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Por I. H.
 El día que el Consejo
de la Magistratura votó por unanimidad suspenderlo y solicitar
su destitución, Carlos Liporaci juró que no renunciaría,
que enfrentaría al jurado de enjuiciamiento y que ciertos sectores
–en alusión al Frepaso– querían quitarle la causa
de los sobornos en el Senado porque “pretenden la convulsión
del país”. Ese discurso se le cayó a pedazos y finalmente
presentó la renuncia el viernes. Ayer el presidente Fernando de
la Rúa se la aceptó. O sea, ya no habrá juicio político
en su contra y, a menos que una nueva ley cambie la tradición,
cobrará una jugosa jubilación por los servicios prestados
en el Poder Judicial.
“Cambió de parecer”, sintentizó a Página/12
el abogado y amigo de Liporaci, Héctor Rodríguez. “Sólo
esperamos que se someta la cuestión en trámite al juez natural”,
añadió refiriéndose a la causa por enriquecimiento
ilícito contra el ahora ex juez de los sobornos que están
en manos el juez Gabriel Cavallo y el fiscal Pablo Recchini.
–¿Pero no era que estaba convencido de que el jury no lo destituiría
y podría volver a tribunales?
–Ahora no es tan claro que pueda estar tranquilo (silencio). Sobre
todo por la presión que ejercen ustedes, los medios.
Liporaci había llegado a juez federal en 1993 de la mano del ex
ministro del Interior Carlos Corach, también apadrinado por el
ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y por la Policía Federal.
Entre sus “hitos” más recientes figura el de haber dictado
la falta de mérito de todos los senadores imputados en la causa
de las coimas, un expediente cuyo curso el juez Cavallo está apuntando
a cambiar.
Ahora intentará ejercer la profesión de abogado, “que
para eso estudió”, dijo Rodríguez. De todos modos,
todavía corre riesgos de ser procesado por el supuesto incremento
ilegítimo de su fortuna. Eso no deja de irritar a los miembros
del Consejo de la Magistratura que impulsaron su destitución. “La
renuncia demuestra la verdad de nuestra acusación y que Liporaci
no estaba dispuesto a someterse al jurado”, protestó Pablo
Fernández, uno de los autores del dictamen contra el ex juez que
dio pie a que el plenario lo acusara por mal desempeño y mala conducta.
El cuerpo que desde hace dos años se encarga de nombrar y remover
jueces sostuvo que Liporaci había mentido al justificar patrimonio
y que cometió una inmoralidad al haber cobrado desde 1994 una pensión
graciable de 500 pesos mensuales que había sido otorgada a una
de sus hijas por el diputado justicialista Dámaso Larraburu. Los
consejeros dieron por probado que los créditos con los que dijo
haber pagado la mansión valuada en más de un millón
de dólares en la que vive en Vicente López fueron claramente
irregulares, o inexistentes. Y aseguraron que había mentido también
al decir que la casa que usaba en el country Golfer’s por 3000 pesos
mensuales, en realidad era alquilada por un amigo.
Los cuestionamientos hacia Liporaci no surgieron con la cuestión
del chalet sino que se remontan muy atrás en el tiempo. El fue
quien cerró la causa por enriquecimiento ilícito contra
José Luis Manzano, levantó la orden de captura contra el
ex banquero Raúl Moneta, sobreseyó al empresario menemista
de la carne Alberto Samid, sobreseyó a Víctor Alderete en
la causa por robo de papeles en el PAMI, fue acusado por su ex secretario
Guillermo Gowland de pincharle los teléfonos a un empleado de su
propio juzgado y de cobrar dinero a cambio de “arreglar” causas
y se declaró incompetente para investigar al ministro de la Corte
Antonio Boggiano diciendo que un juez de rango inferior estaba inhabilitado
ante un ministro supremo. Además, era el juez de grado con mayor
cantidad de sumarios administrativos y con la mayor cantidad de nulidades
de sus actuaciones resueltas por la Cámara Federal.
Lo que sigue causando preocupación en la Magistratura es que los
demás jueces con pedidos de remoción sigan este ejemplo
de renunciar para eludir su juicio político. Un tema que agudizó
las discusiones desde que el exjuez Pablo Bruno, acusado de avalar torturas
en una comisaría, dejó su cargo y enseguida asumió
como jefe de asuntos internos en la SIDE.
LAS
CUENTAS DE PALITO, ALASINO Y PONTAQUARTO
Cavallo en la ruta del dinero
Por A.M.
El dinero ingresó en
sus cuentas, pero hay que determinar quién lo depositó.
El juez federal Gabriel Cavallo, a cargo de la causa por los sobornos
en el Senado, pidió informes sobre las cuentas bancarias del senador
Ramón “Palito” Ortega, de la esposa del senador Augusto
Alasino y del ex secretario parlamentario de la Cámara alta, Mario
Pontaquarto.
Página/12 anticipó el martes que la Policía Federal
había detectado estos movimientos y que los montos y las fechas
de los depósitos despertaron las sospechas del fiscal Federico
Delgado.
El lunes Delgado le pidió a Cavallo que solicitara los respaldos
y comprobantes y ayer Cavallo lo incluyó en una nueva serie de
medidas. El Banco Francés informó a los investigadores policiales
que el 8 de mayo aparecieron 20 mil pesos en efectivo en la cuenta del
radical Mario Pontaquarto, fiel escudero del senador José Genoud.
La fecha coincide con el momento más caliente de la negociación
por la Reforma Laboral. En la cuenta de la esposa de Alasino del Banco
Galicia fueron detectados 10 mil pesos. Ortega realizó en mayo
cuatro movimientos en el Banco Francés de entre 40 y 20 mil pesos,
y también hay depósitos en la misma entidad, pero a nombre
de una Fundación Fe. Las sospechas en torno de estas cuentas surgieron
a raíz de los datos que están analizando los investigadores
de la división Delitos Complejos de la Policía Federal,
que encabeza el comisario Carlos Sablich.
Entre las nuevas 17 medidas que dispuso Cavallo también figura
el envío de un oficio a la Sindicatura General de la Nación
(Sigen), a cargo de Rafael Bielsa, con el fin de que el organismo le remita
toda la investigación que llevó adelante desde que estalló
el escándalo.
Por la mañana, los sindicalistas de la CGT disidente Hugo Moyano
y Julio Piumato se presentaron espontáneamente en los tribunales
de la avenida Comodoro Py 2002, para ponerse “a disposición”
del juez Cavallo. El magistrado piensa cotejar las declaraciones que formularon
los gremialistas en este expediente con sus dichos en ocasión de
declarar tras la represión de la manifestación en Plaza
de Mayo contra la Reforma Laboral.
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