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Por Raúl Kollmann y Cristian Alarcón
 La visita de dos militares,
ex socios de Mariano Perel, no aportó a la causa más que
datos folklóricos sobre las manías en materia de espionaje,
cámaras ocultas y seguridad que tenía el financista. El
ex teniente coronel Carlos Doglioli y el ex subteniente Jorge Taranto
sostuvieron que hace cinco años que no veían a Perel y como
es lógico juraron y perjuraron que no tuvieron ninguna relación
con la muerte del financista. Por supuesto, algunas cosas no se dijeron,
como las operaciones que en algún momento hizo la empresa de seguridad
de Perel en la que siguieron y escucharon al periodista Marcelo Longobardi
por encargo de otro periodista. Tampoco se habló de una cámara
oculta que le hicieron a Inés Pertiné. En realidad, Doglioli
y Taranto se vinculan con la vida de Perel anterior a 1996 y en la que
el financista jugaba a espía y desplegaba su pasión por
las armas, pero nadie cree que de allí haya salido la razón
de las muertes.
El caso Perel esconde todo un mundo alucinante, en el cual asoman las
transferencias de dinero a paraísos fiscales, la evasión
impositiva, las estafas, las extorsiones y, como no podía ser de
otra manera, el suburbio de los servicios de inteligencia y las empresas
de seguridad. Doglioli y Taranto fueron parte de JAC, la empresa que le
dio custodia a la familia Garfunkel, propietaria del Banco del Buen Ayre
en el que trabajaba el financista. Perel era el socio principal, junto
con Doglioli, y Taranto estaba relacionado con la empresa.
Los militares que declararon ayer coincidieron en un punto: Perel alardeaba
de tener vinculaciones con el Mossad, la CIA, la SIDE e incluso decía
que fue oficial de inteligencia israelí en la Guerra de los Seis
Días, o sea cuando tenía 20 años. Nadie le creyó
todas esas historias, aunque intentó hacer distintos negocios de
venta de equipamiento como cámaras ocultas, instrumental antisecuestro
y micrófonos para grabaciones clandestinas. Se afirma que no sólo
vendía el equipamiento, sino que el propio Perel hizo algunas operaciones
de inteligencia entre las que están las dos mencionadas: el seguimiento
y las escuchas a Marcelo Longobardi y una cámara oculta a Inés
Pertiné, esposa de Fernando de la Rúa. Ambas tareas fueron
encargadas por otro periodista.
Tal vez lo más interesante que ayer dijeron Taranto y Doglioli
es que Perel era un aficionado a las armas y que ellos concurrieron con
él varias veces a practicar tiro al Shooting Belgrano y al Tiro
Federal. Una vez, Perel utilizó una sandía para probar los
proyectiles que se fragmentan al pegar en el blanco. Dos de esas municiones
fueron las usadas en la muerte del financista y su esposa, lo cual traza
un cuadro curioso y difícil de explicar para quienes sostienen
la hipótesis de que actuó un asesino profesional: el arma
usada era del propio Perel –no se registran en el mundo casos de
killers que confían en el arma de la víctima–, los
proyectiles eran de los que él hablaba siempre y la pistola se
encontró al lado de la nuca y de la mano del financista. Sobre
la mesa quedó un mensaje también redactado e impreso en
la computadora y la impresora del financista.
Lo que quedó claro ayer es que la relación empresaria de
Doglioli y Taranto con Perel se rompió en 1996 cuando el empresario
le hizo una jugarreta a sus socios militares: intentó adquirir,
a espaldas de sus socios, un detector de drogas para instalar a los aeropuertos.
Algunos dicen que las cosas no terminaron bien, pero la realidad es que
ya pasaron cinco años de la disolución de aquel vínculo
y como dijeron ayer Doglioli y Taranto, la razón de las muertes
hay que encontrarlas en las actividades de Perel de los últimos
tiempos. Más allá de si al matrimonio lo mataron o hubo
un suicidio de por medio, lo cierto es que la clave tiene que estar en
la reciente debacle económica de Perel y, sobre todo para Taranto,
nohay dudas: “Se trató de un crimen mafioso”, según
diagnóstico –sin aportar elementos– ante la fiscal Claudia
Castro.
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Una carta a Antfactory
“A mi esposa le diagnosticaron un tumor en la sangre llamado
MGUO. Puede ser que tengamos suerte y tengamos oportunidades para
irnos de vacaciones, pero también puede suceder que en breve
se desarrollen los síntomas y no tendremos una segunda oportunidad
de tomarnos vacaciones.” Con estas frases, Mariano Perel le
pidió autorización el 15 de enero a la empresa para
la cual trabajaba, Antfactory, para tomarse una semana de vacaciones.
Como se ve, en su cabeza supuestamente estaba el cáncer que
tenía su esposa. Posteriormente, los forenses –según
lo informado por quien lleva la voz cantante en la causa, el procurador
Eduardo De la Cruz– sostuvieron que Rosa Golodnitsky sí
tenía una enfermedad en la sangre, pero que no era tan grave.
Uno de los grandes misterios que tiene el caso Perel es por qué
murió la esposa. Ese elemento no tiene explicación
para los que afirman que el financista la mató con un tiro
en la nuca y después se pegó él mismo también
un tiro en la nuca. Tampoco tiene explicación para los que
hablan de doble homicidio, ya que si Perel debía dinero o
estaba a punto de revelar secretos sobre el lavado de plata sucia,
no se entiende por qué mataron a la mujer.
Algunos argumentan que Perel la mató porque ella tenía
un mal incurable. Pero sus amigos sostienen que decenas de veces
creyó que él mismo tenía cáncer o que
Rosita lo tenía y que solía utilizar eso para conseguir
ventajas como, por ejemplo, una semana de vacaciones.
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UN
COLECTIVERO VA PRESO POR MATAR A UN CHICO
Cruzar en rojo rumbo a la cárcel
Un colectivero que en abril
del año pasado atropelló y mató a un joven fue condenado
por un tribunal de Capital Federal a cumplir tres años y medio
de prisión efectiva, además de haber quedado inhabilitado
para conducir vehículos en los próximos ocho años.
La sentencia es la primera que se dicta según la nueva legislación
sobre accidentes de tránsito.
Esa norma establece penas de hasta cinco años, e inhabilitación
de hasta diez años, para quien “por imprudencia, negligencia,
impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos
o los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”.
El fallo de los miembros del Tribunal Oral número 5, dictado el
pasado lunes, fue unánime. Tanto la jueza Fátima Ruiz López
como sus colegas, los magistrados Rafael Oliden y Carlos Rengel Mirat,
consideraron probado que el acusado, Mario Américo Díaz,
había cruzado la esquina de Caracas y avenida Rivadavia con el
semáforo en rojo. Por esa imprudencia murió Hernán
Díaz, un chico de 14 años que caminaba por la senda peatonal
de regreso a su casa, después de jugar un partido de fútbol.
Díaz era en ese momento chofer de la línea 5 de colectivos,
que cubre el recorrido desde Retiro hasta el Barrio Copello.
La pena que dictó el tribunal fue mayor que la solicitada por el
fiscal de la causa, Horacio González Warcalde, quien durante el
alegato había pedido 3 años de prisión en suspenso.
El colectivero fue condenado por “homicidio culposo agravado por
el uso de automotor”. La diferencia que introdujo la modificación
del código penal radica en el hecho de que, antes, el homicidio
culposo tenía una pena máxima de tres años, por lo
que era un delito excarcelable.
Antes de que entrara en vigencia la nueva reglamentación, la única
salida que tenían los jueces que buscaban una condena efectiva
era caratular la causa como “homicidio simple”, delito que tiene
penas que van desde los 8 a los 25 años. Esto sucedió en
el caso de Sergio Cañete, un conductor que manejaba alcoholizado
y que, al chocar con otro auto que estaba estacionado, provocó
la muerte de una mujer. La Sala IV de la Cámara del Crimen porteña
determinó, en 1999, que Cañete debía ser juzgado
por “homicidio simple con dolo eventual”. También en
ese año, los jueces que tienen a su cargo el caso de Sebastián
Cabello consideraron que el joven deberá ser juzgado bajo la misma
acusación.
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