Página/12

Casi ocho años de investigación culminaron en el dossier que los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez llevaron en mano al subcomité del Senado americano que investiga el lavado de dinero. Por lo pronto, han logrado que el caso que los desvela, las actividades del Banco República y las operaciones trianguladas con el Federal Bank de Bahamas y el Citibank de Nueva York, monopolice una de las tres audiencias previstas para tratar 12 casos que involucran a entidades financieras norteamericanas. Página/12 publica las conclusiones a las que llegaron Carrió y Gutiérrez y dieron soporte al esperado informe de Carl Levin.
“Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, congresistas nacionales de la República Argentina, en uso de nuestras atribuciones y en función de la legislación de los EE.UU. que reprime las prácticas delictivas en otros países y las operaciones de lavado de dinero, venimos a poner en vuestro conocimiento las operaciones realizadas por el Citibank NA en la Argentina en asocio con el banquero Raúl Moneta y con la complicidad del Banco Central de la República Argentina”, anuncian los diputados antes de la introducción que se remonta a julio de 1989, cuando Carlos Menem asumió la Presidencia y ofreció el Ministerio de Economía al grupo Bunge y Born. El B&B, recuerda el texto, estaba “presidido por Octavio Caraballo, estrechamente vinculado con el banquero Moneta, titular del Banco República SA, y también con Heriberto Ricardo Handley, presidente del Citicorp en América Latina. Caraballo, Moneta y Handley habían sido compañeros de colegio en el San Jorge”. La relación de Moneta y Handley con Néstor Rapanelli, ministro de Economía aportado por B&B, “les permitió que Javier González Fraga y Alberto Petracchi, ambos directores del Banco República, fueran designados respectivamente presidente y director del Banco Central de la República Argentina (BCRA). González Fraga era director del Banco República y de Federalia SA (empresas de Moneta) y Petracchi una persona de su entorno íntimo (socios en la estancia Los Gatos SA y en La Tortuguense SA, síndico de Corporación de los Andes SA, Maypa SA, Federalia SA, Monfina SA, sociedades de Moneta, y apoderado de Mora de Luna SA, sociedad utilizada por Moneta y Menem en operaciones ilegales)”.
Según el documento, “González Fraga primeramente autorizó que el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) instalara una filial en la Argentina y después que construyera el hotel Hyatt con capitalización de deuda externa, que sobre una inversión total de u$s 37,5 millones solamente u$s 11 millones fueron inversión genuina y el resto se favorecieron pagando con títulos de la deuda pública argentina que el BCCI compró al 20 por ciento del valor reconocido por el BCRA”.
Dice el texto que el 14 de octubre de 1991, meses después de que Ghaith Pharaon, propietario del BCCI, “fuera acusado en EEEEUU por lavado de dinero con el BCCI, su hijo Laith Pharaon obtuvo una visa de entradas múltiples en el Consulado Argentino en París, indicando en su solicitud que su referencia en la Argentina era (el entonces secretario general de la Presidencia Alberto) Kohan”.
“El BCCI de la Argentina tuvo como vicepresidente a Mohammad Shahid Murtaza, que había sido director del Banco Mercantil de Colombia, un banco que fue cerrado por lavar dinero del tráfico de cocaína, y que se transformó en la sucursal colombiana del BCCI continuando con la misma operatoria”, informan Carrió y Gutiérrez. “Otro de los directivos del BCCI en la Argentina era Hugo Raimundo Carcavallo, que había sido directivo del Banco Ambrosiano de América del Sur y síndico del Banco de Italia, entidad que compró las acciones del Banco Ambrosiano.”
“En 1999 los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaron que los argentinos tenían entre 90.000 y 100.000 millones de dólares en el exterior, cifra levemente menor a la deuda externa y superior a los depósitos del sistema financiero argentino, cuatro veces mayor que las reservas del BCRA”, indican los legisladores. “El FMI considera centrosextraterritoriales amparados en un secreto bancario sin contralor de sus bancos centrales y favorables al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la venta ilegal de armas y la evasión fiscal a: Bahamas, Baharain, Islas Caymán, Hong Kong, Antillas Holandesas, Panamá y Singapur, lugares desde donde operaban fuertemente sociedades vinculadas con Moneta y con el Citibank.”
Carrió y Gutiérrez aportan un dato clave: “En la Argentina el lavado de dinero proveniente de la droga está penalizado desde hace más de 10 años, pero jamás se registró una condena”.
En la historia que leerán los senadores norteamericanos figuran elementos que marcarían la década menemista. Por ejemplo, que el Citibank NA era el principal acreedor de la Argentina y que Menem designó ministro de Obras Públicas a Roberto Dromi, “en la actualidad abogado de Moneta, quien inició un plan de privatizaciones de las empresas públicas permitiendo que los oferentes pudieran pagar entregando los títulos de deuda pública al 100% de su valor nominal”. Una forma de revaluar los activos del Citibank, que además usó sus títulos en las privatizaciones. En ese proceso creó el consorcio Citicorp Equity Investments (CEI) en el año 1992, que luego cambió de denominación por CEI Citicorp Holdings S.A.
“El Citibank participaba en el CEI con el 61,87% a través de una sociedad que creó a esos efectos (International Equity Investments Inc.) y Moneta lo hacía a través de una sociedad que creó a esos efectos, que denominó United Finance Company Ltd. (UFCO)”, informan los diputados. Y agregan:
* “UFCO fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 16.6.92 fijando domicilio en Road Town, Pasea Estate, P.O. Box 3149, Tórtola, con un capital social de u$s 50.000 en acciones al portador. O sea que se constituyó escondiendo a los titulares de las acciones y fijando como domicilio una casilla de correo”.
* “Los directores de UFCO, Luis A. Davies, Pamela Hill y Silvia Clarcke, designaron apoderados a Carlos Alberto Basílico y a sus asociados en el estudio: Jaime Fernández Madero, Bernardo Enrique Duggan, Maximiliano Rodríguez Consoli, Marcelo Gobbi, Roxana María Kahale, Griselda Lambertini, Alejandro Pinedo, María Alejandra Santurio y Jorge Jabib Bulleraich”.
* “Cuando se constituyó el CEI, UFCO realizó su aporte societario (10%) mediante un crédito que le otorgó el Citibank. Handley que era presidente del Citibank en América Latina dejó ese importante cargo para tomar la presidencia del CEI”.
* “En esa época UFCO no daba a conocer sus verdaderos accionistas, hasta que el periódico Página/12 revelara que UFCO era propiedad de Moneta, momento en el cual éste reconoció su participación y la inscribió como sociedad extranjera. El 17.6.93 UFCO quedó registrada en la Inspección de Justicia como Sociedad Extranjera en el Legajo N 1570012, constituyendo domicilio legal en la Argentina en Marcelo T. de Alvear 684, piso 2, que pertenece al estudio Basílico”.
Viene luego una gran etapa de crecimiento del CEI, desde sus primeras inversiones “en las privatizaciones (Telefónica de Argentina, Altos Hornos de Zapla, Transportadora Gas del Sur, Hotel Llao Llao, Celulosa Puerto Piray, Papelera Alto Paraná, Frigorífico Rioplatense, etcétera.)” hasta que Menem puso en marcha su reelección y el CEI “se volcó hacia los medios de comunicación, adquiriendo participaciones en Telefé, Canal 9, grupo América, Editorial Atlántida, Cablevisión, Torneos y Competencias (TyC), Televisión Satelital Codificada (TSC), radio La Red, radio Continental, FM Hit, etc., con una inversión superior a u$s 3.000 millones”.
“Inicialmente el Citibank poseía más del 60% de las acciones del CEI, pero luego inexplicablemente fue cediendo su participación a favor de Moneta, quien pasó a presidir el CEI hasta el momento en que se profugó cuando el Juez Luis Leiva en Junio de 1999 dictó su prisión preventiva porla caída de los bancos Mendoza y República, que él administraba”, recuerdan los diputados.
Luego de la introducción del documento, un capítulo llamado “Integrantes del CEI” explica que “la participación de Moneta en el CEI fue siempre un misterio para el BCRA, ocultada para eludir las normas que limitaban los préstamos a los vinculados (hasta el 2,5% de la Responsabilidad Patrimonial Computable a cada uno y hasta el 20% para el conjunto de los vinculados), como también las normas que limitaban el ‘fraccionamiento del riesgo crediticio’ a los prestatarios (hasta el 15% de la RPC) considerado por cada ‘grupo económico’. Como las financiaciones del Banco República al CEI superaban esos límites, los eludieron informando falsamente que el grupo Moneta tenía una participación del 4,27 por ciento en el referido holding, siendo que conforme detectaron los inspectores del BCRA en el año 1997 la participación era del 35 por ciento. En el periódico Página/12 del 5.5.99 Moneta reconoció que República Holdings (ex UFCO) con Banco República tenían el 36 por ciento del CEI”.
Como indicios para una investigación aún mayor los diputados consignan que en carácter de “accionistas del CEI aparecen sociedades constituidas en zonas de riesgo de lavado de dinero”. Por ejemplo:
* United Finance Company Ltd. (UFCO), con domicilio en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes, representada por Carlos Basílico o por Jorge Bulleraich del estudio Basílico.
* Federal Bank Ltd., con domicilio en Shirley Street 83, Nassau, Bahamas, representada por Carlos Basílico.
* Burton & Goldman Finance Corp. con domicilio en Butterfly Hose 705, Grand Cayman, representada por Alejandra Santurio del estudio Basílico.
* The CEI Trust, con domicilio en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes (mismo domicilio de UFCO).
* International Investments Union Ltd. con domicilio en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes (mismo domicilio de UFCO), representado por Roxana Khale o por Jorge Bulleraich del estudio Basílico.
Al comentar la presunta responsabilidad de la conducción del Banco Central, Carrió y Gutiérrez dicen que aunque “las normas bancarias limitan la participación de los bancos en otras sociedades hasta el 15% de su Responsabilidad Patrimonial Computable, no obstante ello el directorio del BCRA autorizó que el República las infringiera con su participación en el CEI, en República Propiedades, en República Compañía de Inversiones, en Citiconstrucciones y en MRM Investment”, tres sociedades de Moneta “que construyeron el edificio República, alquilado al CEI y al resto de los socios de ese holding. Ese edificio, construido a un costo de u$s 38 millones, fue transferido al Banco República y luego vendido a República Cía. de Inversiones en u$s 98 millones, en una típica operación de lavado de dinero”.
El República aparece, justamente, como núcleo de otro capítulo. “Era un banco muy particular: tenía una sola filial con muy pocos depositantes por cifras significativas (los diez primeros depositantes representaban el 33% de las imposiciones) cuyo principal origen eran sociedades off shore constituidas en zonas de riesgo de lavado de dinero”, detallan los legisladores. A pesar de que el República tuvo que ser asistido con redescuentos en 1995, luego del Tequila, “el BCRA permitió que la Provincia de Mendoza le adjudicara sus dos bancos oficiales privatizados (Banco de Mendoza SA y Banco de Previsión Social SA) luego que dicho estado provincial los saneara haciéndose cargo de sus deudas por u$s 841 millones y detrayendo la cartera de créditos en mora”.
Señalan Carrió y Gutiérrez que “dichos bancos, luego fusionados en una sola entidad (Banco Mendoza), fueron utilizados por Moneta para financiar al Banco República, al Citibank y a sus empresas mediante préstamos a tasa de interés preferencial o directamente sin interés, produciendo un virtual vaciamiento de los mismos que provocó su caída ocurrida el 8.4.99 cuando el Mendoza y el República tuvieron que cerrar sus puertas al verseimposibilitados de devolver sus depósitos a los ahorristas, abriéndose una causa penal en la cual Moneta y los demás integrantes del directorio se dieron a la fuga cuando el Juez Luis Leiva dictó su prisión preventiva”.
Más aún: “Los fondos del Mendoza eran desviados al República y desde allí fueron canalizados hacia el CEI, a las empresas del Citibank y de Moneta en condiciones desfavorables, posibilitando las inversiones en medios de comunicación por más de u$s 3.000 millones y que Moneta aumentara su participación en el CEI del 10% inicial a casi el 40% que llegó a tener en el año 1998”.
Entretanto, “desde 1996 los inspectores del BCRA venían observando que el República financiaba por montos significativos, en condiciones más favorables que al resto de su cartera y sin garantías”, entre otros, a beneficiarios como Handley, al vicepresidente del Citibank Dionisio Martín y a empresas del Grupo Werthein. “Esos préstamos superaban los límites de asistencia crediticia” impuestos por las mismas normas del Banco Central. La forma de saltear los límites era, según Carrió y Gutiérrez, realizar operaciones cruzadas.
“Otra clara demostración de la connivencia que había entre el Citibank y Moneta fue la realización de un contrato de alquiler a 10 años del República al Citibank sobre un edificio ubicado en calle Florida 183 de Buenos Aires, operación prohibida por el art. 28 de la ley de entidades financieras, realizada para que el Citibank eludiera las normas del BCRA en materia de activos inmovilizados”, apuntan los diputados.
El capítulo “Lavado de dinero” comienza con declaraciones a la revista Noticias de Abel Reynoso, ex agente de la Drug Enforcement Administration” (DEA) con funciones en la Argentina, que investigaba una red que lavó u$s 1.300 millones en sobornos por privatizaciones, venta ilegal de armas y tráfico de drogas. “Detrás del lavado hay bancos de primera línea que están haciendo dinero, amigos del sistema político y diplomático”, dijo.
“Los inspectores del BCRA venían cuestionando desde el año 1996 las operaciones realizadas por el República con empresas y bancos constituidos en Bahamas (Federal Bank Limited) como altamente sospechosas del lavado de dinero”, dicen Carrió y Gutiérrez. También verificar los funcionarios técnicos del Central “numerosas operaciones de compra-venta de moneda extranjera por mostrador por sumas superiores a u$s 50.000 sin asentar los datos de las personas que la realizaron en infracción a las normas del BCRA, como también que el banco figuraba cobrando y pagando en efectivo importantes sumas de dinero. También que habían operaciones con algunos clientes que ni siquiera tenían cuenta abierta en la entidad (Intercontinental Bank Uruguay, Novo Bank Trust, Inmobiliaria Dec. etc.), otros que no tenían registro de firmas (Grasnal Corporation, Fort New, etc.), o que no contaban con legajo de crédito (Eurokraft, Toronto Holding, etcétera)”.
Las sociedades depositantes, proveedoras de fondos de gran volatilidad, ni siquiera tenían legajo de antecedentes en el Banco República.
“La inspección del año 1996 (Expediente N 100.234/97) finalizó asignándole al República una calificación Camel 4 (insuficiente) lo cual determinaba que ese banco no podía efectuar préstamos a sus vinculados y que se le incrementaban las exigencias de capitales mínimos, además los inspectores solicitaron que le fuera aplicado un plan de saneamiento y regularización. Esa inspección finalizó el 4.4.97 pero los directivos del BCRA recién la notificaron el 7.7.98, o sea más de un año después, permitiendo que continuara con sus actividades ilícitas”, dice el informe.
En cuanto al Federal Bank Limited, otra pieza clave de la operatoria, un capítulo específico informa que “fue constituido en Bahamas, con domicilio legal en Bolam House, King & George Streets P.O. Box 4843 de Nassau, que tiene una sucursal en el Uruguay, cuya titularidad se le adjudica a Moneta. En el Bankers Almanac figura únicamente información sobre su domicilio (P.O. Box N-3026, Nassau, Bahamas - Tel: 1-242-356-9432 - Fax:1-242-356-9432) lo cual indica que no es verdaderamente un banco sino una fachada con sede en una dirección postal”.
Cuando se discutían detalles del escándalo IBM-Banco Nación, “Alicia López, funcionaria del BCRA a cargo del área de lavado de dinero, ante una pregunta del entonces diputado Horacio Viqueira respondió que no conocía el origen del Federal Bank a pesar que en el BCRA había un expediente abierto sobre el mismo cuando solicitó la apertura de una sucursal en la Argentina. En efecto, el 5.8.94 mediante presentación efectuada por Carlos Basílico como su representante el Federal Bank Limited pidió autorización para radicar una sucursal en la Argentina constituyendo domicilio legal en Marcelo T. de Alvear 684, piso 2, de Buenos Aires, perteneciente al estudio Basílico, dando origen al Expte. N 19.750/94 que culminó con la denegatoria del BCRA mediante la Resolución N 458 del 25.9.96 dada la cerrada oposición de los funcionarios de la línea que observaron que Bahamas no tiene un sistema de supervisión bancaria consolidado y por tratarse de un país en zona de riesgo para el lavado de dinero”.
Además Basílico “era representante de Moneta en el directorio del CEI, presidente de Citiconstrucciones (sociedad de Moneta) y presidente de Criolla (sociedad de Moneta que actúa como agente de bolsa con sede en Sarmiento 334 de la Ciudad de Buenos Aires, mismo domicilio del Citibank)”.
“Las sospechas de lavado de dinero de los inspectores fueron pasadas por alto por el directorio del BCRA, que permitió a Moneta y al Citibank seguir operando en esas condiciones”, acusan Carrió y Gutiérrez. Agregan que “otro aspecto cuestionado por los inspectores del BCRA fue que al 30.6.98 el pasivo del República era de u$s 444 millones y sus principales orígenes de fondos eran las líneas del exterior: u$s 132 millones, básicamente de sociedades constituidas en Bahamas que tenían como representante a Basílico”.
Según el texto, “otro aspecto objetado fue que el República venía dando pérdidas consecutivas con quebrantos de u$s 5,4 millones en 1994 y u$s 3,6 millones en 1995”, situación que se repetía en 1996 y en 1997, cuando la pérdida “fue licuada en parte con ingresos extraordinarios (alquileres cobrados al Citibank, honorarios, desafectación de previsiones, etc.), arrojando una pérdida final de u$s 0,3 millones”.
El Citibank merece un capítulo aparte por sus propios méritos. Es nutrido:
* “En el contrato IBM-Banco de la Nación Argentina se detectaron retornos de dinero a los funcionarios que autorizaron dicha contratación que eran pagados mediante contrataciones de IBM a empresas que facturaban servicios no prestados”.
* “Gran parte del dinero de esos pagos fue a parar al Citibank Nueva York y desde allí hacia el Citibank en Suiza, donde se depositaron en las cuentas denominadas: “Quidos”, “Flexi”, “Putter” y “Gateway”, abiertas por sociedades uruguayas que pertenecían a distintos funcionarios del gobierno argentino”.
* “CCR, una de las empresas subcontratadas por IBM para pagar los retornos a los funcionarios transfirió u$s 6 millones de su cuenta número 4287/1 a las siguientes cuentas: 1) u$s 3,5 millones a la cuenta 6523 HSR (denominada Filasa) del Bank Bruxelles Lambert de Ginebra, 2) u$s 1,5 millón a la cuenta 6523 HSR (denominada Abficus) de ese mismo banco, y 3) u$s 1 millón al Federal Bank de Bahamas, el banco off shore cuya titularidad se le atribuye a Moneta, a la cuenta “World Wide” de Gastón Figueroa Alcorta, asesor de Claudia Bello, Secretaria de la Función Pública de Menem”.
* “Compañía de Transportes Juncadella, una de las sociedades integrantes del holding mafioso de Alfredo Yabrán que está acusada por operaciones de lavado de dinero en Ciudad del Este, en 1988 fue transferida al Citibank que dos años después se la volvió a vender a Yabrán en 1990”. * “El general Antonio Domingo Bussi, uno de los principales represores de la dictadura militar, a raíz de una investigación del juez español Baltasar Garzón se descubrió que tenía sin declarar 16 propiedades, una cuenta bancaria en Suiza, otra en el Deutsch Sudamerikanische Bank de Alemania y otra en el Citibank de Nueva York a nombre de su esposa Josefina Bigolio de Bussi, y de su hijo mayor, Luis José”.
* “La financiera argentina Mercado Abierto de Aldo Ducler que lavaba dinero para el cártel colombiano de .Juárez. comprando propiedades en la Argentina lo hacía a través de cuentas en el Citibank”.
* “En la denuncia presentada el pasado 23.2.2000 por la Embajada de México en la Argentina se sostiene que el Cartel de Juárez ingresó en el circuito financiero argentino u$s 25 millones que fueron invertidos en la compra de propiedades en Mar del Plata por intermedio de los hermanos Di Tullio. Ese dinero entró por el Bank of America, en Estados Unidos, desde allí fue transferido por medio del Citibank a MA Bank en las islas Caimán y desde allí, a la financiera Mercado Abierto en Buenos Aires, que preside Ducler, quien fuera asesor de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Menem”.
* “El hallazgo se produjo en la denominada ‘Operación Casablanca’, cuando funcionarios de EEEEUU que se habían infiltrado para investigar maniobras de lavado de dinero por u$s 157 millones, llegaron hasta la cuenta que Mercado Abierto tenía en el Citibank de Nueva York, detectando transferencias desde México y desde California a la cuenta de Mercado Abierto en el Citibank de Nueva York”.
* “A María Julia Alsogaray, Secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Menem, se le detectó que en tres años había movido u$s 170 millones en paraísos fiscales por medio de cuentas del Citibank en Suiza y en las Islas Caymán”.
El trabajo termina con un apartado de conclusiones que se citará textualmente. Carrió y Gutiérrez lo escribieron como sigue:
“Las normas bancarias de prevención del lavado de dinero proveniente de operaciones ilegales se asientan en un principio básico: conozca a su cliente, que en el caso del Citibank de la Argentina y de Nueva York no se han cumplido, sino que por el contrario el Citibank ha facilitado operaciones de lavado de dinero por cifras exorbitantes en Argentina y EEUU desde y hacia paraísos fiscales, operando con el Federal Bank Ltd., una fachada bancaria establecida en Bahamas, y con el Banco República, un banco recientemente quebrado cuyos directivos están procesados penalmente.
La concluida administración de Menem ha sido la gestión de gobierno con mayor corrupción de la historia Argentina, en la cual él y muchos de sus allegados se encuentran involucrados en operaciones de drogas (su cuñada Amira Yoma transportaba valijas con dinero proveniente del narcotráfico), de venta ilegal de armamentos (hay varias causas penales abiertas por desvío de armamentos a países en guerra -.Croacia y Ecuador-. y Monzer Al Kassar, familiar de Menem, actuaba como gestor del gobierno) y de corrupción en la gestión pública (son muchos los funcionarios con causas penales . ministros, secretarios de estado, etc. . como también allegados y familiares a Menem).
Obviamente el dinero proveniente de esas actividades ilícitas debía tener un resguardo seguro, entidades financieras para las transacciones que no dejaran rastros y el consecuente reciclado hacia actividades y negocios lícitos.
En esta década un desconocido banquero . Raúl Moneta . muy allegado a Menem, de quién se ha publicado que participaba de reuniones ministeriales sin tener cargo alguno, tuvo un crecimiento económico exponencial que no encuentra justificación en actividades lícitas.
El banquero Moneta a través de su Banco República y de United Finance Company Ltd. (UFCO), una sociedad .off shore. constituida en Bahamas, llegaron a ser los principales accionistas del CEI Citicorp Holdings, un holding que controla empresas con activos superiores a u$s 5.000 millones,que en los últimos años invirtió alrededor de u$s 3.000 millones en medios de comunicación que apoyaban el inconstitucional intento de ser elegido por tercera vez de Menem.
El capital inicial de UFCO era de u$s 50.000 y en poco menos de diez años posee un patrimonio superior a $ 3.000 millones en la actualidad, que no se justifica y que evidentemente esa explosiva capitalización proviene de operaciones de lavado de dinero. En la misma situación se encuentra Adamson Inc. también constituida en las Islas Vírgenes Británicas contemporáneamente con UFCO.
El CEI fue una creación del Citibank en defensa de su tenencia de títulos de la deuda pública Argentina, que insólitamente invitó a integrar al banquero Moneta otorgándole un crédito para que integrara el 10% de su inicial participación accionaria.
El CEI, no obstante que cotiza en bolsa, tiene una cerrada composición societaria, menos del 5% de sus acciones están en la bolsa.
Inicialmente el CEI participó de las privatizaciones de las empresas públicas en la Argentina y últimamente fue desprendiéndose de esos activos para concentrase en los medios de comunicación.
Además de Moneta a través del República y de UFCO, su sociedad off shore, también eran accionistas del CEI otras empresas .off shore. constituidas en Bahamas, como ser: Burton & Goldman Finance Corp., International Investments Union Ltd., empresas constituidas en Bahamas que tenían como representante al estudio Basílico, además del Federal Bank, representado por Basílico, quién también fuera representante de Moneta en el CEI, socio en Citiconstrucciones y representante de UFCO.
Basílico también era representante de varias sociedades (Ludgate Investment Ltd., South Wark Asset Management Ltd., Lolland Stocks Ltd. y Scott & Chandler Ltd.) constituidas en Bahamas el mismo día, con números de inscripción correlativos y con domicilios coincidentes con el del Federal Bank, que efectuaron transacciones por cifras muy significativas en una cuenta del República en el Citibank de Nueva York, a través del Federal Bank, desde y hacia empresas de Moneta.
Esas transacciones en el Citibank de Nueva York, de alrededor de u$s 100 millones mensuales, fueron objetadas por los inspectores del Banco Central de la República Argentina que investigaron al ex Banco República como sospechosas de provenir de lavado de dinero, quienes reclamaron la aplicación de medidas a los directivos del Banco Central de la República Argentina quienes en lugar de investigar encubrieron a los responsables.
En estos años estimamos que el flujo de dinero transaccionado a través del Citibank de Nueva York, con el ex Banco República, el Federal Bank, las sociedades off shore de Bahamas y las empresas de Moneta, habría ascendido a mas de u$s 6.000 millones.
La relación de complicidad del Citibank de Argentina con el banquero Moneta también queda expuesta en muchos otros actos, como ser: el República financiaba a las empresas del Citibank a tasa de interés preferencial y viceversa para eludir las normas del BCRA que limitan la asistencia a los vinculados, con la misma finalidad en el República tenían cuenta única los principales directivos del Citibank, el República le alquilaba un inmueble a largo plazo para que el Citibank eludiera los límites sobre inmovilización de activos que establece el BCRA en una operación prohibida por la ley de entidades financieras de la Argentina y que encubría al Citibank verdadero propietario de ese inmueble.
Además el Citibank está involucrado en otros hechos ilícitos ocurridos recientemente en la Argentina, como ser: abrió una cuenta en Nueva York para recibir parte de los retornos del negociado IBM-Banco de la Nación Argentina que fueron transferidos a través del Federal Bank, sirvió de pantalla para que Yabrán apareciera vendiendo Compañía de Transportes Juncadella, abrió cuentas a nombre de los familiares del general Antonio Domingo Bussi en inversiones no declaradas, abrió cuentas a Mercado Abierto para recibir fondos del cartel de Juárez e intervino en lastransferencias de fondos de ese cártel de la droga invertidos en propiedades de la Argentina, abrió cuentas para operaciones en paraísos fiscales por u$s 170 millones de María Julia Alsogaray, ex Secretaria de Medio Ambiente de Menem, etcétera.
Dada la legislación existente en Estados Unidos que repr

El Senado norteamericano se apresta a celebrar en menos de una semana una audiencia especial sobre el misterioso Federal Bank, un fantasma del que aquí se cuentan todas sus señas particulares y sus modos de operar.

Carlos Fedrigotti, actual
presidente del Citibank.

El Federal Bank, uno de los vértices de las operaciones que por cifras pasmosas se realizaron en triangulación con el Banco República y el Citibank de Nueva York, era accionista del Citicorp Equity Investment (CEI), según surge del informe que los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez elevaron al subcomité que preside el senador demócrata Carl Levin. EI CEI, fondo inversor creado en torno del Citibank, fue tributario de las grandes privatizaciones del menemismo, convirtiéndose luego en uno de los mayores propietarios de medios de comunicación. A estas alturas, tanto en Washington como en Buenos Aires existe la certeza de que, aunque él persista en su negativa, el Federal Bank, cerrado el miércoles por decisión de las autoridades de Bahamas, pertenece a Raúl Juan Pedro Moneta.
El Federal Bank había funcionado, de acuerdo a la investigación, como introductor del dinero procedente de sociedades “opacas” , dinero que luego era girado a la cuenta que tenía a su nombre en el Citibank de Nueva York. Como débitos o en forma de créditos, ese dinero oscilaba en la sorprendente cifra de 100 millones de dólares mensuales. El Citibank N.Y., a su vez, recibía los fondos y los remitía al Banco República.
Las travesuras de Gastón
Las primeras menciones al Federal Bank son de vieja data. Se enlazan a la investigación abierta por las megacoimas del affaire IBM-Banco Nación, el proyecto de informatización que costaría al Estado 250 millones de dólares. La primera pista en la ruta de esas coimas la dio un millón de dólares detectado en la cuenta que una entidad desconocida y llamada Federal Bank tenía en el Citibank de Nueva York. El dinero había llegado allí procedente del Crédit Suisse.
En la reunión reservada que los diputados celebraron a mediados de 1998 y a la que asistieron los fiscales Carlos Cearras y Carlos Rivolo, así como la experta del BCRA en materia de lavado de dinero, la contadora Alicia López, los congresistas volvieron a insistir sobre el destino del millón. La cuenta del Federal Bank fue definida por Alicia López como “una cuenta de paso”. El cavallista Guillermo Francos planteó entonces al fiscal Cearras: “¿El Federal Bank es un banco off shore de Estados Unidos, es un banco que tenga un titular conocido? (...) Lo pregunto porque había algunas versiones que sostenían que el Federal Bank estaba vinculado a un banquero argentino, Moneta. Era el banco con el que operaba habitualmente el Banco República”. La enigmática cuenta era atribuida a Gastón Figueroa Alcorta, asesor de la ultramenemista Claudia Bello, secretaria de la Función Pública, el organismo que dio conformidad al Proyecto Centenario.
Para las mismas fechas en que la comisión “IBM II” comenzaba a arrimar el ascua a la sardina, los técnicos del Banco Central encargados de inspeccionar al Banco República daban señales de alarma por operaciones realizadas por la entidad con el Citibank de Nueva York y una media docena de off shores, registradas todas el mismo día en Uruguay, con números correlativos, en una misma dirección y con un mismo representante: el abogado Carlos Basílico, asesor de negocios de Moneta, integrante del directorio del CEI y miembro del estudio Basílico, Fernández Madero, Duggan. De esas off shores (Ludgate Investments, Southwark Asset Management, Lolland Stocks, Scott & Chandler) derivaban sus fondos al Federal Bank, constituido en Bahamas y con una casilla de correos compartida con el Mayflower International Bank Ltd, la off shore de otro banco que se hundiría en el desastre: el Mayo. El representante del Federal Bank era también Carlos Basílico. El múltiple doctor Basílico había solicitado en 1994 la autorización del Banco Central para abrir una sucursal del Federal Bank en Buenos Aires. La opinión de los empleados del Banco Central fue negativa: a su juicio, no ofrecía garantías el origen incontrolable de la entidad, ubicado en un paraíso fiscal.
Cuando Fedrigotti olvidó
En abril de 1999 los técnicos del Banco Central se dirigieron al Citibank de la Argentina para que se les informara quiénes eran los titulares de ese importante y fantasmagórico Federal Bank. La nota fue respondida por el presidente del Citi, Carlos Fedrigotti, quien no vaciló en sostener que desconocía la identidad de los titulares del Federal e indicó que, en todo caso, debían remitirse al Citibank de Nueva York, que era quien tenía al Federal como banco corresponsal. Un tiempo más tarde, y al calor de las noticias que indicaban que el senado americano amenazaba con tomar cartas en el asunto, Fedrigotti recordó y admitió poseer los datos requeridos.
No resulta descabellado pensar que el presidente del Citibank de la Argentina ignorara quiénes eran los representantes de una entidad que operaba con el Citibank de Nueva York. Tiene poco sustento, en cambio, que Fedrigotti desconociera quiénes eran sus socios en grandes emprendimientos, un dato sobre el que los manuales de las empresas de origen estadounidense suelen ser más que puntillosos. Y tanto el Citibank NA como el Federal Bank eran accionistas del CEI.
En el inicio de su aventura criolla, el CEI-Citicorp Holdings contó con un inversionista mayoritario: el Citibank. Con un 61,87 por ciento de las acciones, había colocado a su hombre, Richard Handley, en la presidencia. La normativa de los Estados Unidos, que impone un tope a las actividades extrabancarias de las entidades financieras, obligó al Citibank a una retirada ordenada. Hasta entonces, el grupo Moneta –con el que el Citi tenía estrechos vínculos, al punto de ser Handley un importante depositante del Banco República– participaba en el CEI con un 10 por ciento. Las restricciones de la Reserva Federal forzaron a un enroque: el grupo Moneta se convirtió en accionista principal (con un 40 por ciento) y Moneta se acomodó en el sillón que dejaba su amigo del Colegio Saint George. La lista de importantes accionistas se completaba con Telefónica de Argentina, el grupo Werthein, UFCO (constituido en las Islas Vírgenes), The CEI Trust, International Investments Union y el Federal Bank.

ESTE ES EL TEXTO COMPLETO DEL DOCUMENTO QUE LOS DIPUTADOS ELISA CARRIO Y GUSTAVO GUTIERREZ PRESENTARAN ANTE EL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS:

Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, congresistas nacionales de la República Argentina, en uso de nuestras atribuciones y en función de la legislación de los EEUU que reprime las prácticas delictivas en otros países y las operaciones de lavado de dinero, venimos a poner en vuestro conocimiento las operaciones realizadas por el Citibank NA en la Argentina en asocio con el banquero Raúl Moneta y con la complicidad del Banco Central de la República Argentina.

Introducción

Cuando Carlos Menem asumió la presidencia de la Argentina le ofreció el Ministerio de Economía al grupo económico Bunge y Born, presidido por Octavio Caraballo, estrechamente vinculado con el banquero Moneta, titular del Banco República SA, y también con Heriberto Ricardo Handley, presidente del Citicorp en América Latina. Caraballo, Moneta y Handley habían sido compañeros de colegio en el San Jorge.
Bunge y Born hizo designar a Néstor Rapanelli (vicepresidente ejecutivo de ese grupo) como Ministro de Economía.
A poco de asumir Rapanelli fue procesado en Venezuela por fraude al estado y contrabando. El Juez Guillermo La Riva López pidió su captura internacional al detectar que la firma Granmoven (Grandes Molinos de Venezuela), del grupo Bunge y Born, importaba trigo de baja calidad a Bunge Corporation a precios muchos más altos que el internacional valiéndose del dólar preferencial que le daba el estado.
La relación de Moneta y Handley con Rapanelli les permitió que Javier González Fraga y Alberto Petracchi, ambos directores del Banco República, fueran designados respectivamente presidente y director del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
González Fraga era director del Banco República y de Federalia SA (empresas de Moneta) y Petracchi una persona de su entorno íntimo (socios en la estancia Los Gatos SA y en La Tortuguense SA, síndico de Corporación de los Andes SA, Maypa SA, Federalia SA, Monfina SA, sociedades de Moneta, y apoderado de Mora de Luna SA, sociedad utilizada por Moneta y Menem en operaciones ilegales).
González Fraga primeramente autorizó que el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) instalara una filial en la Argentina y después que construyera el hotel Hyatt con capitalización de deuda externa, que sobre una inversión total de u$s 37,5 millones solamente u$s 11 millones fueron inversión genuina y el resto se favorecieron pagando con títulos de la deuda pública argentina que el BCCI compró al 20% del valor reconocido por el BCRA.
La consultora Alpha SA de González Fraga hizo el proyecto de inversión para Hotel Corporation of Argentina SA, sociedad que construyó el Hyatt presidida por Gaith Pharaon en la que intervenía como socio financiero el BCCI, del cual era su principal accionista.
El BCCI fue suspendido por el BCRA mucho tiempo después que fuera intervenido en el resto del mundo al descubrirse que lavaba dinero proveniente del narcotráfico y de la venta ilegal de armas, y los inspectores del BCRA detectaron que hacía operaciones de lavado de dinero otorgando créditos a pérdida a sus clientes, como ser: Alpargatas, Massuh, a la privatizada empresa pública Petroquímica General Mosconi, y a las empresas de Jorge Antonio Chividian un empresario vinculado con Menem.
Las empresas de Jorge Antonio que operaban con el BCCI eran Antonio D. Antonio Pesquera SA y Estrella de Mar SA que no cancelaban sus deudas, sin embargo el BCCI las asistía profusamente. La empresa Estrella de Mar estuvo involucrada en la "Operación Langostino" la mayor incautación de droga producida hasta ese momento en la Argentina.
En el BCCI también tenían cuenta los traficantes Monzer Al Kassar y Rahaman El Assir, cuñado de Adnan Kashoghi, intervinientes en las ventas ilegales de armas que realizó Argentina a varios países durante la presidencia de Menem.
Jonathan Wilner, asesor del subcomité de Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales del Senado de EEUU y uno de los expertos que analizó la documentación secuestrada al BCCI, dijo: "hay dos hechos comprobados: la relación de Al Kassar con el BCCI y la venta de aviones Mirage-Dagger a la Fuerza Aérea Argentina por valor de u$s 10 millones".
Ghaith Pharaon colaboró financieramente con la campaña presidencial de Carlos Menem, conforme surge de la investigación que presentó Martin Andersen, del equipo del Senador Alan Cranston, al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los EE.UU..
La Jueza Servini de Cubría abrió una causa penal en el año 1991 por las operaciones del BCCI en la Argentina, sin embargo a pesar del tiempo transcurrido aún no ha producido resultado alguno. La justicia de EEUU y Francia le envió copias de fax en los que Alberto Kohan, Secretario General de la Presidencia de Menem, invitaba a Pharaon a participar en las privatizaciones que se harían en la Argentina.
El 14.10.91, meses después que Ghaith Pharaon fuera acusado en EEUU por lavado de dinero con el BCCI, su hijo Laith Pharaon obtuvo una visa de entradas múltiples en el Consulado Argentino en París, indicando en su solicitud que su referencia en la Argentina era Kohan.
El BCCI, intervenido en EE.UU. por lavado de dinero, era un banco radicado en Luxemburgo que usaba los paraísos fiscales de Suiza, Panamá, las islas Gran Caymán y Cook para ingresar en el sistema financiero mundial dinero del narcotráfico y de la venta ilegal de armas - se radicó en la Argentina comprando la financiera Finamérica SA propiedad de la familia Gotelli, en cuyo directorio estaba Carlos Alberto Carballo.
Carballo también estaba estrechamente vinculado a Handley y Moneta (era director del Banco República y están asociados en Heyatey SA) por cuya influencia fue designado Viceministro de Economía de Erman González por el presidente Menem, a pesar que le habían dictado prisión preventiva en 1989 acusado por defraudación reiterada en contra del BCRA mientras estuvo al frente del Banco de Italia y que había sido embargado por la justicia Argentina en u$s 30 millones cuando se produjo la caída de ese banco.
En el Banco de Italia uno de los principales accionistas y directores eran la familia Gotelli, titulares de la empresa Alpargatas, sospechada en operaciones de lavado de dinero con el BCCI y con el Banco República.
En 1992 un grupo de legisladores de la Argentina solicitaron informes al Poder Ejecutivo Nacional por un viaje realizado por Carlos Menem, su hermano Eduardo Menem --en esa época presidente del Senado-- Gaith Pharaon y Kohan, en el avión de N 123-DR Delta Romeo de propiedad de Ricardo Gotelli.
El BCCI de la Argentina tuvo como vicepresidente a Mohammad Shahid Murtaza, que había sido director del Banco Mercantil de Colombia, un banco que fue cerrado por lavar dinero del tráfico de cocaína, y que se transformó en la sucursal colombiana del BCCI continuando con la misma operatoria.
Otro de los directivos del BCCI en la Argentina era Hugo Raimundo Carcavallo, que había sido directivo del Banco Ambrosiano de América del Sur y síndico del Banco de Italia, entidad que compró las acciones del Banco Ambrosiano.
Alwalid Ben Talal Al Saud, príncipe saudita y principal accionista del Citibank, era uno de los principales accionistas del BCCI y eludió las acciones judiciales por la caída de ese banco abonando una multa de aproximadamente u$s 120 millones.
En 1999 los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaron que los argentinos tenían entre 90.000 y 100.000 millones de dólares en el exterior, cifra levemente menor a la deuda externa y superior a los depósitos del sistema financiero argentino, cuatro veces mayor que las reservas del BCRA.
El FMI considera centros extraterritoriales amparados en un secreto bancario sin contralor de sus bancos centrales y favorables al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la venta ilegal de armas y la evasión fiscal a: Bahamas, Baharain, Islas Caymán, Hong Kong, Antillas Holandesas, Panamá y Singapur, lugares desde donde operaban fuertemente sociedades vinculadas con Moneta y con el Citibank.
En Argentina el lavado de dinero proveniente de la droga está penalizado desde hace más de 10 años, pero jamás se registró una condena.
Al inicio de la gestión del presidente Menem (año 1991) el Citibank NA se encontraba en una difícil situación económico-financiera, era el principal acreedor de la Argentina, cuyos títulos de deuda pública emitidos en dólares se cotizaban al 14% de su valor nominal.
Menem designó Ministro de Obras Públicas a Roberto Dromi, en la actualidad abogado de Moneta, quien inició un plan de privatizaciones de las empresas públicas permitiendo que los oferentes pudieran pagar entregando los títulos de deuda pública al 100% de su valor nominal.
De esta forma los activos del Citibank se revaluaron fuertemente, permitiendo solidificar su situación y la de su presidente John Reed, también presidente del Citicorp Group.
No obstante ello el Citibank no se desprendió de sus títulos, sino que participó activamente de las privatizaciones, primeramente adquiriendo las acciones que le permitieron tomar el control de Celulosa Argentina y luego creando el consorcio Citicorp Equity Investments (CEI) en el año 1992, que luego cambió de denominación por CEI Citicorp Holdings S.A.
El Citibank participaba en el CEI con el 61,87% a través de una sociedad que creó a esos efectos (International Equity Investments Inc.) y Moneta lo hacía a través de una sociedad que creó a esos efectos, que denominó United Finance Company Ltd. (UFCO).
UFCO fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 16.6.92 fijando domicilio en Road Town, Pasea Estate, P.O. Box 3149, Tórtola, con un capital social de u$s 50.000 en acciones al portador. O sea que se constituyó escondiendo a los titulares de las acciones y fijando como domicilio una casilla de correo.
Los directores de UFCO, Luis A. Davies, Pamela Hill y Silvia Clarcke, designaron apoderados a Carlos Alberto Basílico y a sus asociados en el estudio: Jaime Fernández Madero, Bernardo Enrique Duggan, Maximiliano Rodríguez Consoli, Marcelo Gobbi, Roxana María Kahale, Griselda Lambertini, Alejandro Pinedo, María Alejandra Santurio y Jorge Jabib Bulleraich.
Cuando se constituyó el CEI, UFCO realizó su aporte societario (10%) mediante un crédito que le otorgó el Citibank. Handley que era presidente del Citibank en América Latina dejó ese importante cargo para tomar la presidencia del CEI.
En esa época UFCO no daba a conocer sus verdaderos accionistas, hasta que el periódico Página/12 revelara que UFCO era propiedad de Moneta, momento en el cual éste reconoció su participación y la inscribió como sociedad extranjera. El 17.6.93 UFCO quedó registrada en la Inspección de Justicia como Sociedad Extranjera en el Legajo N° 1570012, constituyendo domicilio legal en la Argentina en Marcelo T. de Alvear 684, piso 2, que pertenece al estudio Basílico.
Demostrativo de las relaciones cruzadas entre Moneta y el Citibank es que American Exchange (una sociedad off shore de Moneta sin capital) tuviera importantes descubiertos en el Citibank de Nueva York (por hasta u$s 13 millones), según denunció el periódico "Página 12" el 12/4/98, adonde se dijo que American Exchange había sido constituida en el Uruguay, fijando como sede la casa de Benito Jaime Lucini (presidente del Banco República) y que figuraban como depositantes de sumas millonarias el casero de Lucini y su cocinera.
El CEI hizo sus primeras inversiones en las privatizaciones (Telefónica de Argentina, Altos Hornos de Zapla, Transportadora Gas del Sur, Hotel Llao Llao, Celulosa Puerto Piray, Papelera Alto Paraná, Frigorífico Rioplatense, etc.) y luego, cuando Menem puso en marcha su reelección se volcó hacia los medios de comunicación, adquiriendo participaciones en Telefé, Canal 9, grupo América, Editorial Atlántida, Cablevisión, Torneos y Competencias (TyC), Televisión Satelital Codificada (TSC), radio La Red, radio Continental, FM Hit, etc., con una inversión superior a u$s 3.000 millones.
Inicialmente el Citibank poseía más del 60% de las acciones del CEI, pero luego inexplicablemente fue cediendo su participación a favor de Moneta, quién pasó a presidir el CEI hasta el momento en que se profugó cuando el Juez Luis Leiva en Junio de 1999 dictó su prisión preventiva por la caída de los bancos Mendoza y República, que él administraba.

La participación de Moneta en el CEI fue siempre un misterio para el BCRA, ocultada para eludir las normas que limitaban los préstamos a los vinculados (hasta el 2,5% de la Responsabilidad Patrimonial Computable a cada uno y hasta el 20% para el conjunto de los vinculados), como también las normas que limitaban el "fraccionamiento del riesgo crediticio" a los prestatarios (hasta el 15% de la RPC) considerado por cada "grupo económico".
Como las financiaciones del Banco República al CEI superaban esos límites, los eludieron informando falsamente que el grupo Moneta tenía una participación del 4,27% en el referido holding, siendo que conforme detectaron los inspectores del BCRA en el año 1997 la participación era del 35%. En el periódico Página/12 del 5.5.99 Moneta reconoció que República Holdings (ex UFCO) con Banco República tenían el 36% del CEI.
Como accionistas del CEI aparecen las siguientes sociedades constituidas en zonas de riesgo de lavado de dinero:
United Finance Company Ltd. (UFCO), con domicilio en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes, representada por Carlos Basílico o por Jorge Bulleraich del estudio Basílico.
Federal Bank Ltd., con domicilio en Shirley Street 83, Nassau, Bahamas, representada por Carlos Basílico.
Burton & Goldman Finance Corp. con domicilio en Butterfly Hose 705, Grand Cayman, representada por Alejandra Santurio del estudio Basílico.
The CEI Trust, con domicilio en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes (mismo domicilio de UFCO).
International Investments Union Ltd. con domicilio en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes (mismo domicilio de UFCO), representado por Roxana Khale o por Jorge Bulleraich del estudio Basílico.
La inversión del República en el CEI se operó de la siguiente forma: el 26.6.92 compró acciones por un monto que representaba el 61,40% de su RPC a través de la firma Burton and Goldman, una sociedad constituida en la isla Gran Cayman cuyo representante era Basílico.
Luego el 30.7.93 el República vendió esas acciones a UFCO que aparece abonando el 10% de la operación al contado y por el saldo le otorgó un préstamo de u$s 25,2 millones, operación realizada para eludir las normas del BCRA en materia de participación en sociedades vinculadas.
Las normas bancarias limitan la participación de los bancos en otras sociedades hasta el 15% de su Responsabilidad Patrimonial Computable (Comunicación A-2140) no obstante ello el directorio del BCRA autorizó que el República las infringiera con su participación en el CEI, en República Propiedades, en República Compañía de Inversiones, en Citiconstrucciones y en MRM Investment.
República Propiedades, Citiconstrucciones y República Compañía de Inversiones eran sociedades de Moneta que construyeron el edificio República, alquilado al CEI y al resto de los socios de ese holding.
Ese edificio, construido a un costo de u$s 38 millones, fue transferido al Banco República y luego vendido a República Cía. de Inversiones en u$s 98 millones, en una típica operación de lavado de dinero.

El República era un banco muy particular, tenía una sola filial con muy pocos depositantes por cifras significativas (los diez primeros depositantes representaban el 33% de las imposiciones) cuyo principal origen eran sociedades "off shore" constituidas en zonas de riesgo de lavado de dinero.
Este banco que durante la crisis bancaria producida por la devaluación en Méjico del año 1995 había perdido el 57% de sus depósitos y tuvo que ser asistido por el BCRA mediante redescuentos (venta de cartera de préstamos), no obstante ello el BCRA permitió que la Provincia de Mendoza le adjudicara sus dos bancos oficiales privatizados (Banco de Mendoza SA y Banco de Previsión Social SA) luego que dicho estado provincial los saneara haciéndose cargo de sus deudas por u$s 841 millones y detrayendo la cartera de créditos en mora.
Dichos bancos, luego fusionados en una sola entidad (Banco Mendoza), fueron utilizados por Moneta para financiar al Banco República, al Citibank y a sus empresas mediante préstamos a tasa de interés preferencial o directamente sin interés, produciendo un virtual vaciamiento de los mismos que provocó su caída ocurrida el 8.4.99 cuando el Mendoza y el República tuvieron que cerrar sus puertas al verse imposibilitados de devolver sus depósitos a los ahorristas, abriéndose una causa penal en la cual Moneta y los demás integrantes del directorio se dieron a la fuga cuando el Juez Luis Leiva dictó su prisión preventiva.
Los fondos del Mendoza eran desviados al República y desde allí fueron canalizados hacia el CEI, a las empresas del Citibank y de Moneta en condiciones desfavorables, posibilitando las inversiones en medios de comunicación por más de u$s 3.000 millones y que Moneta aumentara su participación en el CEI del 10% inicial a casi el 40% que llegó a tener en el año 1998.
Desde 1996 los inspectores del BCRA (Inspección N° 100.234/97) venían observando que el República financiaba por montos significativos, en condiciones más favorables que al resto de su cartera y sin garantías a Handley (ex presidente del Citibank y presidente del CEI) y sus empresas (Riczi SA), a Dionisio Martín (vicepresidente del Citibank), a las empresas del Citibank (Celulosa Argentina SA, Tissucel SA, Cartonex SA), al CEI, a las empresas del CEI (Alto Paraná SA), a directores del CEI (Ruete Aguirre), a las empresas del grupo Werthein (Los W SA, Gregorio Numo y Noel Werthein, Finca Flichman SA) también socios en el CEI, a las empresas de Moneta (UFCO Ltd., República Compañía de Inversiones SA, Corporación de los Andes SA, Cabaña Los Gatos SA, República Valores SA, Luján Genética SA, Los Cuatro Vientos SA), a las empresas del grupo Bunge y Born (Atanor SA, Molinos Río de la Plata SA); a las empresas de su director Alejandro Favelevic (Gotuzzo SA, Blasen SA, Santa Andrea SA). Otro tanto ocurría con el Banco Mendoza.
Esos préstamos superaban los límites de asistencia crediticia impuestos por la Comunicación A-2109 del BCRA de hasta el 15% de la RPC de los prestatarios.
Los inspectores del BCRA objetaron las asistencias del República al Citibank de la siguiente forma: "... la asistencia otorgada al grupo económico Citibank NA Argentina/Citibank NA excedía los límites establecidos normativamente ..." y también dijeron que "El grado de colaboración para con la inspección mereció distinto tratamiento según el tipo de información solicitada. En consecuencia, por ejemplo todo lo relacionado con el Federal Bank Limited, República Propiedades SA, CEI Citicorps Holdings SA, entre otros, debió ser reiterado en sucesivas oportunidades, ya sea a través de memorandos o bien directamente a los funcionarios en las diversas reuniones mantenidas durante la inspección y a posteriori de la misma. Por otra parte, cabe destacar que la información suministrada en dichos casos, resultó contradictoria o bien dada en forma retaceada y a medida que era expresamente reclamada".
El República operaba con el Citibank en forma cruzada, financiando a sus empresas vinculadas y recibiendo préstamos del Citibank las empresas de Moneta, para eludir mutuamente los límites de préstamos a los vinculados que imponían las normas del BCRA (Comunicación A-2373) que permitían prestar hasta el 2,5% de la RPC del banco a cada empresa y hasta el 20% de la RPC al conjunto de las empresas vinculadas.
Las asistencias crediticias del República al Citibank y sus empresas vinculadas, al CEI y a las empresas de Moneta generaron cargos (multas) por cifras superiores a los u$s 70 millones que fueron irregularmente condonados por los directivos del BCRA.
Los inspectores del BCRA habían observado que el República en el ejercicio 1994 tuvo una pérdida de u$s 5,4 millones y que el ejercicio 1996 tenía una utilidad de u$s 0,5 millones, pero que la misma provenía de haber contabilizado una ficticia ganancia de u$s 16,4 millones por la venta del edificio República a República Propiedades, de haber contabilizado una ficticia comisión cobrada al Federal Bank Ltd. por la administración de la cuenta Euroclear y que en dicho ejercicio "... el resultado operativo (u$s 14,1 millones) no alcanzaba a cubrir el total de los gastos administrativos (u$s 17,2 millones), debiendo destacar la significatividad que revisten en dicho componente las remuneraciones, cargas sociales, honorarios a directores y servicios administrativos contratados, los que alcanzan a un 72% del total ...".
Sobre la cuenta Euroclear dijeron: "... del análisis efectuado entre el servicio prestado - según el banco - y el monto cobrado surge que el mismo no guarda relación con la modalidad operativa aplicada al resto de los clientes ... debe señalarse que de lo informado por el banco no se acompañó documentación respaldatoria ... ". En el año 1995 el República le había facturado comisiones al Federal Bank en ese concepto por u$s 1,3 millones.
También observaron en el rubro utilidades diversas "... los alquileres cobrados por el inmueble cito en la calle Florida 183 por u$s 1,6 millones, operación ésta que por su continuidad revestiría la calidad de operación prohibida", de manera que "... de no considerar las pérdidas por participaciones permanentes en el CEI (u$s 3,9 millones), los alquileres cobrados al Citibank por el inmueble alquilado (u$s 1,6 millones) y la ganancia por el resultado de la venta del edificio República (neto u$s 15,8 millones) el estado de resultados arrojaría una pérdida al 30.11.96 de u$s 7,3 millones)".
En el ejercicio 1996 otro de los ingresos cuestionados por los inspectores del BCRA fueron "Honorarios Financiamiento y Estudios de Inversión" por u$s 2 millones facturados a Telefónica de Argentina SA (controlada por el CEI) en concepto de "Estudios de Telecomunicaciones en América", en una típica operación de lavado de dinero tendiente a absorber las pérdidas del República.
Otra clara demostración de la connivencia que había entre el Citibank y Moneta fue la realización de un contrato de alquiler a 10 años del República al Citibank sobre un edificio ubicado en calle Florida 183 de Buenos Aires, operación prohibida por el art. 28 de la ley de entidades financieras, realizada para que el Citibank eludiera las normas del BCRA en materia de activos inmovilizados.
Dicho contrato de alquiler fue observado por los inspectores del BCRA que expusieron: "La entidad - Banco República - ha celebrado con el Citibank NA un contrato de alquiler por el inmueble sito en calle Florida 183 por un plazo de 10 años. Atento la continuidad de dicha operatoria la misma revestiría la calidad de operación prohibida de acuerdo con lo establecido en el art. 28 inc. a) de la ley 21.526".
Al edificio de Florida 183 relata que concurrió el periodista Víctor Ego Ducrot, en su libro "El color del dinero", lugar adonde el Citibank tiene sus oficinas "Priority Banking", haciéndose pasar por un empresario interesado por sacar dinero al exterior producto de la evasión fiscal y en reingresarlo blanqueado a través de una empresa "off shore". Allí le ofrecieron abrirle una cuenta en el Citibank Nueva York o en el Citibank Miami y la constitución de una sociedad en plazas "off shore" como las Islas Caymán o Antigua, siempre y cuando el movimiento fuera superior a u$s 3 millones.
Al 30.11.96 los principales deudores del Banco República eran:
República Inversiones (empresa de Moneta) primer deudor con u$s 95 millones.
CEI segundo deudor con u$s 44 millones y no era informado al BCRA como vinculado.
Corporación de los Andes con u$s 5 millones, Cabaña Los Gatos con u$s 4 millones, República Valores con u$s 4 millones, Los Cuatro Vientos con u$s 0,1 millón (empresas de Moneta).
Los W con u$s 8 millones, Gregorio Numo y Noel Werthein con u$s 5 millones, Finca Flichman con u$s 2,5 millones (empresas del grupo Werthein, socio del CEI) no informados como vinculados.
Alto Paraná (empresa del CEI) con u$s 2,6 millones.
Celulosa Argentina con u$s 2,3 millones, Tissucel con u$s 0,7 millones, Cartonex con u$s 0,4 millones (empresas del Citibank) no informadas como vinculados.
Heriberto Ricardo Handley (presidente del CEI) con u$s 0,4 millones, no informado como vinculado.
Martín Ruete Aguirre (director del CEI) con u$s 0,2 millones, no informado como vinculado.
Dionisio Martín (vicepresidente del Citibank) con u$s 0,2 millones.
Todos esos créditos fueron otorgados sin garantías. En cuanto a los directivos del Citibank eran asistidos financieramente únicamente por el República, obviamente para eludir los límites de créditos a los vinculados.
Al momento de la última inspección (30/6/98) los principales deudores del República eran:
República Cía. de Inversiones (sociedad de Moneta) con u$s 82,5 millones
CEI con u$s 49,8 millones.
Torneos y Competencias (empresa del CEI) con u$s 1,9 millones; Theme Bar Management S.A. (filial de TyC) con u$s 8 millones.
Los W con u$s 8 millones y Gregorio Numo y Noel Werthein con u$s 4 millones (ambas empresas del grupo Werthein, socios del CEI).
Frigorífico Rioplatense (empresa del CEI) con u$s 2 millones.
Barrio San Andrés (empresa de Handley, vicepresidente del CEI) con u$s 0,8 millones.
Celulosa Argentina (empresa controlada por el Citibank) con u$s 0,8 millones.
Tissucel (empresa controlada por el Citibank) con u$s 0,3 millones.
Esos préstamos superaban largamente los límites fijados por el BCRA: hasta el 2,5% individual y 20% en conjunto a los vinculados (Comunicación A-2373), y hasta el 15% a cada grupo económico (Comunicación A-2109), de ahí que Moneta con la complicidad del CEI falseara la información de los vinculados al República y de los grupos económicos.

Abel Reynoso, ex agente de la "Drug Enforcement Administration" (DEA) con funciones en la Argentina, que investigaba una red que lavó u$s 1.300 millones en sobornos por privatizaciones, venta ilegal de armas y tráfico de drogas, recientemente formuló declaraciones a la revista Noticias (edición del 6.5.2000) donde dijo "... En el cono sur la Argentina es un centro de lavado tan importante como Panamá ... por eso hubo tantas resistencias para aprobar una ley antilavado ... detrás del lavado hay bancos de primera línea que están haciendo dinero, amigos del sistema político y diplomático ... era evidente que Pharaon tenía amigos en el gobierno y recibía protección ... en la Argentina no sólo se lava dinero del narcotráfico, sino también del tráfico de armas, de oro y de otras cosas ... y hay protección a distintos niveles ... tenía conocimiento de una gran operación de lavado, pero la investigación no prosperó porque tuve que irme antes, involucraba todo, drogas, armas, oro, sobornos".
Los inspectores del BCRA venían cuestionando desde el año 1996 las operaciones realizadas por el República con empresas y bancos constituidos en Bahamas (Federal Bank Limited) como altamente sospechosas del lavado de dinero (Expediente de Inspección N° 100.234/97).
También observaron que '... el principal origen de fondos del Banco República son líneas de crédito locales e internacionales, las operaciones de pase y los préstamos interfinancieros, el monto de las líneas acordadas asciende a u$s 322 millones'.
En lo que respecta a las operaciones de comercio exterior expusieron los inspectores que '... los requerimientos de fondos a los corresponsales no coincidían con el destino que finalmente le daban a tales financiaciones, no cumpliendo en consecuencia con los términos de los télex - tanto en cuanto al destinatario final como al tipo de operación - por los cuales se habían solicitado. De la muestra analizada surgió que los fondos del exterior son aplicados no solo a líneas de comercio exterior sino también a préstamos financieros y a la adquisición de títulos públicos de acuerdo con la información suministrada a este Banco Central. Este proceder no se corresponde con prácticas habituales en la operatoria con entidades del exterior e implica un riesgo no sólo para el banco, sino para los restantes integrantes del sistema financiero y para el país en general".
Los inspectores del BCRA verificaron numerosas operaciones de compra-venta de moneda extranjera por mostrador por sumas superiores a u$s 50.000 sin asentar los datos de las personas que la realizaron en infracción a las normas del BCRA, como también que el banco figuraba cobrando y pagando en efectivo importantes sumas de dinero. También que habían operaciones con algunos clientes que ni siquiera tenían cuenta abierta en la entidad (Intercontinental Bank Uruguay, Novo Bank Trust, Inmobiliaria Dec. etc.), otros que no tenían registro de firmas (Grasnal Corporation, Fort New, etc.), o que no contaban con legajo de crédito (Eurokraft, Toronto Holding, etc.).
Además observaron que "Durante el año 1997 y especialmente desde el 1.10.97 al 19.11.97 los depósitos disminuyeron u$s 51 millones (26%). Asimismo se verificó cierta volatilidad en el tipo de imposición, especialmente en caja de ahorros de residentes del exterior. Los movimientos significativos - hasta u$s 39 millones - fueron realizados por Ludgate Investment Ltd., South Wark Asset Management Ltd., Lolland Stocks Ltd. y Scott & Chandler Ltd., todas empresas de Bahamas, constituidas el mismo día (18.3.97), número de inscripción correlativo, contando con el mismo representante (Basílico) e idéntico domicilio, el que coincide con el del Federal Bank Ltd. en el Uruguay. La permanencia de los fondos en esas cajas de ahorros son temporarias, verificándose que los mismos provienen y fluyen hacia el Federal Bank".
Esas sociedades depositantes ni siquiera tenían legajo de antecedentes en el Banco República.
La inspección del año 1996 (Expediente N° 100.234/97) finalizó asignándole al República una calificación Camel 4 (insuficiente) lo cual determinaba que ese banco no podía efectuar préstamos a sus vinculados y que se le incrementaban las exigencias de capitales mínimos, además los inspectores solicitaron que le fuera aplicado un plan de saneamiento y regularización. Esa inspección finalizó el 4.4.97 pero los directivos del BCRA recién la notificaron el 7.7.98, o sea más de un año después, permitiendo que continuara con sus actividades ilícitas.
A los resultados de la inspección el República recién presentó su defensa el 1.9.98, pero sin dar ninguna explicación respecto a las cuestionadas operaciones con el Citibank, el CEI, el Federal Bank, las empresas de Bahamas, razón por la cual los inspectores solicitaron mediante el Informe N° 541/316/98 que se pidiera información sobre el Federal Bank y las empresas del exterior que operaban con el República a los Bancos Centrales de Bahamas y Uruguay. Dichos pedidos de informes no fueron concretados por los directivos del BCRA.
Otro aspecto cuestionado por los inspectores del BCRA fueron las operaciones de cambio con el Citibank, observando que realizaban operaciones dc compra-venta de moneda extranjera bajo modalidades que implicaron que el República se financiara mediante modalidades no transparentes que encubrían préstamos interfinancieros.
En United Finance Company Ltd. (UFCO), sociedad de Moneta constituida en 1992 en las Islas Vírgenes Británicas con un capital de u$s 50.000 que en 1998 le cambió de nombre por República Holdings Ltd. luego de varias publicaciones periodísticas informando sobre operaciones de lavado de dinero en asocio con el Citibank y con el CEI, que al 31.12.96 tenía un patrimonio neto de u$s 278 millones y resultados no asignados por u$s 121 millones, los inspectores del BCRA observaron que una sociedad de tan escaso capital inicial "... habría ganado este monto más los dividendos distribuidos desde su creación ..." como también que al 31.12.97 "esa compañía poseía 126.497.807 acciones del CEI valuadas a mercado en u$s 505 millones" y que a esa fecha "tenía tomado préstamos del Federal Bank por 6.094.120 acciones de Telefónica de Argentina y 1.000.000 de Telecom Argentina Stet" como también que al 31.12.97 "la compañía pagó un dividendo de u$s 120 millones a Adamson Inc. Mediante la entrega del 100% de las acciones de Heywood Management Co. Ltd., esta última formada en el año 1997".
Los inspectores también observaron a Adamson Inc., constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 16.5.90, que al 31.12.96 tenía un patrimonio neto de u$s 340 millones y resultados no asignados por u$s 332 millones "surgiendo que había ganado este monto más los dividendos distribuidos desde su creación" como también que "el 29.12.97 distribuyó dividendos por u$s 301 millones mediante transferencia de acciones representativas del 100% de UFCO a Benito Jaime Lucini: 28,57%, Raúl Juan Pedro Moneta: 28,57%, Monfina SA: 28,57%, International Investments Union Ltd.: 14,28%, surgiendo que a esa fecha los accionistas de Adamson Inc. eran los mencionados con tales porcentajes de participación".
Lucini, Moneta y Monfina (sociedad de Moneta) poseían el 99% de las acciones del República. International Investments Union Ltd. es otra sociedad constituida en las Islas Vírgenes, con domicilio en Road Town, Tórtola (mismo domicilio de UFCO), cuyo representante era Basílico.

El Federal Bank Limited fue constituido en Bahamas, con domicilio legal en Bolam House, King & George Streets P.O. Box 4843 de Nassau, que tiene una sucursal en el Uruguay, cuya titularidad se le adjudica a Moneta.
En el Bankers Almanac figura únicamente información sobre su domicilio (P.O. Box N-3026, Nassau, Bahamas - Tel: 1-242-356-9432 - Fax: 1-242-356-9432) lo cual indica que no es verdaderamente un banco sino una fachada con sede en una dirección postal.
Esto se confirma en la agenda "Banks & Trust Companies in The Bahamas" adonde el Federal Bank figura con domicilio en P.O. Box N1262 de Nassau, que comparte con: Century Bank & Trust Ltd. y ITB Bank Corp. Ltd. (ambos bancos con licencias revocadas) y también con: The First Newland Bank Ltd., Greenefield Int'l Bank Ltd., Incobank & Trust Ltd., New Hemisphere Capital Bank Ltd. y Votorantim Bank Ltd. (todos ellos con el mismo número de teléfono que el Federal Bank).
En dicho domicilio también tenía su sede Mayflower International Bank Ltd. cuya licencia fue revocada y que fue utilizado para el vaciamiento del liquidado Banco Mayo de la Argentina.
En la liquidación del Banco Mayo el Citibank se quedó con todas sus sucursales y con su tarjeta de crédito, en un irregular proceso por el cual están procesados los directores del BCRA.
Por el Federal Bank pasaron parte de los retornos pagados en el proyecto Centenario de IBM con el Banco de la Nación Argentina. Un millón de dólares fueron girados desde el Credit Suisse a la cuenta que el Federal Bank tenía en el Citibank de Nueva York para Gastón Figueroa Alcorta, asesor de Claudia Bello, funcionaria de la secretaría de la Gestión Pública de Menem que aprobó ese proyecto informático.
A raíz de las irregularidades habidas en dicha contratación la Cámara de Diputados de la Nación Argentina creó una comisión especial investigadora de las contrataciones de IBM con el Estado Argentino, adonde fue citada Alicia López, funcionaria del BCRA a cargo del área de lavado de dinero, quién ante una pregunta del ex Diputado Horacio Viqueira respondió que no conocía el origen del Federal Bank a pesar que en el BCRA había un expediente abierto sobre el mismo cuando solicitó la apertura de una sucursal en la Argentina.
En efecto, el 5.8.94 mediante presentación efectuada por Carlos Basílico como su representante el Federal Bank Limited pidió autorización para radicar una sucursal en la Argentina constituyendo domicilio legal en Marcelo T. de Alvear 684, piso 2, de Buenos Aires, perteneciente al estudio Basílico, dando origen al Expte. N° 19.750/94 que culminó con la denegatoria del BCRA mediante la Resolución N° 458 del 25.9.96 dada la cerrada oposición de los funcionarios de la línea que observaron que Bahamas no tiene un sistema de supervisión bancaria consolidado y por tratarse de un país en zona de riesgo para el lavado de dinero.
Basílico también era el representante de varias sociedades con sede en Bahamas (Ludgate Investments Limited, Southwark Asset Management Limited, Lolland Socks Limited, Scott & Chandler Limited) todas ellas constituidas en una misma fecha, en la misma notaría y con números correlativos, que operaban sumas desproporcionadas en transferencias que se hacían desde y hacia el Federal Bank a una cuenta del Banco República abierta en el Citibank NA de Nueva York.
Además Basílico era representante de Moneta en el directorio del CEI, presidente de Citiconstrucciones (sociedad de Moneta) y presidente de Criolla (sociedad de Moneta que actúa como agente de bolsa con sede en Sarmiento 334 de la Ciudad de Buenos Aires, mismo domicilio del Citibank).
Desde el año 1996 los inspectores del BCRA venían observando las operaciones del República con el Federal Bank (Expediente N° 100.234/97) en estos términos: "La operatoria llevada a cabo por la entidad con el Federal Bank Limited presenta características particulares por su estrecha relación con las empresas vinculadas con el banco (CEI, Citibank, etc.) y por la modalidad de retribución de servicios convenida".
Los inspectores observaron que "Del estudio de las operaciones a través de la cuenta en el corresponsal Citibank NY surgió que por los meses de noviembre y diciembre de 1996 gran parte de las operaciones corresponden a acreditaciones realizadas por el Federal Bank Limited .... llama la atención que dichas acreditaciones - en su gran mayoría - corresponden a operaciones con empresas vinculadas al Banco República (República Valores SA, República Compañía de Inversiones SA, Cabaña Los Gatos SA)".
Además cuestionaron que "... una comisión cobrada al Federal Bank Limited por u$s 400 miles ... la misma correspondía a todos los servicios prestados por el Banco República, según contratos firmados con anterioridad, los cuales no pudieron ser visualizados a pesar de haber sido solicitados en reiteradas oportunidades ...".
En los dos meses bajo estudio los movimientos de la cuenta del República en el Citibank de Nueva York fueron los siguientes:

Mes Débitos Créditos
Noviembre '96 u$s 467,9 millones u$s 401,4 millones
Diciembre '96 u$s 414,1 millones u$s 404,4 millones
En ese período las transacciones con el Federal Bank en la referida cuenta del Citibank de Nueva York fueron las siguientes:

Mes Débitos Créditos
Noviembre '96 u$s 22,95 millones u$s 35,65 millones
Diciembre '96 u$s 37,78 millones u$s 54,69 millones
Las sospechas de lavado de dinero de los inspectores fueron pasadas por alto por el directorio del BCRA, que permitió a Moneta y al Citibank seguir operando en esas condiciones.
En el año 1997 el República había pedido abrir una sucursal en las Islas Gran Cayman (Expediente N° 610/97) y el directorio del BCRA con fecha 3.6.98 solicitó que Moneta informara si seguía teniendo interés en dicha radicación que fue contestada afirmativamente el 9.6.98 a pesar de los informes de los inspectores denunciando operaciones sospechosas de lavado de dinero con empresas y bancos "off shore".
En 1998 los inspectores del BCRA realizaron una nueva inspección, dando origen al Expediente N° 100.115/99.
En esa inspección bajo el punto 11. "Sociedades en zonas de riesgo del exterior. Inversiones concentradas y de riesgo", observaron que: "República Holdings Limited (ex UFCO), empresa vinculada a la entidad e importante depositante de la misma (por $ 30,97 millones al 30.6.98 en caja de ahorros) tiene como domicilio el sitio en P.O. Box 3136, Akara Building, 24 De Castro Street, Wechamps, Cay I, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas. Su domicilio legal en la Argentina es el sitio en Marcelo T. de Alvear 684, piso 2, Buenos Aires, donde funciona el estudio de abogados Basílico, Fernández Madero y Duggan, es una de las principales empresas del grupo Moneta/Lucini/ República y la poseedora del 34,21% del CEI Citicorp Holdings SA, el desconocimiento de los eventuales controles (y en caso positivo la efectividad de los mismos) que en tal lugar se llevarían a cabo sobre las empresas radicadas en zona de riesgo, dificulta la evaluación de esta empresa y por lo tanto también resta transparencia al grupo controlante del Banco República".
En el Informe N° 541/316 del 16.12.98 observaron los "... antecedentes de las operaciones realizadas con residentes del exterior (Federal Bank Limited, The Winterbotham Trust Company Limited, Ludgate Investments Limited, Southwark Asset Management Limited, Lolland Stocks Limited, Scott & Chandler Limited, Cairo Holdings Limited, Budleigh Limited Uruguay S.A., etc.) con operaciones significativas y llamativas con el Banco República ...".
Otro aspecto cuestionado por los inspectores del BCRA fueron los antecedentes de República Holdings (ex UFCO) sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas sobre la cual se abrió un expediente (Informe N° 540/24/98), observando que su patrimonio neto al 31.12.96 era de u$s 278 millones y que tenía resultados no asignados por u$s 121 millones, significando que había ganado ese monto desde su creación (16.6.92), cifra que no se corresponde con la rentabilidad media de ninguna empresa legal.
Los inspectores también observaron que República Holdings informaba que al 31.12.97 era propietaria de acciones del CEI por u$s 505,9 millones y que a esa misma fecha habían tomado créditos del Federal Bank por el equivalente a 6.904.120 acciones clase B de Telefónica de Argentina SA y 1.000.000 de acciones de Telecom Argentina Stet France Telecom SA Como también que pagaron un dividendo de u$s 120 millones a Adamson Inc. mediante la entrega del 100% de las acciones de Heywood Management Co. Ltd. (sociedad constituida en el año 1997).
Respecto a Adamson Inc. observaron que esa sociedad había sido constituida con un capital mínimo en las Islas Vírgenes Británicas el 16.5.90 y que su patrimonio neto al 31.12.96 era de u$s 340 millones, con resultados no asignados (ganancias) de u$s 332 millones. Además que el 29.12.97 distribuyó dividendos por u$s 301 millones mediante transferencia de acciones representativas del 100% de UFCO Ltd. según el siguiente detalle:
Raúl Juan Pedro Moneta: 28,57%
Benito Jaime Lucini: 28,57%
Monfina S.A. (sociedad de Moneta): 28,57%
International Investments Union Ltd. 14,28%
International Investments Union Ltd. era una sociedad constituida en el Uruguay, accionista de Los Cuatro Vientos (sociedad de Moneta).
Otro aspecto cuestionado por los inspectores del BCRA fue que al 30.6.98 el pasivo del República era de u$s 444 millones y sus principales orígenes de fondos eran las líneas del exterior: u$s 132 millones, básicamente de sociedades constituidas en Bahamas que tenían como representante a Basílico.
También repararon que el República hacía importantes operaciones con el Republic National Bank Gran Cayman cuyo representante era Basílico.
Además observaron que al 30.6.98 los diez principales depositantes del República, que representaban el 56,77% del total de depósitos, eran:
República Holdings Ltd. (ex UFCO) u$s 30,97 millones
CEI u$s 17,93 millones
Dresdner Bank Lateinamerika AG u$s 10,43 millones
Kipp, Enrique u$s 9,55 millones
Handley, Heriberto u$s 5,25 millones
Romay, Alejandro u$s 5,21 millones
Telefónica de Argentina u$s 5,03 millones
Cairo Hodings Ltd. u$s 4,60 millones
Bladex Panamá u$s 4,01 millones
Republic National Bank Gran Cayman u$s 3,12 millones
También advirtieron que eran importantes los depósitos y retiros de un grupo de empresas constituidas en Bahamas y que las transferencias se hacían a una cuenta del República en el Citibank NA de Nueva York, desde y hacia el Federal Bank: "... se seleccionó una muestra para determinar cómo ingresaban o egresaban dichos depósitos, surgiendo que los mismos en general se realizaban a través de la cuenta abierta en el Citibank NA de Nueva York ... como puede advertirse es importante la incidencia de los depósitos y retiros de un grupo de empresas constituidas en Bahamas: Ludgate Investments Limited, Southwark Asset Management Limited, Lolland Socks Limited, Scott & Chandler Limited, en general todas ellas efectúan transferencias a una cuenta del Banco República abierta en el Citibank NA Nueva York, desde y hacia el Federal Bank Ltd. ... en el Informe N° 541/316/98 se propusieron diversas medidas para conocer la naturaleza de la relación de dichas empresas con la inspeccionada, a saber: requerimientos de información a los bancos centrales de Bahamas y Uruguay, pedido de antecedentes a la Inspección General de Justicia y consulta a Estudios y Dictámenes Jurídicos acerca de la procedencia de requerir información al Citibank NA". Los requerimientos de información de los inspectores no fueron atendidos por los directivos del BCRA.
Al respecto los inspectores del BCRA dijeron: "Se observaron transferencias y depósitos de empresas constituidas en Bahamas. Respecto de la frase ´conozca su cliente´ se entiende que los elementos recabados por el Banco República no resultaban suficientes para su correcta identificación, más aún cuando se trata de empresas radicadas en el exterior y en zonas de riesgo".
Todas esas sociedades habían sido constituidas en una misma fecha, en la misma notaría, con números correlativos y todas ellas habían designado representante en la Argentina a Basílico. Esas sociedades también hicieron los principales retiros de depósitos producidos poco antes de la caída del República ocurrida el 9.4.99.
Además los inspectores del BCRA observaron que "entre los retiros se destacan los de algunos vinculados, como los de República Cía. de Inversiones SA (u$s 6,3 millones) y República Holdings Ltd. - ex UFCO - (u$s 30,9 millones)".
Otro aspecto objetado fue que el República venía dando pérdidas consecutivas con quebrantos de u$s 5,4 millones en 1994 y u$s 3,6 millones en 1995, situación que se repetía en 1996 que arrojaba una pérdida operativa de u$s 3,2 millones que revirtieron contabilizando ficticias comisiones cobradas al Federal Bank Limited por u$s 0,4 millones, y dudosos "honorarios" ingresados por Telefónica de Argentina en concepto de: 1) u$s 2,04 millones por un "Estudio de las Telecomunicaciones en América", 2) u$s 2,95 millones por el "Asesoramiento en la colocación de acciones bajo el Programa de Propiedad Participada" y 3) u$s 0,8 millones por la "Evaluación del rebalanceo de las tarifas telefónicas", además de haber registrado u$s 15,8 como "utilidad" por la venta del edificio República, conceptos todos estos que, deducidos del estado de resultados, demostraban una pérdida real de $ 7,3 millones en el ejercicio 1996.
En el ejercicio 1997 el República había arrojado una pérdida operativa de u$s 12,01 millones que fue licuada en parte con ingresos extraordinarios (alquileres cobrados al Citibank, honorarios, desafectación de previsiones, etc.), arrojando una pérdida final de u$s 0,3 millones.
Por su parte en el ejercicio 1998 los inspectores observaron que el resultado operativo (u$s 10,1 millones) no alcanzaba para cubrir los gastos de administración (u$s 17,7 millones), y que tenía un resultado neto por intermediación financiera negativo de u$s 7,6 millones, no obstante que en ese ejercicio habían contabilizado ingresos por honorarios a Telefónica de Argentina por "Asesoramiento en el Programa de Propiedad Coparticipada" y por "Evaluación del impacto del rebalanceo de las tarifas telefónicas".
También advirtieron que entre el 30.6.98 y el 17.2.99 los depósitos del República disminuyeron en u$s 90,33 millones y las líneas del exterior en u$s 41,81 millones, que en parte fueron compensados con call recibido del Banco Mendoza (u$s 93 millones), destacando que entre los retiros se encontraban algunos vinculados: República Compañía de Inversiones SA (ex Citiconstrucciones) por u$s 6,3 millones y República Holdings Ltd. (ex UFCO) por u$s 30,9 millones.
En ese período también retiraron depósitos: el CEI (u$s 4,2 millones), Alberto Petracchi (u$s 1,8 millones), las sociedades de Bahamas vinculadas a Moneta: Southwark Assets Management Ltd. (u$s 1,2 millones), Bladex Panamá (u$s 4,1 millones), hasta el propio Handley (u$s 3,01 millones).
Los inspectores del BCRA también cuestionaron que el República no había puesto en práctica los programas contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas que implementó el BCRA mediante la Comunicación A-2814.
Además observaron que "República Holdings Limited (ex UFCO - United Finance Company Limited) empresa vinculada a la entidad e importante depositante de la misma tiene como domicilio el sitio en P.O. Box 3136 Akara Building, 24 De Castro Street, Wechamps Cay I, Tortola, Islas Vírgenes Británicas. Su domicilio legal en la Argentina es en Marcelo T. de Alvear 684, piso 2, Capital Federal, donde funciona el estudio de abogados Basílico, Fernández Madero y Duggan. Es una de las principales empresas del grupo Lucini/Moneta/República (en función del Patrimonio Neto declarado), y la poseedora del 34,21% del CEI Citicorps Holdings S.A. según nota de la entidad del 3.11.98. Deberán presentarse los formularios 1113 'Antecedentes de promotores, fundadores, directores ...", en particular para que en los cuadros de 'Antecedentes y desempeño en tareas vinculadas con la actividad financiera', 'Antecedentes y desempeño en otras actividades' y 'Vinculaciones profesionales, comerciales e industriales' no se omita la información que corresponde a los cargos y tareas cumplidas en República Holdings Limited. El desconocimiento de los eventuales controles (y en caso positivo la efectividad de los mismos) que en tal lugar se llevarían a cabo sobre empresas radicadas en dicha zona de riesgo, dificulta la evaluación de esta empresa, y por lo tanto también resta transparencia al grupo controlante del Banco República S.A.. También son varias las empresas controladas por la vinculada CEI Citicorp Holdings S.A. que tienen domicilios en zonas de riesgo, y son varias también las empresas constituidas en esas zonas que tienen operaciones con Banco República (v.g. Federal Bank Limited, The Winterbotham Trust Company Limited, Ludgate Investments Limited, Southwark Asset Management Limited, Lolland Socks Limited, Scott & Chandler Limited, Cairo Holdings Limited, Budleigt Limited Uruguay S.A.). Lo anterior y las inversiones de la entidad y de sus accionistas en el CEI, las del banco en el edificio República (transformada en préstamo a República Compañía de Inversiones S.A.), la gestión cumplida en el Banco Mendoza y los elevados préstamos a Candia Inversora S.A./Inversora Ancona S.A. (titulares de Peñaflor S.A.) son indicativas de las particularidades y del grado de riesgo asumido por el management del Banco República".

En el contrato IBM-Banco de la Nación Argentina se detectaron retornos de dinero a los funcionarios que autorizaron dicha contratación que eran pagados mediante contrataciones de IBM a empresas que facturaban servicios no prestados.
Gran parte del dinero de esos pagos fue a parar al Citibank Nueva York y desde allí hacia el Citibank en Suiza, donde se depositaron en las cuentas denominadas: "Quidos", "Flexi", "Putter" y "Gateway", abiertas por sociedades uruguayas que pertenecían a distintos funcionarios del gobierno argentino.
CCR, una de las empresas subcontratadas por IBM para pagar los retornos a los funcionarios transfirió u$s 6 millones de su cuenta número 4287/1 a las siguientes cuentas: 1) u$s 3,5 millones a la cuenta 6523 HSR (denominada Filasa) del Bank Bruxelles Lambert de Ginebra, 2) u$s 1,5 millón a la cuenta 6523 HSR (denominada Abficus) de ese mismo banco, y 3) u$s 1 millón al Federal Bank de Bahamas, el banco off shore cuya titularidad se le atribuye a Moneta, a la cuenta "World Wide" de Gastón Figueroa Alcorta, asesor de Claudia Bello, Secretaria de la Función Pública de Menem.
Compañía de Transportes Juncadella, una de las sociedades integrantes del holding mafioso de Alfredo Yabrán que está acusada por operaciones de lavado de dinero en Ciudad del Este, en 1988 fue transferida al Citibank que dos años después se la volvió a vender a Yabrán en 1990.
El general Antonio Domingo Bussi, uno de los principales represores de la dictadura militar, a raíz de una investigación del juez español Baltasar Garzón se descubrió que tenía sin declarar 16 propiedades, una cuenta bancaria en Suiza, otra en el Deutsch Sudamerikanische Bank de Alemania y otra en el Citibank de Nueva York a nombre de su esposa Josefina Bigolio de Bussi, y de su hijo mayor, Luis José.
La financiera argentina Mercado Abierto de Aldo Ducler que lavaba dinero para el cártel colombiano de "Juárez" comprando propiedades en la Argentina lo hacía a través de cuentas en el Citibank.
En la denuncia presentada el pasado 23.2.2000 por la Embajada de México en la Argentina se sostiene que el Cartel de Juárez ingresó en el circuito financiero argentino u$s 25 millones que fueron invertidos en la compra de propiedades en Mar del Plata por intermedio de los hermanos Di Tullio. Ese dinero entró por el Bank of America, en Estados Unidos, desde allí fue transferido por medio del Citibank a MA Bank en las islas Caimán y desde allí, a la financiera Mercado Abierto en Buenos Aires, que preside Ducler, quien fuera asesor de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Menem.
El hallazgo se produjo en la denominada "Operación Casablanca" cuando funcionarios de EEUU que se habían infiltrado para investigar maniobras de lavado de dinero por u$s 157 millones, llegaron hasta la cuenta que Mercado Abierto tenía en el Citibank de Nueva York, detectando transferencias desde México y desde California a la cuenta de Mercado Abierto en el Citibank de Nueva York.
A María Julia Alsogaray, Secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Menem, se le detectó que en tres años había movido u$s 170 millones en paraísos fiscales por medio de cuentas del Citibank en Suiza y en las Islas Caymán.

Las normas bancarias de prevención del lavado de dinero proveniente de operaciones ilegales se asientan en un principio básico: "conozca a su cliente", que en el caso del Citibank de la Argentina y de Nueva York no se han cumplido, sino que por el contrario el Citibank ha facilitado operaciones de lavado de dinero por cifras exorbitantes en Argentina y EEUU desde y hacia paraísos fiscales, operando con el Federal Bank Ltd., una fachada bancaria establecida en Bahamas, y con el Banco República, un banco recientemente quebrado cuyos directivos están procesados penalmente.
La concluida administración de Menem ha sido la gestión de gobierno con mayor corrupción de la historia Argentina, en la cual él y muchos de sus allegados se encuentran involucrados en operaciones de drogas (su cuñada Amira Yoma transportaba valijas con dinero proveniente del narcotráfico), de venta ilegal de armamentos (hay varias causas penales abiertas por desvío de armamentos a países en guerra - Croacia y Ecuador - y Monzer Al Kassar, familiar de Menem, actuaba como gestor del gobierno) y de corrupción en la gestión pública (son muchos los funcionarios con causas penales - ministros, secretarios de estado, etc. - como también allegados y familiares a Menem).
Obviamente el dinero proveniente de esas actividades ilícitas debía tener un resguardo seguro, entidades financieras para las transacciones que no dejaran rastros y el consecuente reciclado hacia actividades y negocios lícitos.
En esta década un desconocido banquero - Raúl Moneta - muy allegado a Menem, de quién se ha publicado que participaba de reuniones ministeriales sin tener cargo alguno, tuvo un crecimiento económico exponencial que no encuentra justificación en actividades lícitas.
El banquero Moneta a través de su Banco República y de United Finance Company Ltd. (UFCO), una sociedad "off shore" constituida en Bahamas, llegaron a ser los principales accionistas del CEI Citicorp Holdings, un holding que controla empresas con activos superiores a u$s 5.000 millones, que en los últimos años invirtió alrededor de u$s 3.000 millones en medios de comunicación que apoyaban el inconstitucional intento de ser elegido por tercera vez de Menem.
El capital inicial de UFCO era de u$s 50.000 y en poco menos de diez años posee un patrimonio superior a $ 3.000 millones en la actualidad, que no se justifica y que evidentemente esa explosiva capitalización proviene de operaciones de lavado de dinero. En la misma situación se encuentra Adamson Inc. también constituida en las Islas Vírgenes Británicas contemporáneamente con UFCO.
El CEI fue una creación del Citibank en defensa de su tenencia de títulos de la deuda pública Argentina, que insólitamente invitó a integrar al banquero Moneta otorgándole un crédito para que integrara el 10% de su inicial participación accionaria.
El CEI, no obstante que cotiza en bolsa, tiene una cerrada composición societaria, menos del 5% de sus acciones están en la bolsa.
Inicialmente el CEI participó de las privatizaciones de las empresas públicas en la Argentina y últimamente fue desprendiéndose de esos activos para concentrase en los medios de comunicación.
Además de Moneta a través del República y de UFCO, su sociedad off shore, también eran accionistas del CEI otras empresas "off shore" constituidas en Bahamas, como ser: Burton & Goldman Finance Corp., International Investments Union Ltd., empresas constituidas en Bahamas que tenían como representante al estudio Basílico, además del Federal Bank, representado por Basílico, quién también fuera representante de Moneta en el CEI, socio en Citiconstrucciones y representante de UFCO.
Basílico también era representante de varias sociedades (Ludgate Investment Ltd., South Wark Asset Management Ltd., Lolland Stocks Ltd. y Scott & Chandler Ltd.) constituidas en Bahamas el mismo día, con números de inscripción correlativos y con domicilios coincidentes con el del Federal Bank, que efectuaron transacciones por cifras muy significativas en una cuenta del República en el Citibank de Nueva York, a través del Federal Bank, desde y hacia empresas de Moneta.
Esas transacciones en el Citibank de Nueva York, de alrededor de u$s 100 millones mensuales, fueron objetadas por los inspectores del Banco Central de la República Argentina que investigaron al ex Banco República como sospechosas de provenir de lavado de dinero, quienes reclamaron la aplicación de medidas a los directivos del BCRA quienes en lugar de investigar encubrieron a los responsables.
En estos años estimamos que el flujo de dinero transaccionado a través del Citibank de Nueva York, con el ex Banco República, el Federal Bank, las sociedades off shore de Bahamas y las empresas de Moneta, habría ascendido a mas de u$s 6.000 millones.
La relación de complicidad del Citibank de Argentina con el banquero Moneta también queda expuesta en muchos otros actos, como ser: el República financiaba a las empresas del Citibank a tasa de interés preferencial y viceversa para eludir las normas del BCRA que limitan la asistencia a los vinculados, con la misma finalidad en el República tenían cuenta única los principales directivos del Citibank, el República le alquilaba un inmueble a largo plazo para que el Citibank eludiera los límites sobre inmovilización de activos que establece el BCRA en una operación prohibida por la ley de entidades financieras de la Argentina y que encubría al Citibank verdadero propietario de ese inmueble.
Además el Citibank está involucrado en otros hechos ilícitos ocurridos recientemente en la Argentina, como ser: abrió una cuenta en Nueva York para recibir parte de los retornos del negociado IBM-Banco de la Nación Argentina que fueron transferidos a través del Federal Bank, sirvió de pantalla para que Yabran apareciera vendiendo Compañía de Transportes Juncadella, abrio cuentas a nombre de los familiares del general Antonio Domingo Bussi en inversiones no declaradas, abrió cuentas a Mercado Abierto para recibir fondos del cartel de Juárez e intervino en las transferencias de fondos de ese cártel de la droga invertidos en propiedades de la Argentina, abrió cuentas para operaciones en paraísos fiscales por u$s 170 millones de María Julia Alsogaray, ex Secretaria de Medio Ambiente de Menem, etc.
Dada la legislación existente en EEUU que reprime el lavado de dinero y las prácticas dolosas de sus empresas en el exterior nos ponemos a vuestra disposición y acompañamos a esta presentación una carpeta de antecedentes conteniendo informes del Banco Central de la República Argentina que documentan los hechos expuestos.

Atte.