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Por
Adriana Meyer
 La
ruta del dinero en el caso de los sobornos en el Senado empezó
a armarse con la información sobre los movimientos bancarios que
está llegando a Tribunales. El Banco Francés informó
a la Justicia que el 8 de mayo de 2000 aparecieron 30 mil pesos en efectivo
en la cuenta del ex secretario parlamentario de la Cámara alta,
el radical Mario Pontaquarto. La fecha coincide con el momento más
caliente de la negociación por la Reforma Laboral y el monto es
semejante al mencionado en el anónimo que describió la maniobra.
También aparecieron datos sobre depósitos del senador Ramón
“Palito” Ortega y de familiares de los senadores justicialistas
Augusto Alasino y Angel Pardo.
La esposa de Alasino y el hijo de Pardo depositaron 10 y 15 mil pesos
respectivamente en el Banco Galicia. Ortega realizó en mayo cuatro
movimientos en el Banco Francés de entre 40 y 20 mil pesos, y también
hay depósitos en la misma entidad, pero a nombre de una Fundación
Fe. Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado le pidieron ayer al
juez Gabriel Cavallo que requiriera la boleta correspondiente para descubrir
quién depositó el dinero en la cuenta de Tato Pontaquarto,
fiel escudero del senador José Genoud. Lo mismo hicieron respecto
de las otras cuentas.
Según el libelo que circuló en el Senado, Pontaquarto habría
participado del retiro de los fondos de los sobornos con su propio auto,
un Peugeot 406. Y el reparto del dinero se habría concretado en
su despacho del palacio legislativo. “Cuando lo estaban repartiendo,
ingresó intempestivamente el senador (Javier) Meneghini, quien
al ver el dinero se asustó, pero inmediatamente el dueño
del despacho le dijo ‘tomá’, y le dio 200 mil y le dijo
‘andá y olvidate’”, describió el anónimo.
En principio, el juez Carlos Liporaci había imputado a Pontaquarto,
al igual que al secretario del senador justicialista Remo Costanzo, Martín
Fraga Mancini. Pero en diciembre les dictó la falta de mérito.
Los fiscales Freiler y Delgado consideraron que ambos deben ampliar sus
indagatorias porque “necesariamente conocían la existencia
del hecho y no efectuaron la denuncia”. Y pidieron su procesamiento
por encubrimiento.
Los investigadores que empezaron a actuar bajo las órdenes del
juez Gabriel Cavallo creen que es posible establecer la ruta del dinero.
Por eso, aunque su prioridad es “probar los hechos que hasta ahora
sólo figuran como dichos en el expediente”, no dejan de prestar
atención a la información bancaria que reciben cada día.
Entre las treinta y tres medidas ordenadas el viernes figura el análisis
de las cuentas del senador justicialista Alberto Tell en la sucursal Banco
Nación de Jujuy y en el Banco Galicia. Allí también
se detectaron depósitos sospechosos.
El allanamiento realizado ayer en el Ministerio de Trabajo también
estaba en aquel escrito. Cavallo ordenó la búsqueda de los
“borradores” sobre modificaciones alternativas al proyecto oficial
de ley laboral. El resultado del operativo –efectuado por el secretario
federal Marcelo Sonvico, personal de la fiscalía de Freiler y Delgado
y agentes policiales– fue negativo. Fueron revisados los despachos
que pertenecieron al ex ministro Alberto Flamarique y al ex viceministro
Jorge Sappia. Los investigadores quieren saber cuáles fueron las
bases reales de las negociaciones por la Reforma Laboral.
PROPIEDADES
PANTALLA ABREN DUDAS SOBRE LOS FONDOS
La
Side sigue bajo sospecha
Por
A. M.
 La
fiscalía federal que investiga el escándalo de los sobornos
en el Senado sigue recibiendo elementos que abonan sus sospechas sobre
la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como posible proveedora
de las coimas. El abogado Ricardo Monner Sans pidió ayer la investigación
de presuntas “sociedades pantalla de la SIDE”. En un escrito
con documentación presentado a los fiscales Eduardo Freiler y Federico
Delgado, el letrado sugirió que se cite a declarar al secretario
de Inteligencia, Carlos Becerra, así como a sus antecesores Fernando
de Santibañes y Hugo Anzorreguy.
Monner Sans aportó copias de documentos que evidencian que el organismo
poseería 25 inmuebles que “no aparecen en el patrimonio estatal”
y aun así la SIDE “paga alquileres a las sociedades pantalla”,
tales como OSGRA S.R.L., Tiumayú S.A., Emcosud S.A. y Amsud S.A.
El denunciante llamó la atención acerca de que “los
señores Juan José Gallea y Gabriel Mario Presa, empleados
de la SIDE aunque no de planta permanente” presuntamente serían,
dijo, “los directivos de la mencionada Tiumayó S.A.”.
Gallea es el secretario de Finanzas del organismo y los fiscales pidieron
que sea investigado por el presunto delito de falso testimonio y encubrimiento.
El funcionario declaró varias veces en la causa y habría
retaceado información. Uno de los investigadores explicó
a Página/12 que Gallea también faltó a la verdad
cuando se refirió a las sociedades pantalla porque dijo que no
tenían movimiento de dinero y los fiscales comprobaron que sí
lo tenían.
El abogado también recomendó que se hagan pesquisas sobre
la ex agencia Saporitti, ubicada en el edificio Barolo, que en la Inspección
General de Justicia figura como domicilio de un Instituto de Investigaciones
Sociales atribuido a la SIDE. E indicó la conveniencia de que se
monitoree “a los beneficiarios de los cheques a los que aluden los
movimientos bancarios” vinculados a ese instituto. Además,
puntualizó que el domicilio de “la citada Tiumayú,
calle Reconquista 672, noveno piso coincide con el de un estudio de abogados
de Fernando Archimbal, Mario Guido Bissoni, Martín Hugo Carcavallo
y Luis Miguel Leiva”. La jueza María Servini de Cubría
instruye una causa referida a algunos de estos inmuebles y Cavallo ya
pidió copias de esos expedientes.
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