
la Provincia de Buenos Aires, Roberto Saredi, suspendió la
internación de niños y adolescentes en la Comunidad
Terapéutica Jesús de Nazareth, del arzobispo Emilio
Ogñenovich, luego de que Página/12 informara sobre
violaciones y torturas a internados. Poco después Saredi
renunció a su cargo, por pedido del gobernador Carlos Ruckauf.
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“El sistema está
en crisis”
Por H. C.
“Nada de lo que pasa en estos centros es casual”.
La titular del Consejo Nacional del Menor y la Familia, María
Orsenigo, apunta a la responsabilidad de los celadores de los institutos
de menores cada vez que se producen fricciones entre guardias y
menores. Durante una entrevista que mantuvo con este diario, sostuvo
que “el sistema está en crisis. Cuando fue creado fue
pensado para tratar en forma violenta a chicos que vienen de una
educación violenta. Cambiar ese estado de cosas es el desafío
que asumimos”. Reconoció la responsabilidad del Consejo
Nacional en los incidentes del Aráoz Alfaro y detalló
las investigaciones abiertas sobre 10 de los 12 celadores (ver nota
principal). “No se puede cambiar todo de golpe”, sostuvo:
un convenio firmado con el Ministerio de Justicia, el lunes pasado,
incorporará hombres del Servicio Penitenciario Nacional durante
un año, que reforzarán al tembladeral que representa
el cuerpo actual de celadores.
“La administración es nuestra, desde el convenio firmado
en el ‘95 con la provincia, que no daba abasto y tenía
saturadas las comisarías con menores. Nosotros somos responsables
de lo que pasa ahí (en el Instituto Alfaro), pero la dependencia
es del Consejo Provincial, que es a quien le corresponde dar la
medida internativa”. Según Orsenigo, “el sistema
está en crisis, no tiene edificios adecuados para atender
la problemática de jóvenes en conflicto con la ley”,
a lo que se suman celadores preparados para responder con violencia.
“El sistema tiene dos fallas muy grandes: fue pensado sólo
como sistema de seguridad y la comunicación institucional
se producía únicamente a través de los celadores,
que eran los únicos que estaban en contacto con los menores.
Por eso, estamos generando una capacitación permanente, incorporando
nuevas actividades como la escuela secundaria, llevamos de una a
cuatro las horas de clase, ampliamos la cantidad de visitas, abrimos
hogares. Eso permite que los chicos entren en contacto con maestros
y otro tipo de personas. Pero, además despedimos a todos
aquellos que aparecen en conflicto con los menores y abrimos denuncias
penales”.
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El debate sobre la
Ley de Menores
Por H. C.
La fuga y la feroz represión en el Aráoz Alfaro
forman parte de un escenario cotidiano del sistema en el que inevitablemente
caen los menores asistidos por el Estado o con conflictos con la
ley. El 28 de diciembre pasado fue aprobada la ley 12.607, de Protección
Integral de los Derechos del Niño y el Joven, promovida por
la titular del Consejo provincial, la ex jueza de menores Irma Lima.
Tres días después de la salvaje represión en
el Aráoz Alfaro, la ley empezó a mostrar sus grietas:
los asesores de menores de toda la provincia denunciaron que a través
de la 12.607 el Poder Ejecutivo asumirá el control de sí
mismo, como juez y parte, desplazando el contralor de la Justicia.
La denuncia fue elevada al procurador general de la Suprema Corte,
Matías de la Cruz.
“No brinda garantía procesal alguna amenazando o directamente
violando los derechos de niños y jóvenes, empujándolos
a un sinuoso sendero procedimental, en el que no rigen los principios
constitucionales más elementales”, sostienen los asesores
en su redacción. “Si no son capaces de brindar seguridad,
y la contención que hacen de los menores es una brutal represión
como en el Aráoz Alfaro –señaló una fuente
judicial–, cómo se puede suponer que además van
a poder controlarse a sí mismos”.
“No entiendo por qué no les gusta la ley –señaló
Lima–. Esta es una movida de la gente que no quiere ese cambio.
Con la legislación anterior, el juez era dueño y señor,
y aunque no fuera un delito igual metía adentro al menor.
El asesor era asesor y fiscal a la vez.” La 12.607 crea una
serie de niveles municipales, ONG, y jurisdiccionales, fuera del
área judicial y del alcance de los asesores de menores, para
contención y seguimiento de niños y jóvenes.
La ley provocó intranquilidad en todos los escalones del
Palacio de Justicia. “Si no son capaces de hacer bien las responsabilidades
que ya tenían, no podemos evitar pensar el descalabro que
se va a provocar cuando el Poder Ejecutivo se controle a sí
mismo”, señaló a este diario una alta fuente
de la Justicia.
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