Por Mariana Carbajal

¿Si un violador tiene la compulsión a repetir el delito es cuestionable que quede en libertad una vez que cumple la condena? ¿Tiene posibilidad de rehabilitarse? ¿Qué medidas deberían tomarse con esta clase de delincuente para proteger a la población? La polémica quedó abierta a partir del homicidio de la pequeña Jennifer Falcón, en Olavarría, al conocerse que su presunto asesino y violador tenía antecedentes por haber cometido el mismo delito, al menos, en contra de otras dos mujeres. A raíz del caso, ayer, el ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas, consideró que los asesinos violadores deben ser excluidos del beneficio del “dos por uno”. Su opinión fue rechazada por el secretario nacional de Política Criminal, Mariano Ciafardini, quien consideró que “el Código Penal dispone de recursos, como la reclusión por tiempo indeterminado, para mantener en prisión a una persona mientras se considere que puede ser peligrosa”. Página/12 consultó sobre el tema a otros cuatro especialistas. Tratamientos especiales de rehabilitación en las cárceles, reclusión en neuropsiquiátricos, seguimiento institucional una vez cumplida la condena y “escraches” en el vecindario al que se mudará al salir de prisión fueron algunas de las propuestas planteadas.
“La ley del ‘dos por uno’ protege el principio de inocencia del preso sin condena firme. Ese principio es igual para todos, independientemente de la gravedad del delito imputado”, indicó Ciafardini a este diario, al salir al cruce de la propuesta de Casanovas. “En un caso como el de Olavarría, donde pareciera que el principal imputado sufre una grave alteración de la personalidad y pase lo que pase reiteraría el delito, el problema no está relacionado con el ‘dos por uno’: salga antes o después de prisión será igual. Para este tipo de casos, el Código Penal tiene recursos: prevé la reclusión por tiempo indeterminado que permite al juez retener a una persona hasta recibir informes periciales, psicológicos y psiquiátricos, favorables”, señaló el secretario de Política Criminal.
Mario Oscar Sayago, el único imputado por el crimen de Jennifer, había cumplido una condena de 19 años en Neuquén por violación y muerte de dos mujeres –madre e hija–. La pena original era de 21 años y medio, pero se vio levemente reducida por una serie de medidas y por la ley del “dos por uno”. Además, Sayago puede haber sido el autor de otro crimen similar –violación y muerte– de otra niña, un año atrás, en Neuquén.
Tanto Ciafardini como la criminóloga Stella Maris Martínez y la abogada Elsa Arias, presidenta de la Sociedad Argentina contra el Maltrato Infantil, coincidieron en la necesidad de implementar tratamientos especiales de rehabilitación en las cárceles para esta clase de delincuentes. “Hoy no existen”, reconoció el funcionario nacional. “Después de un tratamiento especial, habría que evaluar su patología antes de liberarlo. Si se concluye que puede reincidir, la solución no es retenerlo en la misma cárcel, sino internarlo en un neuropsiquiátrico. La cárcel es exclusivamente para los que han cometido un delito, no para las personas que tienen posibilidad de cometerlo”, sostuvo Martínez, defensora oficial ante Tribunales Orales en lo Criminal. No obstante, la abogada consideró que el tema “debe ser objeto de un profundo estudio”. “En algunos países –agregó–, una vez cumplida la condena hay un seguimiento, que no es agresivo, de un organismo similar al Patronato de Liberados o integrado por técnicos del Estado y la sociedad civil.”
Arias, que fue defensora de menores casi treinta años, y la abogada Carmen González, titular de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, se mostraron partidarias de los “escraches” implementados en otros países, que consisten en informar –a través de carteles– sobre la liberación del violador al vecindario donde éste se mudará al salir de prisión. “Hay que avisar al barrio porque puede ser una persona peligrosa”, consideró Arias. “No se puede exponer a los chicos”, acordó González. Esta medida fue rechazada de plano por Ciafardini. “No todos los violadores que cumplen su condena reinciden. Si se aplica una medida de esta naturaleza, se lo estaría castigando dos veces, se lo estigmatizaría de tal forma que el vecindario lo presionaría a mudarse y sería un itinerante. En el caso del imputado por el crimen de Olavarría hubiera servido, pero en otros no”, opinó el secretario de Política Criminal. El funcionario también rechazó la castración química del violador, una técnica que se emplea en otros países para reducir el impulso sexual del delincuente. “La pena mutilante va contra cualquier tratado de derechos humanos suscripto por nuestro país”, aclaró.

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