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Por Horacio Cecchi
 Cinco internos del instituto
de menores Luis Agote protagonizaron ayer una fuga que, por primera vez,
derivó en la detención de cuatro guardianes. Dos días
antes, los cinco prófugos se habían amotinado junto a cinco
compañeros, en reclamo de mejores condiciones de detención.
La jueza que intervino en aquella ocasión, María Salgueiro,
ordenó clausurar el pabellón y trasladar a los diez jóvenes
a una sala de teatro del instituto. Se tomaron medidas de seguridad: cuatro
celadores montaron guardia sobre los diez disconformes, o sea, un custodio
por cada dos jóvenes y medio. Pero ayer, por la madrugada, cinco
de ellos decidieron que el recurso de los motines ya no era procedente:
abrieron candados y puertas, corrieron a través de pasillos, anudaron
cuerdas, treparon altos muros y, sin tocar un pelo ni llamar la atención
de sus custodios, fugaron como murciélagos al abrigo de la oscuridad
nocturna. Por la tarde, la ministra de Desarrollo Social y Medio Ambiente,
Graciela Fernández Meijide, cargó las tintas sobre el sistema
de celadores y puso fecha al agote del Agote: en 15 días será
clausurado. Por su parte, los cuatro atribulados vigilantes terminaron
procesados y tras las rejas, bajo la sospecha, como mínimo, de
haber prestado una manita.
La de ayer no fue la primera fuga de un instituto de menores, pero sí
la primera vez en que la Justicia ordenó la detención de
celadores sospechados de haber tenido alguna participación en el
caso. Hace 18 días, 21 guardias de seguridad del Aráoz Alfaro
fueron denunciados penalmente por la salvaje represión desatada
sobre 17 internos (ver aparte). Página/12 publicó las fotos
de sus espaldas, cruzadas con marcas provocadas con caños de hierro,
imágenes que la Justicia utiliza como prueba.
El lunes pasado, promediando la mañana, nueve adolescentes del
pabellón San Martín, del Agote, se amotinaron, arrastrando
al décimo interno que permanecía en el lugar. Las curiosidades
del sistema hicieron que entre esos diez internos del instituto de menores,
cuatro fueran mayores. Sus reclamos se concentraban en las condiciones
de detención, a la vista deplorables. Pero en algún punto,
las causas del motín no cerraban. “Todo lo que piden ya lo
tienen”, deslizó el lunes a este diario una fuente del Consejo.
Un día después, la jueza de menores María Salgueiro
ordenó la clausura del pabellón San Martín por inhabitable,
y el traslado de los diez internos a una sala anfiteatro, donde acomodaron
sus colchones en forma provisoria. Se dispuso una fuerte custodia: cuatro
guardias por turno permanecerían noche y día de vigilancia
casi personalizada, a razón de un celador por cada 2,5 internos.
Pero no llegaron al día, porque a las 3 de la madrugada, mientras
los cuatro celadores duplicaban su atención sobre cinco de los
internos, los cuatro menores pero mayores (tres de 20 años y uno
de 18), y un menor propiamente dicho (17) aprovecharon para escapar.
Tras abrir puertas y candados, atravesar el edificio y un patio interno,
sortearon un muro de más de cuatro metros de altura con la ayuda
de sogas, y saltaron a un baldío que da sobre la calle Oro al 2200.
Uno de los tres policías de custodia externa descubrió la
evasión y los persiguió inútilmente. Durante toda
la mañana, fueron buscados por patrulleros de las comisarías
23ª y 25ª, y un helicóptero. Por la tarde, curiosamente,
dos de los prófugos se entregaron por sí solos.
La fuga del Agote terminó por cerrar el círculo. Ayer, a
las 17, Meijide en conferencia de prensa, secundada por el secretario
de Desarrollo Social, Gerardo Morales, y la presidenta del Consejo, María
Orsenigo, anunció que en 15 días el Agote sería clausurado.
“Hay intereses que se oponen a que los menores sean tratados según
la Convención de los Derechos del Niño”, fustigó
Meijide. Orsenigo, sin mencionar a Atilio Alvarez, asoció fugas
y motines a gestiones anteriores, “a las que ya denunciamostres veces
por corrupción. No pusieron un ladrillo ni movieron un clavo para
que los institutos mejoren”.
Entre tanto, el sistema de celadores y guardias de seguridad del Consejo
dio un paso más hacia el lado de la Justicia: con los cuatro de
ayer, los 21 denunciados por la salvaje represión del Alfaro, y
otros 15 que estaban de turno en otras tres fugas desde que se inició
el 2001, suman ya 40 procesados o sumariados sobre un plantel de 220.
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La llamativa seguidilla
“Nosotros nos hicimos a fuerza de cuartelazos y motines”,
deslizó hace pocos días un jefe de seguridad a María
Orsenigo. Coincidencias casuales parecen darle la razón:
el 29 de diciembre pasado fue sancionada la ley provincial 12.607,
que propone modificaciones al sistema de minoridad. La ley es polémica
pero, según fuentes consultadas, más allá del
debate entre especialistas, provoca resquemores en la vieja guardia.
El 18 de enero, nueve días antes de que fuera promulgada
la ley, fugaron cinco internos del Agote. El 9 de febrero, 10 del
Rocca. Al día siguiente, 43 sobre 60 del Aráoz Alfaro
–provincial pero administrado por Nación–, seguido
por una feroz represión sobre los 17 que quedaron dentro.
El 14, 21 del San Martín. El lunes pasado se produjo el motín
del Agote. Y ayer cinco de sus internos saltaron los muros. En cada
fuga, guardias y celadores fueron sumariados o procesados –como
en el caso del Alfaro–. Fueron 84 prófugos en un mes
y diez días, cuando durante el primer año de la actual
gestión no se habían producido hechos semejantes.
Por el momento, suman 40 guardias apartados de sus funciones. Los
antecedentes parecen evidenciar que el Consejo Nacional del Menor
y la Familia transita el umbral de una elección decisiva:
o se quedan sin el equipo de custodios, o se quedan sin menores
que custodiar.
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SE
POSTERGO LA DECISION SOBRE SU PENA DE MUERTE
La larga espera de Saldaño
Por Alejandra Dandan
El proceso en Houston contra
Víctor Saldaño podría revertir el fallo inicial que
lo condena a muerte. El joven cordobés, condenado en el ‘96
por el estado de Texas a la máxima pena, estuvo ayer frente a la
Corte de Apelaciones que decidirá en los próximos días
si ratifica el fallo o lo desecha, para dar lugar a un nuevo juicio. Esa
última opción fue la defendida en los alegatos centrados
en las características racistas que mantuvo tanto el proceso como
el fallo final. La presión de la comunidad latinoamericana y la
solidez de los alegatos fue tan contundente, dijeron los funcionarios
argentinos presentes, que existen ahora grandes expectativas sobre la
revisión del caso. Pero además de la audiencia, ayer existió
una presentación frente a la OEA que presionará, se cree,
a la hora de la decisión final. El caso Saldaño fue el primero
aceptado por la OEA contra los Estados Unidos en base a una denuncia de
un no americano.
La presentación ante la Organización de los Estados Americanos
(OEA) como instancia supranacional fue hecha por Juan Carlos Vega, uno
de los dos abogados argentinos de Saldaño y presidente aquí
del Servicio por los Derechos Humanos. El reclamo fue atendido por un
representante de la OEA y tres abogados del Departamento de Estado en
Washington. Vega no cuestionó allí sólo la condena
sino todo el proceso considerado discriminador: “No pusimos en discusión
la pena de muerte sino el derecho a un proceso regular sin discriminación
racial”, explicó después de la audiencia a Página/12.
Para el abogado, la comisión quedó convencida de la validez
jurídica de los argumentos pero “sabe que debe sentarse a
discutir con uno de los estados más poderosos de la tierra”.
Ese estado es el de Texas, punto de partida en el ‘95 del proceso
que fue denunciado por organismos de derechos humanos de todo el mundo,
por las irregularidades procesales. Víctor Saldaño tiene
ahora 29 años y en el ‘96 fue condenado a muerte por el crimen
a un vendedor de Texas. Durante el juicio, el procurador general lo llamó,
en modo despectivo, “hispano”. Ese fue el antecedente con el
que hace un año la Corte Suprema suspendió la sentencia,
la ejecución prevista para abril del 2001 y pidió la revisión
del fallo a la Corte de Apelaciones de Houston que ayer oyó los
alegatos.
Aquel procurador dio su testimonio a través de un representante
y su testimonio fue uno de los más importantes para la defensa
de Saldaño. “Como lo había hecho ante la Corte, ayer
volvió a reconocer el error de su postura”, dijo a este diario
Horacio Wanba, cónsul argentino en Houston. Esa presentación,
como los enérgicos alegatos de los dos abogados americanos a cargo
de la defensa y la presencia contudente de la comunidad latina que hizo
estallar la sala, fueron las variables que permiten ahora pensar en que
todo puede volver a empezar. “Fue tan fuerte la argumentación
en contra de todo el proceso teñido de racismo, que los jueces
no tuvieron ninguna posibilidad de oponerse”, evaluó el cónsul
considerando ahora cercano el comienzo del nuevo juicio pedido para Saldaño
donde se excluya definitivamente la muerte.
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