Por Cristian Alarcón

En un informe titulado “Salir a matar en Buenos Aires” el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció ayer los “niveles alarmantes” que durante el año 2000 alcanzó “la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad que dependen del gobernador Carlos Ruckauf”. Una vez más, el relevamiento realizado por el organismo pone el foco en la política bonaerense que ha logrado incrementar cada una de las tendencias que reafirman la brutalidad policial. Las cifras indican que creció la mortalidad de civiles en manos de uniformados, la de ellos mismos –sobre todo cuando no están prestando servicio–, que usan irracionalmente armas, que está focalizada la represión en los menores de 21 años y que aumentó la muerte de terceros que quedan en el medio de las balaceras, iniciadas casi en todos los casos por la propia policía. “Se consolida la lógica de la guerra como la única protagonista –le dijo ayer a este diario Gustavo Palmieri, del CELS–. La violencia avanza desde los sectores más vulnerables hacia otros que comienzan a ser víctimas de una política en la que ya ni se registra la existencia de la sociedad y sus derechos ciudadanos”.
Para reforzar lo que a esta altura ya es una obviedad, durante el 2000, la Bonaerense consiguió repetir su record del ‘99. Durante ese período aumentaron los enfrentamientos callejeros entre policías y ladrones, haciendo crecer en un ciento por ciento la cantidad de bajas civiles, y en un 23 por ciento la de los agentes. Esas cifras, lejos de bajar, se mantuvieron o aumentaron. Pero la situación empeora cuando se analizan en profundidad quiénes y cómo son las víctimas de un combate consolidado por el discurso oficial de meter bala auspiciado por el gobernador. “En ese sentido es razonable que la política discriminatoria esté acompañada por un discurso en el que al plantear que los jóvenes son los culpables, se aumenta su vulnerabilidad”, sostiene Palmieri.
Fueron 102 las personas asesinadas en balaceras ocurridas en la provincia durante el 2000. El 42 por ciento de ellas tenía menos de 21 años. De ese grupo, los más golpeados fueron los menores de 18, un total de 27 chicos muertos. “Contra lo que se supone, los menores no muestran un mayor nivel de violencia en los supuestos enfrentamientos –se lee en el informe–. Por el contrario: los datos indican que en la mayoría de los episodios en que hay agentes muertos se trata de tiroteos con mayores de edad”. Es más, de los 43 hechos en los que murieron adolescentes, sólo hubo dos policías muertos y cinco heridos. Los datos demuestran que existe una “política de represión focalizada” en los jóvenes.
Los efectos imparables de la política de seguridad bonaerense acarrean entonces un aumento de víctimas también entre los agentes. “La violencia de la política represiva termina envolviendo entre sus víctimas a los propios uniformados”, se concluye en el estudio (ver recuadro). Lejos de dar resultados, la aplicación de la mano dura no redujo el delito. Lo que sí se refleja como efecto dramático de las balas es la multiplicación de las muertes de terceros que caen en el fuego cruzado entre ladrones y policías. En el ‘99 habían muerto 6 personas que caminaban por las calles ajenas al riesgo bonaerense, mientras que otras 16 habían sido heridas. En el 2000 murieron 16 transeúntes y los heridos llegaron a 40. El CELS recuerda como ejemplos los casos de Carmen Sosa, atravesada por una bala cuando un policía disparó durante el asalto a un colectivo. Y la de Alejandro Levickas, el chico de 20 años que recibió cinco tiros cuando la policía perseguía un auto con pedido de captura (ver aparte).
En el análisis de los datos –salidos de un seguimiento exhaustivo de las noticias publicadas por los cuatro diarios de mayor circulación–, se desprende que esas muertes de terceros son consecuencia de una reacción violenta innecesaria del agente sin que su vida y la de quienes lo rodean estén en peligro. “La fuerza letal es la primera reacción policial”, concluye el CELS. Además, sólo en uno de los 42 casos registrados fueronlos ladrones los que iniciaron el tiroteo. Así fue por ejemplo cuando Gisela Bareto, de 12, falleció en una persecución. Pero las cifras oscurecen aún más si se observa que en “diversos casos esas muertes son seguidas de un ocultamiento o modificación de los hechos” para acusar a la víctima de ser autor del delito, o para fabricar enfrentamientos.
Desde la óptica del CELS, el record de tragedias de la Bonaerense se basa en la “lógica de la guerra” impuesta y exacerbada durante el 2000 por el gobierno provincial. “Bajo la idea de Ruckauf, el problema social es negado, se evita la defensa de los derechos en pos de una guerra que extiende el problema a nuevos sectores, no ya sólo a los más desprotegidos”, argumentó Palmieri. Para el CELS, con el objetivo de “demostrar ejecutividad, la policía en lugar de resolver conflictos, se confirma como parte central del problema de la seguridad”.

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