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Por Victoria Ginzberg
 Los jueces del Tribunal Oral
Número 5, Guillermo Federico Madueño, Guillermo Andrés
Gordo y Luis Rafael Di Renzi serán los encargados de juzgar al
teniente coronel Ceferino Landa y su mujer Mercedes Beatriz Moreira, apropiadores
de Claudia Victoria Poblete. Será el segundo juicio oral y público
por el delito de robo de bebés durante la última dictadura
militar. En la misma causa están acusados los represores Juan Antonio
del Cerro (a) “Colores” y Julio Simón (a) “El Turco
Julián” y fue presentado el pedido de nulidad de las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final.
El juez Gabriel Cavallo, magistrado instructor del proceso, le devolvió
la verdadera identidad a Claudia en febrero del año pasado. A partir
de una denuncia hecha por las Abuelas de Plaza de Mayo el juez estableció
que la niña había sido apropiada por el matrimonio Landa
después de haber estado unos días en el centro clandestino
de detención El Olimpo.
El juicio oral no se llevará a cabo antes de junio, ya que el tribunal
tiene otros procesos programados. La defensa –encabezada por Jorge
Appiani, del estudio del represor Jorge Olivera– está intentando
demorar que los acusados se sienten en el banquillo y para eso hizo varias
presentaciones, entre ellas, impugnó el análisis genético
que prueba la verdadera identidad de Claudia con el argumento de que fue
tomado en forma “compulsiva”. La joven, hoy de 23 años,
mantiene una muy buena relación con su familia biológica
y tramitó personalmente su documento de identidad con su nuevo
nombre. En una carta publicada por Página/12 en noviembre del año
pasado, Claudia le escribió a su tío, Fernando Navarro Roa:
“Quisiera ser capaz de más, por mis padres que fueron capaces
de todo. Dice alguien por ahí que ‘todo lo que el árbol
tiene de florido viene de lo que tiene sepultado’. Una familia es
como un árbol y con semejantes raíces nuestro árbol
tiene un buen futuro asegurado”.
Claudia fue secuestrada el 28 de noviembre de 1978, cuando tenía
ocho meses, junto a su madre, Gertrudis María Hlaczik. El padre
de la niña, José Liborio Poblete, desapareció el
mismo día. José era un técnico tornero chileno que
había perdido sus piernas en un accidente automovilístico
y en 1971 había fundado el Frente de Lisiados Peronistas.
“El médico militar Julio César Cáceres Monie
(ya fallecido) me ofreció entregarme una beba que había
sido abandonada”, afirmó el teniente coronel cuando lo indagaron.
Y agregó: “En esa época aparecían muchos bebés
abandonados”. Landa está detenido en la sede de Gendarmería
en Campo de Mayo. Su mujer fue beneficiada con la prisión domiciliaria.
En esta misma causa fueron arrestados Simón y Del Cerro. El juez
Cavallo los procesó por considerarlos partícipes del secuestro,
apropiación y supresión de identidad de Claudia, delitos
que el magistrado describió como “actos de genocidio”.
El expediente correspondiente al Turco Julián y Colores aún
no fue elevado a juicio oral. Si este paso se da en un corto plazo y si
las partes o el tribunal lo solicita, el proceso contra los represores
podría juntarse con el de los apropiadores.
En el caso Poblete también se espera la resolución sobre
el pedido de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hecho
por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Al confirmar el procesamiento
de Colores y el Turco Julián, la Cámara Federal, en respuesta
a un planteo de la defensa, expresó que “no puede exceptuarse
de responsabilidad a quien invoque actuar en cumplimiento de una orden
superior en los casos en que nos hallemos ante hechos atroces, aberrantes
o de ilicitud manifiesta, características en las que sin lugar
a dudas puede encuadrarse la sustracción, retención y ocultación
de una menor de diez años prolongada durante veintiún años
y acaecida en el marco fáctico aquí acreditado, es decir
junto a la privación ilegal de la libertad de sus padres”.
El juicio oral y público contra el matrimonio Landa será
el segundo de este tipo. El primero se realizó en mayo de 1998
en San Isidro y fue porla apropiación de Martín D’Elia,
quien fue anotado falsamente como Carlos Rodolfo De Luccia. En esa oportunidad
la única condenada –a sólo tres años en suspenso–
fue la apropiadora Marta Elvira Leira, ya que el teniente de navío
Carlos De Luccia había fallecido.
SUAREZ
MASON NO QUIERE SER JUZGADO POR ANTISEMITA
Represor sí, golpista no
Por A. M.
A pesar de que está preso
acusado por la apropiación de bebés hijos de desaparecidos,
el represor Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason
no quiere sentarse en el banquillo de los acusados. Está haciendo
todo lo posible para demorar el juicio oral en el que será acusado
de “discriminación” racial contra los judíos.
Su abogado recusó al fiscal federal Miguel Angel Osorio por enemistad
manifiesta. Osorio había escrito en su pedido de procesamiento
que Suárez Mason “olvida haber participado de un régimen
que usurpó ilegítimamente el poder soberano del pueblo”,
y el ex general se quejó de esas y otras consideraciones. Sin embargo,
el juez federal Claudio Bonadío rechazó el pedido de recusación.
El fiscal sostuvo que el acusado “olvida haber usurpado el derecho
a declarar una guerra, definir al enemigo y obrar conforme a las pautas
internacionales de un conflicto y básicamente olvida que la eliminación
de personas en estas circunstancias ha sido declarada como lo que es:
un delito”. Horacio Alais, abogado de Suárez Mason, planteó
que Osorio usó frases que “exceden holgadamente la tarea que
le compete como fiscal”, y son “apreciaciones personales respecto
de hechos históricos que nada tienen que ver con el objeto procesal”.
Y agregó que Osorio “evidencia encono y resentimiento más
político que jurídico, haciendo una exégesis legal
impregnada de ideologismo”.
Los argumentos de Alais, que sería pariente del general que nunca
llegó a reprimir a los sublevados carapintadas en 1987, no alcanzaron
para convencer a Bonadío. Ayer en su juzgado se realizó
la audiencia en la que recusado y recusante expusieron sus razones, tras
lo cual el magistrado decidió rechazar el pedido del represor.
En 1996, Suárez Mason mantuvo una entrevista con Noticias en la
que le preguntaron si era antisemita. “Yo no soy antisemita. A los
judíos los conozco bien, que es distinto. Les tengo prevención,
no obstante lo cual tengo muchos amigos judíos”, respondió
el ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército. Esa frase motivó
la denuncia en su contra que presentaron la AMIA, la DAIA y Guillermo
Patricio Kelly. Suárez Mason había dicho que Kelly “no
merecía respeto por estar al servicio de los judíos”,
que “una familia judía, los Graiver, administraban fondos
de los montoneros” y que otro miembro de esa colectividad, Jacobo
Timerman, “justificaba el accionar de la subversión”.
Bonadío lo procesó por presunta violación de la Ley
Antidiscriminatoria. Alais apeló y logró que la sala II
de la Cámara Federal porteña revocara el procesamiento.
Los abogados de la AMIA y la DAIA recurrieron a la Cámara de Casación
Penal, que anuló el sobreseimiento de Suárez Mason. Así
volvió a cobrar vigencia el procesamiento dictado en su contra,
pero la Cámara Federal cuestionó la actuación de
Bonadío por haber omitido precisar cuáles fueron las frases
que consideraba delictivas. El juez volvió a tomarle indagatoria
y lo procesó por segunda vez. En octubre del año pasado
la Cámara confirmó la medida. Como es un delito correccional,
será juzgado por el propio Bonadío. Fuentes del caso comentaron
a este diario que no es habitual la recusación del fiscal y sospechan
que Alais pedirá el apartamiento de Bonadío.
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