Por Claudio Scaletta

Una investigación del fiscal federal Miguel Angel Osorio involucra a la DGI, en particular a la Agencia Nº 9, como partícipe necesaria de un canal de evasión impositiva. Los hechos descubiertos surgieron del análisis de la situación financiero-impositiva de la firma Life S.A., prestataria de servicios de recolección de residuos a distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. En más de 120 juicios que dieron lugar a igual cantidad de órdenes de embargo, se detectó que ninguno de ellos se hizo efectivo, con el consecuente perjuicio para el erario y la probable complicidad de los funcionarios administrativos y judiciales intervinientes. Para la fiscalía, “resulta clara la posibilidad de que los mecanismos administrativos y judiciales –sumamente ejecutorios– puestos a disposición de las personas que actuaron por el ente recaudador, fueran intencionalmente administrados para beneficiar a la empresa y perjudicar al Estado”.
La empresa Life S.A. pudo presentar con éxito en distintas causas judiciales con la DGI una resolución del titular del organismo recaudador que le permitía acceder a una moratoria especial de 120 meses. La maniobra resultó efectiva hasta que en la Agencia Nº 10 de la actual AFIP se detectó el carácter apócrifo del documento. Como estrategia de defensa los directivos de Life –Héctor Mauricio Pefaur, Juan Carlos Branca y Alfredo Savastano, entre otros– intentaron deslindar responsabilidades arguyendo haber sido engañados por los profesionales del estudio contable que los asesoraba en la regularización de la situación tributaria, a quienes atribuyeron la falsificación de la resolución.
La causa iniciada por Life se tramitó en el fuero penal ordinario en el juzgado de Francisco Trovato. Cuando este magistrado cayó en desgracia, la causa fue enviada por su reemplazante a la justicia federal, pues involucraba al Estado nacional. Allí, los responsables de Life pasaron de querellantes a imputados. Según demostró la investigación realizada por la Fiscalía Federal Nº 10 a cargo de Osorio, los “honorarios” pagados por Life a quienes habrían realizado la falsificación, alrededor de 350 mil pesos, no guardarían relación con el trámite en cuestión: el simple acogimiento a una moratoria. Frente a la reticencia de la DGI en la remisión de la información, la propia fiscalía se dio a la tarea de reconstituir la situación financiera e impositiva de Life. Lo primero que se detectó fue la existencia de una enorme deuda fiscal de antigua data. Como estas deudas –acogidas o no a moratorias– no fueron satisfechas, derivaron en una gran cantidad de juicios que, intencionalmente, no concluyeron de manera satisfactoria para las arcas del Estado.
Con estos datos la fiscalía concluyó que la falsificación de la resolución y sus sucesivas aplicaciones no representaban una situación aislada, sino que evidenciaban una situación estructural y permanente de deudas insatisfechas y, concomitantemente, la existencia de mecanismos jurídico administrativos destinados a perpetuar intencionalmente dicha situación.
Además, el fiscal observó que mientras Life mantenía una situación de deuda estructural con la actual AFIP, sus ingresos principales provenían de la prestación de servicios en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires. Dato que vuelve aún menos lógico que más de 120 embargos no se hayan podido efectivizar. A esto se suma que, al indagarse los pasos administrativos y judiciales dados por la AFIP para ejecutar su cometido, “se constató, en principio, una injustificada inoperancia respecto de trámites de tan simple resolución”. Inactividad que se tradujo en la nula incidencia que el enorme endeudamiento de Life tuvo sobre las contrataciones que ligan a la firma con las administraciones públicas que demandaron sus servicios.
El extraño comportamiento de la Agencia Nº 9 de la DGI, la principal involucrada en la relación con Life, queda graficado también con un datocasi anecdótico. Cuando las campañas de difusión pública de las empresas deudoras formaban parte de la estrategia de combate a la evasión, la firma Life S.A. nunca figuró en los listados publicados por la AFIP. Esto, a pesar de que su deuda de más de 16 millones de pesos –solamente para el año 1992 y sin considerar los intereses devengados desde entonces– era superada sólo por una de las empresas denunciadas públicamente. Entre los agentes de la Agencia Nº 9 imputados por la fiscalía se encuentran su responsable máximo, Daniel Otero, junto a los abogados que intervinieron en los juicios contra Life: José Ricardo Romero, Juan José Quiñoa, Hugo Carlos Nicodemo, Elvira Inés Ricci y María del Carmen Mulé, entre otros.

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