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En
el Gobierno manejan dos escenarios posibles con respecto al informe sobre
lavado de dinero que el viernes brindará el subcomité del
Senado de los Estados Unidos. Según cierta información recolectada
a nivel semi- oficial en Washington, en la audiencia dedicada a la situación
argentina no habrá datos nuevos y sólo confirmarán
lo anticipado en el documento preliminar. En cambio, de acuerdo con otras
versiones de mayor rating en los pasillos de la Rosada, el viernes habrá
jugosos detalles que incluirán nombres de ex funcionarios y hasta
de miembros de la Corte Suprema involucrados con los bancos acusados de
lavar dinero. Entre una y otra opción, en el Gobierno varía
el análisis acerca de las posibles consecuencias políticas
del informe que “no hay que subestimar”, como explicaba ayer
un funcionario que había conversado del tema con el presidente
Fernando de la Rúa. Por las dudas, ya anticipan que no habrá
caza de brujas para los mencionados. “Antes que nada hay que determinar
la responsabilidad de cada persona que aparezca en el informe”, agregaba
el funcionario.
La pelota está ahora del lado de la comisión que encabeza
el senador demócrata Carl Levin. El viernes dará a conocer
los datos que pudieron corroborar en estos cuatro años a partir
de la denuncia realizada por los diputados Elisa Carrió y Gustavo
Gutiérrez. La investigación se ocupó de las presuntas
maniobras de lavado de dinero realizadas entre el Citibank de Nueva York,
el Banco República, el Federal Bank y Mercado Abierto. A partir
de allí, el informe podría comprometer a los directivos
de esas entidades, pero también a otras personas que, por diversos
motivos, aparezcan relacionadas con ellos.
De acuerdo con lo que sostiene la diputada Carrió, quien ya está
en Estados Unidos, el informe aportará nombres de ex funcionarios,
indispensables para conocer el funcionamiento del mecanismo que permitió
las maniobras de lavado. En el Gobierno aseguraban ayer que esa posibilidad
no los inquietaba –o por lo menos eso intentaban hacer creer-, pese
a las consecuencias revulsivas que podría generar dentro del escenario
político. “No hay gente del Gobierno involucrada, así
que no hay motivos de zozobra”, sostenía ayer un vocero de
la Rosada.
Pero ante la posibilidad de que algún miembro de la Corte –se
habla de un ministro del Alto Tribunal– aparezca mencionado en el
informe, un integrante del gabinete explicaba que esa mención no
era prueba de culpabilidad sino sólo un indicio. “Puede que
aparezca mencionado como inversor en uno de los bancos y eso no es delito”,
argumentó.
Ante un panorama tan complicado, el objetivo del Gobierno es dejar en
claro que aquí también se investigarán las ramificaciones
del lavado, pero que en la Argentina no actúan carteles del narcotráfico.
“En la Argentina existe el lavado de dinero”, sostuvo el ministro
del Interior, Federico Storani. “Pero es dinero proveniente de ilícitos
producidos durante el menemismo y de la corrupción del circuito
financiero, nada que ver con el narcotráfico, que tiene una actuación
marginal”, puntualizó.
Como primera consecuencia del informe que se viene, en la Rosada coincidieron
en que la salida de Pedro Pou del Banco Central sería tomada como
una buena señal. Claro que para dar ese paso es indispensable contar
con el reemplazante ideal. En ese sentido, desmentían un rumor:
que Ricardo López Murphy había aceptado ir al Central y
que Nicolás Gallo volvería al gabinete en Defensa. Pero
no desmentían que siguen presionando al ministro de Defensa para
que dé el sí.
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