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La
tortura y la brutalidad policial, la violencia y la discriminación
contra la mujer, el abuso y la prostitución de niños y el
antisemitismo fueron señalados como algunos de los problemas más
serios por el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos
sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. “La
policía continúa cometiendo asesinatos extrajudiciales.
El sistema judicial es ineficiente y a veces está sujeto a la influencia
política. Hay denuncias de acoso y amenazas a la prensa por funcionarios
públicos”, describió el reporte, que también
mencionó que “el legado de las violaciones a los derechos
humanos durante el régimen militar de 1976-83 continúa siendo
un tema de intenso debate nacional”.
“El Gobierno generalmente respeta los derechos humanos de los ciudadanos.
Sin embargo hay problemas en algunas áreas”, señaló
el informe estadounidense. Los abusos policiales ocuparon gran parte del
documento, en el que se detalla que según datos de organizaciones
no gubernamentales, en Argentina la policía cometió entre
20 y 30 ejecuciones extrajudiciales en 2000.
En relación al “legado” de los crímenes cometidos
durante la dictadura, el Departamento de Estado norteamericano indicó
que el juez español Baltasar Garzón “continuó
esforzándose para extraditar a ciudadanos argentinos pero el Gobierno
no contestó el pedido con el argumento de que los cargos ya fueron
perdonados bajo la ley argentina”. En el reporte, que se realiza
sobre 195 países, se mencionó las detenciones de los militares
Jorge Olivera en Roma y de Ricardo Miguel Cavallo en México. Al
respecto se afirmó que: “Estos incidentes demuestran que mientras
muchos de estos acusados de los crímenes de la guerra sucia están
seguros de persecución en Argentina debido a las leyes de inmunidad,
corren riesgo de ser arrestados si viajan al exterior”. También
se relataron los arrestos en las causas por apropiaciones de hijos de
desaparecidos entre ellos los de Guillermo Suárez Mason, Juan Bautista
Sasiaiñ, Santiago Omar Riveros, Julio Simón (knows as “Julián,
the Turkey”) y Juan Antonio del Cerro (knows as “Colors”).
El capítulo dedicado a las condiciones carcelarias las describe
como “malas” y señala que “muchas cárceles
están superpobladas y las instalaciones son viejas”. “No
hay información confiable sobre el cuidado médico y comida
de los prisioneros pero la impresión general es que estos servicios
son mínimos y de poca calidad”, se consignó.
El sistema judicial también fue duramente criticado. “Es nominalmente
independiente e imparcial pero sus procesos no son eficaces y sujetos
a veces a la influencia política. El sistema se ve obstaculizado
por demoras que escapan a toda lógica, cambio de jueces, inadecuado
respaldo administrativo e incompetencia. Frecuentemente hay denuncias
de corrupción, especialmente en casos civiles.”
La violencia doméstica fue señalada como un grave problema.
Como un indicador de la magnitud del asunto se mencionó que en
la Ciudad de Buenos Aires se recibieron en 1999 25.630 llamados sobre
esta problemática y que los tribunales porteños aceptaron,
en agosto de 2000, 1289 demandas, en comparación con 2160 en todo
1999.
El antisemitismo fue identificado como un problema y se aseguró
que “aunque hubo reportes de actos y violencia antisemitas durante
el año, no hubo ningún preso por un delito de ese tipo”.
En el apartado dedicado al derecho de asociación, se recordó
que la Organización Internacional del Trabajo cuestionó
la ley que permite sólo un gremio por sector para negociar el salario
y convocar a la huelga. Además, se mencionó la represión
policial desatada frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral.
Como otra forma de violación a los derechos humanos, el informe
detalla que “el 10 por ciento más rico de la población
recibe el 36 por ciento del total de los ingresos mientras que el 10 por
ciento más pobre apenas recibe el 1,5 por ciento de ese total”.
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