Por Cledis Candelaresi

Entre las causas más urticantes que acaba de heredar el juez Gabriel Cavallo del suspendido Carlos Liporaci, hay una referida a la concesión de los aeropuertos que amenaza generar un escándalo institucional y advierte sobre los mecanismos que utilizan algunos funcionarios para dictar normas que comprometen el interés público. Sin embargo, la investigación número 2727 no tuvo bajo la dirección de aquel cuestionado magistrado el impulso esperado, que ahora sí podría darle su joven colega del juzgado número 4, quien se enteró casi por azar de este vidrioso legado, aparentemente ausente en el arqueo de trámites pendientes. El pleito fue promovido por la diputada frepasista Alicia Castro, quien denunció modificaciones al contrato de concesión de aeropuertos, realizadas a través de una resolución de Economía muy ventajosa para la sociedad que preside Eduardo Eurnekian. Pero tal vez más inquietante que esos presuntos beneficios al grupo privado son los indicios de que esa polémica norma habría sido redactada en las propias oficinas de Máximo Bomchil, apoderado societario de Aeropuertos Argentina 2000.
La resolución es la 266 del 5 de marzo de 1998, firmada por el ex secretario de Transportes Armando Canosa días después que los principales aeropuertos del país fueran adjudicados a AA2000, y que el contrato de concesión resultara aprobado por decreto. Esa norma precisa algunos aspectos del acuerdo contractual –que formaba parte del pliego como un anexo–, sobre los que el flamante concesionario pidió aclaraciones al gobierno a través de sucesivas notas.
Entre los seis puntos clarificados por Canosa, dos parecen especialmente relevantes. Uno es el que autoriza expresamente al grupo a prendar las acciones para financiar su plan de inversiones. El otro es el que refuerza el compromiso estatal de entregarle “la plena disponibilidad de los bienes integrantes de los aeropuertos a transferirse”. En ese párrafo, la resolución alude expresamente a “las concesiones y otros convenios, contratos, permisos de uso y comodatos con plazo no vencido”, que el Estado se obliga a liberar “adoptando a tal fin todas las medidas administrativas y/o judiciales necesarias”, obligándose como no lo había hecho en principio.
Los asesores legales de la Unión de Usuarios y Consumidores –entidad a través de la cual la diputada Castro formuló su denuncia– aseguran que aquellos añadidos dan pie al reclamo que Eurnekian formuló contra el Estado para que lo compense en una suma multimillonaria, básicamente con el argumento de que no liberó a tiempo muchos de esos espacios apropiados para la explotación comercial. Este pleito, por el que Eurnekian llegó a reclamar hasta 200 millones de pesos, no está definitivamente cerrado.
Desde los primeros días de febrero Bomchil cursó varias notas al Poder Ejecutivo, buscando aclarar los alcances de ciertos puntos del pliego y del contrato, incluso antes de que éste fuera ratificado por el decreto 163/98. Esta inquietud empresaria habría sido el disparador de una secuencia poco cristalina, según surge del expediente judicial que hasta ahora habría llevado Liporaci sin mucho vigor.
Los tres primeros directores del por entonces incipiente órgano regulador, Carlos Martino, Enrique Spinedi y Alfonso Ensink, aseguraron ante la justicia federal que el viernes 6 de febrero de 1998 recibieron del entonces secretario de Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete, Miguel Solé, el modelo de una nota de respuesta que ellos debían dirigir a Aeropuertos Argentina 2000, en su condición de reguladores. Ante una consulta de Página/12, uno de ellos aseguró que ninguno quiso firmar ese texto, porque no habrían querido comprometerse con una decisión que podría resultar legalmente cuestionable.
El papel que la Secretaría de Control Estratégico –dependencia de Jefatura de Gabinete, subordinada a Jorge Rodríguez– habría hecho llegar por fax a Martino y Spinedi, no sólo incluía la obvia recomendación de”agregar el membrete del Orsna” sino que tendría al pie las iniciales de las secretarias del estudio Bomchil, luego citadas a declarar. En Tribunales, las empleadas habrían reconocido que, efectivamente, ellas redactaron el texto por orden de Guido Tawil, socio del apoderado de Eurnekian.
Mientras aquellos directores renunciaban y Rodolfo Barra se alistaba para asumir al frente del Organo Regulador del Sistema Nacional de los Aeropuertos (Orsna), el entonces secretario de Transporte, Armando Canosa, asumió la responsabilidad de responder las inquietudes de AA2000 a través de la resolución 266, que reproduce el texto supuestamente tipeado en lo de Bomchil.
La investigación judicial, que hasta hace días dirigía Liporaci, tuvo dos etapas. Una primera en la que se investigó a Canosa y a Rodríguez por el supuesto incumplimiento en los deberes de funcionario público, ya que ambos habrían alterado las reglas de una privatización y con presunto perjuicio para el Estado. El ex secretario de Transporte menemista resultó sobreseído, pero la Cámara de Apelaciones del fuero Criminal y Correccional ordenó seguir investigando a Rodríguez, cuya situación ahora podría resultar más comprometida.
La segunda etapa habría dado lugar al hallazgo de la nota inicialada, que permitió a los investigadores judiciales inferir que la resolución oficial reprodujo a pie juntillas el texto redactado en las oficinas de Tawil y Bomchil. Ahora el juez Cavallo deberá evaluar per se si este hecho está efectiva y fehacientemente probado, y, en tal caso, si constituye un delito. Al mismo tiempo, tendrá que resolver si convoca a Rodríguez y, en tal caso, si lo hace para tomarle declaración indagatoria, paso previo a un eventual procesamiento.

MULTIPLES JUICIOS PARA UNA SOLA PRIVATIZACION
Causas olvidadas y no tanto

La transferencia de expedientes de Carlos Liporaci a Gabriel Cavallo no sólo puede imprimirle un giro distinto a la causa por supuestos sobornos en el Senado, sino también a algunas de las que involucran al consorcio presidido por el empresario Eduardo Eurnekian, que en tres años ya protagonizó públicos entredichos con funcionarios, socios y otros empresarios con negocios en las estaciones aéreas. Quizás el diligente titular del juzgado 4 acelere el desenlace de la número 2727, que aparenta estar dormida.
Días pasados, con el paquete de causas en plena transición, la secretaría correspondiente tomó declaración a uno de los tres ex directores del Orsna involucrados en ese proceso promovido por la legisladora del Frepaso y dirigente de las azafatas. Sin embargo, ni el actual titular del ente regulador ni el propio consorcio adjudicatario tienen presente este voluminoso trámite, que amenaza comprometer, básicamente, al jefe de Gabinete menemista, Jorge Rodríguez, máxima autoridad responsable en la privatización de los aeropuertos.
Para el titular del Orsna, Eduardo Sgüiglia, el único expediente tramitándose en las oficinas del juzgado que dirigía Liporaci es aquél en el que Eurnekian y su socio, Manuel Korzín, se disputan el control accionario del consorcio. Los disturbios societarios habían promovido la intervención de la empresa a través de la Sindicatura General de la Nación, a la que la Justicia encomendó la misión de “garantizar el buen funcionamiento de la sociedad”. Ahora, el frepasista Rafael Bielsa está a punto de dar por concluida su misión, entendiendo que la empresa ya marcha en orden.
Del mismo modo, Aeropuertos Argentina 2000 parece tener en el olvido el pleito en el que el ex secretario de Transporte, Armando Canosa, fue sobreseído, y la preocupación empresaria está centrada en cómo conseguir una reducción circunstancial o definitiva de su canon anual de 171 millones, o precisar qué inversiones debe ejecutar indefectiblemente, incluido el aeroparque metropolitano. Casualmente, Cavallo heredó otra causa, también promovida por Alicia Castro, esta vez contra la idea de construir una aeroísla sobre el río.
En la historia sí quedó, por ejemplo, la controversia legal entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que hizo trastrabillar esta privatización en su primer momento. Finalmente, fue la Corte Suprema de Justicia la que puso fin al entredicho entre los poderes, cuando avaló la decisión de Carlos Menem de convocar a licitación y aprobar pliegos por decreto, omitiendo la opinión del debate parlamentario.
Del mismo modo, nada garantiza que en el futuro no sigan proliferando otros juicios que involucren la concesión de los principales aeropuertos del país. AA2000 aún tiene la posibilidad de discutir en los tribunales la decisión de la Sigen, que días pasados le reconoció el derecho de cobrar 18 millones de pesos por una serie de conceptos que para el grupo debían reportarle una indemnización bastante más sustanciosa.

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