Por Susana Viau

Página/12 tuvo acceso al contenido del informe que el subcomité del Senado de los Estados Unidos hará público hoy. Sostiene que según los datos aportados por el Citibank, el Federal Bank era parte de un grupo mayor, identificado como “Grupo Moneta”, a cuyos dueños sí conocían perfectamente bien los máximos directivos internacionales del Citi. Por primera vez –y con mucha más contundencia que en el caso de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del ex presidente mexicano– la pesquisa apunta en dirección de John Reed, la ascendente estrella financiera de los años de resurgimiento del Citibank tras el agudo cimbronazo de principio de los años ‘90. Las conclusiones del equipo que lidera el veterano Carl Levin hacen también mención al Federal Bank como escala en la ruta de las coimas del caso IBM-Banco Nación e incluyen las operaciones realizadas por Mercado Abierto, el banco de Aldo Ducler, con el cartel de Juárez.
El informe final sostiene que si bien el Federal Bank era un “banco cáscara” (shell bank en inglés, una apariencia de banco, un banco fantasma), con licencia para actuar otorgada por un país famoso por “la debilidad de los controles bancarios”, es decir Bahamas, el Citibank no pudo aportar documentación que acreditara haber realizado alguna supervisión seria sobre la entidad. Y profundiza aún más su crítica al Citibank (eje, al igual que otros bancos americanos, de la investigación que tiene por objeto demostrar la fragilidad de los controles de la legislación sobre lavado y que permite la introducción de dinero sucio -drogas, evasión o corrupción– al circuito financiero de los Estados Unidos) al puntualizar que el Citibank “pareció” ignorar las medidas elementales y obligadas para establecer relación con bancos corresponsales (aquellos bancos con los que se tienen cuentas recíprocas).
En la letra, recuerda el informe, la normativa interna del propio Citibank establece por lo menos una visita anual a los bancos corresponsales y esto tampoco se cumplió.
Todos quienes manejan el contenido del informe subrayan un hecho importante: no sólo da por probada la condición de off shore del Banco República que caracterizaba al Federal Bank sino que subrayó el estrecho conocimiento que la cúpula del Citibank tenía del “grupo Moneta” (propietario del República). Esto, sumado a la asociación del Grupo Moneta” con el CEI (Citicorp Equity Investment, el mayor beneficiario de las privatizaciones del menemismo), evidencia que el Citi tenía un vasto conocimiento de la estructura corporativa, la organización y la operatoria del Banco República y del Grupo Moneta, en general, incluida su otra off shore American Exchange.
La investigación del equipo de asesores de Levin resalta la existencia de documentación en la que el Citibank admite que el ex banquero Raúl Moneta “tiene acceso fácil a nuestros ejecutivos senior (John Reed, Bill Rhodes, Paul Collins, etc)”.

Tres camaradas

Leído desde el centro de operaciones del Banco República, el CEI, y los hombres y empresas que figuran en la documentación que el senador Carl Levin manejó sin dar a publicidad, es decir, leído desde Argentina, el “acceso fácil” de Moneta a los “ejecutivos senior” del Citibank de que habla el informe, remite sin transición a la adolescencia de todos ellos, cuando John Reed, Richard Handley (directivo del Citibank NA de Argentina y del CEI) y Raúl Moneta frecuentaban las aulas del exclusivo Colegio Saint George de Quilmes y se refregaban en los “scrum” de un deporte al que iban a seguir vinculados.
La llegada del menemismo, la transmutación del mesadinerista, escribano y abogado Raúl Moneta en banquero, los transacciones con Bunge & Born, el grupo soporte de la primera etapa del nuevo gobierno, y la inclusión de sus hombres de confianza, Javier González Fraga y el abogado AlbertoPetracchi, en el directorio de la máxima institución financiera del país (el Banco Central), así como la colocación de fichas fuertes en el tablero del poder ejecutivo (Carlos Carballo, siempre al lado de Antonio Erman González, ya fuera en el Economía, en Relaciones Exteriores o en Defensa) abrieron el abanico de los negocios posibles y recrearon, bajo la forma de sociedades comerciales la amistad juvenil. John Reed y Handley eran, a través del Citibank, los mayores tenedores de bonos de la deuda y ellos sirvieron para obtener las piezas más codiciadas de la marea privatizadora. La legislación norteamericana impedía al Citibank acometer ilimitados emprendimientos extrabancarios. El instrumento fue el CEI donde Moneta y Handley (quizás protegidos por la sombra de John Reed) se turnaron para detentar. según las circunstancias, la mayoría accionaria. No estaban solos, los acompañaban Telefónica de Argentina, en minoría el grupo de “Los W” (el de la familia Werthein, propietaria del Banco Mercantil”) y off shores como el Federal Bank.
Las primeras inversiones se hicieron en Altos Hornos Zapla, Frigorífico Rioplatense, el Hotel Llao Llao. En pocos años, el CEI viró hacia el mundo de las comunicaciones y devino en uno de los mayores propietarios de medios. La fortuna de Moneta en esos años creció a un ritmo frenético y fue calculada por el propio banquero en cifras astronómicas. Hasta abril de 1999, cuando sus bancos Mendoza y República cayeron como un castillo de naipes dejando al descubierto una maraña de operaciones que, en triangulación con el Citibank de Nueva York y el Federal Bank de Bahamas, permitían la circulación de sumas siderales que afluían de sociedades opacas radicadas en Montevideo para terminar inyectadas en los cada vez más riesgosos negocios del CEI.

¿Conozco o desconozco?

Cuando trascendió la noticia de que estas operaciones habían perforado la barrera de silencio que impidió ir más allá de las meras especulaciones en torno a un banco ignoto por el que había sido parte de la coima del contrato IBM-_Banco Nación y se encontraban sobre el escritorio del senador Levin, las aguas comenzaron a agitarse y el Federal Bank pasó a ser un clavo ardiente. El 20 de abril de 1999, el Banco Central había pedido, por iniciativa de la gente de la línea, referencias del Federal Bank al Citibank NA; el Citibank NA de Argentina respondió por medio de su presidente, Carlos Fedrigotti: “no obra en nuestros registros información que nos permita determinar la identidad de los accionistas del banco de referencia”. El 27 de julio del 2000 y luego de “haber tomado conocimiento de una investigación que esta siendo llevada a cabo en Estados Unidos de América”, Carlos Fedrigotti recuperó la memoria y admitió: “nos parece apropiado darles a conocer que en la información elaborada internamente por nuestra institución sobre el Federal Bank, existe información que incluye referencias sobre la identidad de sus accionistas”. Ante el senador Levin, el Citibank reconoció que su banco corresponsal, el Federal, era parte del “grupo Moneta” y Moneta carne y uña con sus ejecutivos senior. John Reed, para entonces, ya había iniciado una prudente retirada y había sido cobijado en el directorio de Terra, de su socia Telefónica.

LO DIJO LA ASESORA DESDE HACE VEINTE AÑOS DEL SENADOR LEVIN
“Nunca vi una operación de lavado así”

Por Eduardo Tagliaferro

“En todos los años de investigaciones de este subcomité nunca había visto una operación de lavado de dinero de la magnitud de la realizada por estos bancos durante una década”, fue la frase con la que Linda Giustitus, asesora desde hace 20 años del senador norteamericano Carl Levin, despidió a los miembros de la delegación argentina. Había pasado poco más de una hora y media desde que los diputados Elisa Carrió, Gustavo Gutiérrez y el contador Luis Balaguer, responsable de las investigaciones, transitaron las cuatro cuadras que los separaban del Roosevelt Building donde se realizó el encuentro.
La reunión fue una de las últimas antes de que se conozca públicamente el informe del subcomité de investigaciones de los Estados Unidos sobre el lavado de dinero. Del distendido encuentro sólo participaron Carrió, Gutiérrez, Balaguer y Giustitus. No abundaron las preguntas. Ya se habían realizado in extenso cuando en mayo del 2000 los argentinos ingresaron al senado norteamericano, concretamente a la oficina de Robert Roach. En aquella ocasión, los legisladores llevaban en sus carpetas información sobre la sucursal argentina del Citibank. Eso llevó a los investigadores norteamericanos a hacer un lugar en su apretada agenda. Luego de la entrevista, los norteamericanos sumaron a los once casos que venían investigando el del Federal Bank.
A diferencia de aquellos encuentros preliminares, la falta de discusión de ayer se debió a que el informe estaba prácticamente terminado. Si algo había, eran respuestas. Los bancos a los que se refería la asesora norteamericana son el Banco República, propiedad de Raúl Juan Pedro Moneta, y el Federal Bank, una banca offshore con sede en las Bahamas con la que el ex banquero negó insistentemente cualquier vínculo.
Giustitus, una mujer de más de cincuenta años, hace veinte que acompaña al senador Carl Levin, un demócrata que hace veintidós integra el cuerpo legislativo norteamericano. Entre las certezas que mostraban ayer los investigadores se encuentra el hecho de que el dinero cuya triangulación era investigada tenía como principal destinatario al CEI (Citicorp Equity Investments), un consorcio creado por el Citibank que realizó fuertes inversiones en el Hotel Llao Llao, el frigorífico Rioplatense y Altos Hornos Zapla.
Originalmente el informe norteamericano tendría que haber sido conocido en noviembre pasado. La masa de información sobre las operaciones que comprometían al Banco República con el Federal Bank y el Citibank retrasó hasta hoy la fecha final de las investigaciones. “No por nada el Federal Bank terminó convirtiéndose en el caso más rutilante de los doce analizados por el subcomité del Senado estadounidense”, dijeron ayer a este diario asesores cercanos a las actuaciones. No sólo sus cifras eran escalofriantes (ver aparte) sino también los lazos que unían a las instituciones bancarias.
“Si Estados Unidos pudo investigar en siete meses lo que Pedro Pou no pudo investigar en cuatro años sobre la base de la documentación emitida por el Banco Central, creo que Pou no va a poder explicar nada”, dijo ayer Carrió luego del encuentro con la senadora norteamericana.
Del informe del Senado norteamericano se desprende que cuando menos hubo complicidades que permitieron la triangulación de una cifra descomunal de fondos bancarios, complicidades que involucran al titular del BCRA y que pondrían en cuestión la forma en que se realizaron las privatizaciones impulsadas por Carlos Menem.
Ayer, desde Estados Unidos, Carrió arremetió contra el ministro del Interior, Federico Storani, quien coincidiendo con declaraciones realizadas por Pou dijo que el lavado de dinero era un delito que existía en tanto y en cuanto se tratara de fondos provenientes de la droga.
“Storani es un irresponsable al decir que no hay lavado proveniente del narcotráfico porque esa descomunal afluencia de dinero de empresas sin actividad productiva vinculadas a sociedades con titulares desconocidosabre la posibilidad de pensar en cualquier procedencia”, dijo la diputada radical a Página/12.
Hoy el informe podrá ser conocido por el gran público, incluso podrá ser consultado en Internet. Será el prolegómeno de las audiencias que se desarrollaran el jueves y viernes próximo en el edificio del Senado. El actual presidente del Citibank en la Argentina, Carlos Fedrigotti, su antecesor en el cargo, Jorge Bermúdez, y el directivo Martín López están citados para la audiencia del viernes. López quien actualmente cumple sus funciones en Sudáfrica era el encargado de atender las cuentas bancarias de un cliente con trato preferencial: el Banco República.

El hermano del Presidente sugiere que Pou se vaya

Por Fernando Cibeira

El ministro de Justicia y titular de la flamante Unidad de Información Financiera (UIF), Jorge de la Rúa, se convirtió en el primer funcionario en admitir en público lo que hasta ahora el Gobierno decía sólo en privado. El hermano del Presidente no sólo no descartó la posibilidad de que Pedro Pou deje la presidencia del Banco Central como consecuencia de la investigación por lavado de dinero, sino que consideró que si él decidiera al fin dar un paso al costado “seguramente dejaría de haber intranquilidad” en los mercados. Pero antes de que se vaya Pou hace falta conseguir un reemplazante, algo que el Gobierno todavía no consiguió.
Lo de la renuncia de Pou fue un sueño que acariciaron en la Rosada hasta hace unos diez días. Pero los encargados de sondear al funcionario –el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Economía, José Luis Machinea– enseguida se enteraron de su negativa. Luego de los ataques que recibió desde la Alianza, Pou adelantó que no renunciaría y que se defendería en cualquier lugar al que lo citaran para explicar cómo actuaron –o no lo hicieron– los controles del BCRA frente a las maniobras de lavado.
Ayer, el ministro De la Rúa habló en Ezeiza, antes de subirse al avión que lo llevó a Francia –también irá a España–, en donde cumplirá una agenda de reuniones para arreglar alguna forma de cooperación en materia de lavado. De la Rúa aclaró que en medio del escándalo era importante “resguardar a la institución”, en referencia a la autonomía del Banco Central. Pero precisó que “resguardar” no necesariamente significaba que siguiera Pou. “Yo creo que eventualmente puede implicar un cambio”, añadió el ministro.
La salida de Pou fue decidida por el Gobierno apenas su nombre apareció involucrado en el tema del lavado. Tal como lo reveló en exclusiva Página/12, en una reunión de gabinete en la que se analizó el problema se concluyó que era peor el costo de mantener a un funcionario cuestionado que el hipotético riesgo que se correría con la salida de Pou, quien al frente del Banco Central se ganó las simpatías de los grandes bancos y de buena parte de lo que se conoce como establishment financiero. Algo de eso expresó ayer De la Rúa: “Todo lo que permita que el país avance en una línea de transparencia, del respeto a las leyes y su aplicación como corresponde, de la sanción a los culpables, debe ser mirado no como algo que perjudica sino como algo que beneficia”.
Descartada la posibilidad de una renuncia por las suyas, el Presidente optó por un minucioso seguimiento del camino legal obligatorio para la salida de Pou. Para alivio de De la Rúa, la ley indica que una comisión parlamentaria de cinco miembros –que encabeza el presidente provisional del Senado, Mario Losada– es la que debe sugerir la salida del titular del BCRA si es que comprueban que falló en su función.
Según los cálculos que hacen en el Congreso, el informe condenatorio estaría listo en alrededor de un mes. Antes, quizás la semana que viene, la comisión citará a Pou para que haga su descargo. Una de las órdenes que dio De la Rúa es que no había que dejarle a Pou la posibilidad de acusar al Gobierno de prejuzgamiento. Supone que de esa forma el cambio de manos en un lugar tan sensible como el Banco Central se producirá sin traumas.
Pero para que la maniobra cierre, al Gobierno todavía le falta un reemplazante confiable. El nombre que más consenso tiene tanto en Economía como en los partidos políticos de la Alianza es el del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy. Y si bien el ministro pasó de un no rotundo de los primeros días a una posición más transigente, aún sigue manteniendo en firme su negativa. Como segunda opción, en Economía sondearon al secretario de Financiamiento, Daniel Marx, quien también dijo que no. Marx argumentó que la presidencia del Central era un puesto potencialmente conflictivo, y mencionó las cerca de treinta causas judiciales que hoy por hoy –a partir del affaire del lavado de dinero podrían ser unas cuantasmás– tiene Pou en su contra. Además, habría dicho Marx, el problema no es que esa supuesta amenaza dura mientras esté en el cargo sino que las causas pueden mantenerse abiertas durante años.

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