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Por Carlos Rodríguez
 Anticipándose al pedido
de la familia de Natalia Melmann, que quería la baja preventiva
de seis policías de Miramar sospechados de participar en el crimen
de la joven, el Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió trasladarlos
a comisarías ubicadas en el Gran Buenos Aires, sacándolos
del escenario del hecho. El ministro Ramón Verón dispuso
también el demorado relevo del comisario Ricardo Triches, jefe
de la DDI de Seguridad de Mar del Plata, a quien se le atribuyó
responsabilidad en la fuga inicial del único imputado, Gustavo
“El Gallo” Fernández, finalmente detenido tras una larga
negociación. Con las dos medidas como estrategia política,
Verón atenuó los efectos del viaje a La Plata de una comitiva,
encabezada por Gustavo Melmann, padre de Natalia, que se reunió
con miembros de los tres bloques del Senado bonaerense para solicitarles
el descabezamiento de la cúpula policial de Miramar y el impulso
de la causa, que ahora está virtualmente parada por el pedido de
recusación de los fiscales.
“Les dije a los senadores que tengo la certeza de la participación
policial en el crimen y les pedí la baja de los sospechados, porque
su presencia intimida a los testigos que podrían confirmar la versión
del ‘Gallo’ en lo que hace a la participación de por
lo menos dos policías”, dijo Melmann en diálogo con
Página/12. Aunque eludió dar precisiones respecto de los
elementos nuevos con los que contaría, trascendió en Miramar
que habría dos adolescentes, internos de un hogar de menores, que
podrían corroborar lo dicho por el “Gallo”, en el sentido
de que tanto el único detenido como Natalia fueron introducidos
por la fuerza, no en el baúl de un auto, como se dijo, sino en
la parte trasera de un coche de tres puertas, marca Renault o Fiat.
Según el relato de Fernández, en la declaración indagatoria
tras su detención, hubo tres personas que “se llevaron”
a Natalia Melmann la madrugada del crimen. Ellos habrían sido un
policía conocido como “El Mono” Suárez y el sargento
Oscar Alberto Echenique, acompañados por una tercera persona, que
podría ser un civil, a la que el “Gallo” conoce por el
apodo de “El Gordo”. Pudo saberse que esta persona sería
“muy parecida” a un identikit distribuido, en el comienzo de
la investigación, por el comisario Carlos Grillo, el desplazado
ex jefe de la Policía de Miramar.
En La Plata, horas antes de la llegada de la comitiva Melmann, el ministro
Verón dispuso el relevo del jefe de seguridad de la DDI marplatense.
El comisario Triches fue reemplazado ayer por el comisario mayor Carmelo
Impari, en un acto presidido por el virtual titular de la Bonaerense,
comisario José María Gallina. Impari venía desempeñándose
como jefe del Centro de Operaciones Policiales y participó este
año del “Operativo Sol”. Según Gallina, el recambio
se debió a la necesidad de “mejorar la calidad del servicio
de seguridad” y eludió vincular el movimiento de piezas como
una obvia derivación del caso Melmann.
El segundo paso fue el traslado, a los partidos bonaerenses de Lomas de
Zamora y San Martín, de los policías sospechados de haber
tenido algún tipo de participación en el crimen de Natalia.
De acuerdo con lo dicho por Verón, el traslado comprendería
a los 21 policías derivados en su momento a Mar del Plata, un lugar
demasiado cercano a Miramar. Verón, acompañado por el ministro
de Justicia, Jorge Casanovas, se reunió con Gustavo Melmann, quien
antes había sido recibido por los jefes de los tres bloques del
Senado: Luis Genoud (justicialista), Eduardo Sigal (Frepaso) y Jorge Martínez
(UCR).
Melmann dijo en La Plata que en Miramar circulan historias sobre “varios
policías” que solían “organizar fiestitas en las
cuales había violaciones de chicas que hasta ahora no han dicho
nada porque recibieron amenazas”. El papá de Natalia dijo
que ahora ocurre lo mismo y puso el ejemplo de su abogado, Juan Carlos
Maggi, a quien “lo volvieron a amedrentar dejándole escrito,
en el capot del auto y en la luneta trasera, un mensaje que decía:
‘Maggi sos boleta’”. En otras ocasiones “lo encerró
otro autoen plena ruta, lo azuzaron con perros y hasta le dieron la mano
en el juzgado, mientras por lo bajo le decían: ‘Soy Fulanito
de Tal, cuídese’!”. Anoche, de regreso en Miramar, Melmann
dijo que el traslado de los policías “puede servir para que
la gente se anime a prestar declaración” en la causa, pero
pidió que se lo pusiera custodia a los seis sospechados porque
de lo contrario “pueden fugarse en el caso de ser imputados”.
La familia Melmann sigue pensando que el “Gallo” participó
en el crimen, pero como parte de un grupo integrado por algunos policías
que contaron con encubrimiento de sus pares. Los trascendidos indican
que la puerta de acceso al Hogar Los Pinos, donde están los supuestos
testigos, fue empapelada con amenazas armadas con recortes de diarios,
como suele verse en las películas. El caso sigue manteniendo un
trasfondo lleno de dudas.
CARLOS
VILLAFUERTE RUZO ZAFO DEL JUICIO POLITICO
“El juez no es el responsable”
Por Horacio Cecchi
El Consejo de la Magistratura
decidió ayer desestimar el juicio político contra Carlos
Villafuerte Ruzo, juez federal de San Nicolás que investiga la
Masacre de Villa Ramallo. Los siete miembros de la Comisión de
Acusaciones votaron en forma unánime contra los cuatro pedidos
de enjuiciamiento del magistrado, que lo responsabilizaban del desastre
con el que concluyó el operativo. El expediente deberá ser
ahora aprobado por el plenario del Consejo, que analizará si corresponde
imponer sanciones por faltas consideradas menores: la demora de 30 horas
en apartar a la Bonaerense –principal imputada de la masacre–
de la investigación del caso, y de la custodia de Tito Saldaña,
uno de los dos delincuentes sobrevivientes que murió colgado en
la comisaría local. La comisión además decidió
rechazar el pedido de José Chaves para incorporar el testimonio
de Zulema Yoma.
Cuatro expedientes fueron abiertos ante el Consejo de la Magistratura:
el 410/99, presentado por el abogado Juan Pandis; el 415/99, por los diputados
nacionales Eduardo Camaño, Humberto Roggero, Mario Cafiero, Saúl
Ubaldini y Lorenzo Pepe; el 418/99, de la mano de Juan José Zanola,
representando a la Asociación Bancaria; y el 262/2000, de José
Chaves, hermano del gerente del Nación, Carlos Chaves, asesinado
durante la fuga de los delincuentes. Los cuatro solicitaban la remoción
vía juicio político de Villafuerte Ruzo.
La Comisión de Acusaciones es la encargada de analizar si corresponde
o no el juicio político. Uno de sus integrantes, el abogado Juan
Gersenobitz, elaboró el dictamen en el que aconsejó desestimar
el procedimiento de remoción. La comisión citó una
serie de testigos, entre ellos funcionarios policiales que intervinieron
en los hechos y que acordaron en que el juez no debe decidir sobre el
plan táctico estratégico. “El juez no está preparado
táctica y estratégicamente para ser jefe de un operativo
cuasimilitar –explicó Gersenobitz a este diario-. Estuvo en
el lugar que tenía que estar aunque no tenía obligación
de hacerlo, resolvió temas que son de su jurisdicción como
la intervención de líneas telefónicas. Pero no tenía
la visión estratégica ni conocía el potencial de
las unidades comando. Ni él ni ningún otro juez hubieran
podido dirigir el operativo. Incluso, una orden interna de la Policía
Federal, del 10 de abril del 2000, indica que el juez puede formar parte
del Comité de Crisis pero sólo como vocal.” Gersenobitz
consideró que el solo hecho de haber estado presente no es motivo
suficiente para remover al magistrado.
De todos modos, el dictamen dejó abierta la posibilidad de sanciones
menores, para lo que recomendó el traslado del expediente a la
Comisión de Disciplina. Las faltas que se analizan son la demora
de 30 horas en apartar a la Bonaerense de la investigación para
pasarla a manos de un equipo de elite de la Prefectura Naval; y la entrega
en custodia de Tito Saldaña a la misma Bonaerense, apenas concluidos
los hechos de la madrugada trágica del 17 de setiembre del ‘99.
Saldaña murió alrededor de las 14.30 del mismo día
de la masacre. Su cuerpo apareció colgado en una celda de la comisaría
de Villa Ramallo y su muerte, aunque fue considerada como un suicidio,
dejó muchos puntos oscuros.
Por otro lado, ayer la Comisión de Acusaciones decidió rechazar
el pedido presentado por José Chaves para ampliar sus declaraciones
y para que fuera tomado testimonio a Zulema Yoma. “Los testigos propuestos
no agregan nada a la investigación”, sostuvo la diputada del
PJ Leila Chaya, presidenta de Acusaciones.
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