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”No es un secreto que muchas cajas de legislaturas provinciales se
utilizan para el funcionamiento de la política”, dijo el ministro
del Interior, Federico Storani, explicando los argumentos que lo llevan
a impulsar la reforma política, una iniciativa tendiente a transparentar
gastos, acortar períodos de campaña proselitista y reducir
los parlamentos provinciales. Aunque hasta el momento las voces que se
oponen a recortar los fondos de las legislaturas provienen casi exclusivamente
del justicialismo, no se descarta que aparezcan algunas voces disonantes
en el encuentro que el próximo martes reunirá a los diputados
aliancistas de todo el país.
“Buscamos un compromiso que sea una bandera política. Donde
somos mayoría vamos a tratar de imponerlo, donde somos minoría
vamos a desnudar el doble discurso”, afirmó Storani a la agencia
Télam. Aunque la reforma política es una iniciativa que
se remonta a los primeros tiempos de la Alianza, ésta comenzó
a cobrar cuerpo en el mismo momento en que se desarrollaba el escándalo
del Senado. La iniciativa incluso formó parte de la ronda de diálogo
político impulsado por el presidente Fernando de la Rúa.
Ronda que produjo el retorno de Carlos Menem a la Casa de Gobierno.
“El PJ está encubriendo su falta de voluntad para producir
cambios. La mayoría de las provincias donde hay excesos graves
están gobernadas por justicialistas, en muchos casos son provincias
con alto nivel de emergencia económica, necesidades insatisfechas
y con aparatos políticos prebendarios”, dijo Storani en réplica
a las críticas del peronismo.
Entre uno de sus objetivos, el Gobierno busca que las legislaturas gasten
en promedio alrededor del 2,5% del presupuesto provincial. Formosa aparece
como la provincia más onerosa. Cada legislador le cuesta a la provincia
unos dos millones de pesos por año y el gasto legislativo ronda
los 57 millones, un 7 %. del presupuesto. Reiteradamente el ex vicepresidente
Carlos “Chacho” Alvarez sostuvo que no era ostensible la voluntad
de los diputados aliancistas de Formosa para terminar con un nivel de
gastos desproporcionados para la situación económica de
la provincia.
El presidente del bloque aliancista formoseño, Carlos Cantón,
sostuvo que “el descenso del gasto no afectará el rendimiento
legislativo”. El legislador formoseño abogó también
por que el producto del ahorro en el gasto “se dedique a la educación
y para promover la producción”. También dijo que vendrá
al próximo encuentro aliancista para “defender a la dirigencia
política en su conjunto y aclarar cómo se dividen los fondos
del presupuesto legislativo”.
Por su parte, el menor presupuesto lo muestra Chubut, donde el 1,74 %
del presupuesto anual está destinado a los gastos de la Legislatura.
En Chubut el presupuesto anual ronda los 11.100.000 pesos para un cuerpo
legislativo integrado por 27 miembros. El aliancista chubutense y presidente
del cuerpo, Néstor Gil, sostuvo que “irá tranquilo”
al encuentro que promueve Storani, ya que en su provincia “no hay
nada para achicar porque los gastos están muy acotados y esto no
es un mérito sino una obligación”.
“Nuestro bloque está analizando qué posición
llevar”, dijo desde La Rioja el aliancista Rubén Mariño.
Más allá de que las posiciones están en debate, Mariño
adelantó que “estamos encuadrados dentro de los gastos mínimos
que indica el gobierno nacional para una legislatura provincial”.
Desde el peronismo riojano la crítica al proyecto oficial la realizó
el justicialista Nicasio Barrionuevo, quien afirmó que “no
podemos hacer ningún ajuste más, porque la provincia ha
hecho todos los deberes. Incluso los que corresponden a la función
legislativa”. Luego de la defensa cerrada de la patria chica, Barrionuevo
afirmó que “hay una tendencia (del gobierno nacional) a desacreditar
las legislaturas provinciales”.
Llamada a revertir el descrédito que la política tiene entre
la población, descrédito probado en innumerable cantidad
de ocasiones, la reducción de los gastos en las legislaturas provinciales
corre el riesgode no producir el efecto que se reclama y sí en
cambio extender el discurso economicista que inunda la política
oficial: el ajuste. Así lo expresó Alfredo Cecchi, vicepresidente
del bloque de diputados del Frepaso santafesino. “En el caso de Santa
Fe, la Legislatura está muy racionalizada y achicar significa despedir
personal”, dijo.
Lejos de esa conclusión, para Storani el ajuste en los ingresos
de los legisladores podría redundar en “beneficios para la
gente”. Aunque el peronismo viene reclamando un ámbito en
el que debatir con el gobierno nacional la propuesta de reducir los gastos
legislativos, Storani sostuvo ayer que “el PJ no quiere un ámbito
de debate. No podemos imponer, sólo podemos esperar que exista
conciencia de que el tema se puede modificar y que se termine con el doble
discurso”.
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