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Por
Susana Viau
 El
diputado frepasista Pablo Fernández presidió durante seis
meses y hasta diciembre la neurálgica Comisión de Acusación
del Consejo de la Magistratura. En minoría, pero con el respaldo
de otro miembro de la Alianza, el radical Carlos Maestro, emitió
un dictamen opuesto al enjuiciamiento del magistrado mendocino Luis Leiva,
el hombre que investigó la gestión del Banco Mendoza y ordenó
la captura de Raúl Juan Pedro Moneta. Mañana, el pleno de
20 consejeros deberá definir de qué lado se coloca cada
uno. Fernández da por seguro que el pedido de destitución
del magistrado “no pasará”.
–¿Cuál es el balance de estos dos años del Consejo
de la Magistratura?
–Creo que se trabajó con seriedad. En el caso del juez Ricardo
Bustos Fierro se desestimó su destitución. En cambio sí
fue destituido Víctor Brusa. Estuvieron acusados Luis Torres, Pablo
Belisario Bruno, Javier Ruda Bart, Ricardo Ferrer Balbín y Raquel
Morris Dloogatz. Ahora queda pendiente el caso del juez federal Carlos
Liporaci, que está acusado. Mañana el pleno decidirá
si Luis Leiva va o no al jury de enjuiciamiento.
–Usted sabe que el caso de Leiva es evaluado por muchos como producto
de fortísima operación.
–Sí, sin duda. Luis Leiva, en el marco de la investigación
de una causa enorme, tocó intereses económicos y políticos
que no están acostumbrados a que eso ocurra. Y eso se constató
en la inusual presión que Raúl Moneta metió en las
audiencias del 5 y el 12 de diciembre. El 5 concurrió con toda
su familia, incluido el hijo de diez años y la escarapela en la
solapa. Pero su denuncia del pedido de coimas por parte del juez es absurda
e insostenible. A punto tal que los propios autores del dictamen incriminatorio
tuvieron que suprimirla. No figura dentro de los cargos que le formulan.
–Además de esas secuencias que describe, ¿qué
otro tipo de presiones se ejercieron por este caso?
–Fueron muchas, pero esas presiones quedaron neutralizadas en parte
por la decisión de Leiva de concurrir a la citación del
Consejo. Una actitud muy diferente de la de Liporaci, que contestó
por escrito. Leiva enfrentó dos audiencias durísimas, de
seis horas cada una, en las que demostró una solidez y una contundencia
impresionantes. El juez, en ese caso, se ayudó solo.
–¿No cree que el Consejo reproduce los vicios de la antigua
comisión de juicio político del Congreso? ¿Que se
sabe, a priori, cómo van a votar al menos los políticos
que lo integran?
–No me parece que el comportamiento del Consejo en este caso comprometa
su acción a futuro. Tampoco creo que existan los alineamientos
automáticos que se le señalaban a la comisión de
juicio político.
–Imagine los dos escenarios posibles. ¿Qué ocurrirá
si el pleno vota por colocar a Leiva ante el jury?
–Eso no va a ocurrir. No dan los números. Es categórico.
El pleno son 20 consejeros. En condiciones normales se necesitarían
14 votos para aprobar el enjuiciamiento. Es imposible que los logren.
Si sólo asisten 18, como se rumorea, harán falta 12 votos
en favor del jury. Estoy casi seguro de que va a ser el primer dictamen
acusatorio que no logre la mayoría necesaria.
–Por el contrario, ¿cómo percibirá la opinión
pública la eventual decisión de desestimar las denuncias?
–Tiene que quedar claro, de todos modos, que nuestra postura no es
una desestimación lisa y llana. Hemos pedido que dos de las denuncias
sean elevadas a la comisión de disciplina puesto que observamos
errores de procedimiento que, por otra parte, fueron admitidos por el
propio juez Leiva. Pero se trata de cuestiones menores. Supongo, porque
lo hemos palpado, que en la sociedad mendocina el triunfo de un dictamen
desincriminatorio sería mayoritariamente bien visto. Además
puede traerle cierta tranquilidad a los jueces en el sentido de que se
pueden resistirlas presiones, que existe respaldo para las expresiones
de independencia del poder judicial.
–¿Lo que se está dirimiendo en el Senado de los Estados
Unidos puede reorientar el voto de algún consejero despistado?
–No puedo subestimar ni poner en duda la autonomía de criterio
de los consejeros. Por otro lado, en nuestro dictamen hay suficientes
elementos de convicción. Eso sí, a la luz de lo que se debate
en el Senado americano, me queda claro qué quiso decir Elisa Carrió
cuando declaró ante la comisión de acusación: “Lo
que sí sé es que en la causa del Banco Mendoza Leiva inició
una investigación prohibida en la Argentina, que implicaba tocar
a sectores del poder económico y político que tenían
garantía de impunidad para sus negociados”.
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