Por Susana Viau
Página/12 tuvo acceso
al contenido del informe que el subcomité del Senado de los Estados
Unidos hará público hoy. Sostiene que según los datos
aportados por el Citibank, el Federal Bank era parte de un grupo mayor,
identificado como Grupo Moneta, a cuyos dueños sí
conocían perfectamente bien los máximos directivos internacionales
del Citi. Por primera vez y con mucha más contundencia que
en el caso de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del ex presidente
mexicano la pesquisa apunta en dirección de John Reed, la
ascendente estrella financiera de los años de resurgimiento del
Citibank tras el agudo cimbronazo de principio de los años 90.
Las conclusiones del equipo que lidera el veterano Carl Levin hacen también
mención al Federal Bank como escala en la ruta de las coimas del
caso IBM-Banco Nación e incluyen las operaciones realizadas por
Mercado Abierto, el banco de Aldo Ducler, con el cartel de Juárez.
El informe final sostiene que si bien el Federal Bank era un banco
cáscara (shell bank en inglés, una apariencia de banco,
un banco fantasma), con licencia para actuar otorgada por un país
famoso por la debilidad de los controles bancarios, es decir
Bahamas, el Citibank no pudo aportar documentación que acreditara
haber realizado alguna supervisión seria sobre la entidad. Y profundiza
aún más su crítica al Citibank (eje, al igual que
otros bancos americanos, de la investigación que tiene por objeto
demostrar la fragilidad de los controles de la legislación sobre
lavado y que permite la introducción de dinero sucio -drogas, evasión
o corrupción al circuito financiero de los Estados Unidos)
al puntualizar que el Citibank pareció ignorar las
medidas elementales y obligadas para establecer relación con bancos
corresponsales (aquellos bancos con los que se tienen cuentas recíprocas).
En la letra, recuerda el informe, la normativa interna del propio Citibank
establece por lo menos una visita anual a los bancos corresponsales y
esto tampoco se cumplió.
Todos quienes manejan el contenido del informe subrayan un hecho importante:
no sólo da por probada la condición de off shore del Banco
República que caracterizaba al Federal Bank sino que subrayó
el estrecho conocimiento que la cúpula del Citibank tenía
del grupo Moneta (propietario del República). Esto,
sumado a la asociación del Grupo Moneta con el CEI (Citicorp
Equity Investment, el mayor beneficiario de las privatizaciones del menemismo),
evidencia que el Citi tenía un vasto conocimiento de la estructura
corporativa, la organización y la operatoria del Banco República
y del Grupo Moneta, en general, incluida su otra off shore American Exchange.
La investigación del equipo de asesores de Levin resalta la existencia
de documentación en la que el Citibank admite que el ex banquero
Raúl Moneta tiene acceso fácil a nuestros ejecutivos
senior (John Reed, Bill Rhodes, Paul Collins, etc).
Tres camaradas
Leído desde el centro de operaciones del Banco República,
el CEI, y los hombres y empresas que figuran en la documentación
que el senador Carl Levin manejó sin dar a publicidad, es decir,
leído desde Argentina, el acceso fácil de Moneta
a los ejecutivos senior del Citibank de que habla el informe,
remite sin transición a la adolescencia de todos ellos, cuando
John Reed, Richard Handley (directivo del Citibank NA de Argentina y del
CEI) y Raúl Moneta frecuentaban las aulas del exclusivo Colegio
Saint George de Quilmes y se refregaban en los scrum de un
deporte al que iban a seguir vinculados.
La llegada del menemismo, la transmutación del mesadinerista, escribano
y abogado Raúl Moneta en banquero, los transacciones con Bunge
& Born, el grupo soporte de la primera etapa del nuevo gobierno, y
la inclusión de sus hombres de confianza, Javier González
Fraga y el abogado AlbertoPetracchi, en el directorio de la máxima
institución financiera del país (el Banco Central), así
como la colocación de fichas fuertes en el tablero del poder ejecutivo
(Carlos Carballo, siempre al lado de Antonio Erman González, ya
fuera en el Economía, en Relaciones Exteriores o en Defensa) abrieron
el abanico de los negocios posibles y recrearon, bajo la forma de sociedades
comerciales la amistad juvenil. John Reed y Handley eran, a través
del Citibank, los mayores tenedores de bonos de la deuda y ellos sirvieron
para obtener las piezas más codiciadas de la marea privatizadora.
La legislación norteamericana impedía al Citibank acometer
ilimitados emprendimientos extrabancarios. El instrumento fue el CEI donde
Moneta y Handley (quizás protegidos por la sombra de John Reed)
se turnaron para detentar. según las circunstancias, la mayoría
accionaria. No estaban solos, los acompañaban Telefónica
de Argentina, en minoría el grupo de Los W (el de la
familia Werthein, propietaria del Banco Mercantil) y off shores
como el Federal Bank.
Las primeras inversiones se hicieron en Altos Hornos Zapla, Frigorífico
Rioplatense, el Hotel Llao Llao. En pocos años, el CEI viró
hacia el mundo de las comunicaciones y devino en uno de los mayores propietarios
de medios. La fortuna de Moneta en esos años creció a un
ritmo frenético y fue calculada por el propio banquero en cifras
astronómicas. Hasta abril de 1999, cuando sus bancos Mendoza y
República cayeron como un castillo de naipes dejando al descubierto
una maraña de operaciones que, en triangulación con el Citibank
de Nueva York y el Federal Bank de Bahamas, permitían la circulación
de sumas siderales que afluían de sociedades opacas radicadas en
Montevideo para terminar inyectadas en los cada vez más riesgosos
negocios del CEI.
¿Conozco o desconozco?
Cuando trascendió la noticia de que estas operaciones habían
perforado la barrera de silencio que impidió ir más allá
de las meras especulaciones en torno a un banco ignoto por el que había
sido parte de la coima del contrato IBM-_Banco Nación y se encontraban
sobre el escritorio del senador Levin, las aguas comenzaron a agitarse
y el Federal Bank pasó a ser un clavo ardiente. El 20 de abril
de 1999, el Banco Central había pedido, por iniciativa de la gente
de la línea, referencias del Federal Bank al Citibank NA; el Citibank
NA de Argentina respondió por medio de su presidente, Carlos Fedrigotti:
no obra en nuestros registros información que nos permita
determinar la identidad de los accionistas del banco de referencia.
El 27 de julio del 2000 y luego de haber tomado conocimiento de
una investigación que esta siendo llevada a cabo en Estados Unidos
de América, Carlos Fedrigotti recuperó la memoria
y admitió: nos parece apropiado darles a conocer que en la
información elaborada internamente por nuestra institución
sobre el Federal Bank, existe información que incluye referencias
sobre la identidad de sus accionistas. Ante el senador Levin, el
Citibank reconoció que su banco corresponsal, el Federal, era parte
del grupo Moneta y Moneta carne y uña con sus ejecutivos
senior. John Reed, para entonces, ya había iniciado una prudente
retirada y había sido cobijado en el directorio de Terra, de su
socia Telefónica.
LO
DIJO LA ASESORA DESDE HACE VEINTE AÑOS DEL SENADOR LEVIN
Nunca vi una operación de lavado así
Por Eduardo Tagliaferro
En todos los años
de investigaciones de este subcomité nunca había visto una
operación de lavado de dinero de la magnitud de la realizada por
estos bancos durante una década, fue la frase con la que
Linda Giustitus, asesora desde hace 20 años del senador norteamericano
Carl Levin, despidió a los miembros de la delegación argentina.
Había pasado poco más de una hora y media desde que los
diputados Elisa Carrió, Gustavo Gutiérrez y el contador
Luis Balaguer, responsable de las investigaciones, transitaron las cuatro
cuadras que los separaban del Roosevelt Building donde se realizó
el encuentro.
La reunión fue una de las últimas antes de que se conozca
públicamente el informe del subcomité de investigaciones
de los Estados Unidos sobre el lavado de dinero. Del distendido encuentro
sólo participaron Carrió, Gutiérrez, Balaguer y Giustitus.
No abundaron las preguntas. Ya se habían realizado in extenso cuando
en mayo del 2000 los argentinos ingresaron al senado norteamericano, concretamente
a la oficina de Robert Roach. En aquella ocasión, los legisladores
llevaban en sus carpetas información sobre la sucursal argentina
del Citibank. Eso llevó a los investigadores norteamericanos a
hacer un lugar en su apretada agenda. Luego de la entrevista, los norteamericanos
sumaron a los once casos que venían investigando el del Federal
Bank.
A diferencia de aquellos encuentros preliminares, la falta de discusión
de ayer se debió a que el informe estaba prácticamente terminado.
Si algo había, eran respuestas. Los bancos a los que se refería
la asesora norteamericana son el Banco República, propiedad de
Raúl Juan Pedro Moneta, y el Federal Bank, una banca offshore con
sede en las Bahamas con la que el ex banquero negó insistentemente
cualquier vínculo.
Giustitus, una mujer de más de cincuenta años, hace veinte
que acompaña al senador Carl Levin, un demócrata que hace
veintidós integra el cuerpo legislativo norteamericano. Entre las
certezas que mostraban ayer los investigadores se encuentra el hecho de
que el dinero cuya triangulación era investigada tenía como
principal destinatario al CEI (Citicorp Equity Investments), un consorcio
creado por el Citibank que realizó fuertes inversiones en el Hotel
Llao Llao, el frigorífico Rioplatense y Altos Hornos Zapla.
Originalmente el informe norteamericano tendría que haber sido
conocido en noviembre pasado. La masa de información sobre las
operaciones que comprometían al Banco República con el Federal
Bank y el Citibank retrasó hasta hoy la fecha final de las investigaciones.
No por nada el Federal Bank terminó convirtiéndose
en el caso más rutilante de los doce analizados por el subcomité
del Senado estadounidense, dijeron ayer a este diario asesores cercanos
a las actuaciones. No sólo sus cifras eran escalofriantes (ver
aparte) sino también los lazos que unían a las instituciones
bancarias.
Si Estados Unidos pudo investigar en siete meses lo que Pedro Pou
no pudo investigar en cuatro años sobre la base de la documentación
emitida por el Banco Central, creo que Pou no va a poder explicar nada,
dijo ayer Carrió luego del encuentro con la senadora norteamericana.
Del informe del Senado norteamericano se desprende que cuando menos hubo
complicidades que permitieron la triangulación de una cifra descomunal
de fondos bancarios, complicidades que involucran al titular del BCRA
y que pondrían en cuestión la forma en que se realizaron
las privatizaciones impulsadas por Carlos Menem.
Ayer, desde Estados Unidos, Carrió arremetió contra el ministro
del Interior, Federico Storani, quien coincidiendo con declaraciones realizadas
por Pou dijo que el lavado de dinero era un delito que existía
en tanto y en cuanto se tratara de fondos provenientes de la droga.
Storani es un irresponsable al decir que no hay lavado proveniente
del narcotráfico porque esa descomunal afluencia de dinero de empresas
sin actividad productiva vinculadas a sociedades con titulares desconocidosabre
la posibilidad de pensar en cualquier procedencia, dijo la diputada
radical a Página/12.
Hoy el informe podrá ser conocido por el gran público, incluso
podrá ser consultado en Internet. Será el prolegómeno
de las audiencias que se desarrollaran el jueves y viernes próximo
en el edificio del Senado. El actual presidente del Citibank en la Argentina,
Carlos Fedrigotti, su antecesor en el cargo, Jorge Bermúdez, y
el directivo Martín López están citados para la audiencia
del viernes. López quien actualmente cumple sus funciones en Sudáfrica
era el encargado de atender las cuentas bancarias de un cliente con trato
preferencial: el Banco República.
El
hermano del Presidente sugiere que Pou se vaya
![](na02fo02.jpg)
Primero
que sí, después que no.
Ahora, el Gobierno insiste en el no.
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![](na02fo01.jpg)
J.
de la Rúa, quien expresa por anticipado lo que su hermano
termina decidiendo.
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Por
Fernando Cibeira
El ministro de
Justicia y titular de la flamante Unidad de Información Financiera
(UIF), Jorge de la Rúa, se convirtió en el primer funcionario
en admitir en público lo que hasta ahora el Gobierno decía
sólo en privado. El hermano del Presidente no sólo no descartó
la posibilidad de que Pedro Pou deje la presidencia del Banco Central
como consecuencia de la investigación por lavado de dinero, sino
que consideró que si él decidiera al fin dar un paso al
costado seguramente dejaría de haber intranquilidad
en los mercados. Pero antes de que se vaya Pou hace falta conseguir un
reemplazante, algo que el Gobierno todavía no consiguió.
Lo de la renuncia de Pou fue un sueño que acariciaron en la Rosada
hasta hace unos diez días. Pero los encargados de sondear al funcionario
el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Economía,
José Luis Machinea enseguida se enteraron de su negativa.
Luego de los ataques que recibió desde la Alianza, Pou adelantó
que no renunciaría y que se defendería en cualquier lugar
al que lo citaran para explicar cómo actuaron o no lo hicieron
los controles del BCRA frente a las maniobras de lavado.
Ayer, el ministro De la Rúa habló en Ezeiza, antes de subirse
al avión que lo llevó a Francia también irá
a España, en donde cumplirá una agenda de reuniones
para arreglar alguna forma de cooperación en materia de lavado.
De la Rúa aclaró que en medio del escándalo era importante
resguardar a la institución, en referencia a la autonomía
del Banco Central. Pero precisó que resguardar no necesariamente
significaba que siguiera Pou. Yo creo que eventualmente puede implicar
un cambio, añadió el ministro.
La salida de Pou fue decidida por el Gobierno apenas su nombre apareció
involucrado en el tema del lavado. Tal como lo reveló en exclusiva
Página/12, en una reunión de gabinete en la que se analizó
el problema se concluyó que era peor el costo de mantener a un
funcionario cuestionado que el hipotético riesgo que se correría
con la salida de Pou, quien al frente del Banco Central se ganó
las simpatías de los grandes bancos y de buena parte de lo que
se conoce como establishment financiero. Algo de eso expresó ayer
De la Rúa: Todo lo que permita que el país avance
en una línea de transparencia, del respeto a las leyes y su aplicación
como corresponde, de la sanción a los culpables, debe ser mirado
no como algo que perjudica sino como algo que beneficia.
Descartada la posibilidad de una renuncia por las suyas, el Presidente
optó por un minucioso seguimiento del camino legal obligatorio
para la salida de Pou. Para alivio de De la Rúa, la ley indica
que una comisión parlamentaria de cinco miembros que encabeza
el presidente provisional del Senado, Mario Losada es la que debe
sugerir la salida del titular del BCRA si es que comprueban que falló
en su función.
Según los cálculos que hacen en el Congreso, el informe
condenatorio estaría listo en alrededor de un mes. Antes, quizás
la semana que viene, la comisión citará a Pou para que haga
su descargo. Una de las órdenes que dio De la Rúa es que
no había que dejarle a Pou la posibilidad de acusar al Gobierno
de prejuzgamiento. Supone que de esa forma el cambio de manos en un lugar
tan sensible como el Banco Central se producirá sin traumas.
Pero para que la maniobra cierre, al Gobierno todavía le falta
un reemplazante confiable. El nombre que más consenso tiene tanto
en Economía como en los partidos políticos de la Alianza
es el del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy. Y si bien
el ministro pasó de un no rotundo de los primeros días a
una posición más transigente, aún sigue manteniendo
en firme su negativa. Como segunda opción, en Economía sondearon
al secretario de Financiamiento, Daniel Marx, quien también dijo
que no. Marx argumentó que la presidencia del Central era un puesto
potencialmente conflictivo, y mencionó las cerca de treinta causas
judiciales que hoy por hoy a partir del affaire del lavado de dinero
podrían ser unas cuantasmás tiene Pou en su contra.
Además, habría dicho Marx, el problema no es que esa supuesta
amenaza dura mientras esté en el cargo sino que las causas pueden
mantenerse abiertas durante años.
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