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Por Adriana Meyer
 Las reuniones secretas por la
negociación de la Reforma Laboral, el patrimonio de Alberto Flamarique
y de Fernando de Santibañes, y los presuntos contactos entre estos
ex funcionarios y los senadores imputados en el escándalo por los
sobornos en la Cámara alta son los ejes sobre los el juez Gabriel
Cavallo piensa mover la causa. Así quedó evidenciado con
las treinta y tres medidas que ordenó ayer. La Secretaría
de Inteligencia del Estado sigue bajo sospecha y los nuevos investigadores
se tienen fe para descubrir la ruta del dinero que habrían cobrado
los legisladores.
Aunque el juez nunca dio crédito a denuncias anónimas en
este caso decidió avanzar con las bases existentes –la principal
es un detallado libelo que describió la maniobra– porque respeta
la opinión de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado que
le dieron validez como elemento de prueba.
Cavallo aportó, además, una hipótesis novedosa: la
posibilidad de que los fondos de los sobornos hayan salido del propio
Senado. Por eso ayer ordenó enviar un oficio “con carácter
urgente” al presidente de ese cuerpo, Mario Losada, para que informe
respecto de los ingresos que recibe y quién los maneja. También
le pidió la nómina de empleados de la Tesorería y
los registros de todos los subsidios y pensiones graciables concedidas
por legisladores en el primer semestre del año 2000.
Según los fiscales, en el hotel Elevage hubo “reuniones secretas
en las que se buscaba consenso” para aprobar la ley laboral que el
justicialismo y parte de la Alianza se negaban a votar. Flamarique y De
Santibañes habrían sido los “operadores de Poder Ejecutivo”
y también participaron los senadores Augusto Alasino y José
Genoud, ambos imputados en el caso. Los investigadores sospechan de la
concurrencia del operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, sindicado
como presunto propietario del hotel en el que suele haber reuniones políticas.
Cavallo convocó como testigo para el 2 de marzo al representante
legal del Elevage.
El juez solicitó a la AFIP que informara sobre las declaraciones
juradas patrimoniales y pago de tributos de Flamarique y De Santibañes
durante el ejercicio 2000. Además, solicitó a la empresa
American Express que reportara tarjetas extendidas en el exterior a los
acusados en el expediente. Y a la Policía Federal, que completara
su investigación patrimonial, aunque cualquier información
sobre algún incremento detectado fuera del período enero-junio
de 2000 será remitido a la causa sobre el presunto enriquecimiento
ilícito de los senadores, a cargo de Adolfo Bagnasco. Las cuentas
del senador justicialista Alberto Tell –en la sucursal Banco Nación
de Jujuy y en el Banco de Galicia– serán analizadas por la
división Delitos Complejos de la Policía Federal, bajo el
mando del comisario Carlos Sablich que trabajó en el caso desde
el principio.
Las empresas telefónicas y de telefonía celular deberán
proporcionar los números de todas las líneas correspondientes
a los senadores imputados y las que pertenecieron a Flamarique y De Santibañes.
Con esos datos, el juez ordenará un entrecruzamiento de llamados
del primer cuatrimestre de 2000, mediante el sistema informático
Excalibur.
El 6 de marzo declarará como testigo el funcionario de la Sindicatura
General de la Nación, Ricardo Pérez Vélez, que dirigió
el estudio efectuado sobre los movimientos de fondos de la SIDE y determinó
que 22 millones de dólares justificados como gastos de personal
habían sido depositados en una cuenta de la secretaría.
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