Por Cristian Alarcón
En un informe titulado Salir
a matar en Buenos Aires el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) denunció ayer los niveles alarmantes que durante
el año 2000 alcanzó la violencia institucional ejercida
por las fuerzas de seguridad que dependen del gobernador Carlos Ruckauf.
Una vez más, el relevamiento realizado por el organismo pone el
foco en la política bonaerense que ha logrado incrementar cada
una de las tendencias que reafirman la brutalidad policial. Las cifras
indican que creció la mortalidad de civiles en manos de uniformados,
la de ellos mismos sobre todo cuando no están prestando servicio,
que usan irracionalmente armas, que está focalizada la represión
en los menores de 21 años y que aumentó la muerte de terceros
que quedan en el medio de las balaceras, iniciadas casi en todos los casos
por la propia policía. Se consolida la lógica de la
guerra como la única protagonista le dijo ayer a este diario
Gustavo Palmieri, del CELS. La violencia avanza desde los sectores
más vulnerables hacia otros que comienzan a ser víctimas
de una política en la que ya ni se registra la existencia de la
sociedad y sus derechos ciudadanos.
Para reforzar lo que a esta altura ya es una obviedad, durante el 2000,
la Bonaerense consiguió repetir su record del 99. Durante
ese período aumentaron los enfrentamientos callejeros entre policías
y ladrones, haciendo crecer en un ciento por ciento la cantidad de bajas
civiles, y en un 23 por ciento la de los agentes. Esas cifras, lejos de
bajar, se mantuvieron o aumentaron. Pero la situación empeora cuando
se analizan en profundidad quiénes y cómo son las víctimas
de un combate consolidado por el discurso oficial de meter bala auspiciado
por el gobernador. En ese sentido es razonable que la política
discriminatoria esté acompañada por un discurso en el que
al plantear que los jóvenes son los culpables, se aumenta su vulnerabilidad,
sostiene Palmieri.
Fueron 102 las personas asesinadas en balaceras ocurridas en la provincia
durante el 2000. El 42 por ciento de ellas tenía menos de 21 años.
De ese grupo, los más golpeados fueron los menores de 18, un total
de 27 chicos muertos. Contra lo que se supone, los menores no muestran
un mayor nivel de violencia en los supuestos enfrentamientos se
lee en el informe. Por el contrario: los datos indican que en la
mayoría de los episodios en que hay agentes muertos se trata de
tiroteos con mayores de edad. Es más, de los 43 hechos en
los que murieron adolescentes, sólo hubo dos policías muertos
y cinco heridos. Los datos demuestran que existe una política
de represión focalizada en los jóvenes.
Los efectos imparables de la política de seguridad bonaerense acarrean
entonces un aumento de víctimas también entre los agentes.
La violencia de la política represiva termina envolviendo
entre sus víctimas a los propios uniformados, se concluye
en el estudio (ver recuadro). Lejos de dar resultados, la aplicación
de la mano dura no redujo el delito. Lo que sí se refleja como
efecto dramático de las balas es la multiplicación de las
muertes de terceros que caen en el fuego cruzado entre ladrones y policías.
En el 99 habían muerto 6 personas que caminaban por las calles
ajenas al riesgo bonaerense, mientras que otras 16 habían sido
heridas. En el 2000 murieron 16 transeúntes y los heridos llegaron
a 40. El CELS recuerda como ejemplos los casos de Carmen Sosa, atravesada
por una bala cuando un policía disparó durante el asalto
a un colectivo. Y la de Alejandro Levickas, el chico de 20 años
que recibió cinco tiros cuando la policía perseguía
un auto con pedido de captura (ver aparte).
En el análisis de los datos salidos de un seguimiento exhaustivo
de las noticias publicadas por los cuatro diarios de mayor circulación,
se desprende que esas muertes de terceros son consecuencia de una reacción
violenta innecesaria del agente sin que su vida y la de quienes lo rodean
estén en peligro. La fuerza letal es la primera reacción
policial, concluye el CELS. Además, sólo en uno de
los 42 casos registrados fueronlos ladrones los que iniciaron el tiroteo.
Así fue por ejemplo cuando Gisela Bareto, de 12, falleció
en una persecución. Pero las cifras oscurecen aún más
si se observa que en diversos casos esas muertes son seguidas de
un ocultamiento o modificación de los hechos para acusar
a la víctima de ser autor del delito, o para fabricar enfrentamientos.
Desde la óptica del CELS, el record de tragedias de la Bonaerense
se basa en la lógica de la guerra impuesta y exacerbada
durante el 2000 por el gobierno provincial. Bajo la idea de Ruckauf,
el problema social es negado, se evita la defensa de los derechos en pos
de una guerra que extiende el problema a nuevos sectores, no ya sólo
a los más desprotegidos, argumentó Palmieri. Para
el CELS, con el objetivo de demostrar ejecutividad, la policía
en lugar de resolver conflictos, se confirma como parte central del problema
de la seguridad.
La muerte en día
franco
Uno de los mitos que el informe del CELS desarticula es el de
que los ladrones salen dispuestos a enfrentarse al todo o nada con
la policía. En general no se enfrentan con los agentes
de servicio, sino que se van. Por eso la mayoría de los policías
muertos estaban de franco cuando casualmente fueron testigos o víctimas
de un delito. Son encerronas en que cuando el agente saca el arma,
el ladrón dispara, analizó Gustavo Palmieri,
director del Programa de Violencia Institucional del CELS.
Ello se refleja en las cifras: sólo el 21 por ciento de los
policías murió en condiciones normales de servicio.
La mayoría, el 34 por ciento, estaba de franco. Los restantes
estaban prestando servicios adicionales para privados,
eran retirados o custodios privados.
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Cuatro casos emblemáticos
Carmen Noemí
Sosa: El 8 de octubre del año pasado, cinco hombres intentaron
asaltar un micro de la línea 52. El cabo Marco Antonio Soto,
quiso detenerlos; se originó un tiroteo. Carmen recibió
un disparo en la cabeza que la mató en el acto. El policía
fue arrestado cuando la pericia reveló que la bala mortal
había sido disparada por su arma reglamentaria.
Marcos Levickas: El y
un amigo fueron atropellados en San Isidro por unos delincuentes
que escapaban de la policía, el viernes 29 de setiembre de
2000. Marcos murió en el acto, su amigo resultó gravemente
herido. Ambos recibieron disparos. Por el caso, tres jefes de la
Policía Bonaerense fueron pasados a disponibilidad preventiva.
Mariano Witis: Su muerte
se produjo una semana antes que la de Levickas, cuando fue tomado
de rehén junto a una amiga por dos ladrones. La primera versión
de la policía señaló a Mariano como un delincuente
más, pero se derrumbó de inmediato. Poco después,
las pericias determinaron que no hubo tiroteo, y que fue una bala
policial la que mató al joven.
Gisella Barreto: El 28
de enero de 2000, Gisella y sus primas esperaban la luz verde del
semáforo en la esquina de Pilcomayo y Ruta 8, en Loma Hermosa.
En ese momento, un patrullero pasó persiguiendo a un Peugeot
405, a los tiros. La nena recibió un balazo en el estómago,
murió poco después. En diciembre último, la
Cámara de Apelaciones de San Martín reactivó
la causa.
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