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Por Adriana Meyer
 Las cajas que contienen las declaraciones juradas de los actuales senadores, y las de todos los que ocuparon bancas de la Cámara alta en los últimos nueve años, seguirán durmiendo un largo rato en la caja fuerte de la fiscalía federal 11. Allí se investiga la acusación de haberse enriquecido en forma ilícita, pero el fiscal Paulo Starc centró sus esfuerzos sólo en tres, los justicialistas Emilio Cantarero, Jorge Massat y Augusto Alasino. Para colmo, ahora deberá limitarse a investigar a los dos primeros porque el juez de la causa, Adolfo Bagnasco, resolvió enviar los elementos recogidos en relación con Alasino a la Justicia entrerriana, donde el ex jefe del bloque justicialista del Senado tiene una causa abierta �aunque archivada� por el presunto aumento de su patrimonio en forma ilegítima. Además, como Starc recusó a Bagnasco, no hay juez ante quién realizar la apertura de los sobres lacrados que contienen la información patrimonial.
Página/12 publicó en octubre pasado que cada senador recibe 150 pesos por mes �para asegurar el normal desarrollo� de las funciones de los bloques parlamentarios, tal como lo dispusieron por decreto las autoridades del Senado en julio de 1992. Y que el ex presidente del bloque justicialista, el entrerriano Augusto Alasino, habría incluido en su declaración jurada de bienes la totalidad del dinero asignado para la bancada. El abogado Ricardo Monner Sans estimó que, si esto se comprueba, el senador habría cometido el delito de malversación de caudales. El letrado lo denunció también por enriquecimiento ilícito, acusación que extendió a los senadores Emilio Cantarero y Jorge Massat. La causa recayó en el juzgado de Adolfo Bagnasco, pero el magistrado delegó la investigación en el fiscal Paulo Starc.
El salteño Cantarero fue uno de los pocos que admitió en su declaración de bienes haber recibido 20 mil pesos en concepto de gastos reservados. Los investigadores se propusieron averiguar si en el régimen del manejo de fondos reservados existieron distintas categorías y montos respecto de su entrega, dado que todos los senadores cobran un sueldo distinto. El santafesino Massat había sido acusado por su sobrina de presuntos manejos irregulares de dinero en una de sus empresas.
En noviembre pasado, Starc pidió las declaraciones patrimoniales de �todos quienes se hubieren desempeñado como senadores desde agosto de 1992 a la fecha�. Esto incluye al presidente Fernando de la Rúa, senador hasta 1995, a siete gobernadores y a los actuales 69 senadores. Pero recibió muchas menos de las que esperaba porque la presentación de las declaraciones recién empezó a ser obligatoria a partir de 1998, con la sanción de la Ley de Etica Pública. En 1996 se aprobó una resolución que obligaba a presentarlas, pero muchos legisladores no lo hicieron.
Los senadores intentaron resistirse a las pretensiones de Starc. Argumentaron que el pedido debía hacerlo el procurador general y no �un simple fiscal� e invocaron varias excusas reglamentarias que fueron ignoradas por el presidente provisional del Senado, Mario Losada, quien ordenó la entrega de la documentación requerida. De nada sirvió que desde la fiscalía hicieran saber que no propiciaban �una caza de brujas� sino una suerte de �potencial autodepuración�. Ante el hecho consumado, tres senadores justicialistas pidieron el enjuiciamiento de Starc por �mal desempeño, negligencia y posible comisión de delitos�. El fiscal recibió la pilas de declaraciones juradas ese mismo mes, pero las dejó a resguardo en la caja fuerte y no tiene intenciones de analizarlas en lo inmediato. Si quisiera hacerlo, debería contar con la presencia del juez y del abogado del imputado para abrirlas. Por ahora sigue investigando a Massat y Cantarero.
�Los senadores no están todos acusados de enriquecimiento ilícito�, aclaró a Página/12 un funcionario judicial. Y agregó que �lo que se investiga es si alguno hizo lo mismo que Alasino al incorporar los montosque reciben como gastos reservados a su patrimonio�. El ex jefe de los senadores justicialistas fue investigado durante varios años por enriquecimiento ilícito, pero el juez federal de Concepción del Uruguay Juan José Papetti archivó la causa. Aunque pidió ser sobreseído �y llegó hasta la Corte Suprema con su reclamo�, no tuvo suerte. Sin embargo, tampoco la tuvo uno de sus denunciantes, el diputado Adolfo Lafourcade, que solicitó sin éxito la reapertura del caso con nuevas pruebas. La Justicia entrerriana no las consideró suficientes y dejó el expediente archivado. Ahora recibirá los elementos que se juntaron contra Alasino en Buenos Aires porque Bagnasco, a pedido del abogado del senador, decidió declararse incompetente para investigarlo dada la existencia de la causa entrerriana. Starc apeló esa decisión del magistrado. Y Monner Sans se preguntó �por qué el juez se desprende de Alasino y se queda con Massat�, que también está siendo investigado en su provincia.
Ese no fue el único desencuentro entre el juzgado y la fiscalía. El 15 de febrero Página/12 informó que Starc le pidió a Bagnasco que se apartara de la causa por declaraciones que podrían hacerle perder la necesaria objetividad. El juez había dicho que el caso de los sobornos en el Senado �es una cuestión política que debe tener una solución política�. Fuentes cercanas al magistrado argumentaron que esa frase no fue pronunciada en alusión a esta causa sino a la que estaba en manos de Carlos Liporaci. Starc hizo silencio de radio para evitar entrar en polémica. Bagnasco rechazó la recusación y ahora será la Cámara Federal la que decida.
Como muestra de la virtual parálisis del caso, Página/12 encontró este botón. En la fiscalía 11 afirmaron que el expediente está desde hace dos semanas en el juzgado. Este diario le preguntó a uno de los colaboradores de Bagnasco por qué motivo lo retenía si había delegado la investigación en el fiscal. �El expediente no está acá sino en la fiscalía�, fue la respuesta que generó una obvia inquietud: pues entonces, ¿quién lo tiene? A seis meses del estallido del escándalo de los sobornos en el Senado las investigaciones judiciales que hicieron mucho ruido produjeron pocas nueces. La denominada �causa madre� que estaba en manos del suspendido juez Liporaci retomó reciente impulso con la llegada de Cavallo, pero, en algún sentido, está empezando de nuevo. Liporaci está siendo enjuiciado por enriquecimiento ilícito, pero de la presunta comisión de ese delito por parte de los senadores no hay quién se ocupe. Cavallo manifestó que, por ahora, privilegiará la obtención de pruebas más sólidas para determinar si hubo coimas en el trámite de la Reforma Laboral. Y en una etapa posterior analizará las evoluciones patrimoniales de los imputados, pero sólo entre enero y junio de 2000.
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