Por Irina Hauser

El mismo día que el Senado norteamericano revele las conexiones del banquero Raúl Moneta con el lavado de dinero y las coimas pagadas a IBM, el Consejo de la Magistratura resolverá la suerte del juez que investigó sus maniobras en el vaciamiento del Banco de Mendoza y ordenó su captura, Luis Leiva. Si ningún cambio drástico ocurre, Leiva podrá seguir ejerciendo la magistratura sin la amenaza de ser destituido. Todo indica que en el plenario de hoy el dictamen acusatorio que impulsa el juicio político en su contra no conseguirá el apoyo de los dos tercios de los consejeros necesarios. Algunos miembros del cuerpo, sin embargo, están buscando a toda costa que se postergue la votación.
El del mendocino Leiva podría convertirse en el primer dictamen acusatorio que no logre la mayoría necesaria en el plenario de la Magistratura para prosperar. Según la regla de los dos tercios, si hoy asisten los 20 integrantes del cuerpo harían falta 14 votos a favor de la destitución para que el juez sea enviado al jurado de enjuiciamiento. Si concurren 18 consejeros –como puede suceder– se necesitarán 12 votos.
La destitución de Leiva ha sido impulsada sin tregua por el menemista Moneta. El tema desató arduas discusiones entre los consejeros. Hasta ayer eran ocho los impulsores de su juicio político: Juan Gersenobitz, Eduardo Orio, Fermín Garrote, Diego May Zubiría, Miguel Angel Pichetto, Lelia Chaya, Augusto Alasino, Javier Fernández Moores. A ellos se les habría sumado a último momento Bindo Caviglione Fraga. Y lo mismo hará Ricardo Branda si, a pesar de haber sido procesado por cohecho, decide concurrir al plenario. En el otro wing, los opositores al dictamen acusatorio eran otros ocho: Pablo Fernández, Carlos Maestro, Alfredo Vítolo, Claudio Kiper, Margarita Argüelles, Humberto Quiroga Lavié, Juan Geminiani y José Antonio Romerio Feris. A ellos se sumaría el voto de Horacio Usandizaga, según le dijo a algunos compañeros. Fiel a su tradición, el presidente del Consejo –y de la Corte Suprema–, Julio Nazareno, se abstendría.
Ante las posiciones reñidas, y cuando está por salir a la luz el informe estadounidense, ayer comenzaron a surgir planteos tendientes a postergar la votación. Gersenobitz dijo en la reunión de la Comisión de Acusación que se debería analizar si cabe tener en cuenta los videos de las filmaciones ocultas hechas por Moneta de sus propias reuniones, tema que deberá discutirse hoy. A este diario le señaló que el cuerpo de auditores de la Corte Suprema emitió recientemente un duro dictamen contra Leiva, aún no firmado por los ministros del tribunal, en el que le cuestiona cómo ingresó de Chile a Argentina 52 maletines para un congreso. Garrote fue uno de los que más inquieto se mostró por el asunto de los videos. Y algunos comentarios maliciosos señalaban que es porque entre los clientes suyos figura (según el directorio de estudios de abogados de la Argentina del 2000) la firma IBM, ligada según los datos norteamericanos al Federal Bank (ver aparte), a lo que sumaban que su secretaria, Adriana Scoccia, lo fue del juez Adolfo Bagnasco, quien tiene la causa IBM-Banco Nación.
Usandizaga y Geminiani plantearon entre sus pares que no les alcanzó el tiempo para analizar el complejo caso de Leiva, un argumento difícil de sostener ya que es un expediente de larga data. Colaboradores de Fernández cuestionaron la propuesta de Gersenobitz porque, dijeron, él mismo pidió que se excluyera del expediente el testimonio de Elisa Carrió, porque ya estaba terminada la recopilación de pruebas.

ACUERDO EN LA COMISION PARA DICTAMINAR CONTRA POU
Faltan el cómo y el cuándo

Por Felipe Yapur

Entre los miembros de la comisión especial bicameral del Congreso que deberá evaluar la actuación del presidente del Banco Central frente a los casos de lavado de dinero hay consenso para recomendar la remoción de Pedro Pou. Las diferencias surgen a partir de cómo, cuándo y en qué momento realizarlo. Las divergencias se dan fundamentalmente entre los radicales. Algunos de ellos, más propensos a coincidir con los tiempos del presidente Fernando de la Rúa, sostienen que habría que extender el trabajo el tiempo suficiente como para que “Pou caiga por su propio peso”. Otros, en tanto, sostienen que las condiciones están dadas para recomendar la remoción en pocos días más. Ayer, en su segundo encuentro, los legisladores estudiaron el informe remitido por los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, que incluye dos auditorías realizadas por el Central al Banco República de Raúl Moneta. Todos coincidieron en calificarlo como “muy valioso” aunque “incompleto” a la hora de informar sobre cuál fue la respuesta de Pou frente esa información, por lo que solicitaron más precisiones al BCRA.
Dos horas duró la segunda reunión de la comisión integrada por los senadores Mario Losada (UCR), Alcides López (UCR) y Carlos Verna (PJ) y los diputados radicales Raúl Baglini y Víctor Peláez.
Este tiempo sirvió para las diferencias de criterio entre los miembros de la comisión volvieran a resurgir a partir de definir cuánta más información necesita la comisión para emitir una resolución. Fundamentalmente las discrepancias se dan entre los radicales donde Losada y Baglini, más propensos a oír las recomendaciones presidenciales, sostienen que “todavía es muy pronto para emitir opinión”, que es preciso ser cautelosos y hasta asegurar que “recién tenemos el 10 por ciento de la información necesaria”. López y Peláez, en cambio, no comparten esta visión y aseguran que la responsabilidad de Pou se puede comprobar con algunos elementos más. Pero entre estos dos últimos las coincidencias tampoco son totales. Mientras López dice que Pou debería ser el único funcionario que tendría que citar la comisión, el neuquino Peláez es de la teoría que hay que convocar a funcionarios del Central que puedan aportar más datos sobre la conducta de Pou. El justicialista Verna, en tanto, se limita a acompañar las decisiones alcanzadas en conjunto y deja que las diferencias las resuelva la mayoría radical.
En cuanto al informe de los diputados Carrió (UCR-Chaco) y Gutiérrez (Demócrata-Mendoza), la totalidad de los miembros de la comisión coincidieron ayer en destacar que es “muy valioso”, pero al decir de uno de los integrantes de la comisión, “deja en claro que Moneta incurrió en conductas gravísimas, pero estos papeles no dan cuenta de lo que hizo Pou para corregir o evitar estos hechos como presidente del Banco Central”.
Del material recibido, los legisladores se detuvieron especialmente en los dos expedientes internos del Central que integran el informe de los diputados y que resultan de sendas auditorías externas encargadas por el BCRA para escudriñar los movimientos de fondos del banco del menemista Moneta. Ambas auditorías otorgan “bajísimas” calificaciones al República y dan cuenta de “los exuberantes e injustificados” movimientos de dinero del banco a través de entidades off shore que servían de cobertura, como el Federal Bank. Estos datos generaron la idea de solicitar al Central las circulares y resoluciones del directorio respecto al control del lavado de dinero y específicamente referidas a estos dos expedientes. “Necesitamos ese material para poder tener la certeza de que el presidente del Banco Central no cumplió con su deber de vigilar el funcionamiento del mercado financiero”, confió uno de los integrantes de la comisión. Por último, los legisladores decidieron que sólo viajarán a los Estados Unidos si el informe sobre lavado de dinero que realizó el Senado de ese país tiene alguna información de carácter reservado que no se dé a publicidad.

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