Por José Natanson

Luego de muchas horas de reunión, el Gobierno logró ayer que los legisladores aliancistas de todo el país firmaran un documento en el que se comprometen a impulsar la reducción de los gastos de las cámaras provinciales: la idea es que no superen el dos por ciento del presupuesto de cada distrito y que las dietas se equiparen con los cuatro mil pesos que cobra un diputado nacional. Aunque admitían que los resultados concretos tardarán en verse, en el Gobierno se mostraban conformes con el resultado del encuentro. “La idea es instalar un clima para que el PJ no pueda negarse a avanzar en el tema”, explicaba un funcionario de Interior poco antes del discurso de cierre de Fernando de la Rúa.
Los 400 legisladores fueron llegando desde temprano al Hotel Panamericano, donde los esperaba el factótum del encuentro, el ministro del Interior, Federico Storani. Divididos en comisiones, discutieron los diferentes puntos del documento y otros temas, como la creación de un portal que incluirá los datos de las legislaturas de cada provincia.
Pero lo más importante era el compromiso que Storani quería tener listo –y firmado por los dirigentes provinciales– antes de la llegada de De la Rúa. Básicamente, el objetivo era establecer algún tipo de tope para los gastos de las cámaras provinciales, cuidando al mismo tiempo la autonomía federal, y establecer un límite al crecimiento de la planta de empleados. Había varios problemas. El primero es que el Gobierno no puede regular directamente la actividad de las legislaturas provinciales. Por eso, en la redacción final se incluyó un párrafo sobre las autonomías provinciales y se buscó una fórmula que cuida la garantía federal: que los dirigentes provinciales se “comprometieran” de manera individual a “impulsar” la reducción de los gastos.
También fueron surgiendo otros inconvenientes. Por ejemplo, uno de los objetivos era achicar las sobredimensionadas plantas de las legislaturas prohibiendo la incorporación de nuevos trabajadores. Sin embargo, cuando comenzaron a discutir cómo reducir las estructuras actuales, advirtieron la inconveniencia de achicar las plantas, lo que podría derivar en una avalancha de juicios de los trabajadores despedidos.
Fue una discusión larga. Finalmente, la viceministra del Interior, Nilda Garré, el vicegobernador de Mendoza, Juan González Gaviola, el secretario de Provincias, Walter Ceballos, y un conjunto de legisladores provinciales que entraban y salían de una salita de dos por cuatro terminaron de redactar el documento definitivo.
Los legisladores se comprometen a impulsar la reforma política en sus provincias, avanzar en la “modernización parlamentaria” y reducir el número de comisiones para agilizar el tratamiento de las leyes. El capítulo 7 es el más importante: allí ratifican su voluntad de “profundizar la reducción del gasto que insume la política y específicamente los poderes legislativos provinciales”. Por eso, el documento sostiene que “los legisladores provinciales de la Alianza procurarán establecer un parámetro general que no supere el 2 por ciento del presupuesto general de la provincia”. Y buscarán achicar las dietas de manera tal que no superen las de los diputados nacionales.
Poco antes de las siete de la tarde, De la Rúa entraba al Panamericano y el subsecretario del Interior, César Martucci, corría por los pasillos con la versión definitiva, que entregó al Presidente segundos antes de que comenzara el discurso de cierre (ver aparte).
Cansados luego de tantas horas de reunión, los funcionarios se mostraban contentos con el desarrollo del encuentro. Aunque admitían que es difícil que el documento se traduzca en avances inmediatos, aseguraban que cumplieron con el objetivo de instalar el tema. “Sabemos que va a ser difícil convencer al PJ, que domina 17 de las 24 legislaturas”, explicaba un funcionario de Interior. “Pero la idea era crear un clima para que lesresulte difícil negarse a avanzar en la reducción de los gastos. Queremos aprovechar el momento: la política está muy desprestigiada y los legisladores que se nieguen a bajarse las dietas van a tener que afrontar el costo”, concluía.

ACTO A NUEVE AÑOS DEL ATENTADO A LA EMBAJADA
Los Familiares, en el predio

Por Raúl Kollmann

Como viene ocurriendo en los últimos años, los dirigentes de la comunidad judía argentina y la Embajada de Israel resolvieron no hacer un acto callejero para recordar el noveno aniversario del atentado contra la sede diplomática que aquel 17 de marzo de 1992 produjo 22 víctimas. Los familiares de las víctimas y otras organizaciones decidieron, por el contrario, convocar a una concentración en el predio donde estaba la embajada, Arroyo y Suipacha, para el viernes 16. En ese acto, que comenzará a las 14.30, hablarán la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Carlos Susevich, cuya hija murió en el ataque.
Según parece, los dirigentes de la comunidad judía argentina mantienen el criterio de realizar actos de bajo perfil, sobre todo porque consideran que no hay un gran estado de movilización que podría asegurar una buena asistencia. En principio, el nuevo embajador de Israel en la Argentina, Benjamín Orón, no estaba muy de acuerdo con ese criterio, pero finalmente dio su visto bueno y todo indica que el acto oficial por el aniversario del atentado se hará en el edificio de la AMIA, Pasteur 633, donde se colocará una placa para recordar a las 22 víctimas del ataque.
La concentración encabezada por los familiares se va hacer con la consigna “En el noveno aniversario de la masacre de la Embajada de Israel, acto contra la impunidad en la Argentina”. En un comunicado distribuido ayer se menciona que “se trata de una autoconvocatoria que distintos sectores independientes de la colectividad judía decidieron concretar ante la inexplicable decisión de la embajada y las instancias rectoras de la comunidad, principalmente la DAIA, de recordar aquel terrible crimen sólo con pequeñas ceremonias en ámbitos cerrados”. La concentración se va a realizar en la llamada plaza seca, el predio donde estaba la embajada adquirido por un grupo de ciudadanos judíos y no judíos para preservar el recuerdo. El noveno aniversario encuentra la llamada causa-embajada en una parálisis casi absoluta. La investigación prácticamente no existió y hoy en día, aunque no está formalmente cerrada, no se está haciendo casi ninguna diligencia. Se considera que no hubo conexión local, sino que vino uno o dos individuos desde Medio Oriente pasando por Brasil compraron una camioneta Ford F-100 con un documento brasileño trucho, le colocaron el explosivo que supuestamente trajeron de afuera y luego un conductor suicida estacionó frente a la representación diplomática haciendo estallar la bomba. En ese esquema –muy poco creíble– no queda ningún responsable en la Argentina y la única persona buscada es un terrorista, Imad Mughnyha, supuestamente de la Jihad Islámica, que nunca fue visto en Buenos Aires y, además, nadie sabe seguro si existe o no existe.

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